Publicado en El Espectador, Diciembre 17 de 2015
REFERENCIAS
Las universidades colombianas deberían y podrían jugar un papel decisivo
contra la violencia sexual.
Nuestra justicia penal no se caracteriza por su eficacia. Un factor de
impunidad es la dificultad para identificar delincuentes y aclarar crímenes
que casi no se denuncian porque las víctimas saben que si llegan ante las
autoridades sin señalar al autor, el caso fenece. Sólo cuando en la denuncia mencionan un
sospechoso hay chances de que la justicia lo investigue, acuse, juzgue y
condene.
Según la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 5.3% de las colombianas han sido forzadas físicamente
a tener relaciones sexuales. El 72% de los violadores serían “sindicados
conocidos” de
quienes la agredida sabe nombre, tal vez dirección y mucha información para
armar un expediente. La ENDS no averiguó la reacción de las víctimas
y las encuestas de victimización recientes no incluyeron la violencia sexual, pero una investigación
realizada entre estudiantes de universidades bogotanas muestra que las
denuncias por violaciones, incluso con victimario conocido, son bajas, bajísimas.
De 24 universitarias -5% del total- violadas alguna vez por un “amigo,
compañero o
novio”, una
sola denunció el
hecho. Esta tasa es 14 puntos inferior a la del total de delitos en Bogotá, ya
históricamente
baja, y un tercio de la observada en EEUU hace dos décadas
con cualquier agresor sexual. El dato desconcierta pues las víctimas
conocen a sus atacantes y no deberían enfrentar los tenaces dilemas que surgen
cuando el violador es un familiar. Queda claro que la respuesta generalizada es
el silencio, pero con una muestra tan pequeña es imposible averiguar por qué no se
denuncia la violencia sexual grave.
Los victimarios dan otra visión de la situación
universitaria, con incidencia más baja de violaciones (2%) y proproción de denuncias mucho mayor. Entre
los estudiantes que admiten haber violado a una amiga o compañera,
casi la mitad señala que fue denunciado, un porcentaje diez veces superior al reportado
por las víctimas.
Parecería que
cuando agredida y agresor se conocen hay discrepancias entre lo que ella y él
consideran un ataque sexual.
Algo anda mal cuando las colombianas más educadas, con acceso a
abogados, familiarizadas con el feminismo, no denuncian violaciones que sus
compañeros
aceptan haber cometido. Las fallas de la justicia deben ser protuberantes para
que, sabiendo quien fue el agresor, las víctimas universitarias decidan echarle
tierra al asunto. Una colega que hace años participó en una investigación
sobre delito sexual en Bogotá recuerda preguntas como “¿puede explicar al juzgado por qué después del
acto usted no se colocó nuevamente su ropa interior?”. Eran casi intimidaciones adrede para
quienes osaran denunciar una violación. “No sé qué tanto hayan cambiado las cosas pero
de mi parte no denunciaría”
remata quien ha estudiado el entorno. La reciente absolución del
pastor Álvaro
Gámez,
con alucinantes historias de alcahuetas que presuntamente le reclutaban
seguidoras en nombre de Dios, recuerda escenarios de acoso y violencia difusos,
ambiguos y difíciles
de aclarar, por lo tanto aún más
esquivos para la justicia.
Ante tal impunidad, incompatible con el propósito
de reducir la violencia sexual, las universidades podrían
asumir el liderazgo en la tarea de escrutar rigurosamente las agresiones,
establecer prioridades, y refinar los estándares del consentimiento sexual entre
personas adultas. Allí están los
insumos para desarrollar ese complejo saber judicial: facultades de derecho,
centros de pensamiento sobre género y un activo mercado de parejas. Para profundizar y aterrizar un
debate a veces utópico y, sobre todo, para aprender a investigar los ataques sexuales
sin ofender a la agredida, se podrían
discutir e incluso juzgar los incidentes entre estudiantes con
tribunales propios que velen por el reglamento interno. En coordinación con
los servicios de bienestar estudiantil y empezando por quienes no se acercan a
la justicia oficial cuando las violan, las universitarias acosadas o atacadas podrían
acudir a una instancia disciplinaria cercana a presentar sus quejas. Los
presuntos victimarios se defenderían sin costosos abogados y jurados
estudiantiles sopesarían todas las aristas de esos incidentes, con mecanismos para guardar
el máximo
anonimato posible de las partes enfrentadas.
No se trata de invadir la jurisdicción penal, ni de privatizar la
justicia, sino de formalizar el trámite de algunas infracciones serias al
reglamento universitario. Estos procesos dejarían “jurisprudencia”,
conocimiento aplicado y evaluación de la eficacia de las sanciones, una
caja de herramientas más útil
contra la violencia sexual que ampliar minuciosamente su definición o buscar
endurecer, en el papel, leyes ilusorias cuya aprobación
parece ahora depender de congresistas sensibilizados con pintalabios.
REFERENCIAS
CCB (2015). “Encuesta de Percepción y Victimización, primer semestre de 2015”
Cámara de Comercio de Bogotá
LA ENCUESTA A ESTUDIANTES
EDG (2015) “Encuesta de Discriminación por Género”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia
LA ENCUESTA A ESTUDIANTES
La encuesta EDG se realizó entre Mayo y Junio de 2015 con los estudiantes del curso de Análisis Económico del Derecho (AED), en la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Aquí se pueden ver los formularios –uno para mujeres y otro para hombres- que se colgaron en internet para que los diligenciaran, de manera privada y anónima, estudiantes del Externado y de otras universidades bogotanas. La encuesta la respondieron finalmente 497 mujeres y 337 hombres.
Para la elaboración del formulario de la encuesta, los estudiantes del curso de AED realizaron previamente una serie de entrevistas con las que se identificaron y definieron los incidentes que finalmente se incluyeron en el formulario.
El “link” a la encuesta se envió luego a las universidades en las que tengo algún contacto. Participaron en Bogotá, fuera del Externado, Los Andes, la Javeriana, el Rosario, la Tadeo y la Nacional.
El análisis de los resultados será publicado como Documento de Trabajo de la Facultad de Economía del Externado y utilizado como material de ese curso y como base para ejercicios similares posteriores.
Agradezco la participación en este proyecto de los siguientes estudiantes de Economía del Externado: Andrea García, Angelica Niño, Blayer Giraldo, Camila Camaño, Camila Parra, Carolina Ulloa, Daniel Ospina, Juan Pablo Monroy, Julio César Daly, Laura Delgado, Leonardo Quintana, Luisa Sarmiento, Manuel Caro, Manuela Acosta, Michael Rivera, Natalia Reina, Nicolás Mesa, Orlando Romero, Paula Martínez, Santiago Plata y Sebastián Moscoso.
También agradezco la colaboración en difundir el link a Ana María Ibañez, Juan Camilo Cárdenas, Javier Forero, Jaime Tenjo y Patricia Montañez.