Documento de Trabajo Nº 2 - Paz Pública
MAYO DE 1997
INTRODUCCION
INTRODUCCION
Muchas cosas han cambiado en Colombia desde cuando, en la primera mitad de este siglo, "eran tan escasas las noticias de policía que los periódicos tenían que inventarlas para satisfacer la ansiedad de los lectores de misterios". Muchas cosas parecen estar cambiando en América Latina desde cuando, a principios de los ochenta, los ataques guerrilleros, el tráfico de narcóticos, los ajusticiamientos, los secuestros, los homicidios... se consideraban manifestaciones de una enfermedad exclusivamente colombiana.
En forma un tanto alejada de las visiones idealizadas predominantes en la criminología latinoamericana y según las cuales la inseguridad es un artificio del "sistema", dominante y represivo, para mantener el control sobre las clases trabajadoras oprimidas, la realidad urbana en América Latina se muestra en la actualidad bastante permeada por los robos, las pandillas, la violencia y otros factores que atentan contra los derechos más elementales de los ciudadanos. Para Colombia, así lo manifiestan los hogares incluídos en la muestra del tercer "módulo de criminalidad" de la Encuesta Nacional de Hogares realizado en Diciembre de 1995 y cuyos principales resultados se resumen en este documento.
El trabajo realizado es fundamentalmente descriptivo y se basa en las cifras agregadas a nivel de cada una de las once ciudades colombianas incluídas en la muestra. Se construyeron unos indicadores básicos de criminalidad urbana y se trataron de identificar relaciones elementales entre dichos indicadores. El trabajo es escaso en definiciones, conceptos y referencias a otros estudios. Para algunas de las relaciones más interesantes, o sorprendentes, se trataron de elaborar historias simples compatibles con lo que mostraban los datos. La tarea de contrastar formalmente las hipótesis propuestas se deja para trabajos posteriores, que deberán hacerse con un análisis estadístico de los datos en forma desagregada.
Vale la pena preguntarse acerca de la utilidad, para el resto de América Latina, de un análisis descriptivo sobre la criminalidad colombiana. Incidentes recientes -como la toma de la embajada japonesa en Lima o la dinámica explosiva de los secuestros en México- y tendencias de la última década -como la relocalización de los traficantes de droga y el sostenido incremento en las tasas de homicidio en casi todos los países de la región- permiten sospechar que en materia criminal la situación de Colombia puede no ser la de la sociedad excepcional sino, lamentablemente, la del país líder.
Es innegable que el caso colombiano presenta particularidades -incidencia del narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares, milicias urbanas- que parecerían restarle interés a nivel del conjunto de países latinoamericanos. Para atenuar esta objeción se trata de argumentar, con este trabajo, que las peculiaridades colombianas son también el resultado, y no simplemente la causa, de una situación de violencia desbordada. Así, para el resto del continente, el caso colombiano se podría tomar no como un fenómeno atípico y totalmente extraño sino como una especie del "worst-case scenario" que puede resultar cuando los brotes de violencia no son controlados oportunamente.
Fuera de esta introducción y unas conclusiones, el trabajo está dividido en tres secciones. En la primera se presenta una radiografía de la situación de la seguridad ciudadana en Colombia que incluye una descripción de los delitos, las características de las infractores, de las víctimas y de sus reacciones ante los ataques criminales. En la segunda, muy breve, se analiza la asociación que aparece en Colombia entre la criminalidad y los otros conflictos jurídicos que afectan a los hogares. En la tercera se presentan las inconsistencias entre los datos colombianos y los enfoques criminológicos tradicionales y se sugieren nuevos factores de riesgo que se argumenta deben tenerse en cuenta para entender la criminalidad en países de características similares.
1 - RADIOGRAFIA DE LA CRIMINALIDAD URBANA EN COLOMBIA
1.1 - LOS CRIMENES
El tema de la criminalidad urbana ha venido ganando importancia dentro de los factores que afectan la calidad de vida en las ciudades colombianas. Casi las dos terceras partes de los "problemas de barrio" reportados en la Encuesta Nacional de Hogares realizada en Colombia a finales de 1995 [1] tienen que ver con factores que atentan contra la sensación de seguridad. La segunda gran categoría entre los problemas urbanos mencionados, la contaminación ambiental, no alcanza a la quinta parte de la incidencia que tiene la inseguridad dentro de las preocupaciones de las familias colombianas. El factor de inseguridad en los barrios que más se menciona es el de los atracos callejeros, con un 35% de participación dentro de esta categoría. Le siguen en importancia las pandillas juveniles (28%), el expendio de droga (24%), el hurto de automotores (10%) y las violaciones (3%) (GRAFICA 1).
Durante 1995 un poco más de medio millón de hogares (cerca del 15% del total) en las ciudades colombianas de la encuesta fueron víctimas de alguno de los 564 mil delitos que se cometieron en ese año. Así, la llamada tasa de criminalidad global, o sea el número total de delitos por cien mil habitantes (pcmh), fué ligeramente superior a los 4800 delitos pcmh.
Alrededor de estos promedios nacionales se dan importantes diferencias entre ciudades. La tasa de criminalidad urbana oscila entre doce mil y mil delitos pcmh mientras que el porcentaje de hogares afectados varía entre el 35% y el 5%.
Para sorpresa de cualquier colombiano, las cifras anteriores no son demasiado altas a nivel internacional [2]. La preocupación con la inseguridad que manifiestan los hogares puede surgir de la alta dosis de violencia que caracteriza esa criminalidad, como también del hecho que en los últimos cuatro años la incidencia del crimen urbano en Colombia aumentó de manera sustancial [3] (GRAFICA 2). Otro punto que puede estar afectando la sensación de inseguridad urbana, y que podría estar subrepresentado en una encuesta de victimización de hogares como la que aquí se utiliza, es el relacionado con la criminalidad dirigida no a las familias sino al sector productivo. Asuntos como los atracos bancarios, la llamada piratería terrestre, o los diversos robos que sufren las empresas colombianas muestran una incidencia que no sólo es significativa [4] sino que se han incrementado en los últimos años [5].
En Colombia, las ciudades con el mayor porcentaje de hogares víctimas de algún hecho criminal resultan también ser aquellas en dónde el hogar típico afectado es más vulnerable a ser víctima de más de un delito (GRAFICA 3). Al igual que en otras partes del mundo, los sitios con mayores índices delictivos urbanos parecen caracterizarse tanto por una alta base de víctimas como por una mayor tasa de victimización [6].
El grueso de los incidentes reportados (90%) tiene que ver con atentados a la propiedad. En segundo lugar de importancia se sitúan los llamados delitos "contra la vida e integridad de las personas" [7] (6%). El resto de los crímenes contemplados en el Código Penal Colombiano [8] participan únicamente en el 4% de los hechos delictivos informados por los hogares.
La alta participación de los delitos económicos se presenta de manera uniforme entre las ciudades de la muestra, con la excepción de Medellín en dónde los atentados contra el patrimonio representan menos del 70% de los incidentes reportados por los hogares, mientras que los ataques contra la vida alcanzan el 17%.
Se tiene entonces que la tasa de criminalidad urbana en Colombia refleja sobretodo la ocurrencia de crímenes contra la propiedad, incidentes cuya ocurrencia está positivamente relacionada, por ciudades, con la de los atentados contra la vida (GRAFICA 4).
Al desagregar los delitos económicos de acuerdo con su componente de violencia, se observa que la tasa de atentados "no violentos" a la propiedad (cercana a los 2500 delitos pcmh) es del mismo orden de magnitud que la de los atracos (1700 delitos pcmh). Alrededor de estos promedios no sólo se dan diferencias regionales sustanciales sino que se sugiere una relación más o menos estrecha entre una y otra categoría. Los delitos económicos en sus dos grandes modalidades, definidas por el recurso a la violencia, se mueven en forma bastante pareja (GRAFICA 4).
Es precisamente al tener en cuenta la utilización de los métodos violentos en los atentados a la propiedad cuando empiezan a hacerse evidentes las peculiaridades de la criminalidad colombiana. A nivel nacional el 40% de los delitos económicos se cometen de manera violenta y en las distintas ciudades la proporción nunca es inferior al 25% y alcanza a ser cercana al 50% [9].
Si se desagregan los delitos contra la vida entre homicidios y lesiones personales no letales se observa, en forma contraria a lo señalado para los atentados a la propiedad, cierto grado de sustitución entre estas categorías. Las ciudades con mayor incidencia de lesiones personales presentan una presencia comparativamente baja de violencia homicida (GRAFICA 4). Por el contrario, en la ciudad con la mayor ocurrencia de muertes violentas se dan, simultáneamente, índices muy bajos de lesiones personales.
La letalidad de los atentados contra la vida muestra importantes variaciones regionales alrededor del promedio nacional del 34% (un incidente mortal por cada tres atentados) que van desde cerca del 70% hasta menos del 10%.
La violencia homicida es, sin la menor duda, no sólo el aspecto más grave de la criminalidad urbana en Colombia sino aquel que en mayor medida la diferencia de la del resto del continente. Unicamente dos de las ciudades colombianas incluídas en la encuesta presentan tasas de homicidio inferiores a las de las ciudades más violentas de América y por otro lado, en Medellín, el número anual de muertes violentas -en términos per cápita- quintuplica esos índices.
Así, la primera gran impresión que dejan las cifras de la encuesta colombiana es la de una criminalidad urbana que, si bien se sitúa dentro de los parámetros internacionales en cuanto a sus niveles, está caracterizada por una altísima dosis de violencia, tanto en los ataques a las personas como en los atentados a la propiedad.
Entre las ciudades colombianas se observa una gran heterogeneidad de la criminalidad no sólo en lo que tiene que ver con su incidencia sino con su composición. Los centros urbanos en dónde más se atenta contra la propiedad no son aquellos en dónde la vida de los ciudadanos corre un mayor riesgo. Ni siquiera se puede hablar de una mayor o menor tendencia hacia la violencia, que se presente de manera uniforme en una determinada ciudad. En forma contraria a lo que cabría esperar, no se perciben, por ejemplo, síntomas de una relación positiva entre la letalidad de los atentados contra la vida y la tendencia a utilizar la violencia en los delitos económicos.
Ejercicios estadísticos muy simples [10] con los datos de las diferentes modalidades delictivas [11] a nivel de ciudades permiten hacer algunos comentarios.
En primer lugar, los datos colombianos muestran que la violencia homicida es la manifestación delictiva más independiente de las demás formas de la criminalidad reportada por los hogares. Ni la incidencia de los atracos, ni la de los robos y hurtos, ni la de las lesiones personales, ni la de los demás delitos contribuyen a explicar las diferencias en las muertes violentas en las ciudades incluídas en la encuesta [12]. Este resultado es pertinente puesto que indica que para la comprensión de la violencia urbana en Colombia se requieren elementos diferentes a los que generalmente se utilizan para explicar la llamada "delincuencia común", tradicionalmente asociada con los hurtos, robos y demás delitos contra el patrimonio económico.
En segundo término, la violencia homicida no es sólo la manifestación criminal que menos se explica a partir de las otras modalidades delictivas sino que, además, es una variable con bajo poder predictivo sobre cualquiera de las demás categorías de delitos consideradas. La tasa de homicidios no contribuye a la explicación de las diferencias regionales en atentados a la propiedad, lesiones personales u otros delitos. Contrariamente a lo que se podría esperar, ni siquiera ayuda a explicar las variaciones en la incidencia de conductas violentas, como el atraco.
La tercera observación es que la categoría delictiva que mejor se explica como función de las otras es la de los atracos, seguida por la de hurtos y robos. Además, estas son las únicas dos categorías que en los distintos ejercicios realizados conservaron siempre un efecto estadísticamente significativo de la una sobre la otra. El hecho que los atentados contra la propiedad -violentos y no violentos- se presenten en las ciudades colombianas en forma simultánea contribuye a descartar la idea de una criminalidad económica que se inicia con mecanismos no violentos y que sólo a partir de ciertos niveles empieza a hacerse con métodos violentos. Lo que aparece, por el contrario, es una delincuencia que desde sus niveles iniciales recurre a la violencia.
1.2 - LOS INFRACTORES
El grueso de los incidentes penales reportados en la encuesta colombiana fueron cometidos por grupos de dos o más personas. Entre los delitos para los cuales se sabía el número de infractores, únicamente en uno de cada cuatro se trataba de un delincuente que actuaba sólo. A nivel de las once ciudades de la muestra, la cifra promedio de transgresores por delito es de 2.7.
Es interesante observar cómo el número de actores envueltos en el incidente delictivo típico está directamente asociado con el tamaño de la población (GRAFICA 5).
Para explicar esta relación se pueden sugerir dos historias. La primera es que en las ciudades más grandes son mayores, en número y en monto, las oportunidades para las empresas delictivas y se pueden superar los costos que implica asociarse para cometer crímenes. La segunda, complementaria a la anterior, es que en las ciudades grandes existe un mayor anonimato y se hace por lo tanto factible reducir los costos (sociales, familiares, morales) que conlleva encontrar socios para empresas criminales.
Por otro lado, la variable número de infractores contribuye a explicar las diferencias regionales en cuanto al recurso a la violencia en los robos. Las ciudades para las cuales el número promedio de infractores por delito es más alto son precisamente aquellas en las cuales es mayor la incidencia de los atracos dentro del conjunto de atentados a la propiedad. Por el contrario, en las ciudades con bajo número de infractores por delito se observa una menor inclinación a la violencia en los hurtos y robos (GRAFICA 5).
Entre las ciudades de la encuesta, el número de delitos en los cuales intervinieron jóvenes menores de 18 años varía considerablemente, desde un poco más de 3.000 delitos pcmh hasta 250 delitos pcmh o sea una relación de doce a uno. De todas maneras, el ordenamiento de las ciudades de acuerdo con el número de incidentes con participación de menores es muy similar al que resulta de acuerdo con la incidencia de la criminalidad global.
Las tasas de delincuencia juvenil parecen moverse en forma simultánea con buena parte de los indicadores que se han discutido hasta este punto. En particular, muestran una alta correlación con la incidencia de los delitos contra el patrimonio económico y, dentro de estos, tanto con los atracos como con los atentados no violentos a la propiedad. Es pertinente señalar la existencia de una alta correlación de la tasa de delincuencia juvenil aún con el indicador de criminalidad adulta -la incidencia de delitos en los cuales no participan menores de edad-. Con los atentados contra la vida la correlación de la delincuencia juvenil es más baja, y con la tasa de homicidios es inferior al 20% (GRAFICA 6).
De acuerdo con la información de esta encuesta, la delincuencia juvenil en Colombia aparece no como un fenómeno aislado y con posibles raíces y orígenes peculiares sino, por el contrario, como una manifestación adicional, y de características similares a las de la criminalidad global [13].
1.3 - LAS VICTIMAS
En 1995, un poco más del 5% de los habitantes de las once ciudades de la encuesta fueron víctimas de algún hecho delictivo. En la ciudad más insegura cerca de uno de cada cinco de sus pobladores sufrió un atentado criminal durante el último año.
Para Colombia, el perfil más corriente de víctima es el de un hombre, entre 26 y 45 años. La participación de las víctimas de sexo masculino muestra un promedio nacional del 56%, en ninguna ciudad es inferior al 50% y va desde un poco más de este valor hasta más del 60%.
El análisis de las relaciones entre las características básicas de las víctimas -edad y género- y la incidencia de los distintos tipos de atentados sugiere algunas anotaciones.
En primer lugar parece darse una relación negativa entre la ocurrencia de diferentes delitos y la probabilidad de que la víctima sea un hombre. Esta correspondencia es bastante clara para los atentados contra el patrimonio económico (GRAFICA 7) pero también se insinúa para los homicidios y las lesiones personales. Una historia compatible con esta relación es que en los niveles bajos de la criminalidad, los delitos son fundamentalmente un "asunto entre hombres". Al aumentar las tasas de criminalidad el género de la víctima parece tornarse menos relevante. Así, con niveles delictivos bajos la probabilidad de que la víctima sea hombre es alta pero al incrementarse la delincuencia esta probabilidad tiende a situarse alrededor del 50%.
Los datos sobre las víctimas colombianas sugieren otras dos historias. La primera es que en los ambientes en los cuales la mayoría de las víctimas son hombres participan en el delito típico un mayor número de infractores. La segunda es que los delincuentes juveniles parecen inclinarse hacia las víctimas del género femenino (GRAFICA 7). Por otro lado, parece darse una correspondencia entre la juventud de los infractores y la de sus víctimas. Por último, se insinúa la circunstancia de que los delitos en los cuales las víctimas son jóvenes tienen una menor probabilidad de ser denunciados. Todos estos factores tienden a sugerir que se da, por parte de los infractores, algún tipo de evaluación de los costos de emprender acciones criminales.
Para las once ciudades de la encuesta únicamente el 31% de los hogares manifestaron haber acudido a las autoridades como respuesta ante un incidente criminal para elevar la correspondiente denuncia. Un 5% aceptó haber respondido por su cuenta y un poco más del 60% de las familias respondió que no había hecho nada como consecuencia del delito que los afectó.
Alrededor de estos promedios se dan, de nuevo, importantes variaciones regionales que van desde ciudades en dónde se denunciaron cerca de la mitad de los delitos y sólo un 45% de los hogares manifestó no haber hecho nada ante la comisión de un crimen hasta casos en dónde únicamente uno de cada cuatro de los delitos reportados fué puesto en conocimiento de las autoridades y cerca del 70% de los incidentes no produjeron ninguna reacción por parte de las víctimas.
Es interesante observar cómo la mayor o menor tendencia a acudir a las autoridades para denunciar los delitos está negativamente relacionada con la incidencia total de delitos y, sobretodo, con la frecuencia de los atentados contra el patrimonio económico, tanto violentos como no violentos (GRAFICA 8).
La correlación entre la proporción de delitos que se denuncian y la incidencia de lesiones personales también es negativa, pero en forma más debil que en el caso de los delitos económicos.
Las diferencias en las reacciones de los hogares víctimas ante los hechos delictivos no se limitan a denunciar o no el incidente. También se observan patrones diferenciales de comportamiento en términos de la autoridad estatal a la que se acude para poner la denuncia. Para el total de ciudades de la encuesta, el 80% de las denuncias se llevó ante una autoridad de policía [14], un 10% ante la justicia (fiscalía y juzgados) y un poco menos del 10% ante otras instituciones (defensoría, procuraduría, bienestar familiar...). Mientras que en algunas ciudades cerca del 95% de los delitos fueron puestos en conocimiento de las autoridades policivas, en otras ciudades este porcentaje fué apenas del 70%.
La preferencia por uno u otro tipo de autoridad a la hora de poner las denuncias no parece ser independiente ni de la proporción de los delitos que llegan a conocimiento de las autoridades ni de la incidencia de ciertas conductas criminales. Por el contrario, en las ciudades dónde se denuncia un mayor porcentaje de delitos es mayor la inclinación a acudir a la justicia en lugar de a la policía para elevar las denuncias. A su vez, estas dos variables contribuyen a explicar las diferencias en la incidencia de los atentados contra la propiedad.
Para el total de la muestra, la principal razón mencionada por los hogares para no poner una denuncia es la "falta de pruebas" (36% de las razones) seguida por la "inoperancia de la justicia" (27%) y el "temor a las represalias" (11%). Estas razones aludidas por los encuestados para explicar su reticencia a denunciar los delitos muestran importantes diferencias por ciudades. En la ciudad con menor proporción de delitos denunciados, se percibe una mayor importancia del temor a las represalias y se le otorga menos relevancia a la falta de pruebas. En la ciudad en dónde se denuncia un mayor porcentaje de los incidentes penales, por el contrario, ninguno de los hogares encuestados hizo referencia al temor a las represalias como motivo para la no denuncia y casi dos de cada tres de las razones aludidas tiene que ver con la falta de pruebas.
Medellín se destaca entre las ciudades colombianas no sólo por ser el sitio en dónde el temor a las represalias es más relevante como factor para no denunciar los delitos sino porque, a pesar de esto, la proporción de delitos puestos en conocimiento de las autoridades es bastante más alta que en el resto de las ciudades. Si se excluye de la muestra el caso atípico de Medellín aparece para el resto de las ciudades una estrecha correspondencia negativa entre la inclinación a denunciar y el predominio de la sensación de temor como razón para no elevar las denuncias [15] (GRAFICA 9).
La idea de que el temor a las represalias puede ser un impedimento para acudir a las autoridades y denunciar la ocurrencia de hechos criminales no sorprende. Como tampoco sorprende que ese temor sea más preponderante en las ciudades caracterizadas por una mayor violencia homicida.
Se observa, en efecto, que las ciudades en el extremo del espectro de la violencia constituyen también los casos límites de las referencias al temor a las represalias como razón para no poner denuncias [16] (GRAFICA 9).
A pesar de la precariedad estadística -derivada del bajo número de observaciones disponibles para los ejercicios- de los resultados que se acaban de exponer, son varias las conclusiones preliminares que se pueden derivar acerca de las relaciones entre las víctimas, sus reacciones ante los delitos y la criminalidad urbana. En síntesis, los datos disponibles para las ciudades colombianas de la encuesta sugieren que :
(1) La mayor inclinación a denunciar ante las autoridades los hechos delictivos está asociada con una menor incidencia de los atentados contra la propiedad, tanto violentos como no violentos.
(2) La mayor importancia relativa de las autoridades judiciales versus los organismos de seguridad como instancias del estado ante las cuales los ciudadanos buscan la iniciación de procesos penales está asociada con una mayor propensión a denunciar los delitos. Parecería que las autoridades civiles tienden a facilitar más el acceso a la justicia penal que las autoridades policivas.
(3) Un impedimento para que la ciudadanía inicie mediante denuncias los procesos penales es el temor a las represalias.
(4) Un factor que ayuda a explicar las diferencias regionales en cuanto al temor a las represalias es la incidencia de las muertes violentas. Esta observación contribuye al argumento de que como no es concebible un sistema penal que funcione razonablemente mientras existan ciudadanos, o jueces, que sientan temor por su vida la primera prioridad de la justicia penal debe ser la de contribuír al control de la violencia.
2 - CRIMINALIDAD Y OTROS CONFLICTOS
En la encuesta realizada en Colombia en 1995 también se les preguntó a los hogares acerca de los "problemas jurídicos" no criminales que enfrentaron durante el último año. A partir del análisis de las respuestas a estas preguntas se pueden hacer algunos comentarios.
En primer lugar, y en forma análoga a lo que ocurre con la incidencia de la criminalidad, los conflictos jurídicos no penales presentan una alta variación a nivel regional. Las diferencias, entre ciudades, en el número de problemas jurídicos per cápita alcanzan relaciones de diez a uno.
El grueso (70%) de las preocupaciones jurídicas de los hogares colombianos tiene que ver con los atentados criminales a sus derechos. La suma de los conflictos laborales, familiares y de negocios no alcanza a ser ni la mitad de los incidentes penales que enfrentan los hogares. En algunas ciudades la participación de lo penal en los conflictos fué cercana al 80%. Aún la ciudad menos criminalizada en sus preocupaciones presenta una incidencia de los asuntos delictivos cercana al 50%.
Se observa que en las ciudades con la más baja ocurrencia de atentados delictivos se presentan también niveles bajos de litigiosidad en las áreas no penales del derecho. Por el contrario, las ciudades que sobresalen del resto por sus mayores índices de delictuosidad se distinguen también por una incidencia bastante superior al promedio nacional en los otros tipos de conflictos jurídicos (GRAFICA 10).
Es interesante observar cómo la tendencia a la judicialización de los conflictos en las ciudades colombianas parece darse en forma paralela en los ámbitos penal y no penal (GRAFICA 10). En efecto, dos de las tres ciudades en dónde se elevaron un mayor número de denuncias penales per-cápita son a su vez las ciudades en dónde se judicializaron un mayor número de conflictos laborales, familiares o de negocios. En el otro extremo, la ciudad que se destaca por presentar el más bajo número de denuncias penales por habitante se encuentra entre las tres ciudades con menor incidencia de litigios judiciales en las otras áreas. A pesar de lo anterior, parece ser que la tendencia a judicializar los conflictos es mayor en las áreas no penales que en el ámbito criminal (GRAFICA 10).
Con base en los datos anteriores es pertinente hacer dos anotaciones. La primera es que parece ser que cuando existe un cierto "orden jurídico" en una sociedad, este orden abarca simultáneamente los campos penales y los no penales [17]. Al desordenarse jurídicamente las comunidades, el desorden -en este caso medido por la incidencia de los conflictos- se daría en forma relativamente uniforme en los distintos ámbitos de los derechos. La segunda anotación es que parece existir un umbral más allá del cual el desorden se torna explosivo y que por lo tanto parece conveniente impedir que las comunidades lleguen a una situación de deterioro más allá de este umbral. Observaciones en estas líneas están en la base de la llamada teoría de las "ventanas rotas" -broken windows- y han llevado a recomendar la preservación del orden en las comunidades como un mecanismo que contribuye a la reducción de la criminalidad [18].
Un punto de particular interés para un país como Colombia, caracterizado por altos niveles de violencia homicida, es el que tiene que ver con la eventual relación entre la frecuencia de conflictos entre los ciudadanos -el desorden jurídico- y la incidencia de las muertes violentas. Como se señaló atrás, para las ciudades colombianas no son claros los vínculos entre la violencia y las otras manifestaciones corrientes de la criminalidad. Lo que parecen sugerir los datos colombianos, con base en la comparación, por ciudades, entre los niveles de violencia y la incidencia de los demás conflictos, penales y no penales, es que esta relación no sería lineal sino, por decirlo de alguna manera, parabólica : creciente en un rango, con un punto máximo y luego decreciente. Así, los niveles bajos de violencia se darían en el marco de un relativo orden en todos los ámbitos de los derechos. Las manifestaciones iniciales de desorden jurídico se darían acompañadas por un incremento en las tasas de homicidio. A partir de un punto, sin embargo, los aumentos en la violencia se darían en medio de un retorno hacia el orden en las demás áreas susceptibles de conflicto (GRAFICA 11).
Esta noción, la posibilidad de una disminución en los niveles de conflicto en medio de una intensificación de la violencia, es consistente con numerosos testimonios disponibles para Colombia acerca de cómo algunas comunidades han decidido "poner orden" por medio de variados mecanismos de justicia privada con alto recurso a la violencia [19].
3 - FACTORES DE RIESGO
3.1 - LOS TRADICIONALES
La criminología latinoamericana, más afin con la llamada escuela positiva que con el pensamiento clásico -asociado con Beccaria o Bentham- ha estado orientada al "determinismo". Predomina la idea de que los comportamientos criminales tienen unas "causas", externas al infractor, que de alguna manera lo "empujan" al delito. Lamentablemente la búsqueda de los factores determinantes de la delincuencia se ha hecho tradicionalmente no de manera empírica sino mediante procedimientos deductivos. Es probablemente esta la razón para que sean tan populares y arraigadas en el continente las nociones de que la pobreza y, en general, la "injusticia social", son las principales causas de la delincuencia.
La experiencia colombiana en la segunda mitad de este siglo no es muy útil para corroborar la idea de la pauperización de las clases trabajadoras, o de la agudización de los problemas sociales, como factores determinantes de la criminalidad. El desarrollo económico que se dió en Colombia en las últimas cuatro décadas no ha sido despreciable -el ingreso per cápita se triplicó entre 1950 y 1994- y, además, los indicadores sociales básicos muestran, todos, signos de mejoría [20]. Estos síntomas apuntarían, de acuerdo con el pensamiento criminológico predominante, hacia una disminución en las diversas manifestaciones de la criminalidad. Lo que se observa es la tendencia opuesta.
A nivel regional tampoco se percibe actualmente en Colombia ningún tipo de relación entre las condiciones económicas y la criminalidad urbana que sea compatible con las predicciones de las teorías tradicionales. Por el contrario se podría ofrecer bastante evidencia acerca de la gran riqueza de las zonas de mayor conflicto.
La información de la encuesta de hogares a nivel de ciudades no permite asociar la criminalidad urbana en Colombia, en sus distintas manifestaciones con ninguno de los indicadores demográficos, sociales o económicos disponibles [21]. Para la violencia homicida la relación con las variables socio-económicas parece ser aún más débil (GRAFICA 12).
Por otro lado, la magnitud de las diferencias entre los diversos índices delictivos en las ciudades colombianas, que para varios de ellos alcanzan relaciones de más de diez a uno, permite descartar algunos factores institucionales como elementos determinantes de la criminalidad en el país. Si, en principio, todo el país esta sujeto a la misma estructura legal de penas es válido poner en duda el alcance del régimen penal formal como factor explicativo de los distintos niveles de la delincuencia urbana. También aparece como débil el argumento acerca de la influencia de los medios de comunicación sobre los comportamientos criminales puesto que parece razonable suponer una relativa homogeneidad de esta influencia sobre la población de las distintas ciudades colombianas.
3.2 - LAS DEFICIENCIAS DE LA JUSTICIA PENAL
Acerca de la efectividad del sistema judicial se ha encontrado para Colombia a nivel departamental un efecto estadísticamente significativo sobre la criminalidad [22]. La relación negativa que se señaló atrás entre la proporción de delitos que se denuncian y la incidencia de los atentados contra la propiedad tiende a confirmar esta idea, una de las principales predicciones de la teoría económica del crimen.
Para todas las ciudades de la encuesta se dispone de algunas estadísticas básicas de funcionamiento del sistema penal de justicia que vale la pena analizar y comparar con las tasas de criminalidad urbana [23].
El primer punto que vale la pena destacar es que entre las ciudades analizadas se dan importantes diferencias en ciertos indicadores de desempeño de la justicia penal. Aunque la legislación penal colombiana establece que, en principio, todas las conductas punibles puestas en conocimiento de las autoridades deben conducir a la apertura de la respectiva investigación formal [24] la realidad es que menos de la mitad (45%) de las denuncias puestas por los ciudadanos conducen a que se inicie dicha investigación. Alrededor de este promedio se dan significativas diferencias regionales. Así, la proporción de incidentes penales denunciados que entra al sistema penal varía, entre ciudades, desde el 20% hasta más del 80%. Es interesante observar cómo esta variable, que podría denominarse la capacidad de investigación de la justicia penal, muestra una asociación negativa con las tasas de criminalidad urbana. La ciudad en dónde la justicia acoge una mayor proporción de las denuncias es precisamente la ciudad que presenta menor incidencia delictiva y, en el otro extremo, la ciudad más insegura hace parte del grupo de ciudades en dónde se investiga formalmente menos de la cuarta parte de las denuncias penales (GRAFICA 13).
Como ya se señaló, la disposición de los ciudadanos a recurrir a la justicia para elevar denuncias presenta también diferencias regionales. La combinación de estos dos efectos -denunciar o no un delito y, dada una denuncia, abrir o no la investigación- hace que la probabilidad de que un delito cualquiera sea investigado por las autoridades judiciales varíe, por ciudades, entre cerca del 5% y algo más del 40%. Como cabría esperar, esta variable está negativamente relacionada con la tasa de criminalidad (GRAFICA 13).
La asociación inversa entre la capacidad investigativa del sistema judicial y la incidencia de la criminalidad se mantiene cuando se desagregan los delitos entre las dos grandes categorías de atentados a la propiedad y aquellos contra la vida de las personas [25] (GRAFICA 14).
El análisis empírico de las interrelaciones entre el funcionamiento del sistema penal y la criminalidad apenas se inicia en Colombia. Las asociaciones, muy simples, que se acaban de presentar deben tomarse más como una invitación a profundizar en este campo que como argumentos concluyentes. De todas maneras, las sugerencias que se derivan de estos ejercicios son consistentes con planteamientos de otros trabajos [26] según los cuales uno de los principales cuellos de botella del sistema penal colombiano se encuentra, precisamente, en su baja capacidad para investigar y aclarar los incidentes criminales.
Fuera de los efectos que un sistema penal débil puede tener sobre la criminalidad a través de los "costos esperados" de delinquir, no se debe ignorar para un país como Colombia, con presencia de agentes armados, un impacto aún más perverso y es el de la tendencia a la privatización de la justicia penal que de manera casi espontánea surge cuando este servicio público esencial no funciona.
En Colombia la principal fuente de "justicia penal paralela" la constituyen los numerosos frentes guerrilleros presentes en la actualidad en el territorio nacional [27]. Un segundo grupo dedicado en Colombia a suministrar servicios no sólo de seguridad sino de justicia privada lo constituyen los llamados grupos paramilitares. En algunas localidades colombianas se sabe de la organización de grupos privados de ajusticiamiento auspiciados y financiados por las mismas comunidades [28].
3.3 - DELINCUENCIA JUVENIL
El tema de la delincuencia juvenil es particularmente importante para la comprensión del fenómeno criminal en una sociedad puesto que se concentra en el inicio de las carreras criminales. Los datos que se derivan de la encuesta al respecto permiten hacer algunos comentarios.
El tratamiento del menor infractor en Colombia ha estado tradicionalmente basado en la noción de "inimputabilidad". Para la justicia penal colombiana los jóvenes no son responsables de sus actos y requieren por lo tanto de un tratamiento especial. Esta orientación de la política criminal de menores se apoya en la idea de que las explicaciones para la delincuencia juvenil deben tener en cuenta todas las posibles "carencias" familiares o sociales que conducen a los llamados "problemas juveniles" entre los cuales la delincuencia no sería más que una manifestación adicional [29].
La información de la encuesta sugiere otro tipo de historia. Más allá de las diferencias en los indicadores de educación, o los patrones de abandono escolar, o los de trabajo infantil ... parece haber en Colombia estrechos vasos comunicantes entre la criminalidad adulta y la delincuencia juvenil. Los datos de criminalidad urbana en el país son consistentes con la noción de la "transmisión oblicua" de la delincuencia [30]. En las ciudades colombianas los jóvenes estarían siendo inducidos al crimen por el ejemplo de criminales adultos, o las demandas de los llamados "reducidores" -comerciantes de mercancía robada- y otros factores diferentes a los que tradicionalmente han acaparado la atención de los estudiosos de los "problemas juveniles" -un ambiente familiar inadecuado, deficiencias del sistema escolar o los grupos de amigos-. El efecto de la transmisión oblicua parece darse a través de alteraciones en las percepciones que tienen los jóvenes acerca de las oportunidades delictivas. Se ha sugerido [31] que la información acerca de la "rentabilidad" relativa de las actividades criminales es un factor aún más importante que la percepción del eventual castigo en las decisiones criminales de los jóvenes.
Para Colombia, y en forma consistente con la estrecha asociación que aparece entre la delincuencia juvenil y la criminalidad adulta, es amplia la evidencia testimonial acerca de jóvenes "jalonados" y atraídos por actividades delictivas muy rentables. El ejemplo de delincuentes exitosos ha logrado inducir al crimen a jóvenes bien educados, con liderazgo, y con buenas perspectivas en las carreras más tradicionales. Si la atracción ha sido suficiente para pervertir menores con acceso a la educación, incluso pertenecientes a las élites, difícilmente podría esperarse un efecto diferente sobre los segmentos populares.
Por otro lado, no se debe dejar de señalar para Colombia la precariedad de la institución familiar como elemento disuasivo para la participación de los jóvenes en actividades delictivas. En el caso de los pandilleros y sicarios está relativamente bien documentada la posición ambigua de la familia frente a las actividades ilegales de estos jóvenes [32]. Tampoco son extrañas para Colombia las historias de vinculación de menores a las actividades guerrilleras con el pleno apoyo y en algunos casos un verdadero entrenamiento previo por parte de la familia [33].
Lo que no parece razonable para Colombia, ni es consistente con la información sobre la criminalidad urbana, es la idea implícita en los enfoques tradicionales sobre la delincuencia juvenil, según la cual la decisión por parte de los jóvenes de abandonar sus estudios, renunciar a una vida laboral en el sector formal e inclinarse hacia las actividades ilegales sea siempre una acción forzada por circunstancias desfavorables y, en últimas, contraria a sus intereses. Son múltiples los testimonios en Colombia de importantes carreras criminales que surgieron de decisiones que se tomaron en forma meditada y conciente.
Pablo Escobar, por ejemplo, fué explícito en señalar como decisivo para sus decisiones "ocupacionales" el ejemplo de delincuentes existosos cercanos a él. Para los más notables jefes guerrilleros, buena parte de ellos pertenecientes en su momento a la élite universitaria del país, resulta imposible encontrar elementos relacionados con limitaciones familiares, sociales o económicas que permitan asimilar su decisión de tomar las armas a un acto involuntario, o precipitado por condiciones adversas.
Por último, y aunque los datos agregados por ciudades no muestran una asociación entre la delincuencia juvenil y la violencia [34], no parece prudente ignorar las historias disponibles para Colombia acerca del efecto de diversos agentes violentos sobre los menores infractores. La influencia del narcotráfico o la guerrilla sobre la juventud del país no se ha limitado a contratarlos, o a suministrarles ejemplo. Se conocen experiencias de inducción formal a la violencia mediante entrenamiento de los jóvenes en el arte de la guerra [35].
3.4 - CRIMEN ORGANIZADO
La enorme brecha que se observa entre los niveles de violencia urbana en Colombia y los de otras ciudades del continente (GRAFICA 15) invita a ampliar el abanico de los criterios que tradicionalmente han sido tenidos en cuenta para explicar la delincuencia.
Ante la pregunta de cual es el tipo de factores que hacen, o hacían, de Colombia un país particular en la región latinoamericana y que por lo tanto podrían formar parte del conjunto de elementos explicativos de una criminalidad tan peculiar surgen varios candidatos obvios -los carteles de la droga, la guerrilla y los grupos paramilitares- que podrían agruparse bajo la gran categoría del crimen organizado.
El hecho que los niveles de violencia homicida más altos del continente se den justamente en el país dónde han surgido organizaciones de talla mundial dedicadas al tráfico de narcóticos, el hecho que la violencia se esté extendiendo a lo largo del continente en forma consistente con lo que se cree ha sido el patrón de relocalización y de alianzas de estas organizaciones con grupos de otros países, el hecho que al interior de Colombia sean precisamente las sedes de los llamados carteles de la droga, las ciudades con mayor incidencia de muertes violentas son factores que no parece prudente ignorar al tratar de explicar la criminalidad colombiana. La observación anterior es particularmente relevante si se tiene en cuenta el enorme respaldo conceptual que tiene la asociación entre el crimen organizado y la violencia.
La evolución de la tasa de homicidios en Colombia en las últimas dos décadas es consistente con lo que se puede pensar ha sido la incidencia del narcotráfico en el país. Relativamente mejor documentada, la presencia guerrillera, también muestra una trayectoria similar a la del número de muertes violentas [36]. A nivel de las once ciudades consideradas en la encuesta es difícil aislar el efecto de los diferentes actores armados sobre la violencia puesto que en todas estas ciudades existe presencia guerrillera, en todas ellas se da una u otra forma de actividad relacionada con las drogas y para la mayoría de ellas se cuenta con testimonios acerca de actuación de grupos paramiltares o de justicia privada. La presencia de estos actores armados, ya normal en las ciudades colombianas de la encuesta, podría sin embargo ser útil a la hora de explicar diferencias con las tasas de homicidio que se observan en otras urbes de similares condiciones sociales o económicas pero sin presencia de este tipo de agentes.
3.5 - PERSISTENCIA Y CONTAGIO DE LA VIOLENCIA
Complementando la información disponible en la encuesta de hogares, se analizó la evolución de la tasa de homicidios durante lo corrido de la presente década en las mismas once ciudades colombianas incluídas en la muestra para tratar de encontrar elementos adicionales que contribuyan a explicar la criminalidad urbana en Colombia [37].
El primer aspecto que se puede anotar con base en esta información es la gran inercia, y la ausencia de variaciones bruscas, que se da en las tasas de homicidio urbanas (GRAFICA 16). A pesar de las grandes diferencias en los niveles de violencia regionales en un momento del tiempo, es sorprendente la alta asociación que se presenta entre las tasas de homicidio por ciudades de un año determinado con las del año anterior. Tan fuerte y significativa es esta correlación que de toda la información disponible para Colombia a nivel urbano, el mejor predictor de la tasa de homicidios en una ciudad determinada es, precisamente, la tasa de homicidios en esa misma ciudad en el período inmediatamente anterior (GRAFICA 17). Resultados preliminares obtenidos con información de cerca de mil municipios colombianos tienden a corroborar este patrón de "autocorrelación" de la violencia en las localidades [38].
Esta observación invita a abandonar la idea, para un país como Colombia, de una violencia homicida accidental, aleatoria e impredecible como la que puede preocupar a otras sociedades. Se sugiere por el contrario un fenómeno más sistemático y predeterminado que invita a pensar en un factor -por ejemplo un agente violento- que se instala en una ciudad y que una vez instalado contribuye a la reproducción de la violencia en los períodos subsiguientes.
Podría con este patrón de retroalimentación de la violencia a nivel regional pensarse en factores "ambientales" (sociales, culturales, comunitarios, políticos) que, característicos de cada ciudad, explican sus tasas delictivas y contribuyen a mantener las diferencias entre ciudades. No son escasas en la literatura las referencias a la importancia de la estructura de las comunidades en la configuración de la criminalidad [39]. Toda la atención que reciben en la actualidad los argumentos sobre el capital social, y sus deficiencias, como factores explicativos de la delincuencia apuntan hacia esa misma dirección.
La dinámica de la autocorrelación de la violencia que se presenta en las principales ciudades colombianas ofrece elementos que no concuerdan con este tipo de explicaciones. Se puede señalar, por ejemplo, que la influencia que la violencia pasada tiene sobre los niveles corrientes decrece con el tiempo. Sistemáticamente, en cada período, el número de muertes de tres años atrás tiene un menor efecto explicativo sobre la tasa de homicidios actual que el de hace dos años que a su vez influye menos que el del año anterior. Las peculiaridades sociales, políticas o comunitarias deberían, por el contrario, mostrar un efecto relativamente independiente del paso del tiempo, algo así como valores aleatoriamente distribuídos alrededor de una "tasa natural" de homicidios por ciudades.
La dinámica de la violencia en las principales ciudades colombianas entre 1990 y 1995 permite, por otro lado, pensar en un escenario de "contagio" o propagación. A partir de una situación inicial con una violencia anormalmente alta en una sóla ciudad se pasó en el primer quinquenio de esta década y de manera progresiva, a una situación en la cual los niveles en las distintas ciudades se concentraron alrededor del promedio nacional. Entre 1990 y 1995 la relación entre las tasas de homicidio máxima y mínima se redujo de más de veinte a menos de diez, la varianza de las tasas se redujo en un 32% y la evolución del promedio estuvo determinada no sólo por la disminución de la violencia en la ciudad "líder" sino, sobretodo, por un aumento en el nivel de violencia mínimo entre ciudades.
Estas observaciones sobre propagación contagiosa son compatibles con la idea de organizaciones criminales violentas inicialmente concentradas en una región pero que en el transcurso de la presente década fueron migrando y ampliando su radio geográfico de operaciones.
4 - CONCLUSIONES
Son tres los elementos que vale la pena destacar acerca de la criminalidad colombiana en la actualidad. El primero de ellos tiene que ver con la gran varianza que se observa, entre las ciudades, en todos los indicadores del crimen. El segundo, que es el que probablemente mejor da cuenta de la generalizada sensación de inseguridad que manifiestan sentir los hogares colombianos, es el de la alta dosis de violencia en los atentados a la propiedad y la letalidad de los ataques a las personas que lleva al país a destacarse por unas tasas de homicidio excepcionales. El tercer factor digno de mención es el de la falta de asociación entre la delincuencia económica y la violencia que, con dinámicas relativamente independientes, parecen auto-reforzarse.
Con relación a la criminalidad económica un posible factor de reproducción parece estar dándose a través de su efecto sobre la delincuencia juvenil. Los datos de la encuesta son consistentes con testimonios disponibles acerca de procesos de aprendizaje y de "transmisión oblicua" de las percepciones acerca de las oportunidades delictivas de los criminales adultos a los jóvenes infractores.
Para la violencia urbana en Colombia son claros los síntomas de epidemias locales que se retroalimentan. Este fenómeno, sumado a los patrones de localización de las muertes violentas sugieren una asociación entre el crimen organizado y los homicidios.
A pesar de su relativa independencia, la delincuencia económica y la violencia colombianas parecen tener algunos canales de comunicación. El primero de ellos se da a través del temor a las represalias que se presenta en los ambientes violentos y que afecta la inclinación de los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades la comisión de delitos, lo que a su vez parece estar afectando la criminalidad. El segundo es que con violencia, la que resulta por ejemplo de la justicia penal privada, se puede reducir la incidencia de la criminalidad común.
La escasa información que se puede derivar de una encuesta de victimización acerca de los infractores permite sospechar que en Colombia los actos delictivos se ven precedidos de una evaluación de sus costos. Los patrones de agrupamiento, el recurso a la violencia, las características de las víctimas parecen responder a un afán de minimización de riesgos por parte de los delincuentes, aún los más jóvenes.
Para sorpresa de la criminología latinoamericana tradicional los datos de la encuesta invitan a pensar en factores de riesgo diferentes a la pobreza y a las condiciones sociales desfavorables como elementos determinantes de la delincuencia. Tal vez el más importante de estos elementos es el que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal de justicia que se insinúa como un factor que está afectando la incidencia del crimen en las ciudades colombianas. Reforzando esta idea de la relación inversa entre el "imperio de la ley" y la delincuencia, la información analizada muestra asociaciones entre el "desorden jurídico", la litigiosidad en otras áreas de los derechos, y la criminalidad, como también muestra la posibilidad de ambientes en dónde el desorden, en todos los campos, se hace explosivo.
Talvez la principal lección que puede ofrecer la experiencia colombiana al resto del continente es la de un ambiente delictivo, y unas manifestaciones de la violencia, que no encajan dentro del enfoque predominante de la criminología latinoamericana. Con este trabajo se espera haber contribuído a la idea que, en materia de crimen, lo que está ocurriendo en las ciudades colombianas no concuerda con las principales predicciones de las teorías que no sólo han inspirado nuestros regímenes penales y nuestra política criminal, sino que muy probablemente han contribuído a su ineficacia. En particular, este y otros trabajos realizados recientemente en Colombia, ofrecen un desafío a las aproximaciones tradicionales acerca de las relaciones entre el entorno socioeconómico y la delincuencia. Tanto la evolución de la criminalidad colombiana en las últimas dos décadas, como su estructura espacial en la actualidad, parecen no adecuarse bien a la idea, arraigada en la criminología latinoamericana, que la pobreza, la inequidad, la falta de educación y de oportunidades son los factores determinantes del crimen.
La segunda gran lección de la experiencia colombiana que apenas se sugiere en este trabajo pero que vale la pena destacar es la del impacto negativo que puede tener la violencia sobre el funcionamiento del sistema penal de justicia. Diferentes teorías acerca del crimen organizado predicen interrelaciones, y mecanismos de retroalimentación, entre la presencia de mafias y la inoperancia de los sistemas penales de justicia en una sociedad. Los numerosos jueces asesinados en Colombia, el ambiente de amenazas y de corrupción que reina alrededor de los procesos penales y la relativamente bien documentada influencia que han tenido las organizaciones criminales sobre las modificaciones de los códigos sugieren que en un país Colombia el sistema penal de justicia puede no ser independiente de quienes debería combatir. Resultaría ingenuo pensar que los procesos de infiltración, corrupción y amenazas a la rama judicial que se dieron en Colombia en las etapas de conformación de las organizaciones criminales no se puedan replicar en otros ambientes que deberán enfrentar una criminalidad ya transnacional y consolidada.
Aunque a primera vista no lo parezca, la labor inaplazable de los sistemas penales del continente, la de contribuír a controlar los nacientes brotes de violencia homicida, constituye el primer paso en la estrategia de combatir el crimen organizado. La experiencia colombiana muestra cómo un sistema penal, bajo la falsa premisa que las organizaciones criminales constituyen un desafío en términos de nuevos tipos delictivos, puede esquivar una realidad muy sencilla : que la fortaleza del crimen organizado surge, precisamente, de su uso sistemático de la violencia. Es claro que el problema criminal más apremiante en Colombia, y en cualquier sociedad dónde esta se manifieste, es la violencia. Mientras no se controlen los homicidios, mientras no se erradique la amenaza de muerte como elemento común en las relaciones sociales en una comunidad, se fortalecerán narcotraficantes, guerrilleros, contra-guerrilleros, secuestradores y surgirán nuevas y variadas mafias, con muchos objetivos, en muchos mercados, pero todas violentas. Todas estas mafias, y alguna delincuencia común a su amparo, tendrán además la ventaja de actuar bajo un sistema penal de justicia amedrentado.
REFERENCIAS
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DANE (1996) Informe Preliminar sobre Módulo Criminalidad Real ENH 90 - Dic 95
DANE - Ministerio de Justicia (1996) "La Justicia Colombiana en Cifras 1937-1994" Imprenta Nacional
de Francisco Gonzalo (1996) "Seguridad en Bogotá - La Dimensión del Problema" en Foro Económico, Regional y Urbano No 5 Oct-Dic
Echandía Camilo (1994) "Principales tendencias en la expansión territorial de la guerrilla (1985-1994)" UJS - DNP Bogotá, Julio
Economist (1994) "Measuring Crime" Oct 15
Hawkins J David (1996) "Delinquency and Crime - Current Theories" Cambridge Criminology Series
Hope Tim (1995) "Community Crime Prevention" en Tonry & Farrington (1995)
Mathieu Jean-Luc (1995) "L' insecurité" Presses Universitaires de France
Molano Alfredo (1994) "Trochas y Fusiles" IEPRI/El Ancora, Bogotá
Montenegro y Posada (1994) "Criminalidad en Colombia" Borradores Semanales de Economía
Rowe David (1996) "An Adaptive Strategy Theory of Crime and Delinquency" en Hawkins (1996)
Rubio Mauricio (1996) "Crimen sin Sumario - Análisis Económico de la Justicia Penal Colombiana" Documento Cede 96-04
Rubio Mauricio (1996a) "Homicidios, justicia, mafias y capital social" Documento CEDE 96-06
Rubio Mauricio (1996b) "Reglas del Juego y Costos de Transacción en Colombia" Doc CEDE 96-08
Rubio Mauricio (1997) "Perverse Social Capital - Some Evidence from Colombia" Journal of Economic Issues - Próximo a publicarse
Salazar Alonso (1994) "No Nacimos pa Semilla" CINEP
Salazar Alonso y Ana María Jaramillo (1992) " Las Subculturas del Narcotráfico" CINEP
Shoemaker Donald (1996) "Theories of delinquency" 3rd Edition, Oxford U Press
Tonry Michael & David Farrington (1995) Eds "Building a Safer Society Strategic Approaches to Crime Prevention" Crime and Justice Vol 19, The University of Chicago Press
* Profesor- Investigador. CEDE Facultad de Economía, Universidad de Los Andes. Se agradece el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Las interpretaciones, opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y el contenido del documento no compromete ni al Ministerio de Justicia ni a la Universidad de los Andes. Una versión preliminar de este trabajo se publicó como Documento CEDE 96-09
Email : mrubio@uniandes.edu.co
[1] Las 11 ciudades colombianas incluídas en la encuesta de hogares representan el 80% de la población de las capitales de departamentos y el 35% de la población total del país.
[2] La ciudad colombiana más insegura, por ejemplo, tiene en la actualidad un índice de criminalidad muy similar al de la capital francesa, y los promedios nacionales son del mismo orden de magnitud que los de Francia, o los EEUU. Los datos franceses corresponden a 1993 y los reporta Mathieu (1995) los norteamericanos se basan en cifras del US Department of Justice reportadas por el Economist (1994).
[3] Pasó de 2930 delitos pcmh (en 9 ciudades incluídas en la encuesta del 91) a 4800 en el 95. Con la excepción de Manizales, cuyas tasas entre 1991 y 1995 permanecieron prácticamente constantes, todas las demás ciudades sufrieron aumentos en los índices delictivos, que en algunos casos se cuadruplicaron.
[4] De acuerdo con una encuesta realizada en Bogotá entre cerca de 250 empresas de distinto tamaño, en el año anterior el 31.4% de las empresas encuestadas fueron víctimas de un robo, el 27.3% de robos internos, el 18.3% de atracos, el 16.7% de estafas, el 13.6% de actos violentos, el 13.1% de amenazas, el 12.5% de solicitudes de soborno, el 8.6% de actos de piratería, el 4.0% de extorsión y el 2.8% de secuestro. Ver principales resultados de esta encuesta en Rubio Mauricio (1996b)
[5] Según las cifras de denuncias ante la Policía Nacional.
[6] Este mismo patrón -víctimas múltiples en zonas urbanas de alta incidencia criminal- ha sido señalado para otras sociedades. Ver referencias en Hope (1995)
[7] Homicidios y lesiones personales
[8] Delitos contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad, contra la familia, contra la seguridad pública, contra la integridad moral y otros.
[9] A título de comparación, en Francia esta fracción es inferior al 3%.
[10] Correlaciones simples y regresiones multivariadas entre categorías de delitos.
[11] Se consideraron las siguientes cinco categorías de incidentes : (1) atentados a la propiedad con violencia -atracos-, (2) atentados a la propiedad sin violencia, (3) atentados a la vida letales -homicidios-, (4) atentados a la vida no letales -lesiones personales- y (5) todos los demás incidentes
[12] Unicamente el 20% de las variaciones en la tasa de homicidios pueden explicarse como función de todas las demás categorías de los delitos de los cuales fueron víctimas los colombianos en 1995.
[13] Resultados en estas mismas líneas han sido señalados con datos de otras fuentes a nivel departamental. Ver Rubio(1997)
[14] Incluyendo en esta categoría otros organismos de seguridad.
[15] Para las 10 ciudades distintas de Medellín el 55% de las variaciones en la proporción de incidentes que se llevan ante las autoridades se explica por la importancia del temor a las represalias como razón para no denunciar.
[16] La tasa de homicidios explica, sola, cerca del 42% de las variaciones entre ciudades en esta última variable.
[17] Una observación similar se ha hecho para norteamérica, para dónde se encuentra que las comunidades con altas tasas de criminalidad presentan también altos niveles de "incivilidad" o comportamiento público desordenado. Skogan W G (1990) "Disorder and Decline : Crime and the Spiral of Decay in American Neigbourhoods" NY Free Press, citado por Hope (1995)
[18] Wilson y Kelling (1982) "Broken Windows : The Police and Neighborhood SAfety" Atlantic Monthly 249 citado por Hope (1995)
[19] Esta sería una manera de explicar el comportamiento realmente atípico de la ciudad de Medellín dónde susbsisten altos niveles de homicidios con una incidencia bajísma de conflictos en otras áreas.
[20] Desde los cincuentas la expectativa de vida ha aumentado en un 80%, la tasa de alfabetismo subió en cerca del 60%, la mortalidad infantil se redujo a la cuarta parte y la desiguladad del ingreso también se redujo. El coeficiente de Gini pasó de 0,57 en 1964 a 0,49 en la actualidad.
[21] En ninguno de los trabajos estadísticos realizados recientemente en el país con datos de corte transversal, o con series de tiempo, o con panel, se han encontrado relaciones entre los indicadores de criminalidad y el conjunto disponible de variables sociales y económicas.
[22] Montenegro y Posada (1994)
[23] La información judicial para 1995 no estaba disponible en el momento de realizar este trabajo. Por esta razón se compararon las cifras de criminalidad de 1995 con los datos sobre la justicia correspondientes al año anterior.
[24] El llamado "sumario" en la terminología del Código de Procedimiento Penal Colombiano.
[25] La información judicial disponible no permite una desagregación mayor, como tampoco permite analizar las diferencias, por ciudades, en las etapas de los procesos penales posteriores a la investigación (juicios y sentencias).
[26] Ver por ejemplo Rubio (1996)
[27] Para 1994 se estimaba que en el 56% de los municipios del país había presencia guerrillera. Tanto los analistas de la guerrilla como los mismos representantes de estos "gobiernos" locales reconocen su papel como administradores de justicia. Se ha llegado incluso a plantear la idea que, dentro de la estrategia de expansión guerrillera, los altos índices de criminalidad y violencia en un municipio son tenidos en cuenta como factores que facilitan la toma del municipio por parte de la guerrilla.
[28] El caso mejor documentado es el de la comuna nororiental de Medellín y sus llamadas milicias urbanas. También existen testimonios sobre grupos de justicia comunitarios en Ciudad Bolívar y en los barrios populares de Cali.
[29] Consecuentemente, las medidas de prevención se han orientado a tratar de fortalecer la educación, los vínculos familiares etc ..
[30] Rowe (1996)
[31] ver referencias en Showmaker (1996)
[32] Salazar (1990)
[33] Molano (1994)
[34] Realmente habría que mirar el cruce, no disponible en el momento de realizar este trabajo, entre los niveles de violencia y la participación de menores en los atentados contra la vida.
[35] Un caso digno de mención, por lo bizarro, es el de los llamados "campamentos" que organizaron algunos grupos guerrilleros en los barrios populares de Medellín durante los acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancurt en 1984, y en los cuales muchos jóvenes recibieron instrucción tanto política como militar por parte de la guerrilla. Los resultados de tan extraño experimento no fueron nada despreciables en términos de delincuencia. Al desbaratarse las negociaciones con el gobierno estas escuelas juveniles de guerra se tornaron ilegales -mientras se negociaba la paz no lo eran !- y muchos de estos jóvenes, entrenados en el uso de las armas salieron a formar sus propias bandas criminales.
[36] Ver Rubio (1996a)
[37] Vale la pena señalar el hecho que las tasas de homicidio que se derivan de la encuesta no coinciden totalmente con la información de la Policía Nacional. Aunque puede pensarse en imprecisiones derivadas de los mecanismos de expansión de la encuesta, no deja de sorprender el hecho que aparezca un sesgo hacia abajo en las cifras de la Policía y que la diferencia aumente con el nivel de homicidios. Este mismo patrón aparece en los datos de 1991.
[38] CEDE-BID (1997) "La Violencia en Colombia - Dimensionamiento y Políticas de Control" proyecto de investigación en curso.
[39] ver referencias en Tonry et al (1995)