Publicado en El Espectador, Marzo 9 de 2017
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Duncan, Gustavo (2017). “Fuego lento”. El País, Feb 25
Escobar, José David (2017) “Chocó se encuentra bajo el asedio paramilitar”. Mar 7
Gaviria, Pascual (2017). “Revolución de mercado”: El Espectador, Feb 28
La campaña presidencial financiada por
el Cartel de Cali es un hito -de la corrupción y el conflicto- que vale la pena
repasar.
El incidente permitió calibrar la
inflitración del narcotráfico en la política y la intromisión norteamericana en
nuestros asuntos domésticos. Casi cae un primer mandatario y se fortalecieron
como nunca las FARC; tanto, que escogieron al sucesor.
Semejante escándalo se armó a pesar de
que la práctica ya era usual, no sólo en comicios locales sino también presidenciales.
Al monto sin precedentes, definitivo en la victoria electoral del 94, se sumó
el poder de quienes destaparon el entuerto. Quedó confirmado que la corrupción
no afectaba exclusivamente a las regiones; la élite capitalina también era
ducha en arreglos sucios.
Nunca fui hincha de Samper, pero en
aquella época me enfrasqué en acaloradas discusiones sosteniendo que no debía
renunciar: para defenderse siguió los procedimientos, no presionó a la prensa y
cayeron varias cabezas. Mi otro argumento por analogía era que un club de marihuaneros
no podía expulsar a un socio simplemente por fumarse un cacho más grande. Hace
unos años miré de cerca el incidente y me sorprendió la frescura con la que fue
preparado y ejecutado. Además de sentirse en terreno conocido, sus autores tal
vez pensaron que, al lado de la barbarie de los Pepes, lograban un civilizado
acuerdo de paz con el narcotráfico. El 8000 no surgió de una vulgar vendetta
apoyada por los gringos sino de un verdadero pacto de caballeros, sin derramamiento
de sangre; un contrato sencillo, poco ambicioso, de un futuro gobierno con un
temible contendor en la insensata y sangrienta guerra contra las drogas. El
país no aguantaba otra locura criminal como la cacería a Pablo Escobar. Por la
paz lo que sea, nos han repetido hasta el cansancio.
La misma lógica –mejor plata que plomo-
podría ayudar a entender por qué a muchos colombianos parece no importarles
elegir una y otra vez políticos corruptos. Comparado con el infierno que
vivieron las regiones azotadas por el conflicto, cualquier arreglo político que
no sea a bala implica un avance. Que se roben recursos de una carretera es una
molestia menor al lado de un desplazamiento para huir de la violencia. Sobre
todo cuando la plata para el voto viene de bolsillos lejanos.
Tanto el pacto de Recoletos como el
Acuerdo de La Habana fueron la culminación de diálogos a puerta cerrada con una
organización criminal que, aunque crucial en el conflicto, estaba lejos de ser
la única. Ganar la presidencia para arreglar la situación legal del Cartel de
Cali era un objetivo loable si disminuía la violencia. Desde siempre, y en
retrospectiva con mucha razón, Ernesto Samper buscó negociar con contrabandistas
y traficantes en lugar de declararles la guerra. El soporte académico,
intelectual e internacional a esos convenios es precario, pero solo en el
papel. En varios países, por ejemplo en España, la droga financió elecciones, y
aceitó la justicia. Simultáneamente, políticos y magistrados venales rechazan
sin atenuantes el proselitismo armado, oponiéndose rotundamente a que el Estado
negocie con sus enemigos, como aplauden que se haga en Colombia. Los gringos,
por su lado, terminaron pactando con los narcos lo que sabotearon acá. Ahora
además cultivan marimba y generan adicción a la heroína con receta médica.
La estrategia santista de generosas
concesiones para desmovilizar un solo actor armado está saliendo cara. Empeñó
demasiado por una paz parcial y esquiva. Por eso el encarte: el ELN atrae
conversos envalentonados por un acuerdo que legitimó la impunidad; los paras, con
vigorosa demanda, los persiguen, llenan sus espacios y buscarán estatus
político; el “auge cocalero” empaña las relaciones con unos EEUU menos
comprensivos; una fortuna ilegal intacta y blanqueada permitirá que los
comandantes farianos, al lado de la política, hagan negocios, y negociados,
amparados en su severo prestigio y lejos de la DIAN; líderes sociales caen
asesinados sin sindicado conocido, los desplazados persisten y, última perla, la
entrega de armas será “reservada”, eufemismo para cubrir la fracción del
arsenal que quedará encaletada. “El Gobierno no tendrá la foto”, había
anticipado Andrés París sobre el desarme desde 2013.
“En realidad, las armas son lo de menos”
admite impávido
Sergio Jaramillo en una entrevista. Sin ver el nuevo elefante, se lamenta de
que el país “parece no saber que
terminó el conflicto, que cesaron los combates”. Olvida la apatía cuando se
iniciaron los diálogos y las amenazas oficiales para recordar en las ciudades
que la guerra seguía. Al confundido comisionado le sorprenderá aún más que
algunos empecemos a preguntarnos si, a pesar de sus estragos, el 8000 fue menos
oneroso que la paz habanera en instituciones maltratadas y bandidos impunes. No
son solo dificultades de implementación sino incoherencias que no corrige ni un
Nobel.
Álvarez Vanegas, Eduardo y Andrés Cajiao Vélez (2017). “Águilas Negras: ¿de nuevo en el horizonte?”. Razón Pública, Feb 27
Bosman, Julie (2017). “Inside a Killer Drug Epidemic: A Look at America’s Opioid Crisis”. The New York Times, Ene 6
Duncan, Gustavo (2017). “Fuego lento”. El País, Feb 25
Duncan, Gustavo (2017). “El entramado de la corrupción en Colombia”. Razón Pública, Feb 27
EE (2015) " El proceso 8.000, a 20 años del escándalo mayor". El Espectador. Abr 23
EE (2017). “La dejación de armas de las Farc será un proceso reservado”. El Espectador, Marzo 2
EE (2017). “La dejación de armas de las Farc será un proceso reservado”. El Espectador, Marzo 2
Escobar, José David (2017) “Chocó se encuentra bajo el asedio paramilitar”. Mar 7
Gaviria, Pascual (2017). “Revolución de mercado”: El Espectador, Feb 28
Gómez Maseri, Sergio (2017). “El auge cocalero amenaza la relación de Colombia con Estados Unidos”; El Tiempo, Marzo 5
Jaramillo, Sergio (2017) “El final de la guerra”. Revista Arcadia, Feb 24
Nieto Loaiza, Rafael (2017). “El Incidente”. El Colombiano, Feb 26
Orozco Tascón, Cecilia (2017). “Lo que más confunde es el ‘costurero político’: Sergio Jaramillo”. El Espectador, Mar 4
Rubio, Mauricio (2013). “Coexistence, Legal Confrontation, and War with Illegal Armed Groups”. En Casas-Zamora, Kevin (2013) Ed. Dangerous Liaisons. Organized Crime and Political Finance in Latin America an Beyond. Bookings Institutions Press
Semana (2017). “Arranca el desarme sin entrega de armas”. Semana.com, Marzo 1