Universidad y violencia sexual

Publicado en El Espectador, Diciembre 17 de 2015

Las universidades colombianas deberían y podrían jugar un papel decisivo contra la violencia sexual.

Nuestra justicia penal no se caracteriza por su eficacia. Un factor de impunidad es la dificultad para identificar delincuentes y aclarar crímenes que casi no se denuncian porque las víctimas saben que si llegan ante las autoridades sin señalar al autor, el caso fenece. Sólo cuando en la denuncia mencionan un sospechoso hay chances de que la justicia lo investigue, acuse, juzgue y condene.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 5.3% de las colombianas han sido forzadas físicamente a tener relaciones sexuales. El 72% de los violadores serían sindicados conocidos de quienes la agredida sabe nombre, tal vez dirección y mucha información para armar un expediente. La ENDS no averiguó la reacción de las víctimas y las encuestas de victimización recientes no incluyeron la violencia sexual, pero una investigación realizada entre estudiantes de universidades bogotanas muestra que las denuncias por violaciones, incluso con victimario conocido, son bajas, bajísimas. De 24 universitarias -5% del total- violadas alguna vez por un amigo, compañero o novio, una sola denunció el hecho. Esta tasa es 14 puntos inferior a la del total de delitos en Bogotá, ya históricamente baja, y un tercio de la observada en EEUU hace dos décadas con cualquier agresor sexual. El dato desconcierta pues las víctimas conocen a sus atacantes y no deberían enfrentar los tenaces dilemas que surgen cuando el violador es un familiar. Queda claro que la respuesta generalizada es el silencio, pero con una muestra tan pequeña es imposible averiguar por qué no se denuncia la violencia sexual grave.

Los victimarios dan otra visión de la situación universitaria, con incidencia más baja de violaciones (2%) y proproción de denuncias mucho mayor. Entre los estudiantes que admiten haber violado a una amiga o compañera, casi la mitad señala que fue denunciado, un porcentaje diez veces superior al reportado por las víctimas. Parecería que cuando agredida y agresor se conocen hay discrepancias entre lo que ella y él consideran un ataque sexual.

Algo anda mal cuando las colombianas más educadas, con acceso a abogados, familiarizadas con el feminismo, no denuncian violaciones que sus compañeros aceptan haber cometido. Las fallas de la justicia deben ser protuberantes para que, sabiendo quien fue el agresor, las víctimas universitarias decidan echarle tierra al asunto. Una colega que hace años participó en una investigación sobre delito sexual en Bogotá recuerda preguntas como “¿puede explicar al juzgado por qué después del acto usted no se colocó nuevamente su ropa interior?. Eran casi intimidaciones adrede para quienes osaran denunciar una violación. No sé qué tanto hayan cambiado las cosas pero de  mi parte no denunciaría remata quien ha estudiado el entorno. La reciente absolución del pastor Álvaro Gámez, con alucinantes historias de alcahuetas que presuntamente le reclutaban seguidoras en nombre de Dios, recuerda escenarios de acoso y violencia difusos, ambiguos y difíciles de aclarar, por lo tanto aún más esquivos para la justicia.

Ante tal impunidad, incompatible con el propósito de reducir la violencia sexual, las universidades podrían asumir el liderazgo en la tarea de escrutar rigurosamente las agresiones, establecer prioridades, y refinar los estándares del consentimiento sexual entre personas adultas. Allí están los insumos para desarrollar ese complejo saber judicial: facultades de derecho, centros de pensamiento sobre género y un activo mercado de parejas. Para profundizar y aterrizar un debate a veces utópico y, sobre todo, para aprender a investigar los ataques sexuales sin ofender a la agredida, se podrían  discutir e incluso juzgar los incidentes entre estudiantes con tribunales propios que velen por el reglamento interno. En coordinación con los servicios de bienestar estudiantil y empezando por quienes no se acercan a la justicia oficial cuando las violan, las universitarias acosadas o atacadas podrían acudir a una instancia disciplinaria cercana a presentar sus quejas. Los presuntos victimarios se defenderían sin costosos abogados y jurados estudiantiles sopesarían todas las aristas de esos incidentes, con mecanismos para guardar el máximo anonimato posible de las partes enfrentadas.

No se trata de invadir la jurisdicción penal, ni de privatizar la justicia, sino de formalizar el trámite de algunas infracciones serias al reglamento universitario. Estos procesos dejarían jurisprudencia, conocimiento aplicado y evaluación de la eficacia de las sanciones, una caja de herramientas más útil contra la violencia sexual que ampliar minuciosamente su definición o buscar endurecer, en el papel, leyes ilusorias cuya aprobación parece ahora depender de congresistas sensibilizados con pintalabios.








REFERENCIAS

CCB (2015). Encuesta de Percepción y Victimización, primer semestre de 2015

Cámara de Comercio de Bogotá

EDG (2015) “Encuesta de Discriminación por Género”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia


LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

La encuesta EDG se realizó entre Mayo y Junio de 2015 con los estudiantes del curso de Análisis Económico del Derecho (AED), en la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Aquí se pueden ver los formularios –uno para mujeres y otro para hombres- que se colgaron en internet para que los diligenciaran, de manera privada y anónima, estudiantes del Externado y de otras universidades bogotanas. La encuesta la respondieron finalmente 497 mujeres y 337 hombres.

Para la elaboración del formulario de la encuesta, los estudiantes del curso de AED realizaron previamente una serie de entrevistas con las que se identificaron y definieron los incidentes que finalmente se incluyeron en el formulario.

El “link” a la encuesta se envió luego a las universidades en las que tengo algún contacto. Participaron en Bogotá, fuera del Externado, Los Andes, la Javeriana, el Rosario, la Tadeo y la Nacional.

El análisis de los resultados será publicado como Documento de Trabajo de la Facultad de Economía del Externado y utilizado como material de ese curso y como base para ejercicios similares posteriores.


Agradezco la participación en este proyecto de los siguientes estudiantes de Economía del Externado: Andrea García, Angelica Niño, Blayer Giraldo, Camila Camaño, Camila Parra, Carolina Ulloa, Daniel Ospina, Juan Pablo Monroy, Julio César Daly, Laura Delgado, Leonardo Quintana, Luisa Sarmiento, Manuel Caro, Manuela Acosta, Michael Rivera, Natalia Reina, Nicolás Mesa, Orlando Romero, Paula Martínez, Santiago Plata y Sebastián Moscoso.


También agradezco la colaboración en difundir el link a Ana María Ibañez, Juan Camilo Cárdenas, Javier Forero, Jaime Tenjo y Patricia Montañez.