por MAURICIO RUBIO *
Asistente de Investigación Daniel Vaughn
Noviembre de 2002
RESUMEN
En este trabajo se hace una aproximación descriptiva, y positiva, al comportamiento de las víctimas. A partir de los resultados de dos encuestas de victimización y una muestra de sentencias penales se busca identificar los factores que afectan la decisión de los ciudadanos de denunciar un delito y de impulsar los procesos penales. En una primera parte conceptual se señalan las deficiencias en el tratamiento teórico de las víctimas, y en particular el rechazo a ciertas motivaciones, como la venganza, que aunque poco deseables son necesarias para entender su comportamiento. Los ejercicios estadísticos realizados en la segunda parte muestran que la decisión de denunciar depende bastante de la naturaleza del ataque sufrido. El homicidio aparece como el incidente que en mayor medida afecta tanto la decisión de acudir a las autoridades como la de constitución de parte civil en los procesos. La tendencia a denunciar depende también del nivel económico de la víctima, de algunas características de los agresores, y de ciertas peculiaridades ambientales y locales. A pesar de las limitaciones en la información, se percibe el efecto corrosivo de la violencia organizada sobre la tendencia a denunciar. Como resultado curioso se observa que la juventud del agresor actúa como freno tanto de las denuncias como del deseo de impulsar los procesos penales. Se confirman resultados previos, con metodología diferente, en el sentido que la violencia que atiende la justicia penal colombiana difiere sustancialmente de la que afecta a los ciudadanos.
INTRODUCCION
“El más grave error que se ha cometido en las reformas penales, casi siempre, ha sido el de legislar sin soporte empírico -en el sentido de investigación de campo-, es decir, sin sustento en indagaciones serias sociológicas, socioculturales, antropológicas, económicas y jurídicas, que primero muestren al legislador o al proponente de las reformas cuál es la realidad del país en materia de criminalidad y en materia de sistema de justicia penal … Lo importante es que, para no seguir pecando, se hace imprescindible investigar primero, hacer verdadera política criminal, y luego sí legislar” [1].
Esta reciente declaración de un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comentando la propuesta de reforma a la justicia presentada por el Gobierno es estimulante por dos razones. La primera es que constituye un llamado a la investigación empírica como elemento crucial de soporte para las medidas legislativas. La segunda es que, tal vez por primera vez en el país, se incluye explícitamente a la economía dentro del conjunto de posibles disciplinas de soporte al debate jurídico. Es clara la escala de prioridades implícita en la reconfortante invitación del magistrado: primero la evidencia, luego las recomendaciones. Este punto es importante para ser tenido en cuenta por los economistas que, lamentablemente, en el área de la política criminal han tratado de promover ideas e incluso reformas sacadas del mismo sombrero de la elección racional y no siempre con el debido respaldo empírico.
En este trabajo se hace una aproximación empírica, tal como sugiere el magistrado, a una de las figuras más olvidadas, relegadas y deformadas de los procesos penales: las víctimas. En una primera parte se documenta el inexplicable abandono a que tanto la economía, como el derecho, la sociología, e incluso la psicología han sometido a las víctimas en las reflexiones teóricas. Se argumenta que el tema de las víctimas y de sus decisiones ha sido abordado suponiendo que actúan siempre como deberían hacerlo, sin tratar de entender que es lo que realmente hacen, o cuales son sus motivaciones o qué es lo que esperan de las autoridades, o de eventuales justicieros privados. En la segunda parte se hace, con la escasa información disponible en el país sobre las reacciones de las víctimas, un esfuerzo por analizar y entender su comportamiento.
1.1 – LA VICTIMA EN LA ECONOMIA DE LA JUSTICIA PENAL
A diferencia de la teoría del crimen que trata de ofrecer un modelo positivo del comportamiento de los criminales, a partir del cual se ha desarrollado un volumen importante de trabajo empírico, el análisis económico de la justicia penal continúa siendo un área exclusivamente normativa. En la llamada economía de los litigios -que también adopta supuestos de conducta de las partes y analiza sus decisiones a lo largo de la cronología de un proceso judicial- se hace explícita la aclaración de que se trata de una herramienta para analizar los procedimientos civiles. A pesar de lo anterior, para los procesos penales, se plantean implícitamente una serie de supuestos de comportamiento que vale la pena analizar.
Una de las decisiones críticas posteriores a cualquier incidente criminal lo constituye la decisión, por parte de la víctima, de recurrir o no a las autoridades –oficiales o paralelas- para poner bajo su conocimiento la ocurrencia del hecho [3]. La literatura económica interesada en los procesos penales ha prestado escasa atención esta decisión crucial, o sea al papel de la víctima en la activación de los procesos penales. El modelo de comportamiento implícito en el tratamiento económico de este actor es relativamente confuso. Como se señaló, normalmente, se hace la aclaración que el análisis positivo de los litigios se refiere al derecho civil [4]. Aparentemente, para el ámbito criminal se dan por descontados dos hechos (i) una completa comunidad de intereses entre la víctima y los distintos funcionarios de la policía, los organismos de seguridad y la rama judicial [5] y (ii) los procesos penales relevantes se inician siempre de oficio por parte de las autoridades [6].
El papel subsidiario de las víctimas en los procesos penales se confirma con el reconocimiento, a veces explícito, de que no existe una motivación suficiente para poner las denuncias, puesto que de tal acción no se deriva ningún beneficio [7]. O sea que de nadie, en principio, se debería esperar una denuncia. Por otra parte, de una de las preocupaciones básicas de la economía del crimen, la dosificación entre la intensidad de las penas y la probabilidad de captura de los delincuentes, también se puede derivar el supuesto implícito de que las víctimas no juegan ningún papel en los procesos penales, puesto que se supone que la captura de los delincuentes es una variable de política, que depende por completo de las decisiones de las autoridades.
En algunos trabajos empíricos realizados por economistas se analiza el comportamiento de las víctimas. Aún en estos esfuerzos, el énfasis se sitúa en los efectos de ciertas conductas preventivas sobre la incidencia de los delitos [8] y muy poco en las eventuales reacciones de las víctimas después de los ataques, o en su papel en la iniciación de los procesos penales. A nivel teórico, la falta de atención a esta parte de los procesos penales tendría que ver con el hecho que el interés inicial de la economía por el sistema penal de justicia habría surgido a raíz de la observación que una alta proporción de los juicios se archivan o terminan con una negociación antes del juicio [9].
En síntesis, el aporte de la economía del crimen a la comprensión del comportamiento de la víctima se puede calificar de pobre. Este papel secundario es poco comprensible puesto que el objetivo general propuesto por esta disciplina para la política criminal es el de minimizar los costos sociales del crimen, algo que evidentemente debería involucrar a las personas afectadas. No sobra señalar que las dificultades conceptuales que presenta un análisis positivo y realista de las víctimas para el esquema de la elección racional son monumentales, puesto que va en contra de un buen conjunto de sus postulados básicos [10]. Difícil imaginar algo más irracional e incomprensible que el ánimo de venganza que puede darse en una víctima. Jon Elster (1990) destaca que la venganza es, precisamente, un claro contra ejemplo al supuesto de racionalidad, puesto que en una perspectiva hacia adelante (forward-looking) no representa ningún beneficio [11].
De cualquier manera, el asunto es problemático puesto que son precisamente las víctimas del crimen quienes mejor se acercan a la noción de usuarios, o demandantes, de la justicia penal y sin tener una idea clara de cuales son las características de los ciudadanos que acuden al sistema penal, cuales son sus motivaciones, o que es lo que esperan es difícil pensar en cualquier tipo de evaluación de la oferta de justicia penal [12].
1.2 – LA VICTIMA EN EL DERECHO Y LAS CIENCIAS SOCIALES
Varios elementos pueden ayudar a explicar el papel secundario y casi irrelevante que se le ha asignado a las reacciones de las víctimas en las ciencias sociales, y en el derecho contemporáneos. En la visión contemporánea de la justicia penal el papel que se le asigna a la víctima y, en particular, a la venganza como una de sus posibles motivaciones, es prácticamente nulo. Ni siquiera la llamada victimología, una especialización de la criminología orientada a rescatar el papel de la víctima en el proceso penal parece interesada en abordar los aspectos más determinantes de su comportamiento. Aunque parezca extraño, los primeros trabajos de criminólogos interesados en la víctima estuvieron orientados a estudiarla como alguien que “configura y moldea al criminal” o bien a destacar su responsabilidad en la génesis del acto criminal [13]. Diversos trabajos empíricos en donde por elemental principio de parsimonia se podría hacer referencia a la venganza, se ha optado por elaboradas interpretaciones alternativas que la descartan por completo [14] .
Bajo el esquema conceptual heredado de Foucault, que se puede considerar ha sido muy influyente en el país, se considera que, en el Estado moderno, la principal característica de la criminalidad es el haber completado el tránsito de la violencia hacia los ataques contra la propiedad. Atrás, en la época feudal, habrían quedado los ataques contra las personas. Bajo este escenario, la víctima típica sería esencialmente alguien de la clase burguesa, y la política criminal estaría ante todo orientada a controlar el crimen contra la propiedad. En el supuesto de una delincuencia fundamentalmente económica cuyas víctimas no merecen mayor consideración coinciden otras visiones corrientes propuestas para sociedades capitalistas ya pacificadas [15]. El comentario que se puede hacer al respecto es que esa supuesta víctima típica, el propietario burgués que defiende sus bienes está lejos de ser la principal preocupación contemporánea en materia de seguridad ciudadana [16]. Parecería, por el contrario, que se ha dado una transformación de la canasta de delitos y que los que realmente preocupan a los ciudadanos son los ataques contra las personas. Precisamente aquellos para los cuales no es recomendable seguir ignorando la venganza.
Los juristas ofrecen un explicación al escaso papel que se le otorga a la víctima dentro de los procesos penales: puesto que las leyes penales modernas se enmarcan dentro del principio general de la presunción de inocencia, la justicia tiene que empezar por poner en duda las declaraciones de quien ha sufrido el ataque [17]. Esta falta de empatía con las víctimas a veces trasciende las consideraciones procesales, y en ocasiones se llega a afirmaciones casi anecdóticas como que “los denunciantes mienten o formulan cargos injustificados con mucha frecuencia” [18].
Conviene anotar que esta escasa preocupación por las víctimas se da entre los juristas tan sólo a nivel micro analítico. En un contexto global, o agregado, la consideración implícita de las víctimas, y en especial la posibilidad de que puedan recurrir a la venganza privada, es crucial. La condición básica de existencia de la justicia penal es precisamente la erradicación de la venganza privada. Es esa la razón para haberse alejado de las víctimas en el procedimiento penal [19].
La contraposición entre la venganza, salvaje e irracional, determinada por el pasado y que no debe tenerse en cuenta y, por otra parte, la intención racional de la prevención, pensando en el futuro, e ignorando a la víctima, es antiquísima y se encuentra ya en Platón: “Nadie, castigando un culpable, tiene en cuenta ni toma por móvil la falta cometida, a menos de que quiera dejarse llevar como una bestia feroz a una venganza desprovista de razón: aquel que tiene interés por castigar inteligentemente no golpea a causa del pasado –lo que está hecho está hecho- sino previniendo el porvenir, para que ni el culpable ni los testigos de su castigo caigan en la tentación de comenzar de nuevo” [20]. Para Hobbes, es clara la exigencia de que el derecho penal no tenga en consideración la importancia del daño pasado sino el bien que puede producir hacia adelante: “pretender la gloria de lo que no tiende a ningún fin es una gloria vana, algo contrario a la razón” [21]. Para Bentham la pena útil tiene como única justificación la de ser un medio de prevención general. Beccaria también aboga por una concepción utilitarista de las penas: “es evidente el fin de los castigos no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido.¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve las aciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales” [22].
Lo que queda claro en todas estas reflexiones clásicas que sin duda han contribuido a la visión moderna de las víctimas es la permanente confusión entre lo que se debe esperar del comportamiento de las víctimas y lo que realmente ocurre.
2 – LO QUE MUESTRAN LOS DATOS COLOMBIANOS
La denuncia de un incidente criminal es, en principio, una obligación de las víctimas [23]. En realidad es poco lo que se sabe acerca de los factores que afectan esa decisión. Parece razonable postular que la determinación de acudir a las autoridades para denunciar un incidente criminal depende en primer lugar de la naturaleza y la gravedad del hecho. En segundo lugar, se ha encontrado que uno de los factores determinantes parece ser el nivel económico de las víctimas. Soares (2000) sugiere que esta podría ser una de las razones para la asociación que tradicionalmente se ha postulado entre criminalidad y desarrollo económico y que, normalmente, se ha contrastado con las cifras oficiales de crimen, o sea las denuncias.
Para Colombia se ha encontrado que existen marcadas diferencias regionales, que podrían tomarse como indicadores de costumbres, o hábitos, o elementos culturales que inciden en esa decisión. O que, posiblemente asociadas con estas peculiaridades locales, parece haber elementos comunes a la decisión de acudir a la justicia para resolver los conflictos que enfrentan los hogares en cualquiera de los ámbitos del derecho. Las personas iniciadas, en cualquier tipo de juicio, parecerían más propensas a acudir posteriormente ante los jueces para dirimir otros tipos de conflictos, incluyendo los penales. También se ha planteado que el fenómeno de la subdenuncia está ligado a las percepciones negativas que los hogares tienen sobre la justicia y sobre los aparatos del Estado, al igual que al temor ante las represalias por parte de los sindicados [24].
Por otra parte, del análisis de las respuestas de los hogares a las preguntas sobre su decisión de recurrir a las autoridades ante un ataque criminal sobresale una peculiaridad: la “falta de pruebas” como elemento determinante en la decisión de denunciar. Los colombianos muestran una singular inclinación a promover procesos sólo cuando, previamente, han logrado aclarar –en el sentido de identificar al agresor- el delito del que han sido víctimas [25]. En la misma dirección apunta el análisis de la evolución de las estadísticas judiciales, dónde aparece como hecho protuberante la vocación de la justicia penal colombiana por los delitos con “sindicado conocido” en detrimento de aquellos que requieren esfuerzos de investigación criminal para identificar a los responsables [26]. Por último, el estudio de las distintas etapas de los procesos penales, corrobora el escenario de un sistema penal que, para aclarar los crímenes, depende de manera casi exclusiva del conocimiento que tienen las víctimas sobre sus agresores desde el momento de la denuncia [27].
Otro elemento que parece afectar la demanda por servicios de justicia penal oficial en Colombia es la existencia de para-estados que compitan por el suministro de tales servicios [28]. Al respecto, la evidencia testimonial es copiosa y empieza a haber análisis sistemáticos al respecto [29]. Una de las pocas fuentes de información estadística disponibles para medir y estudiar la relación entre el conflicto armado, los indicadores de criminalidad y las tasas de denuncia es una encuesta realizada en una muestra aleatoria de sesenta municipios [30] y dónde se encuentra una asociación positiva entre la proporción de hogares afectados alguna vez por la violencia -o por un crimen en el último año- y la presencia de grupos armados en las localidades. Además, de acuerdo con esta misma encuesta, la presencia de organizaciones armadas en los municipios afecta de manera significativa la tendencia de los ciudadanos para llevar a conocimiento de las autoridades los incidentes criminales. En las localidades libres de organizaciones armadas más del 50% de los delitos que afectaron a los hogares en el último año fueron denunciados ante la Policía. La presencia de un sólo agente armado en un municipio reduce esta cifra al 30%. Con más de cuatro organizaciones armadas operando en una localidad, la proporción de denuncias se reduce al 15%.
En síntesis, el estado actual del conocimiento sobre los determinantes de las denuncias por crímenes en Colombia sugiere que dicha decisión depende (i) del nivel socio económico de las víctimas, (ii) de las características del delito del cual se fue víctima, (iii) del conocimiento que tienen las víctimas sobre los atacantes (iv) de ciertas peculiaridades regionales y, en particular (v) de la presencia de actores armados en las localidades dónde ocurrió el incidente.
Desafortunadamente, no existe una fuente única que tenga como unidad de observación los hogares que han sido víctimas y permita corroborar estos planteamientos. La principal limitación de la mayor parte de las fuentes disponibles –las encuestas de victimización- es el no contar con información sobre la influencia de los actores armados. A continuación se resumen los resultados de los ejercicios realizados para analizar los determinantes de la decisión de denunciar.
2.1.1 – LA DECISION DE DENUNCIAR
El análisis agregado por ciudades, de los datos del módulo de victimización de la Encuesta Nacional de Hogares realizada en 1995, muestra marcadas diferencias en la incidencia de ataques criminales según las regiones del país [32]. Son pocos los elementos disponibles en la encuesta para poder explicar las diferencias tan marcadas que se observan tanto en los niveles como en la composición de la criminalidad de las ciudades incluidas en la muestra. Tales niveles son los que, en últimas, determinan la probabilidad de que un habitante, en alguna de esas ciudades, sea víctima de un ataque criminal y que por lo tanto se vea enfrentado a la decisión de denunciarlo o no. Por otra parte, no es mucha la información que se tiene en la encuesta acerca de las medidas de prevención, o seguridad, que toman los ciudadanos para evitar ser víctimas de algún ataque.
A pesar de estas limitaciones, se han hecho algunos esfuerzos por analizar los factores que, por el lado de las víctimas, ayudan a explicar las diferencias en los niveles de criminalidad. A partir de la ENH 90, Santís (1998) encuentra que la probabilidad de ser víctima de una ataque contra “la vida e integridad de las personas” depende del estrato socieconómico de la víctima -siendo los hogares de estrato bajo aquellos más susceptibles de ser víctimas- de su educación [33], y de peculiaridades regionales [34]. Resultados en las mismas líneas han sido encontrado en otros trabajos en dónde se utilizan fuentes alternas de información [35]. Para los delitos contra el patrimonio el perfil típico de las víctimas cambia considerablemente. Los hogares de estrato bajo tienen menor propensión a ser victimizados que los hogares de estrato medio y alto.
Menos de la tercera parte (el 30%) de los hogares que reportaron ser víctimas de un ataque criminal en el año anterior a la encuesta decidieron acudir a las autoridades para denunciar el hecho. Como cabría esperar, ese porcentaje depende tanto del tipo de incidente criminal, como del estrato socio económico de la víctima, como de la ciudad en dónde ocurrió el hecho.
En efecto, y como se observa en la Gráfica 1 [36], mientras un poco menos de la cuarta parte de los atentados contra el patrimonio económica llega a conocimiento de las autoridades, para los delitos contra la vida, o para los delitos sexuales, la proporción aumenta casi a la mitad, y para aquellos contra la familia el porcentaje supera el 80% [37].
Para algunos delitos graves considerados de manera individual –como el homicidio, el secuestro o las amenazas- se observa, como cabría esperar en principio, una proporción mayor de denuncias que para el total, en dónde predominan los atentados contra el patrimonio económico.
De esta manera, la canasta de delitos que llega a conocimiento de las autoridades es diferente a la que ocurre en la llamada criminal. El cambio más notorio se da para los delitos contra el patrimonio que reducen su participación en cerca de 10 puntos, mientras que aquellos contra la vida duplican s importancia relativa.
En cuanto al estrato socio económico de las víctimas, los datos de la encuesta muestran una relación positiva entre esta variable y la proporción de denuncias. El cambio de nivel socio económico con mayor efecto sobre la decisión de acudir a las autoridades se observa al pasar del estrato 4 al 5 (Gráfica 2).
Para las ciudades también se observan diferencias superiores a 20 puntos en las tasas de denuncia, siendo las menores las que se dan en Cali y Pasto y las más altas las de Montería y Medellín (Gráfica 3) .
En forma adicional a estos elementos que, corroborando sugerencias de trabajos anteriores, contribuyen a explicar la proporción de denuncias, de los datos de la encuesta se deduce que esta decisión también depende de ciertos factores relacionados con la forma como ocurrió el crimen y, por otra parte, de algunas características del entorno en dónde viven las víctimas.
Con relación a algunos de los aspectos de la “escena del crimen” la información de la ENH 90 sugiere que tanto el lugar de ocurrencia del incidente, como el número de atacantes, como el hecho que se haya podido identificar un menor entre ellos, como, sobre todo, que la víctima conociera a los responsables del delito, afectan la decisión de denunciarlos. En primer lugar, se observa una menor tendencia a denunciar los hechos cuando el lugar del crimen ha sido la vía o el transporte público, un comercio o las calles del barrio. La proporción de denuncias es más alta cuando el ataque ocurrió en el lugar de habitación, el sitio de trabajo o la escuela (Gráfica 4).
Es fácil racionalizar este resultado con base en la observación que en los lugares públicos resulta menos probable contar con eventuales testigos que permitan la identificación de los agresores, circunstancia que se ve favorecida por el entorno más cercano a la víctima en dónde, además, es más factible que se de un ataque por parte de alguien conocido.
Los datos de la encuesta señalan una relación positiva entre el número de atacantes y la propensión de las víctimas a denunciar el delito. Si bien esta asociación se observa desde los ataques unipersonales, el umbral crítico del número de agresores parece darse al pasar de cuatro a cinco, cuando aumenta en más de diez puntos la proporción de delitos que se denuncian. No resulta fácil ofrecer una explicación para este resultado (Gráfica 5).
Por el contrario, para las dos últimas características de los agresores que, de acuerdo con la encuesta, están relacionadas con la propensión a denunciar -que fueran conocidos de las víctimas y que se pudiera identificar entre ellos algún menor de edad- si parece más factible sugerir explicaciones. El primero de estos efectos, como se aprecia en la Gráfica 6, es de una magnitud importante.
La proporción de delitos denunciados por parte de quienes conocían previamente a sus agresores es cerca de 20 puntos porcentuales superior a la cifra correspondiente a las víctimas de un agresor anónimo. Es fácil argumentar que se trata de otra manifestación, por el lado de las decisiones de las víctimas, de una de las características ya señaladas del sistema penal colombiano, la de haberse especializado en aquellos casos que vienen resueltos por las víctimas desde el momento de la denuncia.
Aunque de manera menos determinante que el conocimiento previo del agresor, que incentiva las denuncias, el hecho que se haya identificado un menor dentro de los atacantes aparece como un factor que disminuye la tendencia a denunciar. Una aproximación racional a la decisión plantearía simplemente que las víctimas suponen que, dado el tratamiento penal especial que reciben los menores de edad, la respuesta esperada de las autoridades en ese caso compensa menos adecuadamente los costos que implica tratar de sacar adelante un proceso penal. Pero también puede pensarse en otros factores, no necesariamente excluyentes del anterior. Como que los menores despiertan una mayor capacidad de comprensión de las víctimas, o que sus agresiones pueden ser interpretadas como actos impulsivos e irresponsables y por esta razón suscitan menos ánimo de castigo. De cualquier manera, el hecho de que las víctimas tiendan a recurrir menos a las autoridades cuando se trata de agresores menores de edad podría tomarse como indicador de que la rehabilitación y resocialización como funciones del sistema penal, que se sabe son más eficaces entre los jóvenes, no ocupan un lugar muy destacado dentro de las motivaciones de las víctimas.
A nivel del entorno de la víctima tanto algunos de los problemas de violencia en el barrio que reportan los hogares en la encuesta como, sobre todo, las reacciones del vecindario ante tales incidentes, tienen repercusiones sobre la inclinación a poner una denuncia. Para un conjunto de los “problemas de barrio” considerados en la ENH 90, aquellos que de alguna manera reflejan un ambiente de violencia –si hay atracos, pandillas, expendio y consumo de drogas, violaciones e incluso maltrato familiar- se dan, como se observa en la Gráfica 7, diferencias importantes en la proporción de denuncias.
Tanto la existencia de cualquiera de estos problemas en un barrio como la confluencia de todos ellos muestran estar negativamente asociados con la proporción de ataques criminales que llegan a conocimiento de las autoridades. Incluso el indicador global de problemas de violencia en el barrio más sencillo e ingenuo que se puede imaginar a partir de la encuesta –se suman las distintas variables binarias correspondientes a la existencia o no de los distintos problemas- muestra una asociación negativa con la propensión de las víctimas a denunciar (Gráfica 8).
Visto desde la perspectiva de las víctimas, de las cuales se espera en principio que acudan a las autoridades para denunciar los incidentes criminales, y en particular las manifestaciones de violencia, puede resultar paradójica esta relación negativa que se observa entre las denuncias y los problemas de violencia en los barrios. Para explicarla podría recurrirse a una extensión de la hipótesis de la disuasión: en aquellos lugares en dónde la gente tiende a no denunciar –y por lo tanto se sanciona menos a los agresores- se da una mayor proliferación de conductas violentas. Parece sin embargo, más convincente una explicación basada en la causalidad en el otro sentido: en los ambientes violentos, por ejemplo por temor a las represalias, la gente tiende a recurrir menos a las autoridades. Peor aún, puede inclinarse hacia soluciones a la justicia oficial.
El último tipo de información “ambiental” [38] disponible en la encuesta que muestra algún efecto sobre la decisión de acudir a las autoridades para denunciar los ataques criminales tiene que ver con las medidas que, de acuerdo con los hogares, se adoptaron en el barrio para enfrentar los problemas de violencia. Así, en los lugares en dónde ante los problemas de barrio se reaccionó acudiendo a las autoridades para solucionarlos, se observa, en promedio, una mayor inclinación para poner denuncias. Lo mismo ocurre, en forma menos marcada, en los barrios en donde la reacción fue la de organizar a los vecinos. Por el contrario, en aquellos sitios en dónde se observan lo que se podrían denominar soluciones privadas ante la violencia –adquirir armas, contratar vigilancia privada, cambiar de residencia o evitar los sitios peligrosos- se da una tendencia a poner menos denuncias (Gráfica 9).
Es interesante observar cómo las dos soluciones que involucran a los organismos de seguridad del Estado –colaborar con la policía o “usar o amenazar con el uso de fuerza pública” [39]- presentan sobre las denuncias un efecto con el mismo signo negativo que tienen las soluciones privadas.
Cuando se estudia el efecto conjunto que tienen sobre la decisión de denunciar los distintos elementos que se acaban de exponer se encuentran los resultados que se presentan en la Ecuación 1 [40] del Anexo. La magnitud del efecto de cada una de las variables consideradas en esta ecuación muestra, como conclusión sorprendente, que son los delitos contra la familia aquellos que en mayor medida afectan la probabilidad de denunciar los asuntos penales. La explicación para este extraño resultado tiene que ver con las características de la encuesta y en particular, con posibles peculiaridades en algunas de las respuestas. En primer lugar, son muy pocos los atentados contra la familia que se reportaron en la ENH 90 [41]. Lo más relevante, sin embargo, lo constituye la alta proporción de estos pocos casos que fueron denunciados [42]. Es fácil argumentar que en un contexto como el de la encuesta, lo que define que un atentado contra la familia sea considerado un delito, y reportado como tal en la encuesta, es precisamente el hecho de haberlo puesto en conocimiento de las autoridades. Así, dada la peculiaridad de esta variable, sobre todo en un trabajo orientado a dilucidar los determinantes de la decisión de denunciar, vale la pena no tenerla en cuenta en la estimación.
Las consecuencias de excluir esta variable sobre los resultados de la ecuación son prácticamente imperceptibles. En particular se encuentra que [43]: (ver Ecuación 2).
- Muestran un efecto positivo sobre las denuncias, en orden de importancia [44] : (1) si se conocía o no a los responsables (conocian+); (2) si eran cinco o más los agresores (n5omas+); (3) si la víctima vive en un barro estrato 5 o 6 (estrat56+); (4) si se trata de un homicidio (dhomicid+); (5) si en el barrio optaron por acudir a las autoridades para solucionar los problemas de violencia (m_autori+); (6) si se trata de amenazas (damenaza+); y (7) si el incidente ocurrió –o la víctima vivía en- la ciudad de Montería (monteria+).
- Con un efecto negativo sobre las denuncias, se destacan, en orden de importancia: (1) si el incidente ocurrió en un sitio público (Spublico-); (2) si se pudo identificar un menor entre los agresores (menor-); (3) si ante los problemas de violencia en el barrio se optó por evitar los sitios peligrosos (m_evisit-); (4) si la vícima vive en un barrio de estrato 1 o 2 (estrat12-); y (5) si en el sector en donde vive la víctima ocurrió más de un homicidio en los últimos 12 meses (violencS-) [45].
En las Gráficas 10a y 10b se resume la magnitud del efecto de cada una de estas variables sobre las denuncias. Como se trata, en su totalidad, de variables dummy –dicótomas, binarias o categóricas- la lectura que se le puede dar al coeficiente estimado en la ecuación (el llamado “odds ratio”) es el cambio en la probabilidad de que se denuncie el incidente si cambia el valor de cada una de las variables de 0 a 1, o sea si cambia la categoría de no –por ejemplo conocían a los agresores- a si los conocían. No sorprende que la naturaleza del ataque criminal que reportan las víctimas sea el principal elemento que contribuye a que se acuda a las autoridades a denunciar el hecho. En particular, es consistente con lo que cabría esperar en principio que sea el homicidio el incidente que en mayor medida incremente (casi en un 300%) la probabilidad de acudir a las autoridades con relación a la que se da para los otros ataques, básicamente los ataques contra el patrimonio económico. No vale la pena desarrollar un argumento muy largo a favor de la idea que, en cualquier sociedad y en cualquier época, la muerte violenta de un ser cercano ha sido uno de los principales detonadores del impulso de la venganza.
Un resultado interesante es que, después del homicidio, no sea el secuestro el delito que más contribuya a la decisión de denunciar sino que sean las amenazas, que hacen un 150% más probable que se recurra a las autoridades. De hecho, si se incluye en la ecuación el indicador de secuestro [46] este no sólo resulta ser poco significativo en términos estadísticos –razón por la cual se lo excluye de la ecuación- sino que además, la magnitud de su efecto sobre la probabilidad de denunciar sigue siendo inferior a la que muestran las amenazas (Ecuación 3). Una manera de explicar este resultado, fuera del hecho relacionado con la naturaleza de los agresores y que se discute más adelante, tiene que ver con las repercusiones que puede tener una denuncia sobre la solución privada de este tipo de incidente: el pago de un rescate. Mientras que para un homicidio o una amenaza se puede fácilmente suponer que la víctima o sus familiares preferirán –ceteris paribus- que actúe la justicia, frente al secuestro la actuación que se busca de las autoridades al elevar una denuncia penal puede interferir negativamente en el desarrollo de las negociaciones de pago de rescate.
Fuera de este efecto relacionado con la naturaleza del ataque criminal, las dos variables que en un magnitud muy similar –alrededor del 100%- contribuyen a aumentar la probabilidad de que se denuncie un ataque criminal tienen que ve con las circunstancias bajo las cuales ocurrió el incidente. Está por un lado el hecho de que los agresores fueran personas conocidas y por el otro, que se trate de una agresión realizada por un grupo de cinco o más personas. Como ya se señaló, el efecto de la primera de estas dos variables puede interpretarse como una manifestación adicional de una de las peculiaridades de la justicia penal colombiana. Reflejando las deficiencias en las labores de investigación criminal, o sea en la tarea de aclarar los crímenes cometidos por agresores desconocidos para identificarlos, el hecho que sea dos veces más probable que los ciudadanos pongan una denuncia cuando conocen a los agresores puede interpretarse como una especie de contaminación de esta primera etapa de los procesos con la peculiar vocación del sistema penal colombiano por los delitos con “sindicado conocido”, desde que se inicia el proceso, y gracias a las víctimas. Para la segunda variable relacionada con las circunstancias del crimen, el que sean muchos los agresores, no es fácil encontrar una explicación razonable. A nivel de simple conjetura se puede plantear que un alto número de atacantes transmite a las víctimas un mensaje de banda, u organización, y en cierta medida una mayor sensación de actividad criminal profesional y recurrente que se piense deba ser controlada por las autoridades.
Las últimas tres variables que contribuyen a aumentar la propensión de los ciudadanos a recurrir a las autoridades para denunciar incidentes criminales tienen que ver con elementos del entorno en el cual se desenvuelve la víctima: que se trate de la ciudad de Montería, que la víctima viva en estrato 5 o 6 [47] y, por último, que se trate de un barrio en el cual, para solucionar los problemas de violencia, los ciudadanos hayan acudido a las autoridades. Es claro que todas estas variables incluidas en la encuesta que hacen referencia a los “problemas de barrio” y a la manera como los vecinos reaccionaron para buscar una solución son en extremo difíciles de interpretar con precisión, sobre todo cuando se trata de buscar elementos que ayuden a explicar la decisión individual de denunciar un ataque criminal. La manera más razonable, desde un punto de vista teórico, de interpretar estos efectos es aceptando que tienen algo que ver con influencias de tipo social o cultural, que ayudan a definir cómo es usual que se “hagan las cosas”, en ciertos ambientes y no en otros.
Con relación a los factores que disminuyen la tendencia a poner denuncias (Gráfica 10b), dos de las variables tienen que ver con las circunstancias del delito: que ocurriera en un sitio público y que se haya podido identificar la participación de un menor. Otro de ellos, el que la víctima viva en estrato 1 o 2 se puede asimilar a una característica individual, el nivel del ingreso, pero también puede considerarse equivalente a un efecto del entorno, como lo son los dos restantes: que se trate de un sector con altos niveles de violencia y que, ante los problemas de violencia del barrio, los vecinos hayan reaccionado “evitando los sitios peligrosos”.
Considerando los efectos de ambos signos la variable más significativa en términos estadísticos, resulta ser, de lejos, el lugar de ocurrencia del incidente y más concretamente si se dio en un sitio público. Le siguen en importancia el conocimiento de los agresores y su número. La variable con el efecto menos significativo es el que el suceso haya ocurrido en Montería.
2.1.2 – IMPACTO DE LA VIOLENCIA SOBRE LAS DENUNCIAS
Puesto que, desafortunadamente, la encuesta de hogares utilizada no incluye ningún elemento que permita establecer el impacto de las distintas organizaciones armadas sobre la decisión de denunciar, vale la pena un esfuerzo por analizar cuales son, dentro de los indicadores disponibles en la encuesta y que afectan las denuncias aquellos que se podrían relacionar con el conflicto.
A partir de la misma ecuación estimada en el numeral anterior se pueden hacer algunas observaciones, a nivel de simples conjeturas, sobre un posible efecto de los actores armados sobre la decisión de denunciar.. La primera observación tiene que ver con el efecto poco significativo que muestra sobre esta decisión el hecho que la agresión sufrida sea un secuestro. Aunque, como ya se señaló, parte de este efecto podría estar relacionado con las posibles interferencias de una denuncia sobre las negociaciones para el pago de un rescate, en forma relativamente independiente de la naturaleza del agresor, sería necio desconocer que esta puede ser una de las vías a través de las cuales se manifiesta el conflicto colombiano sobre las etapas iniciales de los procesos penales. Por un lado, porque se sabe que una alta proporción de este tipo de atentados son realizados por los grupos armados, y en particular por la guerrilla. Así, una manera de interpretar este coeficiente poco significativo del secuestro es que allí se concentra un dilema para las víctimas puesto que, por un lado, la gravedad del incidente implicaría, de la misma manera que ocurre con el homicidio, un aumento de la tendencia a denunciar. Pero, por otro lado, la naturaleza de los agresores –los grupos armados- actuaría como un contra peso a la decisión, con el efecto resultante de un coeficiente de pequeña magnitud y poco significativo.
La segunda observación, más directa, tiene que ver con el efecto negativo que tienen sobre las denuncias los niveles de violencia imperantes en los sectores en donde habitan las víctimas (variable violencS en las ecuaciones). Si bien es cierto que a nivel de cada hogar el hecho de que se haya sufrido un homicidio hace más probable que se ponga el ataque en conocimiento de las autoridades, los homicidios ocurridos en el entorno inmediato de las víctimas [48] muestran un efecto disuasivo sobre la capacidad de denunciar. El simple hecho de vivir en un sector mucho más violento que el promedio disminuye en un 30% la probabilidad de denunciar un ataque criminal.
Para analizar el efecto de la violencia sobre las denuncias vale la pena profundizar un poco más en las razones reportadas por los hogares que decidieron no poner en conocimiento de las autoridades el ataque criminal del que fueron víctimas. El 69% de los hogares víctimas de algún tipo de delito, no lo denunciaron ante ninguna autoridad. Al indagar acerca de las razones por las cuales no se denunció, las víctimas respondieron que por “falta de pruebas” en un 36% de los casos, seguido por “inoperancia de la justicia” en un 23% , por el temor a las represalias en el 11.5% y por desconocimiento del autor con un 9.7%.
Dentro de las víctimas del estrato bajo el porcentaje que menciona el temor a las represalias como razón para no denunciar aumenta al 14%. En los sectores más violentos tal cifra sube al 16%; para quienes conocían a los agresores se incrementa aún más, hasta el 27% y entre las víctimas de homicidio o secuestro el porcentaje alcanza ya un 38%. Por otra parte, esta causal para no acudir a las autoridades tiene, en forma aún más marcada que para la decisión de denunciar, un gran componente regional. En particular, en la ciudad de Montería que, como ya se vio, era aquella que presentaba como peculiaridad la mayor tasa de denuncias, no se reportó ni un sólo caso de no denuncia asociada con el temor a las represalias. Por su parte, Medellín presenta un mayor porcentaje de no denuncia por miedo, que puede estar captando el efecto que, en 1995 cuando se hizo la encuesta, era de lejos la ciudad con mayor incidencia de homicidios y secuestros.
En síntesis, y considerando el efecto simultáneo de los distintos factores que se acaban de mencionar el no denunciar por temor a las represalias depende, en todos los casos con un impacto positivo: de que el delito en cuestión haya sido un homicidio o un secuestro, de que los atacantes fueran conocidos, de que fuera un grupo de 5 o más personas, de que el incidente ocurriera en un sitio público y de que la víctima viva en estrato 1 o 2 (Ecuación 4 [49]).
El hecho de que, en la ecuación estimada para explicar el temor a las represalias, la magnitud del efecto del secuestro sea superior al de todas las variables consideradas, incluso a la del homicidio, en alguna medida corrobora la idea de un efecto pernicioso de los actores armados sobre el funcionamiento de la justicia penal en su primera etapa, la de las denuncias. Entre quienes deciden no acudir a las autoridades ante un incidente criminal, la probabilidad de que no lo hagan por temor a las represalias se multiplica casi por seis si se trata de un secuestro, mientras que para el homicidio, en principio un ataque más grave, tal cifra es apenas de 3.6. Así, el secuestro, que en la actualidad se puede decir que es la conducta criminal que en mayor medida distingue a la sociedad colombiana no sólo aparece como un incidente que, a pesar de su gravedad, se denuncia poco sino que, por otra parte, es el delito que en mayor medida impone miedo a las víctimas para denunciarlo.
2.2 – ENCUESTA EN BOGOTA, MEDELLIN Y BARRANQUILLA
Otra fuente de información disponible para estudiar el comportamiento de las víctimas la constituye una encuesta realizada en tres ciudades colombianas [50]. De los delitos reportados en esta encuesta, la proporción que fue puesta en conocimiento de las autoridades por medio de una denuncia varía considerablemente dependiendo del tipo de incidente. Un 64% de los hogares víctimas de un homicidio pusieron la respectiva denuncia. Por ciudades, Medellín se destaca por ser el sitio en dónde menos del 40% de los homicidios reportados fueron puestos en conocimiento de las autoridades por parte de las víctimas.
Para el delito más frecuente, el atraco callejero, la proporción de incidentes denunciados es bastante baja, inferior al 16%. La tendencia a acudir a las autoridades para denunciar el atraco callejero depende positivamente tanto del estrato (12.7% en el bajo, 15.5% en el medio y 22.1% en el alto) como del nivel educativo (10.5% para primaria y 20% para universitarios).
Estos promedios esconden algunas características que conviene señalar. Está en primer lugar el hecho que el grueso de los hogares (79%) no denunciaron ninguno de los atracos que sufrieron. Hay sin embargo un porcentaje no despreciable (12.4%) de hogares que denunciaron todos los atracos de los que fueron víctimas. En el intermedio aparece el resto de los hogares, que denuncian unos casos y otros no. La proporción de hogares que nunca han denunciado un atraco callejero parece negativamente asociada con el estrato (83.2% en el bajo contra 71.4% en el alto) y aún más con el nivel educativo (87.1% primaria 72.8% universidad).
Dejando de lado aquellos hogares que nunca acudieron a la justicia es interesante observar cómo, entre el número de atracos que sufre un hogar y el porcentaje de estos atracos que se denuncia existe una asociación negativa (correlación de -0.7). Una historia compatible con esta observación es que los hogares denuncian los primeros incidentes pero después dejan de hacerlo. En efecto, no todos los hogares que aparecen denunciando el 100% de los atracos han sufrido sólo un incidente. Hay hogares victimizados repetidamente que insisten en poner en conocimiento de las autoridades tales hechos, pero entre los hogares con muy alta incidencia de atracos, más de cinco, empieza a bajar la proporción de incidentes que se denuncian. La proporción de hogares que siempre han denunciado los atracos callejeros aumenta con el estrato (de 10.1% en el bajo a 19.1% en el alto) y con el nivel educativo del jefe del hogar (de 8.6% entre quienes tienen sólo primaria a 15.5% entre los que tienen estudios universitarios).
En síntesis, agrupando todos estos factores, y analizando cuales de ellos son los que en mayor medida contribuyen a discriminar los hogares que siempre acuden a las autoridades para denunciar los atracos callejeros de aquellos que nunca lo hacen , se encuentra, con un modelo logit, que el nivel educativo es la variable que más afecta y en particular lo que más contribuye es el paso de la secundaria a la universidad por parte del jefe del hogar.
Para el robo a la residencia, con una tasa promedio de denuncia del 34%, se repite, en forma más marcada el perfil bimodal de la tendencia a denunciar. En efecto, para este tipo de incidente, y aún dentro de los hogares que lo han sufrido más de una vez, se observa una proporción importante (26.8%) de los hogares que los denuncian todos.
En esta encuesta, la proporción de los delitos que se denuncian no parece depender de la gravedad de los crímenes. Sorprende bastante, por ejemplo, que conductas como el homicidio o el secuestro presenten una tasa de denuncia más baja que asuntos como el robo de automóviles, que son los que en mayor medida son puestos en conocimiento de las autoridades. Lo anterior permite pensar que un factor que puede estar afectando la decisión de denunciar sea el que tal acción sea un requisito para el cobro de seguros.
Los atentados contra la propiedad reportados implicaron una pérdida promedio ligeramente inferior a 9.5 Salarios Mínimos Mensuales (SMM). Cuando se introduce esta variable como factor explicativo en la decisión de denunciar o no la ocurrencia de un atentado contra la propiedad se encuentra un efecto positivo y estadísticamente significativo. Aún más, el efecto de la educación, que se había visto que contribuía a discriminar los denunciantes pierde su relevancia [51].
Cuando, para el incidente considerado por ellos como el más grave los hogares víctimas no pusieron la respectiva denuncia, las razón más aludida para no hacerlo fue el no conocer a los culpables. El temor a las represalias como razón para no denunciar se menciona en el 6.3% de los casos. Para Medellín esta es la segunda razón en importancia, con una incidencia del 9.3%.
2.3 – MUESTRA DE EXPEDIENTES PENALES
La tercera fuente de información disponible para analizar la decisión de denunciar es una muestra de expedientes penales en cuatro ciudades [52]. La mayor fracción de los sentencias analizadas resultaron de procesos por atentados contra la propiedad [53] . Por grandes categorías del código la mayoría de los casos estudiados (51%) tiene que ver con atentados contra el patrimonio económico, seguidos por los ataques a la "vida e integridad de las personas" (25%), los delitos contra la familia (7%), las infracciones al estatuto antonarcóticos (Ley 30/86 con un 7%) y el saldo, un 11%, que agrupa las demás conductas.
Al comparar la composición de los incidentes que llegan a los juzgados con la que se observa a nivel de la llamada criminalidad real. [54] se observa que la participación de los ataques a la propiedad dentro de los incidentes reportados por los hogares es bastante superior a aquella que se observa entre los procesos que llegaron a la justicia penal. Por el contrario, los delitos contra la familia y los relacionados con el narcotráfico, que constituyen cerca del 13% de los casos penales juzgados apenas superan el 0.5% de los incidentes que afectaron a los hogares en 1995.
La participación de los homicidios en el total de los juicios analizados no guarda la relación que se esperaría teniendo en cuenta los niveles de violencia de las cuatro ciudades incluídas en la muestra de sentencias. Parecería existir una asociación negativa entre la violencia que llega a los juzgados y la que se da a nivel de las localidades de la muestra [55].
Es precisamente en Medellín, la ciudad dónde se presenta una mayor incidencia de este tipo de conductas a nivel de la criminalidad real, en dónde la participación de tales ataques dentro de los procesos analizados es menor. Además, la composición de los atentados contra la vida muestra diferencias por ciudades, tanto a nivel de la criminalidad real como de las sentencias analizadas, que refuerzan esta impresión de una justicia penal alejada de los incidentes que más afectan a los hogares. Es precisamente en las ciudades con mayor incidencia de homicidios, Medellín y Cali [56], dónde la violencia que se juzga se ocupa en mayor medida de las lesiones personales en detrimento de las muertes violentas.
Combinando estos dos efectos se llega a un escenario en el cual, por ciudades, el interés del sistema judicial [57] por los homicidios parece depender negativamente de la violencia. En Medellín más del 10% de los incidentes reportados en la encuesta de hogares hacía referencia a una muerte violenta pero la participación de los homicidios en la muestra de sentencias analizadas apenas supera el 5%. En Barranquilla, por el contrario, que es la menos violenta de las cuatro ciudades consideradas, y en dónde los homicidios no alcanzan al 2% de los ataques criminales reportados por los hogares, casi uno de cada cuatro de los procesos en los juzgados tenía que ver con un homicidio [58].
2.3.1 - CIRCUNSTANCIAS DE LOS HOMICIDIOS
A pesar de que en la mayor parte de los casos de homicidio analizados (51%) no había ninguna relación entre el agresor y la víctima, en un porcentaje importante de los casos se trataba de algún familiar (2%) o conocido (32%). En el 8.9% de los casos no aparece en el expediente información acerca de la relación entre la víctima y el sindicado. El grueso de los homicidios analizados (61%) fueron cometidos en la vía pública, un 15% en sitios como bares o tabernas y un 9% en la residencia. Como cabría esperar para las muertes ocurridas en la calle o en lugares públicos es mayor la proporción de casos (70%) en que no había una relación con la víctima, mientras que para los homicidios ocurridos en la residencia es mayor la proporción de casos (75%) en que si existía algún vínculo.
2.3.2 - CAUSAS DE LOS HOMICIDIOS
La mayor parte (40%) de los homicidios analizados en la muestra de sentencias fueron causados por riñas. Le siguen en importancia los atracos (21% de los casos), los ajustes de cuentas (13%) y la categoría otros. Es interesante observar como esta caracterización de la violencia que se obtiene a partir de la muestra de sentencias [59] difiere de la que se deriva de las respuestas de los hogares que en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla habían sido víctimas de un homicidio y tenían una idea acerca de la causa del mismo [60]. En efecto, la razón más mencionada por los hogares acerca de las causales del homicidio que los afectó es el atraco (cerca del 30% de los casos en que se tiene una idea acerca de la causa) seguido del ajuste de cuentas (21%), y de otras razones (21%). Por otro lado, la principal causal de los homicidios que se juzgan, las riñas, aparecen mencionadas únicamente en el 12% de los casos.
Así, la comparación de estas dos fuentes sugiere que la violencia que ocurre en las calles es diferente de la que llega a los juzgados no sólo en términos de su volumen sino de sus características. Si se agrupan estas causales en cuatro grandes categorías : delincuencia, justicia privada, problemas de convivencia y otros, se observa que en la violencia de la cual se ocupa la justicia penal están sobre-representados los asuntos de convivencia mientras que, por el contrario, se observa una baja participación de la violencia relacionada con la delincuencia y, sobretodo, con los mecanismos de justicia privada. Mientras que en las sentencias analizadas uno de cada tres homicidios tiene que ver con problemas de convivencia, en la violencia reportada por los hogares tal participación es inferior a uno en cinco. En el otro extremo, los homicidios relacionados con mecanismos privados de justicia, que entre los casos juzgados no llegan a uno en diez constituyen uno de cada cuatro de los homicidios reportados por los hogares. No parece necesario desarrollar un argumento muy largo para poder asimilar los términos de “ajusticiamiento” o “ajuste de cuentas” a simples eufemismos locales para la noción más universal de la venganza privada.
Esta sub-representación de la violencia intencional, posiblemente cometida por encargo y por parte de profesionales, no sorprende si se tiene en cuenta la baja representación que, como se verá más adelante, tienen dentro de las sentencias analizadas las condenas por autoría intelectual o la alta participación de casos en los cuales se ha identificado al sindicado desde la denuncia.
Otro síntoma de la falta de correspondencia entre la violencia real y los casos que llegan a los juzgados se obtiene a partir de la información relacionada con el tipo de arma que se utilizó para cometer los homicidios. De acuerdo con la muestra de procesos el 60% de los homicidios fue cometido con un arma de fuego. Para los casos ocurridos en Bogotá tal porcentaje es del 52.4%. La información disponible para la capital del país, basada en las necropsias realizadas por Medicina Legal, muestra que para el total de homicidios tal proporción es bastante mayor. Para 1996 y los primeros nueve meses de 1997 más del 70% de los homicidios intencionales sucedidos en Bogotá fueron cometidos con arma de fuego.
2.3.3 - LOS DENUNCIANTES
El grueso de los procesos analizados (47.6%) se inició por medio de una denuncia de la víctima -o de conocidos-, o por acción de la Policía (40.8%) [61]. La mayor parte de los procesos iniciados por la Fiscalía tienen que ver con homicidios. A pesar de lo anterior, es mayor el número de procesos por homicidio que se emprendieron por iniciativa de la Policía (28.9% del total de los casos de homicidio) que de la Fiscalía (26.7%). Unicamente el 13.3% de los casos de homicidio en la muestra se iniciaron por denuncia de conocidos de la víctima.
En un 16.4% de los procesos los denunciantes o terceros autorizados por ley se constituyeron en parte civil. Cerca de las dos terceras partes de los juicios en los cuales hubo parte civil se iniciaron por denuncias de la víctima o de sus conocidos. En este tipo de procesos, los iniciados por las víctimas, la proporción de procesos con parte civil es del 20.7%. La constitución de parte civil tiende a alargar los procesos, cuya duración (de 32.8 meses) es casi un año superior a la de los casos sin parte civil. Por otro lado, los procesos con parte civil presentan una mayor proporción de condenas (97.0%), y una condena promedio más larga (3.6 años) que aquellos que no la tienen (83.9% de condenas con un promedio de 2.4 años).
Parece claro que la constitución de parte civil, con la cual se busca la indemnización monetaria por los perjuicios causados, se hace cuando se considera que tal acción producirá algún beneficio.
Agrupando, para efectos de un análisis multivariado, todos los posibles factores que determinan que en un proceso la parte afectada decida si busca o no la indemnización de los perjuicios, se encuentra que esta decisión depende de (Ecuación 5)
- de si se trata de un homicidio, con un efecto positivo sobre la variable dependiente (homicid+), de que exista un defensor de oficio (oficio-), de la edad del sindicado (edadS+), de la del denunciante (edadD-) y de un efecto específico para la ciudad de Medellín (med-). En conjunto, estos factores explican cerca del 40% de las variaciones en la decisión de constituír parte civil. Otras características del denunciante o del sindicado (género, nivel educativo) no afectan en forma estadísticamente significativa tal decisión.
La relación negativa entre la constitución de parte civil y la existencia de un defensor de oficio se puede interpretar argumentando que esta última circunstancia es un indicador de baja capacidad económica del sindicado que, cuando se presenta, limita la posibilidad de obtener compensaciones y por lo tanto desincentiva la constitución de parte civil [62]. En el mismo sentido se puede interpretar la relación positiva entre la edad del sindicado y la decisión de buscar indemnizaciones económicas: parece razonable suponer, puesto que la responsabilidad penal no es transferible, que un infractor mayor presenta más posibilidades de poder pagar compensaciones que un infractor joven.
Los coeficientes estimados arrojan los siguientes valores: el que sea un homicidio multiplica por más de diez la probabilidad de que se constituya parte civil, que exista un defensor de oficio la disminuye en un 83%, cada año de mayor edad del sindicado la sube en un 7% y cada año de mayor edad del denunciante la reduce en una magnitud similar; que el juicio tenga lugar en la ciudad de Medellín reduce esta probabilidad en más del 90%.
Los sindicados, por su parte, son en su mayoría hombres (89.7%), de 30.3 años de edad en promedio. Más de las dos terceras partes de los procesos analizados (68.4%) fueron atendidos por un defensor de oficio. Como ya se mencionó, la presencia de un defensor de oficio dentro del proceso puede tomarse como un indicador de la capacidad económica del infractor [63].
Agrupando los factores anteriores se encuentra que la decisión de no contratar para la defensa un abogado en forma privada sino aceptar la designación de un defensor de oficio depende (Ecuación 6):
- que el delito sea un homicidio (homicid-), del nivel educativo del sindicado (eduS-), de que se trate de un incidente por inasistencia alimentaria (alimento+), de que sea una simple contravención (+) y de que se haya constituído en el proceso una parte civil (-). Hay además un significativo efecto regional para la ciudad de Bogotá.
Resulta claro que las decisiones de constituírse en parte civil por parte del denunciante y la de aceptar la defensa de oficio por el sindicado son interdependientes, lo cual tiene bastante sentido. El defensor de oficio, como ya se anotó, es una señal de un sindicado con escasos recursos, factor que desincentiva la búsqueda de indemnizaciones por parte del denunciante. A su vez, la constitución de parte civil refleja un deseo de las víctimas de sacar adelante el proceso, y obtener unas indemnizaciones, y hace, por lo tanto, más riesgosa una estrategia de defensa basada en un abogado nombrado por el juzgado.
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ANEXO
ECUACION 1 [64]
logit denuncia estrat12 estrat56 conocian dhomicid damenaza dfamilia n5omas menor Spublico violencS m_autori m_evisit monteria, or
Logit Estimates Number of obs = 3682
chi2(13) = 330.68
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -2120.2168 Pseudo R2 = 0.0723
------------------------------------------------------------------------------
denuncia | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
estrat12 | .7290825 .0656605 -3.508 0.000 .6111084 .8698313
estrat56 | 1.956671 .2604307 5.043 0.000 1.507384 2.539871
conocian | 1.928564 .190952 6.633 0.000 1.58838 2.341605
dhomicid | 3.883333 1.079473 4.881 0.000 2.252119 6.69604
damenaza | 2.780859 .9931439 2.864 0.004 1.380971 5.599811
dfamilia | 4.309062 2.172483 2.897 0.004 1.604116 11.57523
n5omas | 2.175875 .2907938 5.817 0.000 1.674463 2.827434
menor | .7216243 .0659305 -3.571 0.000 .6033121 .8631382
Spublico | .5114801 .0403177 -8.505 0.000 .4382605 .5969324
violencS | .7181112 .0923244 -2.576 0.010 .5581571 .9239043
m_autori | 1.321229 .1042655 3.530 0.000 1.131892 1.542237
m_evisit | .6983853 .0687369 -3.647 0.000 .5758609 .8469789
monteria | 2.016076 .5687559 2.485 0.013 1.159776 3.50461
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 2
logit denuncia estrat12 estrat56 conocian dhomicid damenaza n5omas menor Spublico violencS m_autori m_evisit monteria, or
Logit Estimates Number of obs = 3682
chi2(12) = 320.02
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -2125.5471 Pseudo R2 = 0.0700
------------------------------------------------------------------------------
denuncia | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
estrat12 | .7197782 .0647559 -3.655 0.000 .6034191 .8585751
estrat56 | 1.939304 .2582193 4.974 0.000 1.493853 2.517583
conocian | 2.034122 .1979303 7.297 0.000 1.680935 2.461519
dhomicid | 3.832314 1.066513 4.828 0.000 2.221141 6.612202
damenaza | 2.702564 .9672974 2.778 0.005 1.340032 5.450504
n5omas | 2.157653 .2889297 5.743 0.000 1.659579 2.80521
menor | .7135909 .0652209 -3.692 0.000 .5965558 .8535865
Spublico | .5007412 .0392881 -8.816 0.000 .4293665 .5839806
violencS | .7178386 .0920302 -2.586 0.010 .5583401 .9229003
m_autori | 1.315648 .1037089 3.480 0.001 1.127306 1.535457
m_evisit | .6969558 .0685168 -3.672 0.000 .5748105 .8450565
monteria | 1.998953 .5653209 2.449 0.014 1.148354 3.479603
ECUACION 3
logit denuncia estrat12 estrat56 conocian dhomicid damenaza dsecuest n5omas menor Spublico violencS m_autori m_evisit monteria, or
Logit Estimates Number of obs = 3682
chi2(13) = 321.52
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -2124.7973 Pseudo R2 = 0.0703
------------------------------------------------------------------------------
denuncia | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
estrat12 | .721594 .0649394 -3.626 0.000 .6049083 .8607881
estrat56 | 1.925515 .2568064 4.913 0.000 1.482593 2.500759
conocian | 2.033891 .1979117 7.296 0.000 1.680737 2.461249
dhomicid | 3.835256 1.067108 4.831 0.000 2.2231 6.616522
damenaza | 2.711626 .9702264 2.788 0.005 1.344831 5.467538
dsecuest | 1.829542 .9055978 1.220 0.222 .6934406 4.826978
n5omas | 2.137575 .2870409 5.657 0.000 1.64293 2.781145
menor | .7152999 .0654161 -3.664 0.000 .5979206 .8557222
Spublico | .5015215 .039366 -8.792 0.000 .4300076 .5849288
violencS | .7202739 .0923486 -2.559 0.010 .5602249 .9260469
m_autori | 1.32136 .1042772 3.531 0.000 1.132002 1.542393
m_evisit | .6980266 .068631 -3.656 0.000 .5756793 .846376
monteria | 1.980813 .559959 2.418 0.016 1.138193 3.447235
ECUACION 4
logit ndtemor1 dhomicid dsecuest conocian n5omas Spublico estrat12, or
Logit Estimates Number of obs = 2533
chi2(6) = 109.44
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -858.72208 Pseudo R2 = 0.0599
------------------------------------------------------------------------------
ndtemor1 | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
dhomicid | 3.539377 1.405211 3.184 0.001 1.625477 7.706776
dsecuest | 5.890132 4.395427 2.376 0.017 1.364357 25.42858
conocian | 3.910459 .6075675 8.777 0.000 2.883877 5.302478
n5omas | 1.810502 .3901254 2.755 0.006 1.186814 2.761946
Spublico | 1.80426 .2834448 3.757 0.000 1.326104 2.454826
estrat12 | 1.35278 .1837553 2.224 0.026 1.036582 1.765429
ECUACION 5
logit pcivil homicid oficio edadS edadD med, or
Logit Estimates Number of obs = 138
chi2(5) = 32.75
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -24.398083 Pseudo R2 = 0.4016
------------------------------------------------------------------------------
pcivil | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
homicid | 10.67231 12.27265 2.059 0.040 1.120514 101.6482
oficio | .1701654 .141523 -2.129 0.033 .0333384 .8685563
edadS | 1.078411 .0396356 2.054 0.040 1.003459 1.158962
edadD | .9036284 .0384428 -2.382 0.017 .8313376 .9822054
med | .0868721 .0973502 -2.180 0.029 .0096608 .7811767
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 6
logit oficio homicid edUS alimento contrav pcivil bogota, or
Logit Estimates Number of obs = 502
chi2(6) = 108.90
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -280.91166 Pseudo R2 = 0.1624
------------------------------------------------------------------------------
oficio | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
homicid | .1898725 .0959957 -3.286 0.001 .0704875 .5114606
edUS | .3118058 .192182 -1.891 0.059 .0931633 1.043575
alimento | 2.635934 1.147473 2.226 0.026 1.123026 6.186983
contrav | 1.689036 .4366626 2.027 0.043 1.017607 2.803484
pcivil | .2776639 .1063242 -3.346 0.001 .1310913 .5881188
bogota | .248383 .0522648 -6.619 0.000 .1644417 .3751734
* Paz Pública – Universidad de los Andes. Universidad Carlos III de Madrid - merubio@eresmas.net . Este trabajo fue realizado como parte de un proyecto financiado por la Fundación para la Promoción de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología del Banco de la República.
[1] Pérez Pinzón, Alvaro (2002) “Trazar una política criminal antes de legislar” El Tiempo, Noviembre 5 de 2002.
[2] Una discusión detallada de las deficiencias teóricas en el tratamiento del comportamiento de las víctimas y en particular del tema de la venganza se encuentra en Rubio (2002)
[3] Con las denuncias ante la Policía se pasa así de la llamada criminalidad real a la que se denuncia, y que llega a conocimiento de las autoridades, para convertirse en criminalidad aparente o registrada. Los delitos que no aparecen reportados oficialmente constituyen lo que comúnmente se conoce como criminalidad oculta o cifra negra de la criminalidad. Estas denominaciones de la criminalidad en las etapas sucesivas de los procesos penales, aunque criticadas por algunos juristas, han sido propuestas en ese mismo ámbito ver Restrepo Fontalvo Jorge (1995), Criminología - Un Enfoque Humanístico. Bogotá: Temis. Para una crítica ver Silva y Pacheco (2001)
[4] Kaplow y Shavell (1999) o Cooter y Ulen (1997).
[5] Esta perfecta identificación es explícita en Posner (1992) que plantea que la contraparte de los acuerdos antes del juicio en el ámbito civil es el “plea bargaining” de los procesos penales.
[6] En su influyente artículo sobre Crimen y Castigo Gary Becker señala que los procesos penales se iniciarían porque “el público demandaría colectivamente por el daño público”. Becker (1968) página 68.
[7] “El castigo del derecho penal empeora la situación del victimario sin beneficiar directamente a la víctima” Cooter y Ulen (1997). En varios de los trabajos de Isaac Ehrlich también se hace alusión explícita al hecho que las víctimas no ganan nada denunciando los delitos.
[8] En la misma línea general del análisis económico de las externalidades, varios de estos trabajos se concentran en el efecto de ciertas medidas observables –como colocar candados, alarmas o puertas de seguridad- sobre el traslado del riesgo a otros ciudadanos no protegidos, imponiendo externalidades negativas o, por el contrario, disminuyendo el riesgo para otros, por medio de mecanismos no observables de seguridad. Ver por ejemplo Ayres y Levitt (1997). “Measuring Positive Externalities from Unobservable Victim Precaution: An empirical analysis of Lojack. NBR Working Paper No W5928.
[9] Lewisch, Peter (1999). “Criminal Procedure”. Encyclopedia of Law and Economics – 7700 - Internet
[10] Como los de la homogeneidad, estabilidad e independencia de las preferencias, o el de la irrelevancia de los costos ya incurridos.
[11] “The norm of vengeance practiced in many traditional societies is triggered by an earlier offense, not motivated by future rewards. Indeed from the future-oriented point of view vengeance is pointless at best, suicidal at worst”. Elster (1990) pág 45.
[12] De hecho, para Colombia se observa que los incidentes que llegan a la justicia penal no son sólo una pequeña muestra de la criminalidad que realmente ocurre, sino que, además, se trata de una muestra sesgada. Los procedimientos de selección de los incidentes de los cuales se ocupa el sistema no parecen siempre los más idóneos desde la perspectivas de las víctimas.
[13] Hans Von Hantig (1948) The Criminal and His Victims, y Stephen Shafer (1968) The Visctim and His Criminal, citados por Siegel (1998).
[14] En general, en dónde se dispone de datos de auto-reporte de delincuencia, se encuentra que las víctimas de ataques violentos tienen mayor probabilidad de volverse atacantes que quienes no han sido víctimas. Varios estudios, por ejemplo, han mostrado que los adolescentes que delinquen, o se unen a bandas, enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas. Se encontró que quienes sufren ataques en los colegios por lo general atacan de nuevo. Para explicar estos hechos se ha recurrido a elaboradas teorías, como la hipótesis del grupo equivalente, de acuerdo con la cual las víctimas y los agresores comparten estilos de vida; o que las condiciones que contribuyen a la criminalidad también contribuyen a la victimización; o, más insólito aún, que los antiguos criminales pueden convertirse en víctimas porque se perciben como seres vulnerables. Siegel (1998)
[15] De hecho, en la economía del crimen es bastante difícil establecer la separación entre los ataques criminales y, cuestiones como las infracciones menores de tránsito, la evasión de impuestos o, por otro lado, los accidentes. Se trata siempre de situaciones en las cuales se pueden suponer irrelevantes ciertas reacciones de las víctimas que, por ejemplo, simplemente buscarían compensaciones en el mercado de seguros.
[16] Y no sólo en América Latina o en Estados Unidos, en dónde lo que realmente preocupa es la violencia homicida, sino también en Europa en dónde lo prioritario también parecen ser las distintas manifestaciones de la violencia personal: étnica, escolar, doméstica. Por otra parte las víctimas, en contra del supuesto comúnmente adoptado, son principalmente personas de escasos recursos económicos, con limitaciones en su acceso a los abogados y bastante alejadas del esquema del burgués poderoso que influye sobre el soberano en la definición de la política criminal.
[17] “El sistema legal –el proceso- nace ya con el propósito deliberado de neutralizar a la víctima, distanciando a los dos protagonistas enfrentados en el conflicto criminal”. García-Pablos (1996). Tal es, también, la opinión explícita de Manuela Carmena, Magistrada del Consejo General del Poder Judicial Español en “En la ley penal no hay lugar para las víctimas”. El País, Junio 11 del 2000
[18] Como si el problema crucial en materia penal en Colombia tuviera que ver con las demandas temerarias. Silva y Pacheco (2001) página 194.
[19] “La experiencia había demostrado que no puede ponerse en manos de la víctima y sus allegados la respuesta al agresor. Que la lógica pasión que le delito desencadena en quien lo padece tiende a instrumentar aquella, convirtiendo la justicia en venganza o represalia" García-Pablos (1996) página 39
[20] Platón Protágoras, 324 ab citado por Courtois (1984) página 10. Traducción propia
[23] "Todo habitante del territorio colombiano mayor de 18 años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y deban investigarse de oficio. El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que debe investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello ; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente." Artículo 25 delCPP
[24] Rubio (1996, 1998)
[25] Rubio (1996)
[26] Rubio (1996a)
[27] Rubio (1998), Paz Pública (2000)
[28] El principal problema que se enfrenta para analizar de manera sistemática el impacto de las organizaciones armadas sobre las cifras de delitos denunciados es que pueden afectar las dos magnitudes en que se descomponen tales cifras: los niveles de criminalidad y la proporción de los delitos que llega a conocimiento de las autoridades.
[29] Ver por ejemplo Aguilera (2001) y Molano (2001)
[30] Cuéllar (1997)
[31] El primer esfuerzo que se realizó en Colombia por aproximarse a la criminalidad real urbana fué un módulo de la Encuesta Nacional de Hogares realizado a finales de 1985 . En las 11 ciudades incluídas en la muestra se concentraba cerca de la mitad de la criminalidad denunciada ante la Policía Nacional. Un módulo similar se realizó posteriormente en 1991 y en 1995. En las Encuestas de Hogares Nº 72 de 1991 (ENH 72) y en la Nº 90 de 1995 (ENH 90) se incluyeron las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira y Pasto. En la ENH 72 no se incluyeron Ibagué ni Montería . En la ENH 50 se entrevistaron 21.400 hogares, en las ENH 72 y ENH 90 la muestra fué de 17.203 y de 21.130 hogares respectivamente. Aquí se trabajó con la base de datos de la Etapa 9 de la ENH realizada en 1995
[32] Si bien en todas las áreas metropolitanas incluidas en la muestra los delitos contra el patrimonio constituyen la mayoría de lo ataques criminales reportados por los hogares, su participación en el total varía del 64% en Medellín al 94% en Pereira o Ibagué.
[33] Las personas con una educación universitaria tienen menos propensión a ser víctimas de ataques a la vida que aquellas con sólo educación secundaria.
[34] Bucaramanga y Barranquilla y Medellín aparecen como las ciudades con una mayor incidencia de víctimas.
[35] Ver Perczek (1996) y Gaviria y Pagés (1999).
[36] Ene esta Gráfica, la categoría de delitos contra la libertad incluye no sólo el secuestro –simple y extorsivo- sino también la “privación ilegal de libertad” y las amenazas. Aunque en la encuesta no se especifica que tipo de amenazas, la evidencia testimonial permite suponer que se trata de amenazas contra la libertad.
[37] Más adelante se argumenta que este resultado se debe principalmente al hecho que sólo los atentados contra la familia que efectivamente fueron denunciados tienen alguna posibilidad de ser reportados como ataques criminales en la encuesta.
[38] En el sentido que se trata de información no directamente relacionada con los individuos que toman la decisión de denunciar sino que tiene que ver con el ambiente en el cual se desenvuelven, pero que, de todas maneras, de acuerdo con los datos de la encuesta, parece afectar tal decisión.
[39] La manera como está redactada esta categoría de respuesta en el formulario es confusa puesto que no queda claro si se amenaza con recurrir a la fuerza privada o simplemente con llamar a la fuerza pública.
[40] S estima un modelo Logit en el cual la variable dependiente denuncia toma el valor uno si se acudió a las autoridades para poner en su conocimiento la ocurrencia del hecho y cero en caso contrario.
[41] De un total de 1159 incidentes reportados, tan sólo 28 eran casos de delitos contra la familia: 1 aborto, 1 abandono de menores, 13 casos de inasistencia alimentaria y otro tanto de violencia doméstica.
[42] Aunque el aborto reportado no fue denunciado, si lo fueron el caso de abandono infantil, 11 de los 13 casos de inasistencia alimentaria y una proporción similar de los casos de maltrato familiar.
[43] En la presentación en el texto de los resultados de los ejercicios de análisis multivariado, bien sea regresiones o modelos logit se adoptará como convención un (+) o un (-) después de cada factor que se enumere dependiendo de si su efecto sobre la variable dependiente es positivo o negativo. Todas las ecuaciones estimadas aparecen en el Anexo. El nombre que aparece antes del signo (+) o (-) es el que se usa para la variable en la respectiva ecuación.
[44] Definido este orden no por la magnitud del coeficiente (o el odds ratio) presentado en la ecuación sino de acuerdo a su significancia estadística.
[45] Más adelante se discute en detalle este indicador
[46] Variable dummy que toma el valor 1 si el incidente reportado es un secuestro y 0 en caso contrario.
[47] Las repercusiones del estrato como indicador del ingreso sobre la capacidad de las víctimas de “empujar” los procesos penales, o de los agresores de empantanarlos se discuten más adelante.
[48] Para la construcción de esta variable se identificaron en la muestra aquellos sectores censales en los cuales, en los últimos doce meses, había ocurrido más de un homicidio. Obviamente, esta identificación se hizo a partir de los homicidios reportados por los hogares en la misma encuesta.
[49] La muestra para la estimación se redujo a los casos que no habían denunciado el incidente criminal que los afectó.
[50] Un análisis más detallado de toda la encuesta en la que se basa esta sección, y que incluye aspectos no penales de las relaciones de los ciudadanos con la justicia, se encuentra en Rubio (1997). Esta encuesta se realizó en el marco de un proyecto más amplio sobre justicia en Colombia dirigido por Boaventura de Sousa Santos y coordinado por Mauricio García.
[51] Para corroborar esta afirmación se estimó un modelo de regresión en el cual la se tomó como variable dependiente la proporción de atentados a la propiedad que, en cada hogar, fueron puestos en conocimiento de las autoridades y como variables explicativas el nivel educativo (variable dummy = 1 si el jefe de hogar tiene grado universitario, 0 en caso contrario. Era esta la variable más relevante) y el monto estimado que se perdió. Alternativamente se estimó un modelo logit separando los hogares que nunca pusieron un denuncio de aquellos que siempre lo hicieron con las mismas variables explicativas. En ambos casos se encuentra que tiene un mayor poder explicativo el monto perdido en los incidentes que la educación.
[52] En el marco de un proyecto coordinado por la Universidad de los Andes para el Consejo Superior de la Judicatura se tomó una muestra aleatoria de expedientes y sentencias proferidas en primera y segunda instancia en el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996 en el área de atención penal. Se levantaron fichas para 499 procesos penales en cuatro ciudades colombianas : Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
[53] Un 40.0% de los procesos incluídos en la muestra se originaron en hurtos, un 11.0% en homicidios, un 9.1% en incidentes de lesiones personales, un 7.8% en porte ilegal de armas, un 6.8% en conflictos por inasistencia alimentaria, el 5.3% en infracciones al estatuto antinarcóticos, otro tanto en falsedad de documentos y un 3.0% en estafas
[54] Que se puede determinar a partir de los datos de los módulos de victimización de la Encuesta Nacional de Hogares analizada anteriormente.
[55] Podría en principio pensarse que una parte de esta discrepancia se explica por la violencia que atiende la justicia regional, la llamada justicia sin rostro. La información disponible permite descartar tal posibilidad. En efecto, se sabe que la justicia regional dictó en un año, entre Junio de 1993 y Junio de 1994, un total de 2327 sentencias. El estudio de una muestra representativa de estas sentencias (350 o sea el 15%), cuyos resultados se encuentran en Nemogá [1996], encontró que únicamente el 5% de los expedientes analizados tenían que ver con violencia homicidad (homicidio con fines terroristas, homicidio y homicidio agravado). Además, y confirmando la idea que el interés de la justicia por la violencia parece inversamente proporcional a la incidencia de la violencia, se encuentra que la proporción de homicidios atendidos por la justicia regional en Medellín, el 1%, es muy inferior a la atentida en las otras regionales, 6%. Se tendría, de acuerdo con estos datos, que de los cerca de 25 mil homicidios que ocurren anualmente en el país, la jusicia regional dicta sentencia para cerca de 100, o sea menos del 1%. Ver Cuadro No 42, pág 176, Nemogá [ 1996].
[56] Para 1995, de acuerdo con los datos de Medicina Legal, la tasa de homicidios en Medellín fué de 270 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), en Cali de 133 hpcmh, en Barranquilla de 65 hpcmh y en Bogotá de 62 hpcmh.
[57] Entendido en su sentido más amplio, o sea incluyendo dentro del sistema tanto a la Fiscalía como a los organismos de policía judicial.
[58] Como ya se señaló, lo que llega a los juzagdos depende en forma crítica tanto de las denuncias como de las labores de investigación que corresponden a la Fiscalía.
[59] Para efectos de comparación con los datos sobre causales de homicidio reportados por los hogares de Bogotá, Medellín y Barranquilla en la encuesta y analizada en el numeral anterior se excluyeron de la muestra los casos de la ciudad de Cali.
[60] Uno de cada cuatro de los 1800 hogares encuestados en Bogotá, Medellín y Barranquilla reportó en esta encuesta haberse visto afectado, alguna vez en la vida, por el homicidio de alguien cercano (amigos, vecinos, compañeros de trabajo..). En el 84% de tales casos los hogares manifestaron tener una opinión clara acerca de "cual fué la principal razón para que ocurriera este homicidio".
[61] Por parte de la Fiscalía se iniciaron tan sólo un 4.4% de los procesos y un 3.5% por acción de otras autoridades
[62] Para los procesos en que al sindicado le fué asignado un defensor de oficio la constitución de parte civil se reduce al 5.4% de los casos. Por el contrario, cuando el sindicado pudo asumir los costos de contratación de un abogado defensor, se tiene parte civil en el 24.1% de los casos.
[63] Los de inasistencia alimentaria son los procesos que más se atienden con defensores de oficio (86.4% de los casos), seguidos de los relacionados con estupefacientes (85.7%), los de delitos contra el patrimonio (79.5%) y el porte ilegal de armas (66.7%). Los procesos por homicidio presentan, por el contrario, un porcentaje reducido de defensores de oficio (27.8%).
[64] Hasta Ecuación 2.1.3 Archivo Stata “ENH 90 victimas.dta”