Seamos como Suecia, pero ¡YA!

Publicado en El Espectador, Junio 27 de 2019

Los esfuerzos constitucionales por regular el libre desarrollo de la personalidad serían risibles si no anunciaran una tiranía voluntarista y sin polo a tierra.

El Nobel de economía de 1974 lo compartieron Friedrich Hayek y el sueco Gunnar Myrdal. Hayek defendía las libertades individuales. Criticaba cualquier forma de tiranía, incluso la planificación. Su inquietud era práctica: la disponibilidad de información. “El conocimiento  necesario  para  generar  prosperidad  no  cabe  en  una  sola  mente”. Solo la sociedad libre, insistía, permite que cada cual utilice su limitado conocimiento y lo transmita. Myrdal, por el contrario, promovía el desarrollo planificado, dirigido por expertos, normalmente aliados con soberanos, incluso dictadores.

En 2013, William Easterly publicó La Tiranía de los Expertos donde lamenta que Hayek,  preocupado por la libertad y los derechos, haya sido etiquetado como reaccionario, mientras que Myrdal, partidario de susurrar al oído del soberano, se considere progresista. Exfuncionario del Banco Mundial, Easterly  centra su  crítica en la  alianza entre  autócratas  y  tecnócratas que afecta libertades y democracia.

El dirigismo de Myrdall acabó imponiéndose y en ninguna parte como en Suecia, donde hace un siglo la social democracia renunció al marxismo ortodoxo y decidió que el capitalismo fuera sometido paulatinamente y sin violencia. Previeron que sería un error expropiar los medios de producción: mejor control se alcanzaría planificando minuciosamente la demanda para que los capitalistas produjeran los bienes que las autoridades consideraran convenientes. Era necesario cambiar la cultura, modernizar mentes y manera de pensar; buscar que se consumieran productos adecuados y se adoptaran rutinas predecibles. Alcanzar la sociedad soñada no implicó estatatizar la producción sino dirigir la vida privada con maternalismo de las autoridades, conocimiento de los expertos, detallada planificación e ingeniería social. Gunnar Myrdal y su esposa Ava, militante feminista, lideraron las politicas sociales suecas a partir de los años treinta.

Después de vivir siete meses en Suecia, Susan Sontag anotaba que la gente era consciente de hacer parte de un “experimento social” totalmente racional y exportable sobre el cual preferían no discutir. En The New Totalitarians (1971) Roland Huntford, ex corresponsal de The Observer en Escandinavia, anotó que Suecia parecía el Mundo Feliz de Aldous Huxley. Gobernada por una oligarquía tecnocrática, la gente recurría al Estado para todo, en una actitud más conformista que preocupada por la libertad. Suecia ya llevaba cuatro décadas gobernada por social demócratas que habían cooptado la burocracia y el poder judicial con una red de sindicatos, grupos de presión y activismos. Bloquearon al acceso al poder de cualquier alternativa política sin que eso molestara a la ciudadanía. La peculiar historia, el aislamiento geográfico, la agricultura casi colectiva y el bruk, manufactura instalada en áreas rurales con fuerte influencia comunitaria, impidieron el desarrollo de una cultura cívica individualista y permitieron establecer una administración centralizada y fuerte que llevó al Estado de Bienestar. La alta calidad de la burocracia y el débil poder legislativo reforzaron esas bases. Poco aficionados a filosofar y a la metafísica, los suecos concentraron su talento en ingeniería, innovación y excelencia administrativa. Un sistema educativo monolítico y destreza para enfrentar la gran depresión con recetas keynesianas reforzaron la firme creencia en las ventajas de planificar e intervenir. Para Huntford, la burocracia sueca interpretó el ser humano en términos conductistas y adoptó la estrategia de manejar incentivos para alterar comportamientos. Con mayor éxito y menor oposición que los comunistas, manipularon el entorno para moldear mentalidades en la nueva sociedad. Además, han sido particularmente exitosos convenciendo al mundo de su eficacia y tipo de gobierno. No es casualidad que un país tan pequeño tenga con los premios Nobel influencia científica y literaria global. Por razones obvias, su principal aliada y poderosa caja de resonancia es la burocracia internacional que nutre los activismos.

Suecia y Colombia son aún más dispares que Dinamarca y Cundinamarca. El modelo sueco, pragmático y autóctono, incorporó peculiaridades históricas, económicas, sociales y humanas. Está a años luz de la propuesta de juristas y militantes de la élite colombiana, que importaron la exigencia de un Estado que garantice derechos fundamentales sin reparar en tradiciones, factibilidad, costos, responsabilidad individual o coherencia. Un constitucionalismo que se proclama liberal menosprecia a Hayek; entrometido y autoritario como Myrdall, es generalista, informal e incapaz de planificar el desarrollo, mucho menos de aliarse con el capitalismo: poco interesado en la economía, legal o ilegal, no maneja incentivos ni consecuencias. Inquietudes sobre financiación, cargas fiscales o evaluación de impacto de los fallos se consideran aún neoliberales y reaccionarias. Nada que ver con una burocracia técnica, especializada, que cuantifica y evalúa, responsable, incorruptible, admirada por una ciudadanía respetuosa del Estado, dispuesta a cumplir la ley y las decisiones administrativas. En la disciplinada Suecia, el libre desarrollo de la personalidad como médula de la jurisprudencia tal vez se perciba como realismo mágico de un célebre novelista en liqui liqui.

Benegas y Blanco (2018). “Suecia y el suicidio social: la sutil pero temible revolución”. Disidentia, Mar 18

Blanco, Juan (2018). “Suecia: el monstruoso laboratorio de experimentos sociales”. Disidentia, Mar 21

Easterly, William (2013). The tyranny of experts. Economists, dictators and the forgotten rights of the poor. Nueva York, Basic Books, 2013.

Hayek, Friedrich (1973). Law, legislation and liberty. Volume I – Rules and order. Chicago: The University of Chicago Press

Huntford, Roland (1972). The new totalitarians. New York: Stein and Day. PDF


Rubio, Mauricio (2014) “Ilegales, hongos y levadura”. Revista de Economía Institucional, Vol. 16 Núm.  Julio-Diciembre

JEP para todos los bandos

Publicado en El Espectador, Junio 20 de 2019

Siempre fue claro que la JEP les permitría a las Farc evadir sanciones penales. Lo mismo está pasando con militares y parapoliticos. Quedarían faltando el narcotráfico y la delincuencia común.

El mayor retirado Gustavo Soto reveló ante la JEP detalles escalofriantes sobre los falsos positivos, con graves acusaciones contra Mario Montoya, excomandante del ejército. Soto pasó once años detenido, hasta cuando acudió a esa peculiar justicia restaurativa que le permitió recuperar su libertad.

Montoya, quien según Soto exigió cuotas de muertos en reuniones con comandantes militares, se presentó a la JEP en octubre pasado. De esa audiencia se salió indignada la madre de un joven asesinado porque no se le estaba dando “prioridad a la víctima, sino al perpetrador… solo se escuha al general”. También abandonaron la sala varios representantes de víctimas alegando falta de garantías. “Ha sido una falta de respeto”.

El presunto máximo responsable de un crimen estatal que, con los Pepes, lídera la escala de la infamia, insistió en su inocencia, no reconoció víctimas de los falsos positivos y pidió no incluirlas dentro del proceso. La audiencia se suspendió para resolver su solicitud. Varias organizaciones se quejaron. Consideraron la audiencia “una abierta vulneración al principio de centralidad de las víctimas". Además, señalaron que ante los reclamos “la Sala impidió el uso de la palabra y rechazó las peticiones presentadas”.  

Como profano en justicia transicional y restaurativa, crítico de la JEP por la generosidad con las Farc, mi inquietud fue simple: ¿qué le pasará al exgeneral tras las graves acusaciones de Soto? La opacidad y desorden de este engendro institucional no ayudan a responder preguntas elementales. Recurrí a quienes creí tenían buen conocimiento y quedé sorprendido por sus dudas y silencios. Según la sección especializada de El Tiempo, uno de los riesgos de Montoya es “afrontar un juicio adversarial en el Tribunal para la Paz”, parte de la JEP. La acusación dependería de la Unidad de Investigación y Acusación, también endógena, que presentaría “todas las pruebas que lo incriminen”. Obviamente, “la defensa del general podrá controvertir esos elementos probatorios” y también pedir pruebas para sustentar su inocencia. Si ante la evidencia el sospechoso teme ser vencido en el juicio “podrá evaluar si admite responsabilidad”. En tal caso no tendrá pena alternativa, sino “privación de la libertad entre 5 y 8 años”. O sea que en el peor escenario para él, con varias condiciones improbables, el general recibiría una sanción bien inferior a la que estaba pagando quien lo acusa.

Cerca de dos mil militares y policías se han acogido a la JEP para el mismo caso de los falsos positivos, muchos de ellos ya condenados por la justicia ordinaria, incluyendo a Rito Alejo del Río, con pena de 25 años y Jairo Humberto Uscátegui con 37.

Una de las personas que consulté para indagar sobre el futuro de Montoya ha asesorado a las FF.AA. Anotó que “nos demoramos casi un año para convencerlo de que se presentara en la JEP”. Buscan “que se convierta en el líder político del proceso. Si va a llover mierda que sea él quien lidere la protección de nuestro Ejército Nacional”.

Años antes de que se volviera dogma que la justicia restaurativa es sustituto idóneo de la penal, Verdad Abierta publicó testimonios sobre los falsos positivos. Concluía que “un centenar de familias lucha para que las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no queden sin castigo”.  En buen romance, no les basta con que se sepa la verdad, como a la Rosa Blanca.

Tatiana Acevedo recuerda que la JEP aceptó el sometimiento del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, “quien cumple una pena de 27 años de cárcel por ordenar el asesinato del asesor jurídico de la Alcaldía en 2003” y “gozaba de excelentes relaciones con los bloques paramilitares que operaban en la región”. 

La jauría de curtidos lobos rindiendo cuentas ante ovejas primíparas, con víctimas quejándose, no sólo conmueve, también inquieta. Hace inevitable preguntarse qué pensarán quienes no tienen acceso a la JEP: mulas, lavadores, contrabandistas, proxenetas, narcotraficantes sin muertos encima, capos benefactores, atracadores, fleteros, raponeros o expandilleros empapelados por delitos menores. A la rabia y la guerra de Pablo Escobar contra el Estado contribuyó el tratamiento especial con la guerrilla. Pazología parcializada y perdón discriminatorio son insostenibles por injustos. El sacrosanto principio de igualdad ante la ley impone considerar una alternativa factible, de menor costo y polarización: si hacen pública su historia, amnistía e indulto para todos y todas.

A propósito, buscando infructuosamente archivos de las audiencias encontré en jep.gov.co un "Formato de información de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF)". Además de sexo, grupo étnico y orientación sexual, preguntan género, que incluye la categoría “cognitiva”. Mi desconcierto con esa justicia tan chévere tocó techo. Simplemente sugeriría agregarle a la sigla la A de Agradecimientos por los favores recibidos.  

JEP - Formulario PQRSF

Acevedo Guerrero, Tatiana (2019). “Cúcuta 2003”. El Espectador, Jun 16 

EE (2018). “General (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento ante la JEP”. El Espectador, Oct 17

EE (2018). “Víctimas rechazaron la forma como se manejó la audiencia del general (r) Montoya ante la JEP”. El Espectador, Oct 18

EE (2019). “Atentan contra madre de víctima reconocida en proceso del general(r) Montoya”. El Espectador, Ene 12

EE (2019) “Montoya fue lo peor que le pasó al Ejército: exjefe del Gaula Casanare”. El Espectador, Redacción Judicial, Jun 13

ET (2019). “JEP busca a 1.615 militares y policías que no se han reportado”: El Tiempo, Redacción Paz, Junio 15

JEP (sf). "Formato de información de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones" Formulario PQRSF. 

Osorio Granados, Marcela (2019). “El primer carro bomba de la mafia en Bogotá”. El Espectador, Mayo 28

Serrano, Beatriz (2016). “7 mujeres narcotraficantes que podrían haberle hecho sombra a Pablo Escobar”. BuzzFeed, Sep 13

Ugarriza, Juan Esteban (2019) “Las cinco dudas de los militares respecto de la JEP”. Razón Pública, Mayo 13

VA (2015) “Falsos Positivos. Una Herida que Sigue Abierta”: Verdad Abierta 

VA (2019). “Objeciones a ley estatutaria, ¿el ‘caballo de Troya’ para reformar la JEP?”. Verdad Abierta, Marzo 11

Sobredosis de idealismo

Publicado en El Espectador, Junio 13 de 2019

Tan deplorable como penalizar las drogas es intervenir ese mercado ignorando las secuelas del consumo. Eso hizo la Corte Constitucional (CC).

Al anunciar la sentencia contra la prohibición de sustancias psicoactivas en lugares públicos brillaron dos perlas. Una, que se buscó proteger el libre desarrollo de la personalidad pues impedir que los ciudadanos consuman licor o drogas en algunos sitios es "una interferencia en la forma de ver la vida”. Otra, el ejemplo para ilustrar la decisión: un almuerzo familiar con cerveza y vino en el parque entraba en el comportamiento proscrito. Parecería que lo fundamental es impedir que la policía sabotee pícnics. 

La CC evadió la incoherecia entre la persecución implacable a personas fumadoras, parias hasta en las terrazas de restaurantes, y la sofisticación que exige para restringir otras conductas que también afectan la salud y derechos ajenos. No sorprendería que una multinacional tabacalera ponga una tutela defendiendo la aporreada y discriminada personalidad de su clientela.

De esta decisión inquietan las repercusiones. Todas son inciertas y exigen evidencia específica con análisis rigurosos. Pero la garrotera ideológica está tan alborotada que la derecha clamó prohibición; el centro, la izquierda moderada y la tecnocracia se disculparon por tener dudas mientras que la hinchada progre declaró que “el azúcar es una droga mucho más dañina que la marihuana o la cocaína”, propuso pico y placa para el consumo, derrochó demagogia liberal antipeligrosista o recurrió al argumento de autoridad: si la votación fue 6 a 1 debe ser algo importante. Algunos optimistas se sintieron invitados a un cabildo abierto sobre consumo de drogas.

La complejidad intrínseca del asunto, el prurito de la CC de entrometer pureza doctrinaria cuando se requiere pragmatismo y el desdén selectivo por los datos contribuyeron a este yerro. Es diciente la protesta de varios alcaldes, menosprecidos por quienes creen saber más. Uno de ellos mencionó “estructuras criminales” como costos de la decisión. Por algo nadie proclamó que el libre desarrollo de ciertas personalidades contribuye a la paz.

La prohibición conduce al desastre, el idealismo también. Platzspitz es un parque en Zurich aledaño al Museo Nacional Suizo. En 1987, para contener la expansión del consumo, las autoridades permitieron que se vendieran y usaran drogas. El Parque de las Agujas atrajo  jóvenes de toda Europa. La policía acabó interviniendo ese nirvana de usuarios e infierno de vecinos provocando el desplazamiento a un área adyacente. La presión de los nuevos afectados, desesperados con el traslado, acabó con el laissez faire.

La guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. Pero hay un abismo entre despenalizar su uso y presentarlas como símbolo de la libertad individual, argumento sesgado a favor de quienes consumen: los demás acaban ingiriendo externalidades hasta intoxicarse. Pretender que las normas de policía o las autoridades locales lograrán un acuerdo entre posiciones irreconciliables y armonizarán salud pública, uso de espacio urbano, seguridad ciudadana y consumo recreativo es una quimera típica de la CC: no es la primera vez que arma un tierrero, ordena que se legisle o se diseñen nuevos modelos de política idealizados; nadie se le mide a la misión imposible y el asunto queda con vacíos legales que los activismos, la informalidad y el bajo mundo van llenando.

Mauricio García, constitucionalista y sociólogo jurídico, hablaba hace años de la “eficacia simbólica del derecho”, un concepto pertinente en esta discusión: al revocar la prohibición de usar sustancias en público la CC envió un mensaje de respaldo al consumo, un exabrupto para un problema de salud pública, además con aplausos de quienes percibieron legalización sin restricciones. En Francia "el uso de cualquier sustancia clasificada como narcótico se castiga con un año de prisión y una multa de € 3.750". La juventud sabe que puede meter marihuana en su colegio o universidad sin ninguna sanción, pero le queda claro que la decisión no es inocua. París empezó a prohibir el cigarrillo en los parques. Aún sin las multas previstas, el mensaje es inequívoco: fumar hace daño.

En España, donde se toman en serio los problemas de vecinos y los conflictos inherentes al uso de psicoactivos o alcohol en la calle, el célebre botellón, está prohibido “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos”.

No solo personas anticuadas, rezanderas o uribistas protestaron por este descache de la CC. Como en Zurich o cualquier ciudad, mucha gente, con o sin hijos menores de edad, rechaza que la droga sea parte del paisaje urbano. Además, por elemental aversión al riesgo, numerosas familias luchan porque sus adolescentes no fumen, ni beban ni metan sustancias, mucho menos perturbando vecinos. Les sobran interferencia y consignas baratas en esa responsabilidad libremente asumida. Les parecerá un mal chiste que la juventud colombiana necesite respaldo jurisprudencial para hacer lo que se le antoje.

Abilleira, Marina (2018) “El botellón se mantiene en las ciudades gallegas, pero más 'light' que hace años”. Diario de Pontevedra, Mzo 5

Arte TV (2016) "Pour en finir avec la guerre des drogues". Abr 19

Cristancho, Ana María (2016). “El Bronx según un huésped”. Vice, Junio 2

EH (2017) “Realizan fumatón de marihuana contra multa del Código de Policía”. El Heraldo, Ene 30

Drogues Info Service.fr (sf) “La loi et les drogues - L'usage des stupéfiants”. Article L.3421-1 du Code de la santé publique. Resumen

ET (2019). "Tumban norma que prohibía consumir licor y drogas en espacio público". El Tiempo, Junio 6

García Villegas, Mauricio (1993). La eficacia simbólica del derecho. Ediciones Uniandes

K&K (2019) “Petro afirma que el azúcar es más dañino que la cocaína”, Kienyke, Junio 9

LM (2019). “Il sera bientôt interdit de fumer dans 52 parcs et jardins de Paris”. Le Monde, Mai 31

Pacheco, Daniel (2019) “Regular el libre desarrollo de la personalidad”. El Espectador, Jun 10

PND (sf) "Delitos por consumo y/o tráfico de Drogas en España e información sobre posibles sanciones" Plan Nacional sobre Drogas. Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Resumen

Riveros, Héctor (2019) “La Corte le dio la razón al Ministro de Defensa”. La Silla Vacía, Junio 8

SWI (2015) “When Zurich was known for its ‘Needle Park’”. Swissinfo.ch, Feb 17

Tamayo, Gaviria Natalia (2019). “Por el bareto que se fuman en un parque se matan las estructuras criminales”. Entrevista a Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín. El Espectador, Jun 7

ETA, FARC y Cía

Publicado en El Espectador, Junio 6 de 2019

La foto es bastante reveladora. Santrich, presunto narcotraficante, hace un gesto de victoria política mientras un personaje cercano, con camiseta marcada ETA, sostiene la bandera FARC.

Tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19 se habló de narcoguerrilla, pero el término narcoterrorismo fue acuñado antes, por Belaúnde Terry, para los ataques con explosivos contra la policía antinarcóticos peruana. Después caracterizó el período en que los capos colombianos protestaban con bombas contra la extradición. Esa fusión de actividades surgió por dos vías: protección de cultivos de coca y compra de armamento. Las FARC pasaron de proteger y gravar productores a construir y administrar ‘cocinas’ para finalmente comercializar cocaína. Antes, el M-19, había establecido una alianza con narcos para garantizar armas desde Cuba.

Como el contrabando, el trueque de equipo bélico por droga recibió impulso por los controles al lavado de dinero. Además, en varios países, la producción de fusiles, municiones y explosivos ha sido monopolio del ejército, a veces responsable de combatir narcotraficantes. Surgió así un entorno corrupto muy fértil para tales intercambios. Por último, los acuerdos de paz y desarme en Centroamérica estimularon la oferta clandestina de armamento para guerreros que también vendían droga.

Entre las primeras alianzas terroristas internacionales están los contactos que, a principios de los setenta, hizo la OLP, entonces en el Líbano, con el IRA. Posteriormente se extenderían a ETA, las Brigadas Rojas y el Baader-Meinhof. Parte esencial de estos acuerdos era el transporte conjunto de armas a Europa por Italia. Años antes, de la guerra de Argelia salieron tácticas tanto subversivas –hubo aprendices colombianos- como contrainsurgentes que, anticipando las promovidas por los EEUU, llegaron a latinoamérica a través de militares del Cono Sur entrenados por franceses.

El contacto de los irlandeses con las FARC lo habrían hecho los separatistas vascos. La médula de la triple alianza IRA-ETA-FARC parece haber sido el C4, un potente explosivo ofrecido a cambio de asesoría técnica para utilizarlo. Las FARC, con mayor acceso que sus socios a material militar clandestino, le habrían suministrado ese insumo a ETA que, a su vez, le habría dado parte al IRA recibiendo la tecnología para fabricar bombas. La inteligencia británica señala que el origen más probable del C4 entregado por ETA al IRA fueron las FARC. Varios atentados colombianos con esas bombas –como el del Club el Nogal- sumados a la detención de tres irlandeses en la zona de distensión del Caguán llevaron a señalar a IRA y a ETA como asesores en explosivos de las mafias colombianas. Pablo Escobar contó para sus atentados con un etarra contactado cuando Gilberto Rodríguez Orejuela estuvo detenido en Madrid.

Desde siempre, el discurso nacionalista antiimperialista de ETA fue acogido por la izquierda revolucionaria y los mafiosos populistas. La red de etarras refugiados en América Latina superó el centenar de combatientes, varios de ellos traficantes de armas. Hasta finales de los 90, ETA mantuvo una sede en Managua, importante centro de reciclaje de material bélico donde habían ido a parar, con ayuda de amigotes influyentes, las armas robadas al ejército por el M-19 en el Cantón Norte. La gran hipocresía del proceso de paz fue callar estas realidades, de sobra conocidas por sus promotores Santos Calderón, para presentar el conflicto colombiano como esencialmente campesino y desconectado del bajo mundo global.

Un insólito refuerzo a las confrontaciones armadas en Latinoamérica fue la decisión de Felipe González de deportar etarras con la complicidad de François Mitterand. Estos dos prohombres socialistas buscaban, según González, alejar “el riesgo de actitudes desestabilizadoras para nuestro sistema democrático”. El gobierno de Aznar también daría “ayudas al desarrollo” a países receptores de terroristas expulsados. El doble estándar europeo de aceptación de rebeldes ajenos y lejanos con repudio frontal a quienes representan una amenaza para su ciudadanía persiste. Al ver a Santrich acompañado por un hincha del nacionalismo armado, el embajador español en Colombia le mandó una carta a Rodrigo Londoño, antiguo Timochenko, con “el más enérgico rechazo a las manifestaciones de apoyo al grupo terrorista ETA”. Ante semejante ofensa, el máximo jefe fariano se disculpó.

El enfático reclamo pasó por alto que el vínculo ETA FARC lo facilitó la irresponsabilidad de exportar rebeldes vascos. Además, el prontuario de Santrich como exjefe del Bloque Caribe, con asesinatos, secuestros, violaciones, voladuras de oleoductos y torres eléctricas, hace palidecer el de Txikito o cualquiera de los duros de la banda y al lado de una camiseta etarra es tan inocuo para las víctimas colombianas como el ícono del Che Guevara. De todas maneras, para una sociedad cuya pazología está trastocando de manera delirante la justicia penal y las prioridades de seguridad ciudadana puede ser pedagógico recordar que existen democracias consolidadas que no toleran la más mínima exaltación o trivialización de la violencia política, mucho menos su impunidad.

Albín, Danilo (2018). “González y Aznar pagaron a países de África y América Latina a cambio de controlar a deportados de ETA”. Público, Enero 25

EE (2019) “Timochenko ofrece disculpas a España por sujeto que usó camiseta de ETA”. May 31

Gibson, Helen (2001) “Global Networking: Trading in Terror?”. Time, Sep 3

González Yuste, Juan (1984). “González agradece a los países latinoamericanos que reciben a 'etarras'”. El País, Feb 4

Lozano, Pilar (1985). “¿'Narcoguerrilla' en Colombia?”. El País, Nov 24

Morris, Steven (2001). “IRA's links with Farc and Eta revealed”. The Guardian, Aug 25

Napoleoni, Loretta (2004). Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la Nueva Economía. Barcelona: Urano

Panisello Sabaté, Susana (2013). “Operación Ron Añejo: la Investigación de la AVT sobre los Deportados de ETA”. Historia Actual Online, 35 (3), 2014: 163-172

Rubio, Mauricio y Román Ortiz (2004). “Organized Crimen in Latin America” en The Handbook of Transnational Crime and Justice.  Sage Publications 

SP (2019) ‘Que Santrich no lo olvide: así quede libre, tiene muchas deudas con las víctimas’. Pacifista, Mayo 16

Steinitz,  Mark S (2002). “The Terrorism and Drug Connection in Latin America’s Andean Region” Policy Papers on the Americas, Volume XIII, 3,Center for Strategic and International Studies (CSIS). 

Steinitz,  Mark S (2003). “Middle East Terrorist Activity in Latin America”. Policy Papers on the Americas, Volume XIV, Study7, Center for Strategic and International Studies (CSIS). 

Tovar, Julio (2015). “¿Quién fue el etarra que enseñó a Pablo Escobar a utilizar explosivos?”. ABC.es, Ago 2