I. INTRODUCCION
En este trabajo se hace un diagnóstico de la violencia en Honduras y en particular en la Zona Metropolitana del Valle del Sula (ZMVS) a partir de la información estadística y la literatura disponibles a mediados del año 2001 y de trabajo de campo realizado en la ZMVS para ese propósito.
Fuera de esta introducción, el trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera se revisan los datos sobre criminalidad y violencia a nivel tanto nacional como local. Se ofrecen además algunas comparaciones con las cifras de otros países. Esta revisión se hace no sólo con el objetivo de tener una perspectiva global de la situación de seguridad ciudadana en Honduras sino para identificar aquellas manifestaciones de la violencia que en mayor medida caracterizan la ZMVS y por lo tanto deben recibir atención prioritaria de los programas de prevención. La principal conclusión de este ejercicio es que los problemas más apremiantes en la actualidad son la altísima, y aparentemente creciente, tasa de homicidios y, por otro lado, el fenómeno de las maras.
En la segunda sección del trabajo se revisan las explicaciones más corrientes que se ofrecen en Honduras para estos dos fenómenos buscando enmarcarlas y contrastarlas con algunas teorías disponibles sobre violencia homicida y bandas juveniles. Las principales conclusiones de esta sección son tres: la primera es que el grueso de las explicaciones sobre la violencia en Honduras no abordan de manera explícita el problema de los homicidios, que la literatura internacional reconoce como peculiar dentro del amplio espectro de la criminalidad urbana. La segunda es que el fenómeno de las maras se ha analizado tan sólo desde el punto de vista de los factores que inciden en la “oferta” de jóvenes hacia las maras pero que, desafortunadamente, se ha desatendido el problema de las maras como organizaciones que atraen, y “demandan” los servicios de los jóvenes y cuyos servicios, a su vez, son demandados por otros actores sociales. La tercera es que, con notables excepciones, no se ha abordado el problema de las posibles relaciones entre las maras y el crimen organizado.
En la tercera sección se resumen los principales resultados del trabajo de campo –encuesta de victimización de hogares, encuesta a empresas y muestra de homicidios- Se destacan varios aspectos. Uno, varias manifestaciones de violencia criminal grave. Dos, una fuerte carga sobre el sector productivo, que es proporcionalmente mayor sobre las empresas pequeñas. Tres, síntomas de mecanismos de justicia privada para enfrentar la violencia. Cuatro, una estrecha relación entre la presencia de maras y la del crimen organizado. Para concluir se hacen unas reflexiones finales y se plantean algunas recomendaciones.
A. LO QUE MUESTRAN LOS DATOS
1. NIVEL NACIONAL
Al igual que en otros países de América Latina, como Colombia, Guatemala, El Salvador, Brasil o Venezuela [2] la delincuencia en Honduras se ha convertido en uno de los problemas sociales percibidos como más apremiantes. Ya desde 1996, una encuesta de opinión realizada en Tegucigalpa mostraba que el 41% de los ciudadanos consideraban la delincuencia como el principal problema de Honduras, contra un 17.4% que señalaban el costo de vida y un 12.7% el desempleo [3]. Desde entonces, parece haber acuerdo en que el problema sigue siendo serio y que se ha venido agravando.
Vale la pena tratar de determinar el origen de esta percepción de inseguridad grave y aparentemente creciente. A nivel nacional, algunos registros disponibles de policía no son contundentes en cuanto a la tendencia al aumento de la violencia en estos últimos años. Los delitos contra la vida registrados por la Policía Preventiva entre 1996 y el año 2000 han descendido en cerca del 50% en términos per cápita mientras que las cifras de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), aunque con un leve incremento en 1999, muestran niveles muy similares en 1996 y en el 2000 [4]. De acuerdo con cifras de otra fuente [5] el incremento de la criminalidad se habría dado básicamente durante la primera década de los noventa.
Por el contrario, los delitos contra la propiedad si habrían sufrido un considerable incremento a todo lo largo de la década pasada, pasando de una tasa de 150 incidentes por cien mil habitantes (pcmh) en el año 90 a poco menos de 450 en el último año, o sea que casi se habrían triplicado. De cualquier manera, y al igual que los delitos contra la vida, los registros más recientes no concuerdan con la idea de una criminalidad que hubiera aumentado drásticamente en los últimos cinco años. De hecho, un informe reciente del Foro Nacional de Convergencia reconoce que, de acuerdo con los datos de la Policía, la delincuencia contra el patrimonio muestra “un comportamiento moderadamente descendente” [6]. El cambio más importante en el número de denuncias por habitante se habría dado durante la primera mitad de la década pasada.
La tasa nacional de homicidios, aunque es demasiado alta y aumentó en el pasado quinquenio -pasando de 48 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh) en 1996 a cerca de 60 hpcmh en el 2000- no muestra una tendencia explosiva en los últimos años. De hecho, un incremento importante se dio entre 1996 y 1997, año a partir del cual ha permanecido relativamente estable. Incluso, de acuerdo con una de las fuentes disponibles [7], a partir del aumento del año 97 se habría dado un descenso (Gráfica 1.1).
GRAFICA 1.1
Los datos con que se cuenta para la primera mitad de la década pasada [8] sugieren, por el contrario, un continuo incremento de la tasa desde principios de los noventa. En conjunto, la información disponible sugiere un incremento importante en los niveles de violencia homicida que, en menos de una década, se habrían multiplicado por seis. Es conveniente anotar que, de acuerdo con las comparaciones entre las cifras de la DGIC, a partir de las cuales se calculan las tasas de homicidio, y las de Medicina Forense, parece razonable descartar la idea de un sub-registro importante en las primeras durante los últimos años [9]. No es fácil evaluar la confiabilidad de las cifras entre el 90 y el 94 puesto que el autor que las suministra no menciona la fuente. Aunque existe una gran discrepancia entre las cifras de dos fuentes para el año 94, el crecimiento observado entre el 95 y el 97 es consistente con la tendencia creciente anterior y, por otro lado, un trabajo del banco Mundial [10] también sugiere para principios de los noventa una tasa situada dentro de esos rangos.
Para las lesiones personales la información disponible es confusa pues se observan grandes diferencias entre las diversas fuentes. En particular, hay una discrepancia importante, y creciente, entre los registros por lesiones de la DGIC y los de Medicina Forense. El sub-registro de los incidentes de lesiones en las estadísticas policiales es tanto más difícil de explicar si se tiene en cuenta que “el departamento de Medicina Forense .. depende del Ministerio Público y su misión es practicar las autopsias, exámenes físicos, clínicos o de otra naturaleza dentro del campo médico forense, a requerimiento de los fiscales o de cualquiera de las direcciones o departamentos de dicho Ministerio” [11]. O sea que, en principio, las cifras del Medicina Forense deberían ser inferiores a las de la DGIC. Además, en la actualidad las estadísticas de Medicina Forense se refieren únicamente a las actuaciones realizadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula mientras que las de la DGIC registra incidentes de todo el país [12].
Si bien es cierto que, como ocurre en cualquier sociedad, los registros policiales reflejan tan sólo una pequeña fracción de los incidentes delictivos que realmente ocurren, no existen razones de peso para plantear que la aparente estabilidad durante el último quinquenio en el número de delitos que se denuncian en Honduras corresponde a una criminalidad en aumento con un creciente sub-reporte de los incidentes. Por el contrario, hay varios argumentos a favor de la idea que la proporción entre la criminalidad denunciada y la real ha permanecido por lo menos estable. En primer lugar, la tendencia de los ciudadanos a poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos no es un parámetro que se altera de manera significativa en el corto plazo. En segundo término, algunos de los factores que se han sugerido afectan esa decisión, como cambios importantes en los niveles de ingreso o educación [13] o, en el otro extremo, dinámicas explosivas de violencia [14] no se dieron en Honduras en los últimos cinco años. Tercero, se debe anotar que el ambiente institucional, y en particular las relaciones de la comunidad con los organismos de seguridad, no muestran señales de deterioro progresivo sino, por el contrario, síntomas de mejoría. Diversos analistas coinciden en la observación que la reducción y mayor control del gasto militar, y la creación de una Policía Preventiva bajo la autoridad civil, han conducido a una situación razonable en materia de Derechos Humanos y respeto de las garantías ciudadanas que permiten suponer un mayor acercamiento de la comunidad hacia las autoridades de Policía. A nivel más operativo, la apertura de sedes regionales de la DGIC también apunta en la dirección de una mayor proporción de delitos denunciados. Por último, el sostenido incremento en la cifra de “delitos varios” registrados por la DGIC, que se duplicó entre 1996 y el año 2000 [15], tiende a corroborar la idea de un escenario con creciente, o por lo menos constante, proporción de incidentes que se denuncian.
En síntesis, buena parte de los datos disponibles sobre la evolución reciente de la delincuencia en Honduras no sirven para corroborar la idea de un problema que, a nivel nacional, se haya venido agravando en los años más recientes. Los incrementos importantes, en casi todas las dimensiones de la violencia, se habrían dado durante la primera mitad de los noventa. Tan sólo las cifras de lesiones personales reportadas por Medicina Forense sugieren un importante aumento en un tipo específico de violencia, los ataques personales.
1.2 - COMPARACIONES INTERNACIONALES
Otra manera de evaluar la gravedad de la situación actual de inseguridad en Honduras es mediante un cotejo con lo que ocurre en otras sociedades con un nivel de desarrollo similar. La comparación internacional de las estadísticas policiales presenta inconvenientes de tal magnitud que la hacen impracticable. En primer lugar, porque reflejan las categorías penales de cada sociedad. En algunos países, por ejemplo, los ataques a la propiedad por debajo de determinados montos se consideran una falta, o infracción menor. En segundo término, porque se ha sugerido que la proporción de delitos que se denuncian es un parámetro con marcadas peculiaridades locales [16]. Tercero, porque existen diferencias en cuanto a las prácticas estadísticas, las limitaciones institucionales o presupuestales, las presiones políticas o el desempeño del sistema judicial que alteran la calidad de tales datos. Aunque en la actualidad tanto Interpol como las Naciones Unidas están haciendo esfuerzos para hacer compatibles algunas categorías de los registros policiales la posibilidad de hacer comparaciones es aún bastante precaria.
Por las razones anteriores, la labor de hacer comparaciones internacionales en los niveles de inseguridad hace indispensable recurrir a dos fuentes. La primera son los datos de algunas encuestas de victimización, que es el único mecanismo disponible para tener una idea sobre la llamada criminalidad real [17]. La segunda está constituida por las cifras de homicidios, incidente para el cual, en principio, se puede obviar el problema de sub-registro o de diferencias muy serias en cuanto a su tipificación [18].
Aunque desafortunadamente aún no se han extendido a Honduras los esfuerzos para realizar la misma investigación de reportes de víctimas promovida por Naciones Unidas en varios países de América Latina [19] se dispone de dos encuestas homogéneas en las que, aunque orientadas a otros propósitos, se incluyó un módulo relativo a la incidencia de ataques criminales sufridos por los hogares. La primera es el Barómetro Centroamericano realizado a finales de 1997 [20] y la segunda es el Latinobarómetro, con encuestas hechas entre 1996 y 1998 que en conjunto cubren más de 50 mil hogares de América Latina.
De acuerdo con la primera de estas encuestas, en el contexto de Centro América, Honduras ocuparía, compartido con Panamá, el lugar más favorable en materia de la proporción de hogares víctimas de un asalto o agresión durante el último año. Con un porcentaje de tan sólo el 16% de hogares víctimas de algún ataque criminal, la situación de seguridad ciudadana en Honduras se percibe bastante más favorable que la de Guatemala (41%), El Salvador (33%), Nicaragua (29%) y aún de la pacífica Costa Rica en dónde se reporta el 20%. Aunque con unas tasas de incidencia mayores [21] los resultados del Latinobarómetro tienden a confirmar este ordenamiento de los países centroamericanos en materia de victimización y, en particular, corroboran la observación que la delincuencia en Honduras no es ni atípica para la región, ni excepcionalmente alta (Gráfica 1.2).
GRAFICA 1.2
Vale la pena destacar que ambas encuestas fueron realizadas alrededor de 1997, año que, de acuerdo con la información policial, se percibía en Honduras como particularmente crítico. Una encuesta de victimización realizada por la misma época en Choluteca [22] muestra unas tasas de incidencia del 18.8%, similares a las obtenidas por el Barómetro Centroamericano [23].
La comparación internacional de las tasas de homicidio, permite menos optimismo respecto a la situación hondureña, y tiende a validar la idea de una sociedad particularmente violenta aún en el contexto latinoamericano. De acuerdo con los datos del BID (1999) y de Leyva (2001), Honduras ocuparía un lugar destacado en materia de violencia homicida, con niveles similares a los de Guatemala y por debajo de los de países en extremo violentos como El Salvador, o Colombia (Gráfica 1.3). Como ya se señaló, estos cotejos deben hacerse con cautela puesto que no se trata de fuentes de información homogéneas [24]. En otro estudio [25], por ejemplo, la situación de Honduras en el contexto latinoamericano es menos digna de mención en cuanto a la violencia homicida, y se reportan para este país tasas por debajo del nivel promedio para la región. Lo que estas comparaciones pueden estar reflejando es un sub-registro que aún no se corrige para varios países de la región. El otro punto que puede estar reflejando la tasa de homicidios relativamente alta de Honduras es la gran participación de dos grandes ciudades –Tegucigalpa y San Pedro Sula- en el total nacional de la población [26].
GRAFICA 1.3
De cualquier manera, la tasa de homicidios que se calcula actualmente a nivel nacional para Honduras, superior a los 60 hpcmh, es bastante alta y bien justifica la preocupación que ha despertado.
1.3 - NIVEL LOCAL
1.3.1 - DELINCUENCIA
No es copiosa la información actualmente disponible sobre delincuencia en San Pedro Sula en particular para analizar su evolución a lo largo del tiempo. La comparación de los incidentes denunciados ante las autoridades en 1996 y en el último año sugiere: (i) una relativa estabilidad para los delitos contra la vida, (ii) un importante incremento de los ataques a la propiedad -que pasan de menos de 500 incidentes pcmh en 1996 a más de 800 en el 2000, o sea un incremento del 60%- y (iii) un leve aumento de las denuncias por delitos varios.
Suponiendo que la proporción de los delitos que se denuncian permaneció relativamente estable durante este período [27] se puede señalar que la dinámica de la violencia ha sido diferente, y más desfavorable, en San Pedro Sula que en el resto de Honduras. En efecto, la participación de San Pedro Sula en el total nacional de denuncias por delitos tanto contra la vida como contra el patrimonio muestra un aumento cercano a los cinco puntos entre 1996 y el 2000 [28].
1.3.2 – HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTOS
Con relación a los homicidios, las distintas fuentes de información disponibles no son completamente consistentes entre sí. Además, no se ha encontrado información desagregada por regiones para períodos anteriores a 1994. De esta manera, no es posible determinar si los niveles actuales de la tasa de homicidios se alcanzaron, al igual que la cifra nacional, con aumentos continuos desde el año 90 o si por el contrario es un problema que viene de más atrás. La otra dificultad con las cifras de homicidios locales es el traslapo regional en la manera de registrar los incidentes, lo cual hace particularmente difícil el cálculo de las tasas de homicidio, o la comparación entre las cifras de distintas fuentes.
Puesto que históricamente las dos instituciones encargadas del registro de los homicidios, Policía y Medicina Forense, no han desagregado las cifras del municipio de San Pedro Sula de las de lugares aledaños [29] no es posible analizar la evolución reciente de la tasa de homicidios en esta ciudad, o aún en la ZMVS. Los datos de la DGIC para el Departamento de Cortés [30] sugieren, entre 1996 y el año 2000, un continuo incremento de las tasas de homicidio desde niveles ya altos, y similares al promedio nacional en la actualidad, hasta límites por encima de los 100 homicidios pcmh, que bajo cualquier criterio se pueden calificar de explosivos, y característicos de sociedades en guerra. De acuerdo con otra fuente [31], y también con base en información de la Policía, la tasa de homicidios muestra niveles explosivos pero con una tendencia ligeramente decreciente después de un pico superior a los 100 hpcmh en el año 95 .
En el contexto nacional, el departamento de Cortés sobresale por una tasa que no sólo dobla el promedio hondureño sino que supera en más del 50% la del segundo departamento más violento, Atlántida. Con menos de la quinta parte (18%) de la población, en Cortés ocurren en la actualidad más de la tercera parte (36%) de los homicidios del país. Los cinco departamentos más críticos, en donde viven cuatro de cada diez hondureños, dan cuenta de casi el 70% de las muertes violentas. En el otro extremo, en las cinco regiones más pacíficas, con cerca de la tercera parte de la población, ocurren apenas el 10% de los homicidios. Varios de estos departamentos –como Santa Bárbara, Ocotepeque y Colón- presentan tasas de homicidio equivalentes a casi la décima parte de la del departamento de Cortés (Gráfica 1.4). Así, la violencia homicida en Honduras aparece como un fenómeno con alta variabilidad entre regiones y una gran concentración geográfica.
GRAFICO 1.4
Con la excepción de Choluteca y Copán, departamentos en los cuales la tasa de homicidios aumentó en más del 100% entre 1996 y el 2000, Cortés es una de las regiones que mayor incremento mostró durante el último quinquenio. Solamente dos departamentos -Francisco Morazán y Ocotepeque- presentan disminuciones significativas de la violencia homicida, ambas concentradas en el último período, y en otros dos –Olancho y El Paraíso- se observa una relativa estabilidad. Así, la violencia en Honduras aparece no sólo como un fenómeno con altas disparidades regionales sino, además con bastante heterogeneidad en términos de su dinámica.
El último punto que conviene destacar a partir de los datos departamentales de muertes violentas es el de la alta persistencia del fenómeno a nivel regional. La tasa de homicidios aparece como una variable no sólo con grandes diferencias entre departamentos sino con una marcada tendencia a mantener esas diferencias a lo largo del tiempo. Con alta probabilidad, los departamentos muy violentos en un año determinado lo serán en los períodos subsiguientes, mientras que los lugares más pacíficos también mantendrán su posición relativa. En otros términos, la tasa de homicidios para un departamento en un período es un buen elemento para predecir la tasa de homicidios en ese mismo lugar el año siguiente. Si entre 1996 y el 2000 se toman, para todos los departamentos, las tasas de homicidio en los distintos períodos se observa que la correlación entre las tasas de dos años consecutivos ha sido siempre cercana al 90%.
1.3.3 – HOMICIDIOS EN LA ZMVS
Para el año 2000, la regional de Medicina Forense ofrece información sobre “Lesiones Fatales por Barrios y Colonias” que permite calcular con algo más de precisión la tasa de homicidios tanto para San Pedro Sula como para los distintos municipios de la ZMVS. De acuerdo con esta información, la tasa de homicidios en San Pedro sería ligeramente inferior a los 86 homicidios pcmh. En el contexto urbano, para Latinoamérica, este nivel de violencia homicida coloca a San Pedro Sula en un lugar destacado, por encima de la mayor parte de las grandes ciudades, y superado tan sólo por sitios reconocidos por su extrema violencia, como Medellín, Cali o San Salvador (Gráfico 1.5) [32].
GRAFICA 1.5
En el ámbito local de la ZMVS, el municipio de San Pedro es el que presenta las mayores tasas de homicidio. Se destacan como particularmente violentos otros tres municipios –Choloma, Pimienta y La Lima- todos con tasas superiores a la cifra nacional. Al interior del Municipio de San Pedro Sula se observa una enorme disparidad en la tasa de muertes violentas entre los distintos barrios/colonias y una alta concentración de la violencia en unos cuantos sitios que sobrepasan, con creces, el promedio observado para la ciudad [33]. Se puede afirmar que en unos cuantos barrios -El Centro, Suncery, Rivera Hernández, Guamillito y Medina- se concentra el grueso de las muertes violentas registradas en el municipio de San Pedro Sula, con tasas de homicidio realmente exorbitantes (Gráfica 1.6)[34].
GRAFICA 1.6
1.3.4 – INDICADORES DE INSEGURIDAD EN LA ZMVS
A partir de la información de la encuesta de victimización realizada a finales del año 2001 en la ZMVS, y cuyos resultados se analizan en detalle más adelante, se pueden obtener algunos indicadores globales de inseguridad por municipios y sectores de SPS.
El primero de estos indicadores, la tasa de victimización definida como la proporción de hogares que en el último año fueron víctimas de algún ataque criminal, sugiere como lugares críticos –con tasas del orden del 40%- tanto la mayor parte de los sectores geográficos de SPS [35] como los municipios de Santa Rita (36%) Potrerillos (33%), Puerto Cortés (27%) y Villanueva (27%) (Tabla 1.7). Es conveniente señalar que este índice de inseguridad, a pesar de ser el más corriente y uno de los pocos que permite comparaciones internacionales, debe interpretarse con cautela cuando, como es el caso en la ZMVS, las unidades geográficas están muy próximas y, sobre todo, cuando existen desplazamientos cotidianos por razones de trabajo o de estudio. Puede darse el caso, por ejemplo, de personas que vivan en una localidad relativamente segura pero que trabajen en un barrio céntrico muy inseguro y que, en una encuesta realizada en el domicilio, reporten alta incidencia de ataques delictivos.
Una manera de corregir esta imprecisión para poder tener un panorama de la inseguridad más estrechamente asociado con el lugar de residencia es a través de la incidencia de delitos que se sabe ocurrieron en el mismo lugar en donde se reportan en la encuesta. Un incidente adecuado para este propósito puede ser el de los ataques a la propiedad en la casa. Con este indicador se destacan de nuevo como zonas peculiarmente inseguras tanto SPS como Santa Rita, Potrerillos y Puerto Cortés. Por el contrario, pierde relevancia como lugar muy inseguro el municipio de Villanueva. La principal limitación de este indicador, el único que ofrece una visión de la delincuencia que se puede vincular de manera inequívoca con una localidad, es que se refiere tan sólo a una de las dimensiones, tal vez la menos grave, de la violencia.
Una segunda posibilidad para tener indicadores de seguridad por zonas es mediante la percepción de influencia de las maras en las distintas localidades. La utilización de este indicador sugiere como sensibles ciertos sectores geográficos de SPS así como los municipio de El Progreso y Potrerillos.
Por último se puede utilizar como indicador global de inseguridad –más adelante se formaliza una propuesta en esas líneas- la percepción subjetiva que reportan los hogares en la encuesta. Con este indicador sobresale, con un valor superior al de cualquiera de los sectores de SPS, el municipio de Potrerillo, en dónde más de la mitad (54%) de quienes respondieron la encuesta manifiestan sentirse muy inseguros en las calles de su barrio. Fuera de tres de los sectores geográficos de SPS -con porcentajes superiores al 40%- le siguen en importancia los municipios de Villanueva (37%), Quimistán (37%), Choloma (34%) y El Progreso (30%). En el otro extremo, se destaca como localidad prácticamente inmune a la sensación de extrema inseguridad entre sus habitantes el municipio de San Francisco de Yojoa en dónde ninguna de las personas que respondió la encuesta manifiesta sentirse muy insegura en su barrio.
Un aspecto que sorprende de los distintos indicadores de inseguridad en la ZMVS que se acaban de discutir es que -con la notable excepción de SPS, en dónde se presentan simultáneamente altos valores de los distintos índices de inseguridad y elevadas tasas de homicidio- no aparece una correspondencia estrecha entre la forma más extrema de violencia y las demás manifestaciones de la inseguridad.
2 – EXPLICACIONES CORRIENTES SOBRE LA VIOLENCIA EN HONDURAS
En esta sección se hace un resumen de las principales teorías que circulan en Honduras sobre las posibles causas de la violencia y, en la medida de lo posible, se tratan de contrastar algunas de las hipótesis que de ellas se derivan con la evidencia disponible. Se pueden distinguir tres grandes tipos de explicaciones. La primera, probablemente la más difundida, es la de los determinantes sociales y económicos de la violencia. Dentro de este primer grupo existen dos sub-categorías dignas de mención: la desintegración de la familia como unidad básica de socialización de los individuos y, por otro lado, la responsabilidad estatal en la generación de la violencia. El segundo tipo de explicación hace énfasis en la violencia como expresión de conductas delictivas y, en particular, como una extensión de las actividades del crimen organizado, que se han consolidado gracias a la impunidad e incluso con la complicidad del sector público. La tercera categoría, que no siempre se hace explícita pero que está presente de manera tácita en buena parte de las explicaciones y propuestas de política, es la de la violencia como manifestación de una cultura generalizada de intolerancia y mala capacidad de resolución de conflictos.
2.1 – LAS CAUSAS OBJETIVAS DE LA VIOLENCIA
2.1.1 – POBREZA Y VIOLENCIA
Una de las explicaciones más comúnmente aceptadas sobre la violencia en Honduras es la relacionada con la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades como circunstancias que conducen al ejercicio de la violencia. Se pueden transcribir distintas versiones de esta familia de explicaciones.
- De acuerdo con una encuesta realizada recientemente entre 254 informantes claves [36] “el principal problema en materia de seguridad se asocia en opinión de un 33% de los encuestados con la “miseria extrema” [37].
- “Se consideran entre otros como los principales elementos explicativos (de la violencia) los siguientes:
· el deterioro de la calidad de vida como resultado de la aplicación de medidas de ajuste económico
· Pobreza y extrema pobreza, marginalidad y exclusión que acentúan la desigualdad e iniquidad social
· Desempleo, subempleo, falta de oportunidades y bajos salarios
- “No hay datos precisos sobre el origen de las maras o pandillas juveniles en el país ... Se sabe que durante los ochenta surgieron maras o pandillas juveniles en el ámbito del Instituto Central de Tegucigalpa y en la Colonia Las Brisas. Sin embargo, este notable fenómeno social y cultural de nuestra época adquiere un crecimiento explosivo durante la década del 90 en el contexto de los programas de ajuste estructural de la economía y del aumento de la migración legal y ilegal de jóvenes hacia los Estados Unidos” [39].
- “El fenómeno (maras) ha adquirido un crecimiento explosivo a partir de la década de los 90 cuando se inician los programas de ajuste estructural en la economía” [40]
- “Después de la guerra fría las pandillas comienzan a tomar fuerza y es así como en estos últimos años se han proliferado por todo el territorio nacional” [41].
Como se desprende de las citas anteriores, los factores que se considera pueden conducir a la violencia son bastante variados en cuanto a su naturaleza: desde las condiciones del mercado laboral, hasta la falta de vivienda, pasando por las decisiones sobre ajuste en las variables macroeconómicas e incluso la guerra fría.
El análisis de la relación entre la violencia y las condiciones sociales, económicas o políticas de una sociedad es tal vez uno de los aspectos más confusos y debatidos en la literatura sobre crimen y violencia. Se trata además de uno de los ámbitos para los cuales la evidencia empírica a partir de datos agregados es más difícil de interpretar, y menos contundente. A pesar de lo anterior, sigue siendo una de las explicaciones más influyentes para la formulación de políticas, no sólo en Honduras sino en toda América Latina.
Son diversas las fuentes de confusión alrededor de esta relación, aún a nivel teórico. La primera tiene que ver con el hecho que el impacto de las condiciones sociales y económicas sobre los incidentes violentos es diferente, y tiene el sentido opuesto, en los agresores que en las víctimas. Si bien es razonable suponer, como lo ha hecho por mucho tiempo la criminología, que para los ataques contra la propiedad la pobreza o la falta de empleo, constituyen factores de riesgo, este argumento es válido únicamente desde el punto de vista de los agresores. Para las víctimas, por el contrario, la relación es precisamente la inversa, puesto que disponen de un mayor patrimonio susceptible de ser atacado [42]. Ejercicios estadísticos realizados con encuestas de victimización muestran que, en efecto, en América Latina el perfil típico de las víctimas de los atentados contra la propiedad es el de hogares de ingresos medios y altos [43].
Para Honduras, también se observa este tipo de asociación positiva entre el ingreso de los hogares y la posibilidad de sufrir un ataque criminal. Así, con datos agregados entre ciudades o países o a lo largo del tiempo, la relación entre la delincuencia y los niveles de ingreso no sirve para contrastar la hipótesis de la pobreza como un factor de riesgo de la delincuencia contra el patrimonio.
Desde el punto de vista de los agresores contra la propiedad se cuenta en Honduras con alguna información parcial: características sobre la población reclusa [44] y por otro lado, entrevistas a delincuentes juveniles, también recluidos. Como de manera explícita se reconoce en uno de los estudios “los delincuentes estudiados provienen de hogares muy pobres, no porque sólo los muy pobres delinquen sino porque sólo a ellos tuvieron acceso” [45]. Una encuesta reciente realizada en los centros penitenciarios de SPS no sugiere que las condiciones económicas de las familias de los infractores sean útiles para predecir problemas posteriores de delincuencia. Aunque se trata en su mayoría de jóvenes de origen campesino que migraron a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, un 78% tenían, antes de delinquir, un trabajo estable. Además,
“.. el tipo de comunidad en la que crecieron es el barrio pobre (43%) y algunas familias de clase media. Eran sencillos y no tenían problemas. 35 % vivió la mayor parte de su tiempo en una aldea tranquila, pero con carencia de los principales servicios básicos, gente humilde y trabajadora … Un 13% creció en una colonia de clase media, donde los jóvenes tenía posibilidades de contar con lo necesario para vivir. Recuerdan su colonia como tranquila y de gente que trabajaba en negocios propios o eran profesionales. Únicamente un 9% caracterizo su barrio como problemático, con existencia de maras y altos índices de delincuencia y violencia” [46].
Teniendo en cuenta que sólo una baja proporción de los delitos cometidos conducen a la detención de los infractores, la información desagregada sobre características de los infractores capturados es no sólo insuficiente, por su baja representación de la población total de delincuentes, sino que se podría considerar sesgada para el análisis de la relación entre la pobreza y los comportamientos criminales. En efecto, un aspecto reconocido de las cárceles en varios países de América Latina es que en ellas la población de escasos recursos está sobre representada, por ser aquella que no cuenta con la posibilidad de contratar abogados para su defensa, factor que parece afectar la probabilidad de permanecer en la cárcel [47].
La segunda dificultad para el análisis de la relación pobreza-violencia, tiene que ver con la extensión, que desafortunadamente se ha hecho de manera automática, de un conjunto de hipótesis planteadas para los ataques contra los bienes para explicar los ataques contra las personas [48]. Si bien la información sobre los agresores de homicidio es muy limitada, el hecho de que las víctimas pertenezcan mayoritariamente a la población de menores recursos muestra la precariedad de la teoría disponible para explicar las agresiones contra las personas, de acuerdo con la cual se esperaría algún tipo de redistribución violenta, de recursos o de poder, desde las víctimas pudientes hacia los agresores pobres. A todas estas dificultades se agrega un obstáculo mayor y es el de no contar más que con datos agregados para unas teorías que se plantean a nivel del comportamiento de los individuos.
Para la violencia homicida no se da, entre las víctimas, una asociación positiva entre los ingresos y la incidencia de los ataques como la que se observa para los delitos contra la propiedad. Por el contrario, parece ser que el grueso de la violencia recae sobre jóvenes de escasos recursos [49]. Así, si los datos agregados muestran –a lo largo del tiempo o entre regiones - una relación positiva entre las tasas de homicidio y los niveles de ingreso [50], esta no puede atribuirse a un efecto de las víctimas y se puede en principio desafiar la validez de la teoría que postula una asociación negativa entre situación económica y violencia. Para Honduras, la comparación de la evolución de la tasa de homicidios a lo largo de los noventa con el indicador más corriente de las condiciones económicas, el PIB per cápita, no sirve para dar sustento a la idea de una violencia homicida causada por el deterioro económico o social. Por el contrario, durante la primera mitad de la década pasada, se observa un crecimiento simultáneo del nivel general de actividad económica y la tasa de homicidios (Gráfica 2.1).
GRAFICA 2.1
En contra de la predicción básica de la teoría, la drástica caída en las condiciones de vida que se dio a raíz del huracán Mitch no se vio acompañada de un incremento de la violencia sino que, por el contrario, coincidió con el punto en que esta última dejó de crecer como lo venía haciendo. Ejercicios similares con otros indicadores nacionales de las condiciones sociales y económicas [51] muestran el mismo patrón: un aumento sostenido en los niveles de violencia cuando los indicadores sociales mostraban signos de mejoría y una estabilización de las tasas de homicidio justamente cuando aparecieron los síntomas de deterioro de los indicadores.
La distribución de la violencia por departamentos tampoco sirve para corroborar la idea de una asociación negativa entre esta variable y las condiciones económicas, tal como predice la teoría (Gráfica 2.2). Se observa que, con excepción del departamento de Comayagua, los departamentos más atrasados muestran niveles de violencia inferiores al promedio nacional mientras que, en el otro extremo, los sitios con un mayor número de muertes violentas por habitante, como Cortés o Atlántida, se destacan por su posición favorable en términos de condiciones económicas. De hecho, la correlación entre el indicador de riqueza departamental y la violencia es ligeramente positiva (39%).
GRAFICA 2.2
Lo que se ha encontrado en algunos ejercicios sobre determinantes de la violencia a partir de comparaciones internacionales es que si bien los indicadores de pobreza no contribuyen a la explicación de las diferencias en las tasas de homicidio, los indicadores de desigualdad si lo hacen [52]. Resultados en las mismas líneas han sido sugeridos en trabajos para explicar la violencia al interior de un país [53]. Desafortunadamente, no es posible en la actualidad saber si para Honduras los datos tienden a corroborar esta relación entre violencia y desigualdad.
Un aspecto que se debe señalar sobre este resultado, que la pobreza no parece afectar la violencia pero la desigualdad si, es que ninguna de las teorías predominantes en Honduras sirve para explicarlo [54]. ¿Cuales serían, a nivel de una teoría del comportamiento individual, las razones para que un hombre joven agobiado por la precariedad de sus condiciones de vida se convierta en homicida y que, además, concentre sus ataques en hombres jóvenes como él y, aparentemente, de su misma extracción social? La respuesta que, al parecer, se ofrece en Honduras para responder a este interrogante tiene que ver con un largo proceso de aprendizaje de la violencia que empieza en la familia.
2.1.2 – LA DESINTEGRACION DE LA FAMILIA
Como explicación corriente sobre la violencia en Honduras, que se puede enmarcar en el grupo de teorías relacionadas con las condiciones sociales y económicas, vale la pena destacar la que hace referencia a las fallas de la estructura familiar.
“Las causas del problema (de las maras) son entre otras la falta de gobierno familiar y el deterioro paulatino de los valores morales y espirituales en el hogar y la sociedad. Aparte de estas dos causas hay factores que fomentan el problema ... nos encontramos con que los divorcios aumentan, la población de madres solteras aumenta” [55].
“La familia del delincuente juvenil en Honduras está conformada por la familia nuclear truncada, la cual en un 67% está organizada alrededor de la madre. De este 67% el 77% han convivido en algunas etapas de la vida de la familia con varios padrastros” [56].
“Los altos costos de la vida en esta sociedad mercantilista de falsos valores ha obligado a que Papá y Mamá tengan que trabajar. Los niños producto de todas estas situaciones crecen sin gobierno familiar, faltos de afecto, de amor y en su mente no tienen una estructura clara de autoridad que lógicamente los lleva a la rebeldía” [57].
Con la excepción de un meticuloso trabajo basado en entrevistas a delincuentes juveniles a finales de los años setenta [58], este tipo de explicación no se basa en la observación sistemática de la realidad en Honduras. La ya mencionada encuesta hecha entre la población reclusa en SPS a finales del año 2001 tampoco sirve de apoyo a la idea de las fallas en la estructura de la familia, o a los antecedentes de violencia doméstica como elementos que permitan predecir una mayor propensión a la delincuencia.
“La mayor parte de los presidiarios vivieron en un hogar integrado por el padre y la madre y donde el clima prevaleciente fue de armonía y respeto, como ellos expresaron … manifiesta el 62% que su madre era ama de casa y la recuerdan, como dedicada a sus quehaceres y al cuidado de sus hijos … En cuanto a personificar a su padre, la mayoría expresó que eran tranquilos, humildes y no recuerdan actos de violencia contra su madre. Con ellos (hijos), eran estrictos y les brindaban consejos sobre como comportarse … Lo anterior lo relacionaron con la vida en el campo donde se vive con tranquilidad y por lo general las personas son respetuosas, recalcando que en su infancia y adolescencia no había violencia en sus comunidades y actualmente si” [59].
La evidencia empírica a favor de una asociación entre los desarreglos familiares y la delincuencia adulta es importante para Norteamérica [60] e Inglaterra, lugares en dónde se han realizado estudios con cohortes de jóvenes [61]. En el resto de Europa, los resultados basados en encuestas de auto-reporte son menos unánimes al respecto [62]. La principal crítica que se hace a la tendencia a generalizar la existencia de tales vínculos [63] es la necesidad de refinar tanto el concepto de desarreglos familiares como el de conductas problemáticas de los jóvenes. Una de las tareas pendientes en Honduras, y América Latina, es contrastar este tipo de teorías con la evidencia local [64].
Por ejemplo, una de las características de la situación local que no parece adecuadamente representada en las teorías propuestas para los países industrializados, y que impone limitaciones a la hora de diseñar programas de prevención temprana, es el de la reciente y alta migración rural-urbana. El prototipo del escenario del cual surge el delincuente juvenil norteamericano, el ghetto urbano, tiene como característica implícita la baja movilidad de la población: las mismas localidades marginadas social y económicamente, aquellas con frecuentes fallas en la estructura familiar son las mismas zonas en dónde, años más tarde, aparecen las manifestaciones de problemas juveniles y los síntomas de violencia. En un municipio como San Pedro Sula, que actúa como receptor de importantes flujos de migrantes de distintas zonas del país, los problemas de delincuencia de hoy, de acuerdo con esta teoría que le asigna papel primordial a la estructura familiar, se habrían empezado a gestar en diversas zonas geográficas del país. La encuesta realizada en centros penitenciarios corrobora el escenario de individuos que se formaron en un entorno distinto a aquel en dónde se tornaron agresores [65].
2.1.3 – LAS MARAS
Aunque no siempre se hace explícita la manifestación de la violencia que se pretende explicar, se puede colegir que se trata del efecto de las disfunciones familiares sobre la delincuencia juvenil, y más específicamente sobre la participación de los jóvenes en los grupos de maras. Vale la pena un esfuerzo por resumir de manera breve el estado actual del conocimiento en materia de las relaciones entre la estructura familiar y la delincuencia juvenil. Por otro lado, también es útil analizar para Honduras la eventual relación existente entre el fenómeno de las maras y la delincuencia [66], y en particular, la violencia homicida.
Un primer aspecto que atraviesa el diagnóstico actual de las relaciones entre la estructura familiar y los mal llamados “problemas juveniles” es la tendencia a incluir dentro de esta última categoría toda una gama de comportamientos –abandono escolar, consumo de drogas, embarazo precoz, prostitución infantil, participación en bandas [67]- que requieren de un tratamiento analítico diferenciado, por tratarse de una gama de conductas distintas tanto en términos legales, como de sus causas, como de su dinámica. A pesar de lo anterior, en buena parte de la “criminología juvenil” norteamericana, fundamentalmente empírica, se siguen agrupando estas conductas bajo el término general de delincuencia “para buscar el peso de tal o tal variable sobre este ensamblaje artificial” [68]. La tendencia en los estudios longitudinales iniciados en la década de los setenta era discernir no sólo unos factores de riesgo sino encontrar un conjunto de “predictores” de la delincuencia y de la decisión de seguir una “carrera criminal”. En la actualidad, parece haber creciente acuerdo en que este virtual determinismo se debe matizar, por cuatro razones. Uno, se deben diferenciar las conductas, pues los delincuentes “duros y polivalentes” son una franca minoría [69]. Dos, parece haber no uno sino varios tipos distintos de carreras criminales [70]. Tres, buena parte de las conductas delictivas de los jóvenes se manifiestan durante la adolescencia y bajo la influencia de entornos extra familiares [71]. Cuatro, las historias de vida muestran que una fracción de las “carreras criminales” termina con la adolescencia [72].
En una revisión de más de cincuenta estudios en donde se reportaban asociaciones entre las familias disociadas y la delincuencia de los hijos, Wells y Rankin (1991) encontraron que las correlaciones estimadas variaban en magnitudes de uno a diez, sugiriendo entonces que los resultados de los estudios son altamente sensibles a los supuestos, a la metodología y a los indicadores utilizados tanto de disfunción familiar como de delincuencia. Más importante aún, encontraron que la proporción de menores infractores provenientes de familias disociadas es sistemáticamente mayor entre los casos que llegan a la justicia y se condenan jóvenes que entre los menores que auto reportan delitos. Para esta extraña anomalía de los estudios, se ha sugerido como explicación el hecho que tanto las familias disfuncionales como los jóvenes infractores se encuentran concentrados en los mismos medios desfavorecidos, y sobre todo, dentro del ámbito de actuación de los servicios sociales norteamericanos [73].
El examen de la literatura realizado por Wells y Rankin (1991) muestra que la asociación entre familia disfuncional y delincuencia de los jóvenes: (i) es débil o nula para los delitos graves, (ii) es un poco más sólida para el consumo de droga (sobre todo el de droga blanda) y (iii) es muy significativa para los “comportamientos problemáticos” (escapadas, ausentismo escolar, problemas de disciplina). Estudios realizados por fuera de los EEUU, y no incluidos en la mencionada revisión, tienden a confirmar esas tendencias [74].
Algunos datos disponibles para Honduras sobre los grupos mareros también invitan a matizar la idea de la desintegración familiar como factor determinante de la violencia. En una muestra de cerca de 500 pandilleros de Tegucigalpa y San Pedro Sula el 50% de los jóvenes provenían de hogares desintegrados, el 85% reportó que recibía buen trato de sus padres, y 44% de los entrevistados manifestaron admirar a ambos padres. Aunque para apreciaciones sólidas harían falta las respectivas cifras para un grupo de control entre jóvenes con similares condiciones económicas y no afiliados a maras, estos datos muestran que los jóvenes pandilleros provienen tanto de hogares donde están presentes ambos padres, como de aquellos en los que sólo está presente la madre [75]. Por otra parte, en las entrevistas realizadas a pandilleros no sobresalen las fallas en la estructura familiar como elemento decisivo en la decisión de ingresar a una pandilla [76].
De acuerdo con el Registro de Pandillas Juveniles en Honduras, las “formas de operar” de los mareros incluyen cuestiones tan variadas como el escándalo en la vía pública, los desórdenes, los daños materiales, la agresión, las riñas callejeras, el consumo y distribución de drogas, las violaciones, los robos, los asaltos, las amenazas de muerte y los homicidios. De cerca de 9000 jóvenes pertenecientes a las maras en la ZMVS, tan sólo el 10% podían, de acuerdo con la Policía, vincularse con problemas de amenazas serias y un poco más del 1% con las manifestaciones extremas de violencia, como el homicidio.
La revisión de cerca de 40 mil denuncias ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) [77] entre Enero de 1996 y Mayo de 1999 muestra que en sólo el 5.5% de los casos el agresor era menor de edad. Entre los casos con jóvenes acusados, tan sólo el 0.2% eran de homicidio. Las principales infracciones cometidas por adolescentes serían, de acuerdo con esta muestra de casos llevados ante la justicia, el robo y el hurto (55%), las lesiones 18%, amenazas (7%), daños a la propiedad (7%) y los delitos al pudor sexual 3%. Además, “del total de infracciones cometidas en el país por adolescentes pertenecientes a las maras estas constituyen el 3% del total de las infracciones cometidas por los adolescentes y si se comparan con el conjunto de delitos cometidos por personas menores y mayores de 18 años estas infracciones representarían el 0.17% del total de delitos realizados en el país” [78].
Sorprende bastante la baja participación de las maras en los delitos juveniles reportada en estas cifras, que no concuerda del todo con las de otras fuentes. La información agregada por departamentos sugiere una correlación positiva entre la presencia de maras y la tasa de homicidio. Con la posible excepción de Francisco Morazán, en dónde se da una fuerte presencia de maras y un bajo número de muertes violentas por habitante aparece una relación estrecha entre uno y otro fenómeno (Gráfica 2.3). Si se tienen en cuenta todos los departamentos el coeficiente de correlación es de 47%, pero el efecto no es significativo. Si se excluye de la muestra el departamento de Francisco Morazán la correlación sube al 75% y el coeficiente del efecto de las maras sobre la tasa de homicidios resulta ser estadísticamente significativo (Ecuación 2.1)
GRAFICA 2.3
2.1.4 – LA VIOLENCIA OFICIAL
También dentro de la categoría de lo que pueden denominarse las causas objetivas, un factor recurrente en las explicaciones sobre la violencia en América Latina, y en particular en aquellas sociedades que han sufrido dictaduras militares o un conflicto armado, es el de la violencia promovida por el mismo Estado bien como un mecanismo para reprimir la protesta social y favorecer los intereses del capital bien como resultado de su participación directa en actividades criminales. No son extrañas entre los analistas y los medios de comunicación Hondureños las referencias, directas o veladas, a la responsabilidad estatal en materia de violencia. Desde el detallado recuento histórico de los crímenes oficiales [79] hasta las acusaciones directas [80] o tangenciales [81], pasando por confusos argumentos [82] o lamentables manifestaciones estatales de impotencia e incluso las inculpaciones oficiales de responsabilidad [83] siguen siendo corrientes las referencias a la implicación estatal en los incidentes de violencia que dejan flotando en el ambiente un mensaje de fatalismo que implícitamente, y por defecto, conduce a la consideración de alternativas privadas de control o prevención de la violencia.
Es difícil en un área tan sensible y a veces sujeta a consideraciones ideológicas suministrar argumentos objetivos, o pretender corroborar o refutar afirmaciones con base en una evidencia que por definición es débil cuando no inexistente. Desde el punto de vista de los elementos que se deben tener en cuenta para el diagnóstico de la situación actual de violencia, vale la pena simplemente transmitir algunas opiniones de acuerdo con las cuales se puede en principio considerar desactualizada la idea de un componente importante de la violencia promovida desde el Estado hondureño.
“Los militares han sido relativamente moderados, y selectivos en el uso de la represión, evitando así la trampa (en la que sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua cayeron) de empujar grandes segmentos de la población en brazos de la izquierda extrema ... Aunque pueden comentarse las cosas más diversas acerca del comportamiento de los militares en el país, no se encontrará el salvajismo a veces masivo y a menudo indiscriminado que se encuentra en el comportamiento de sus homólogos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las violaciones a los derechos humanos eran comunes, y ocurrieron asesinatos y desapariciones, especialmente durante la era del General Alvarez. En Honduras se contaban los cadáveres por decenas (o las bajas centenas cuando mucho) y no en decenas de miles. La represión masiva no era considerada ni necesaria ni deseable” [84].
De acuerdo con Leticia Salomón, el proceso de construcción de la democracia hondureña, y el replanteamiento de las relaciones civiles-militares que se había iniciado con iniciativas aisladas del Congreso pero que tomó fuerza a raíz de varios casos de excesos de la FFAA “por implicaciones de militares en balaceras contra civiles indefensos; asesinato de campesinos en fincas de militares terratenientes; violación y asesinato de una joven estudiante que visitó uno de los batallones de la institución, etc.; y se reafirmó como tal con el sometimiento de los implicados al fuero civil; la inclusión del tema de la eliminación del servicio militar obligatorio .. la eliminación de la policía de investigación, bajo control militar desde 1963,y su sustitución por una policía de investigación criminal de naturaleza civil y subordinada al Ministerio Público; la restitución del control civil sobre instituciones del Estado acaparadas por los militares por supuestas razones de seguridad ... afirmación creciente del poder decisional del presidente de la República sobre la Fuerzas Armadas; modificación de los patrones de comportamiento castrense ... enjuiciamiento a militares por violación de los derechos humanos ... Todo esto nos arroja un balance positivo en materia de redefinición de las relaciones civiles-militares” [85] .
Así, para esta analista, a lo largo de la década de los noventa se habría dado una progresiva transformación de la inseguridad en Honduras desde un fenómeno provocado por el Estado, que se controlaba con la represión hacia un escenario dominado por la delincuencia en el cual el aspecto más destacado de la acción estatal es la insuficiencia.
Por su parte, en un trabajo más reciente sobre armamentismo y violencia en Honduras, Julieta Castellanos también plantea que en los últimos veinte años, la violencia institucional fue reemplazada por la violencia y delincuencia comunes que prevalecen actualmente [86].
En síntesis, parece razonable desechar, o por lo menos matizar, la idea de la represión oficial como elemento generador de violencia en Honduras, por cuatro razones: (i) aún en las épocas de la doctrina de la seguridad en el continente los excesos de las autoridades habrían sido menos críticos que en los países vecinos; (ii) al haberse evitado un conflicto armado no se dio la espiral represión-insurgencia-represión; (iii) la represión habría estado dirigida a favorecer el encubrimiento de actuaciones criminales y no a controlar la protesta social y (iv) se habrían adoptado a principios de los noventa los cambios legales e institucionales conducentes a un adecuado control de los organismos de seguridad por parte del poder civil.
2.2 – LA VIOLENCIA INSTRUMENTRAL Y CRIMINAL
2.2.1 - IMPUNIDAD
Entre algunos sectores de la opinión publica, y dentro de los organismos de seguridad estatales, sobresale como explicación para la violencia actual en Honduras el limitado alcance del poder disuasivo y represivo del Estado.
“En nuestro país los códigos y leyes son inaplicables para todo joven menor de 18 años, así es que la mayor parte de mareros son inimputables de sanción fuerte por sus faltas” [87].
“La ciudadanía tiene puestas su esperanza en el incremento del número de agente policiales, unos quince mil. Es preciso mucha mayor presencia policial en las calles, hoy ocupadas por la delincuencia. Pero además de la presencia de la policía, es preciso terminar, de una vez por todas, con la impunidad que cubre la mayoría de los crímenes. Este es el gran reto, el desafío para el nuevo cuerpo policial, puesto que son escasos los hechos criminales esclarecidos y sus autores entregados a la justicia. Aquí es donde radica el gran vacío, el fallo del sistema policial que es reforzado por la débil estructura de un sistema judicial que no da el ancho en estos momentos de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía hondureña. Los delincuentes y criminales se atreven a ejercer su labor disociadora porque en la mayoría de los casos no son atrapados y cuando ésto raramente ocurre las pruebas presentas en los tribunales son desvanecidas con suma facilidad” [88].
“La Policía no cuenta con un verdadero cuerpo de inteligencia, ni con un sistema efectivo para que el público denuncie posibles actividades criminales. En cuanto a la vigilancia, no existe el número suficiente de agentes de policía. El país necesita triplicar el número actual de 7,000 agentes para poder cubrir todo el territorio nacional con una proporción adecuada de agentes por habitantes. Los policías no tienen el entrenamiento adecuado ni el equipo necesario ... Por el lado de la investigación nuestra policía necesita ser reforzada para que la mayoría de las veces descubra a los culpables. Nuestros tribunales deben ser más efectivos y más severos al juzgar a los delincuentes. Nuestras leyes penales más ágiles y duras. No te-nemos un sistema penitenciario. Las cárceles más parecen corrales que centros de detención y de rehabilitación de delincuentes” [89].
En otro sector de la opinión, y sobre todo entre los analistas académicos, se señala por el contrario el imitado o nulo alcance de las medidas represivas y se recomienda hacer énfasis en la prevención no penal de las conductas violentas.
“La tendencia natural es a estimular soluciones represivas en las que el rol de la Policía y los Juzgados es central , dejando de lado acciones preventivas que son más lentas y complicadas, pero de mayor efectividad que las represivas” [90].
No vale la pena tratar de rebatir o corroborar estas dos posiciones antagónicas sin la suficiente evidencia empírica. Se puede tratar de conciliar ambas posiciones argumentando que, por lo general, se refieren a dos manifestaciones distintas de la violencia. Por una parte parecería que la primera hace referencia a la violencia adulta y en particular la que se asocia con el crimen organizado, mientras que la segunda se refiere fundamentalmente a la delincuencia juvenil o a los llamados problemas juveniles. Por otro lado, es conveniente señalar que la opinión que demanda medidas judiciales y de policía parece estarse refiriendo a la violencia que ya sucedió –por ejemplo los numerosos homicidios sin aclarar- mientras que quienes abogan por las medidas preventivas parecerían más preocupados por la violencia que podrá darse en el futuro. Esta distinción que rara vez se hace explícita, parece conveniente para matizar y complementar las opiniones: no queda claro por ejemplo, cómo se puede prevenir un homicidio ya ocurrido y ante el cual la única responsabilidad estatal es la de aclararlo y condenar a los responsables.
Sobre el tema general de la efectividad de las medidas disuasivas sobre los comportamientos criminales vale la pena señalar algunos puntos. El primero es que el grueso de los trabajos empíricos que permiten contrastar la hipótesis de la disuasión se han hecho para las sociedades desarrolladas, y en particular para los EEUU [91]. El segundo es que el interés de tales trabajos empíricos es más cuantificar una asociación entre la intensidad de las sanciones y/o la efectividad del sistema judicial y la incidencia de ciertas conductas, y no de dirimir opiniones sobre si las sanciones juegan o no algún papel. El tercero, relacionado con el anterior, es que la relevancia de tal tipo de ejercicio depende de manera crucial de la calidad del indicador que se utilice para medir el desempeño del sistema judicial. Esta limitación ha impedido, por ejemplo, el desarrollo de trabajo empírico en la mayor parte de los países de América Latina, así como el avance de estudios comparativos. El cuarto es que la función de las sanciones criminales en una sociedad van más allá de la esfera de la disuasión. El quinto es que, con la probable excepción de los países anglosajones en épocas recientes, en ninguna sociedad las decisiones críticas de política criminal se han tomado a partir de los resultados de estudios cuantitativos [92].
El tema de la efectividad de las sanciones penales como mecanismo de control de la delincuencia juvenil es todavía más complejo y está sujeto a un amplio debate aún en aquellas sociedades en donde se cuenta con la suficiente evidencia estadística para contrastar empíricamente las hipótesis [93]. En esta área, la evidencia disponible para Honduras es tan precaria que resulta difícil emitir cualquier opinión, en uno u otro sentido, acerca del efecto relativo de la disuasión sobre la prevención no penal para los infractores jóvenes. El tema de la posibilidad de rehabilitación de los jóvenes en sistemas carcelarios carentes de recursos es un aspecto crítico que invita a considerar alternativas a las sanciones.
2.2.2 – DROGAS Y VIOLENCIA
Independientemente del efecto que se le atribuya a las medidas de control penal sobre la delincuencia, si parece haber acuerdo en la literatura para señalar una estrecha asociación, por distintas vías entre la violencia y los mercados de droga.
Desde un punto de vista teórico, la distribución de drogas se asocia con la violencia porque los participantes en tal actividad, ante la imposibilidad de proteger legalmente los derechos de propiedad y los contratos recurren a la violencia y a las amenazas. La ilegalidad de las drogas hace que formas tradicionales de competencia como la publicidad o las estrategias de precios sean más difíciles de utilizar. En su lugar, la violencia es uno de las principales medios utilizados para dominar los mercados y expulsar a los competidores. También se ha argumentado que la presencia continua de este sector ilegal erosiona el respeto por la ley en los territorios en dónde operan los traficantes.
Empíricamente, la información disponible a nivel internacional y para ciertos países sugiere un vínculo causal entre el tráfico ilegal y los altos índices de violencia. En un estudio econométrico para explicar las diferencias en los niveles de violencia en una amplia gama de países se encuentra una asociación positiva, y estadísticamente significativa, entre las tasas de homicidio y los indicadores disponibles sobre tráfico de drogas [94]. En el mismo trabajo, por el contrario, se desvirtúa la asociación que normalmente se postula entre el mercado de drogas ilícitas y los atentados contra la propiedad.
En el mismo sentido, la experiencia de los EEUU es bastante reveladora. Al analizar la serie de homicidios per cápita en los últimos 100 años se observan dos períodos durante los cuales se dieron niveles excepcionalmente altos: los años de la prohibición (entre 1920 y principios de los años 30) cuando la venta de alcohol se hizo ilegal y la década desde principios de los años 80 cuando la venta de cocaína y de “crack” florecieron en el mercado americano. Al acabarse la prohibición la tasa de homicidio descendió a sus niveles históricos. El reciente incremento en el comercio de “crack”, cuya distribución callejera estuvo dominada por jóvenes negros, también se dio asociado con una explosión de violencia. Entre 1985 y 1991, las tasas de homicidio para hombres negros entre 18 y 24 años se triplicó, de acuerdo con los datos de la oficina de Estadísticas Judiciales de los EEUU. Se ha sugerido que estos homicidios estuvieron bastante concentrados entre los distribuidores de droga, mientras casi todos los demás segmentos de la población norteamericana mostraron durante ese período tasas de homicidio decrecientes [95].
La experiencia colombiana también sugiere una estrecha relación entre el tráfico de drogas y la violencia extrema. El período de mayor incremento en la tasa de homicidios, a principios de los años ochenta, coincide con la época durante la cual la exportación de cocaína se estaba expandiendo y distintos grupos luchaban por el control de los mercados. Las dos regiones colombianas que recientemente han mostrado las mayores tasas de homicidios, Valle y Antioquia, han sido las sedes tradicionales de carteles de la droga [96]. El análisis detallado de la localización de la violencia al interior de las principales ciudades colombianas también sugiere una estrecha asociación entre la tasa de homicidios y la presencia de organizaciones criminales [97]. Para Medellín, por ejemplo, se ha estimado que cerca del 80% del incremento en la tasa de homicidios en los años ochenta puede ser atribuido al incremento de la actividad del narcotráfico [98]
3 – RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
3.1 – ENCUESTA A EMPRESAS
3.1.1 - LAS MEDIDAS DE PREVENCION
Más de las tres cuartas partes de las empresas de la muestra (77.9%) señalan que la Policía no presta servicio de vigilancia. Cuando sí se recibe este servicio en un 9% de los casos se acepta pagar algo, o dar propinas o regalos, para lograrlo. Un porcentaje igual al de las empresas que señalan no recibir vigilancia policial reporta tener contratados servicios de vigilancia privada. A pesar de lo anterior, el recibir o no vigilancia por parte de la Policía no parece afectar la decisión de contratar servicios privados. El número de personas dedicadas a las labores de vigilancia es importante, con un promedio levemente superior a siete entre las empresas que cuentan con ese servicio. En promedio los vigilantes constituyen la décima parte de la fuerza laboral del total de las empresas de la encuesta, y un poco menos del 14% de aquellas que cuentan con ese servicio [99]. Casi la totalidad de los vigilantes (96%) están armados.
El 78.2% de los locales cuenta con rejas, cerraduras extras, muros o puertas de seguridad. Un poco más de la mitad (54%) tienen algún tipo de alarma, el 80% paga seguros contra robo por los bienes y vehículos de la empresa, y el 38.7% asegura la mercancía que transporta. El 39% utiliza servicios especializados para el transporte de dinero efectivo o valores. Un poco más de la quinta parte de las empresas (22.6%) admite haber cambiado los horarios de trabajo o de atención al público por razones de inseguridad, y una de cada cuatro ha alterado sus prácticas comerciales o de mercado por tal tipo de consideraciones. Entre las empresas que distribuyen productos a distintas zonas de la ciudad, un nada despreciable 27% ha dejado de atender algunos mercados por motivos de seguridad.
El 40% de las empresas manifiesta tomar precauciones especiales en sus traslados de productos o prestación de servicios para no ser víctima de un ataque criminal. Entre este grupo la alternativa preferida, de lejos, es la de contratar guardias de seguridad o escoltas para los vehículos.
3.1.2 - GASTO EN SEGURIDAD
Un poco más de la mitad de las empresas (52%) pudieron estimar el monto global de su gasto en seguridad. El promedio reportado por estas empresas es ligeramente superior a las Lps 78 mil, con un promedio, por trabajador empleado, de Lps 1257. Como cabría esperar, este gasto total en seguridad está estrechamente relacionado con el tamaño de las empresas, medido por el número de empleados.
De hecho, lo que se podría denominar la elasticidad del gasto en seguridad al tamaño, o sea el incremento porcentual en tal tipo de erogaciones por un incremento del 1% en el número de empleados, es muy cercano a la unidad: si la empresa duplica su tamaño, duplica su gasto en seguridad.
No se observan economías de escala para los gastos de seguridad en el sentido que las empresas más grandes inviertan menos que proporcionalmente que las pequeñas en vigilancia y prevención.
3.1.3 - INSEGURIDAD Y VICTIMIZACION
Las tres cuartas partes de las empresas de la muestra consideran que la situación de inseguridad que enfrentan se ha empeorado en los dos últimos años. Una de cada cinco considera que continúa igual y tan sólo el 3% piensa que las cosas han mejorado.
Con relación a la naturaleza de las preocupaciones, un poco más de la tercera parte de las empresas manifestaron que la principal era el robo o ataque a lo empleados. El segundo lugar lo ocupa el secuestro, con un impresionante 25% de las empresas que lo señalan como su principal temor (Gráfica 3.1.1).
GRAFICA 3.1.1
Más de la mitad (56.9%) de las empresas de la muestra sufrieron algún tipo de ataque criminal en los doce meses anteriores a la encuesta. El tipo de ataque que en mayor proporción sufrieron las empresas fueron los atentados no violentos contra el patrimonio, al interior de las instalaciones de la empresa [100]. Sin embargo, un porcentaje no despreciable de las empresas (27%) sufrieron ataques violentos [101] contra la propiedad ocurridos por fuera de sus instalaciones. El incidente que con mayor frecuencia se reporta es el del robo al local sin violencia, sufrido por el 21% de las empresas, seguido del robo de vehículo, también sin violencia, que afectó al 17% y del fraude de empleados reportado por el 16%.
Por otra parte, algunas de las empresas de la muestra reportan ciertos incidentes que, por razones de su trabajo, afectaron a gente vinculada a la empresa en e último año. En ese sentido, sobresalen las “amenazas, extorsión o chantaje” señalados por un 8% de las empresas de la muestra, seguidas de las agresiones físicas leves (6%), los incidentes de corrupción (2%) y el hecho de haber sido “irrespetado, agredido o amenazado” por algún miembro de la Policía.
Un nada despreciable 12.8% de las empresas de la muestra reporta haber sufrido, no en el último año sino “alguna vez”, un ataque muy serio –secuestro, agresión física grave, homicidio- en contra de alguien vinculado a la empresa. El número total de agresiones graves reportadas -que puede estar ligeramente subestimado puesto que para cada empresa se registró sólo la última- es de 28, de las cuales hay 13 secuestros, 6 agresiones físicas y 9 homicidios. El grueso de tales ataques extremos, 20 de ellos, se concentra en el año 2001. Si bien la boleta aplicada para la encuesta contemplaba esa posibilidad, no se reportó ningún caso de violación de derechos humanos. La manera como se hizo la pregunta sobre incidentes de violencia extrema no permite calcular la incidencia de tal tipo de ataques. A pesar de lo anterior, no debe dejar de señalarse como algo verdaderamente preocupante, que se reporte un número mayor de secuestros que de homicidios.
Las empresas que fueron víctimas lo fueron de manera repetida. Para la mayoría de los incidentes considerados en la encuesta el promedio de veces que se dio el ataque, entre las empresas que fueron víctimas, es cercano a dos. Para ciertos incidentes, la repetición de los ataques es superior. Se destaca el hurto por parte de los clientes que alcanza un promedio de 6.7 veces, seguido del robo de mercadería transportada (4.3) y del hurto por parte de terceros (3.5). Los incidentes contra los empleados de las empresas, en razón de su trabajo, no sólo fueron menos frecuentes sino que, cuando se dieron, se repitieron menos.
El monto promedio de las pérdidas varía sustancialmente de acuerdo con la naturaleza de incidente. La mayor suma se observa para los robos con violencia a los locales (Lps 345 mil) seguidos de los robos de vehículos (Lps 180-189 mil) y del robo de mercadería transportada [102].
Las pérdidas totales por empresa por efecto de los ataques criminales en el último año varían entre Lps 600 y 2 millones. La distribución de las pérdidas, con un promedio de Lps 227 mil, está concentrada en los valores bajos. La mediana se encuentra en Lps 116 mil y en las dos terceras partes de los casos las pérdidas son inferiores al promedio observado para todas las empresas.
Las pérdidas totales sufridas por las empresas aparecen casi independientes de su tamaño, medido por el número de trabajadores. Así, como proporción de los costos operacionales la inseguridad está afectando a las empresas pequeñas más que proporcionalmente que a las grandes. En efecto, si se utiliza el único indicador del tamaño de las empresas disponible en la encuesta, el número total de trabajadores, se observa que las pérdidas por ataques criminales por cada trabajador empleado muestran una asociación negativa, y relativamente estrecha, con el tamaño de las empresas. La magnitud de esta diferencia no es para nada despreciable. La relación entre lo que pierden, por unidad de trabajo empleada, las empresas más pequeñas –menos de 10 trabajadores- es cerca de ocho veces superior a lo que pierden las más grandes (Gráfica 3.1.2).
GRAFICA 3.1.2
Los datos de la muestra sugieren una leve asociación entre las pérdidas por ataques criminales y los gastos en seguridad, pero con un signo contrario al esperado: a mayor gasto en seguridad, mayores las pérdidas [103].
Si como una primera aproximación a los costos que impone la criminalidad sobre las empresas se suman las pérdidas por ataques en el último año y los gastos en prevenirlos se observa que dichos costos totales tienden a ser mayores para las empresas grandes. Sin embargo, los costos por unidad de trabajo empleada, a pesar de la asociación positiva entre tamaño de las empresas e inversión en seguridad, sigue siendo mayores en las unidades más pequeñas.
3.1.4 - LAS DENUNCIAS [104]
No todos los ataques criminales que afectan a las empresas llegan a conocimiento de las autoridades por medio de una denuncia. En general, la tendencia a denunciar depende antes que nada de la naturaleza del incidente [105]. Lo que se observa es que el delito con mayor probabilidad de llegar a conocimiento de las autoridades (con el 95% de empresas que lo reportan cuando lo han sufrido) es el robo de vehículo con violencia. Le siguen en importancia el robo de vehículo sin violencia (89%), y el robo de local, con violencia (77%) y sin violencia (67%).
En el otro extremo, el incidente con menor probabilidad de ser denunciado es la sustracción de objetos del vehículo (27%) seguido del hurto por los clientes (32%). Con la excepción de los robos con violencia a los locales, que presentan una baja tasa de denuncias para el alto monto económico envuelto en tales ataques, se observa una asociación positiva entre la tendencia a denunciar y las pérdidas producidas por los ataques delictivos. A pesar de lo anterior, no debe dejar de señalarse el hecho que, a la hora de denunciar los ataques criminales, parece haber cierta inercia dentro de las empresas para tomar tal decisión. Así, el monto de las pérdidas por un ataque criminal no sería el único factor que afecta la decisión de denunciar, puesto que, para ciertos incidentes criminales es significativo el porcentaje de empresas que deciden denunciarlos todos y, en el otro extremo, no es despreciable la proporción que decide no denunciar ninguno. En ese sentido se podría señalar la existencia de ciertos hábitos, o costumbres, a la hora de acudir a las autoridades para denunciar los delitos y que tendrían que ver con factores como el cobro de los seguros.
De cualquier manera, las tres cuartas partes de las empresas que fueron víctimas de una ataque criminal reportan haber denunciado el que consideran el más grave de esos ataques. Entre las empresas que señalan no haber denunciado ni siquiera el incidente que perciben como más grave, sobresale como razón que “el asunto no era importante” (34%). Entre las que, por defecto, consideraron que el asunto era suficientemente grave como para denunciarlo pero que aún así no lo hicieron, se destacan como razones para no denunciar la impresión de falta de interés por parte de la Policía (42%) y la “falta de pruebas” (16%). Ninguna de las empresas dio como motivo para no denunciar el incidente considerado más grave el temor a las represalias.
De lejos, la autoridad preferida por las empresas para elevar denuncias es la DIGC, a donde llegaron casi tres de cada cuatro de los ataques criminales denunciados. Las demás autoridades –Policía preventiva, Fiscalía, Juzgados y otras- se reparten por partes similares el resto de los incidentes denunciados.
En casi la cuarta parte (239%) de los casos que llegaron a conocimiento de las autoridades las empresas afectadas reportan haber identificado al agresor en el momento de la denuncia. En la mayor parte de los casos denunciados los afectados consideran infructuoso el curso que se le dio al proceso por parte de las autoridades. Si se suman aquellos casos en los cuales ante la pregunta ¿qué pasó con la denuncia? se responde que “nada” con aquellos en los cuales la apreciación es “no resolvieron nada” se llega a las dos terceras partes de los incidentes denunciados. El 17.6% de los casos se consideran pendientes, y en tan sólo uno de cada diez se considera que el caso se resolvió favorablemente para los afectados, puesto que se logró detener al agresor.
Es interesante observar que el hecho que los afectados hayan identificado al agresor desde el momento de la denuncia contribuye a que el caso se aclare y el atacante sea detenido. En efecto, mientras que entre los incidentes en los cuales los denunciantes habían aportado a la denuncia la identificación del agresor se resolvió satisfactoriamente uno de cada cinco, para aquellos casos en los que las víctimas no aportaban tal información la tasa de esclarecimiento se reduce al 7%. A pesar de lo anterior es necesario reconocer un aporte de las autoridades en las tareas de investigación criminal ya que, entre los nueve casos en los cuales se logró detener al atacante, en más de la mitad no se había dado el aporte de los afectados en cuanto a la identidad de la víctima en el momento de la denuncia [106] .
3.1.5 - EL IMPACTO GLOBAL DE LA VIOLENCIA SOBRE LAS EMPRESAS
Con el objeto de tener una idea sobre la percepción global del efecto de las distintas manifestaciones de la inseguridad sobre las empresas, al final de la encuesta se solicitaba a quien respondió el cuestionario, una calificación de la magnitud de tal impacto, bajo la convención que, en una escala creciente entre 0 y 10, la calificación de 0 equivalía a “ningún tipo de impacto” y la de 10 a “determinante de cualquier decisión”.
En términos del “funcionamiento corriente de los negocios”, un impresionante 18% de las empresas considera que la inseguridad es un factor determinante de cualquier decisión. En el otro extremo, el 14% de las empresas reportan que la inseguridad no tiene ningún efecto sobre la marcha cotidiana de los negocios. De cualquier manera, tres de cada cuatro de las empresas de la muestra e asignan una calificación de 5 o más al efecto de la inseguridad sobre el devenir corriente de sus actividades.
La percepción del efecto de la inseguridad sobre la marcha de los negocios parece independiente del tamaño de la empresa. Tanto la calificación promedio, como la proporción de empresas que asignan las calificaciones extremas no varían mucho a lo largo de la escala de tamaño de las empresas. La calificación tampoco difiere mucho entre las empresas de distinta actividad principal –industria, comercio o servicios- .
Por el contrario, el hecho de que la empresa haya sido víctima de un ataque criminal en el último año si muestra un efecto sobre la calificación que se hace del efecto de la inseguridad sobre la marcha de los negocios. La naturaleza del incidente también altera esa calificación. En particular, se destacan como incidentes el robo de vehículo con violencia y, por otro lado las agresiones por parte de la Policía [107]. Por otro lado, el número de ataques que sufren las empresas también parece tener capacidad para alterar la calificación del efecto de la inseguridad sobre el funcionamiento de los negocios.
En el ámbito de las decisiones de inversión las calificaciones sobre el efecto de la inseguridad aparecen más divididas y un poco más concentradas en los extremos. Aumenta tanto la proporción de empresas que considera la inseguridad como un elemento determinante de todas las decisiones de inversión (sube al 26%) como, en menor medida, la de aquellas que la consideran algo completamente irrelevante para la toma de decisiones de inversión. La calificación del efecto de la inseguridad sobre los planes de inversión tampoco depende del tamaño de la empresa, o de su actividad principal. Con relación a la manera como un ataque criminal influye sobre la calificación del efecto de la inseguridad sobre los planes de inversión, se destaca de nuevo el robo de vehículos con violencia. Le siguen en importancia el fraude por parte de terceros, los hurtos de los clientes, las amenazas o extorsiones y las agresiones físicas a los empleados [108].
En cuanto a la percepción del efecto del crimen organizado sobre la empresa, la distribución de las calificaciones, en la misma escala de gravedad creciente entre 0 y 10, está bastante concentrada en los valores extremos. Así, una de cada tres de las empresas en la muestra considera que el crimen organizado es un factor determinante de todas las decisiones de la empresa. Por otra parte, una de cada seis empresas califica de nulo este efecto. De nuevo, la calificación del efecto del crimen organizado sobre las empresas es similar a lo largo de la escala de su tamaño. De acuerdo con las respuestas de las empresas sobre la manera como el crimen organizado las afecta se deduce que se trata de grupos dedicados a los secuestros y los asaltos y no al tráfico de drogas.
El fenómeno de las maras muestra tener poca repercusión sobre las condiciones de inseguridad de las empresas. Más del 40% de las empresas se consideran totalmente ajenas a cualquier tipo de influencia de los grupos mareros. Curiosamente, las empresas que, en promedio, se consideran más afectadas por las maras se sitúan en los dos extremos de la escala de tamaño, y parecería haber una escala intermedia, entre los 30 y los 60 empleados que hace mínimo el impacto negativo de estos grupos sobre los negocios (Gráfica 3.1.3).
GRAFICA 3.1.3
Esta relación cóncava entre el tamaño de las empresas y la percepción del impacto de las maras se observa no sólo a partir de la calificación promedio sino del porcentaje de empresas que consideran a las maras determinantes de todas las decisiones o, en el otro extremo, como un fenómeno irrelevante. A diferencia del impacto del crimen organizado, que de acuerdo con las empresas, tiene que ver con cuestiones como los secuestros o los asaltos, el principal efecto negativo de las maras está relacionado con los hostigamientos y los ataques a los empleados.
3.2 – ENCUESTA A LOS HOGARES [109]
3.2.1 - VIGILANCIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS
La mitad de los hogares (50.1%) reporta que en su zona la Policía Preventiva presta servicio de vigilancia. Esta proporción decrece ligeramente con el ingreso: mientras en el quintil más bajo la fracción es del 57% en el más alto se reduce al 47%. Las diferencias en la percepción del servicio de vigilancia policial son aún más marcadas entre las localidades. En Villanueva el 80% de los hogares manifiesta que en su zona se recibe tal servicio, mientras en San Manuel tal porcentaje alcanza apenas el 14%. Son francamente minoritarios (2.6%) quienes reportan que el suministro de servicios de vigilancia por parte de la Policía se alcanza mediante el pago de propinas o regalos.
Menos de uno de cada diez de los hogares (8.7%) reportan la contratación de servicios de vigilancia privada. El acceso a este tipo de servicio está estrechamente relacionado con el nivel de ingreso promedio: mientras en el quintil más bajo tan sólo el 5% de los hogares reportan la contratación privada de vigilancia, en el quintil más alto tal porcentaje llega al 17% (Gráfica 3.2.1).
GRAFICA 3.2.1
También para la vigilancia privada se observan importantes diferencias por localidades. En San Manuel el porcentaje de hogares beneficiarios alcanza el 18% mientras en lugares como Omoa, Potrerillos o Santa Cruz de Yojoa ninguno de los hogares manifiesta que tiene acceso a tal tipo de servicio. Contrariamente a lo que se observa a nivel de los hogares, en dónde los estratos bajos gastan menos en seguridad privada y reciben un poco más de vigilancia policial, por áreas geográficas la vigilancia privada no aparece como un sustituto de la que brinda la Policía Preventiva. Aunque el municipio que reporta menos cubrimiento por parte de la Policía es el que presenta mayor porcentaje de hogares con vigilancia privada, para el resto de localidades la asociación entre uno y otro servicio no es tan clara.
El pago promedio por concepto de vigilancia entre todos los hogares de la muestra no alcanza a ser el 0.6% de los ingresos. Entre quienes contratan tal tipo de servicio el gasto equivale al 7.7% de los ingresos familiares.
La adopción de distintas medidas preventivas para proteger la vivienda contra un ataque criminal varía considerablemente dependiendo tanto del tipo de medida como del nivel de ingreso. De las cinco opciones preventivas consideradas en la encuesta –alarma, cerraduras o candados especiales, tener la casa cerca, los muros altos o alambrados el perro vigilante o el seguro contra robo- casi la totalidad de los hogares (87.3%) reportaron tomar al menos una de ellas (Tabla 3.2.2).
TABLA 3.2.2
En el otro extremo, tan sólo el 0.3% de los hogares reportaron una prevención total basada en la adopción de todas las medidas. Además tales hogares se concentran en los niveles más altos del ingreso. En términos generales la adopción de medidas preventivas está positivamente asociada con los niveles de ingreso. La medida de prevención más generalizada, adoptada por casi las tres cuartas partes de los hogares, es la de tener la casa cercada. Le sigue en importancia, con una tasa cercana al 50%, el perro para vigilar que es, además, la medida cuya importancia varía menos con el nivel de ingreso. Lo menos corriente, y lo que presenta mayores diferencias de acuerdo con el ingreso, es la instalación de alarmas, que se hace únicamente en el 0.3% de los hogares de ingreso más bajo y en el 6.5% de los de mayor estrato, con un promedio del 2.5%.
La efectividad de estas medidas para prevenir un robo en el lugar de residencia es precaria. En efecto, sin tener en cuenta otros posibles elementos que afectan la probabilidad de sufrir un ataque criminal en el sitio de habitación, se encuentra que el único factor con algún poder para disminuir los chances de un robo en la casa sin violencia es la vigilancia de la Policía Preventiva, que reduce esa probabilidad, de manera estadísticamente significativa, en un 25%. Sorprendentemente, el contar con muros altos o alambrados se asocia con un incremento de la probabilidad de una ataque no violento a la residencia en un 50% [110]. Un efecto perverso similar, aunque menos significativo en términos estadísticos, se observa para la vigilancia privada, o la contratación de seguros contra robo, que parecen aumentar la probabilidad de un robo en la residencia. [111]. Aunque de manera no significativa en términos estadísticos, se observa que los apartamentos son, con relación a las casas, más inmunes a los robos. La instalación de alarmas también parece disminuir esa probabilidad, aunque de manera poco significativa (Ecuación 3.1).
La adopción de las distintas medidas preventivas contribuye aún menos a la explicación de los robos con violencia en el sitio de habitación (Ecuación 3.2) [112].
3.2.2 - LA SENSACION DE INSEGURIDAD EN EL DOMICILIO
Un poco menos de la tercera parte de los hogares de la muestra (30.5%) se sienten muy seguros dentro de su casa, y tan sólo un 14% se siente muy inseguro. Aunque la sensación de extrema seguridad no parece directamente relacionada con el ingreso, la de extrema inseguridad si se da menos en los estratos más altos (Gráfica 3.2.3).
GRAFICA 3.2.3
Por localidades se observan diferencias en la sensación de inseguridad en la casa mucho más marcadas. De lejos, el municipio más favorable en términos de la sensación de seguridad en el hogar es San Francisco de Yojoa, en dónde el 54% de los hogares manifiestan sentirse muy seguros mientras tan sólo el 2% dicen sentirse muy inseguros. En el otro extremo, en Quimistan, son similares los porcentajes de quienes se sienten muy seguros y aquellos que se sienten muy inseguros.
El hecho de haber sido víctima de un robo en la casa afecta negativamente la sensación de seguridad, que disminuye en un 36% la probabilidad de sentirse muy seguro. También afectan negativamente esta sensación y de manera estadísticamente significativa, un indicador alto de presencia de maras en la zona [113].
El tener muros altos alambrados, que como se vio se asocia positivamente con la probabilidad de sufrir un ataque en la casa, ni siquiera contribuye a una sensación de mayor tranquilidad pues, por el contrario, reduce la probabilidad de sentirse muy seguro. Por otra parte, contribuyen positivamente a la sensación seguridad el contar con vigilancia de la Policía Preventiva que aumenta en un 20% la probabilidad de sentirse muy seguro -mientras que los servicios de vigilancia privada no muestran ningún efecto significativo- el contar con cerraduras o candados especiales, con un impacto similar al de la Policía, y un efecto local muy marcado –adicional a los y mencionados y a un posible efecto ingreso- de vivir en San Francisco de Yojoa o en Villanueva (Ecuación 3.3).
Curiosamente, los factores que contribuyen a la sensación de plena tranquilidad en el domicilio no son los mismos que determinan el sentirse muy inseguro (Ecuación 3.4). Mientras que tanto el haber sido víctima de un robo en la casa como una alta presencia de maras en la zona siguen siendo factores que contribuyen a sentirse muy inseguro en casa, la vigilancia de la Policía, o la disponibilidad de alarmas, cerraduras o candados especiales, dejan de ser elementos que ayudan a explicar la sensación de extrema inseguridad. Por el contrario, aparece como nuevo elemento un indicador de presencia de crimen organizado y otro elemento puramente regional, vivir en Santa Cruz de Yojoa o en Santa Rita.
En otros términos, los datos de la encuesta sugieren no sólo que los elementos que afectan la sensación de tranquilidad son algo distintos de aquellos que determinan la de extrema inseguridad sino que, peor aún, parecen escasos los mecanismos disponibles a nivel privado para hacer que los hogares que se sienten en extremo inseguros dejen de estarlo. Así, por ejemplo, tanto la vigilancia de la Policía como ciertas medidas de precaución en la vivienda pueden contribuir a que un hogar pase de sentirse seguro a muy seguro. Esas mismas medias, sin embargo, no muestran la capacidad para que un hogar que se sienta en extremo inseguro pase a sentirse medianamente tranquilo. Varias de las variables disponibles ayudan a explicar por qué un hogar puede pasar a sentirse muy inseguro en su casa: el haber sufrido un robo, la presencia de maras o de crimen organizado. Para compensar el efecto de eso factores de inseguridad no parece haber una disponibilidad muy grande de alternativas dentro del mismo hogar.
3.2.3 - LA PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL BARRIO
Las calles del barrio se perciben en promedio como un lugar menos seguro que el lugar de habitación. Así, mientras que el porcentaje de hogares que se sienten muy seguros en su casa era superior, casi el doble, del de aquellos que se sienten muy inseguros, y esto era cierto en todos los niveles de ingreso, y en la totalidad de los barrios incluidos en la muestra, para la percepción de inseguridad en el barrio la situación se revierte. Además, cambia el perfil por ingresos: es en los estratos más bajos de ingreso en dónde se observa tanto un mayor porcentaje de hogares que se sienten muy seguros en las calles de su barrio como la menor proporción de los que se sienten my inseguros. La mayor diferencia entre los muy inseguros y los muy seguros se observa en los niveles medios del ingreso (Gráfica 3.2.4).
GRAFICA 3.2.4
A nivel de las localidades sobresale de forma aún más marcada San Francisco de Yojoa, que es prácticamente el único municipio en el cual se observa una diferencia, además importante, entre quienes están tranquilos en su barrio y quienes se sienten muy inseguro (Gráfica 3.2.5).
GRAFICA 3.2.5
El 18% de los hogares de la muestra manifiesta haber dejado de trabajar o estudiar por temor a ser víctima de un ataque criminal. Estos cambios en la carrera laboral parecen independientes del nivel de ingresos. Por el contrario, presentan importantes diferencias dependiendo del municipio en dónde viven las personas. Así, mientras en localidades como San Manuel, en uno de cada cuatro de los hogares de la encuesta se reporta un cambio en los planes laborales o de educación por razones de inseguridad, en sitios como Omoa o San Francisco de Yojoa tal proporción no supera el 5%. Esta decisión depende tanto del hecho de haber sido víctima de un ataque criminal, que multiplica por 2.5 la probabilidad de abandonar trabajo o estudio, como de la percepción de inseguridad en el barrio. Las personas que se sienten muy inseguras en las calles de la zona dónde residen son dos veces más propensas a tomar tal decisión (Ecuación 3.5). De nuevo se observan unas marcadas peculiaridades regionales. Por ejemplo, el hecho de vivir en ciertos municipios, como San Manuel, aumenta de manera significativa la probabilidad de abandonar el trabajo o el estudio por consideraciones de inseguridad, aún después de filtrar por el efecto de la sensación de inseguridad.
Casi las dos terceras partes de los hogares de la muestra, de manera relativamente independiente de su nivel de ingreso, manifiestan evitar ciertos sitios en su camino al lugar de trabajo o estudio.
El 8.1% de quienes respondieron la encuesta declara andar normalmente armado al salir de su casa. Esta proporción es bastante mayor entre los hombres (11.2%) que entre las mujeres (3%) pero no depende de la edad de quien responde. Además, la propensión a andar armado está positivamente asociada con el nivel de ingreso: mientras el 5% de los hogares del quintil más bajo de los ingresos sale armada de su casa, en el quintil más alto la proporción ha aumentado al 12.9% (Gráfica 3.2.6).
GRAFICA 3.2.6
Por otra parte, no parece depender el nivel educativo También en esta dimensión se observan diferencias sustanciales entre las localidades. El municipio con mayor proporción de personas armadas es El Negrito, con un 18%. En el otro extremo en La Lima ninguna de las personas encuestadas reveló la costumbre de andar armado (Gráfica 3.2.7).
GRAFICA 3.2.7
Sorprende un poco que la decisión de portar armas parezca independiente de la percepción de inseguridad reportada por los hogares. Por el contrario, aunque de forma leve, se observa una mayor propensión a andar armado entre las víctimas de algún ataque en el último año. En síntesis, la decisión de portar armas al salir de la casa parece depender del género de la persona, siendo cerca de cuatro veces mayor la probabilidad de hacerlo entre los hombres, del nivel de ingreso –el paso de cualquier quintil al superior implica un aumento del 25% en la probabilidad de salir armado- y de un efecto local: con relación a la de los demás municipios en Santa Cruz de Yojoa la proporción de personas armadas se multiplica por 2.5, en Petoa por 2.7 y en El Negrito por 4.2 (Ecuación 3.6) [114].
La mitad (51.8%) de los hogares de la muestra consideran que el peligro de verse afectados por la violencia se ha incrementado en los últimos tres años. Un poco más de la tercera parte opinan que la situación ha permanecido constante y tan sólo 12.7% de las personas sienten una mejoría en el panorama de seguridad. La percepción de deterioro en materia de la seguridad es ligeramente inferior entre las mujeres y parece positivamente asociada con el ingreso. Mientras en el quintil más bajo el 46% de las personas opinan que el peligro de vese afectado por la violencia se ha incrementado, en los niveles más altos la proporción llega al 57%. El perfil es aún más marcado de acuerdo con el nivel educativo de quien responde la encuesta.
Existe una asociación entre la sensación de inseguridad en las calles del barrio y la percepción de que los peligros de verse afectado por la violencia han aumentado. Entre quienes se sienten muy inseguros la proporción que cree ha habido un deterioro en el clima de violencia es del 62%. Por el contrario, entre quienes se sienten muy seguros en su barrio la cifra es del 37%. Entre las víctimas de un ataque criminal en el último año la fracción que cree que las condiciones de seguridad se han deteriorado es superior en cerca de 14 puntos.
Aunque de manera menos marcada que para otras percepciones de inseguridad, se observan diferencias importantes entre las localidades en la percepción de la evolución de la situación de inseguridad en el último trienio. En particular, se destaca San Francisco de Yojoa por la baja participación de quienes piensan que la situación ha empeorado.
3..2.4 - VICTIMIZACION DE LOS HOGARES
En el año anterior a la encuesta el 28.2% de los hogares de la muestra fueron víctimas de algún tipo de ataque criminal [115]. El 21% de los hogares reportaron ataques al patrimonio del hogar –casa o vehículo de transporte-. Para los ataques a la propiedad el hogar, el 5% de los hogares se vio afectado por uno violento, mientras que el 19% sufrió un ataque no violento. Entre estos últimos, la mayor parte se dio en la casa. Mientras que los ataques violentos a la propiedad, fundamentalmente a los vehículos de transporte, ocurrieron más fuera del sitio de residencia (Gráfica 3.2.8).
GRAFICA 3.2.8
Aunque es difícil establecer criterios para comparar la victimización de los hogares con la de las empresas no deja de llamar la atención el hecho que, para todos las categorías de incidentes criminales consideradas en la encuesta la proporción de víctimas entre los hogares es sistemáticamente inferior a la que se observa entre las empresas. También se observa una marcada diferencia en términos del número de veces que se repiten los ataques. Esta comparación, por imprecisa que pueda ser, sugeriría cierto grado de sofisticación en la búsqueda de beneficios económicos por parte de los atacantes.
La desagregación de los ataques criminales a los hogares muestra que el incidente más relevante parece ser el robo a la casa sin violencia, que afectó al 13% de las familias en el año anterior a la encuesta, seguido del robo de bicicleta, también sin violencia, del cual fueron víctimas el 6% de los hogares (Gráfica 3.2.9).
GRAFICA 3.2.9
Aunque para este incidente, el robo sin violencia en la casa, la ZMVS resulta desfavorecida en una comparación internacional [116], no se debe ignorar el hecho que las características locales, con una alta proporción de casas individuales es diferente del lugar típico donde se han hecho las demás encuestas, aún las de América Latina, más urbanizado y con una mayor proporción de apartamentos y viviendas multifamiliares (Gráfica 3.2.10).
GRAFICO 3.2.10
Para otros ataques que permiten hacer algunas comparaciones, no resulta demasiado desfavorable la situación de la ZMVS. Para el robo de vehículos, por ejemplo, aún tomando para la ZMVS la tasa observada en el quintil más alto de los ingresos se observa una incidencia inferior al promedio para América Latina y similar a la de Costa Rica [117] (Gráfica 3.2.11). De hecho, la tasa de robo de vehículos para América Latina es muy similar a la que se observa en la ZMVS para el robo de bicicletas.
GRAFICA 3.2.11
En materia de ataques contra las personas, por fuera de la casa, sobresalen los robos sin violencia, de dinero u objetos personales, que afectaron al 7% de los jefes de hogar, seguidos de los atracos o asaltos a mano armada, para los cuales la proporción de víctimas en la muestra es del 4%. Parece claro que, por la forma como se hizo la encuesta [118], la población más joven está subrepresentada y es esta la razón por la cual incidentes como las agresiones físicas o los ataques sexuales presentan una incidencia tan baja.
Tampoco para los asaltos o atracos [119] se destaca la ZMVS por una ocurrencia alta para los estándares de otras sociedades. La tasa se sitúa casi en la mitad del promedio para América Latina, es muy inferior al de lugares como Colombia –la encuesta ICVS se hizo en Bogotá- o Brasil. Sorprendentemente, se observa una tasa inferior aún a la de Costa Rica (Gráfica 3.2.12).
GRAFICA 3.2.12
3.2.5 - LAS PERDIDAS POR EFECTODE LA DELINCUENCIA
Aunque la incidencia de ataques criminales contra el patrimonio de los hogares no parece demasiado alta, el daño económico causado por eso ataques, cuando se dan, si es considerable. El incidente que implica mayores pérdidas es el robo de vehículo con violencia (en promedio Lps 116 mil), seguido del mismo tipo de robo sin violencia (Lps 51 mil ) y de los robos de moto (entre Lps 12 y 16 mil). Cada uno de los incidentes más frecuentes, los robos a la casa sin violencia, implican una pérdida considerable, entre 4 y 6 salarios mínimos mensuales (Lps 7 a 11 mil).
Las pérdidas totales –sumando los distintos ataques al patrimonio de los hogares- están positivamente asociadas con el nivel de ingreso. Entre las víctimas del quintil más bajo de los ingresos el promedio de las pérdidas fue cercano a las Lps 5 mil, en el tramo más alto alcanzaron cinco veces esa suma, o sea Lps25 mil. A pesar de lo anterior, si se miran las pérdidas como un porcentaje del ingreso, la relación positiva entre las primeras y el segundo no alcanza a ser suficiente para evitar que sean los hogares más pobres los que sufren una carga proporcionalmente mayor por efecto de la delincuencia (Gráfica 3.2.13).
Así, entre las familias que fueron víctimas durante el último año, las pérdidas por efecto de la delincuencia alcanzaron a ser el 38% de sus ingresos en el quintil más bajo y el 7% en el más alto. Si se calculan las pérdidas como proporción de los ingresos no sólo de las víctimas sino de todos los hogares, para tener así una especie de valor esperado del “impuesto de la delincuencia”, se observa una carga promedio del 5.5% de los ingresos anuales de los hogares. Lo más lamentable de este ya de por sí elevado “impuesto” es que es regresivo y recae de manera desproporcionada sobre las familias más pobres, en dónde alcanza el 6.5%.
GRAFICA 3.2.13
En síntesis, ni por sus niveles, ni por sus características se destaca la ZMVS por una delincuencia común demasiado extendida o sofisticada. El hecho que el incidente que en mayor medida afecte a los hogares sea el robo a la casa sin violencia, o que se presente una tasa de asaltos a mano armada inferior a la de América Latina sugiere un panorama no muy crítico de seguridad. A pesar de lo anterior, la carga económica que impone el delito sobre las familias es bastante importante. En términos relativos parece ser más grave, violenta y extendida la delincuencia contra las empresas. Aunque para esta dimensión de la delincuencia no es posible establecer comparaciones internacionales, pues no se dispone de la información pertinente, por su altísima incidencia, y por el hecho que los ataques se presenten de manera tan reiterada, si se puede señalar como un problema grave. No sorprende, en este contexto, que un buen número de iniciativas contra la violencia en la ZMVS hayan surgido y reciban el apoyo de la clase empresarial.
Los escenarios de delincuencia contra los hogares y contra las empresas sugieren, ambos, una delincuencia instrumental que claramente busca un beneficio económico. Es difícil saber cual es el precio al cual se comercian los artículos y bienes robados, pero dado el valor de las pérdidas declaradas por las víctimas se colige que no se requiere realizar muchos ataques criminales para obtener varias veces el equivalente de los salarios de quienes no delinquen. No parece muy esperanzador como propuesta de prevención del delito esperar a que los ingresos promedios de la población suban lo suficiente para hacer poco atractivo el robo de un automóvil (unos 62 salarios mínimos mensuales) o el robo de una casa (casi 4 SMM).
3.2.7 – LAS DENUNCIAS
Tan sólo el 26.9% de los hogares manifiesta haber denunciado el que considera el peor ataque sufrido durante el último año. No sorprende que sean los robos de vehículos automotores –tanto carros como motos- los que en mayor proporción se denuncien alcanzando en el prime caso más del 80% de los delitos.
El 28.6% de quienes no denunciaron el delito más grave lo hicieron porque pensaron que ni siquiera ese era un asunto que valía la pena. Entre las personas que, considerando el asunto grave, no lo denunciaron, sobresalen tres razones: (i) que la Policía “no haría nada, no mostraría ningún interés” con el 38% de las respuestas, (ii) la falta de pruebas o sea el desconocimiento del responsable, señalado en el 18% de los casos y (iii) el temor a las represalias con un 17.5% , que si se suma la razón equivalente de que “es muy peligroso” alcanza uno de cada cinco de los casos de no denuncia (Gráfica 3.2.14).
GRAFICA 3.2.14
La mayor proporción de las denuncias (72.6%) se pusieron ante la Policía Preventiva, una cuarta parte ante la DIC y menos del 1% en la Policía Municipal o ante un juzgado. En casi la tercera parte de los casos denunciados (28.9%) los afectados identificaron al agresor desde el momento de la denuncia. Con relación al curso que siguió esa denuncia, en tres de cada cuatro de los casos se considera que no pasó nada [120], en el 6% de los incidentes seguía pendiente en el momento de la encuesta y en el 18% de los casos se resolvió favorablemente el caso y se detuvo al agresor.
Aunque la identificación de los agresores por parte de las víctimas parece tener un efecto sobre la agilidad con que se resuelven los casos (de los 6 casos que se encontraban pendientes, en 5 de ellos no había identificación previa del autor por los afectados) está lejos de poder considerarlo un factor determinante. De hecho, de los 18 casos resueltos satisfactoriamente en 8 no se había dado este aporte de los afectados. Aunque no lo parezca, este resultado refleja un desempeño relativamente satisfactorio en las labores de investigación criminal.
3.2.8 - LA VIOLENCIA OFICIAL
Ante la pregunta “en cuantos de los delitos sufridos sospecha usted que las autoridades pudieron estar involucradas”, 28 hogares , o sea un 1.6% de los de la muestra y un 5.2% de los que fueron víctimas de algún delito respondieron con una cifra positiva a esa pregunta. Se reportaron un total de 71 delitos con sospecha de participación de las autoridades. Sin embargo, en 10 de los 28 hogares que reportan tales casos el número de delitos con autoridades involucradas supera la cifra total de ataques criminales sufridos. Es interesante observar cómo 7 de estos 10 casos que se pueden calificar de sesgados en contra de las autoridades pertenecen a los dos quintiles más altos de los ingresos.
Si se corrigen estos casos asignándole un 100% a la participación de las autoridades en los delitos que los afectaron se llega a 39 delitos o sea un 3.3% del total de incidentes. Si, alternativamente, se sacan de la muestra y se ignoran esos casos extraños, se reduce aún más la cifra de delitos con autoridades involucradas, hasta 21, o sea un 1.8% del total. En síntesis, el rango razonable para las sospechas de participación oficial en la delincuencia durante el último está entre el 2% y el 3%.
Es interesante observar que la suspicacia de participación de las autoridades en los delitos aumenta significativamente con el nivel económico de las víctimas (Gráfica 3.2.15). Esta extraña asociación entre la conjetura de criminalidad oficial y el estrato económico se puede explicar de dos maneras, no necesariamente excluyentes. La primera es que la percepción negativa de las autoridades es más marcada entre las capas más favorecidas de la población, por ejemplo por efecto de una educación sesgada, o por la influencia de un discurso que tiende a deslegitimar la autoridad. La segunda es que los representantes abusivos de las autoridades se inclinan más por aquellos delitos que afectan a la población de mayores ingresos. Algunas preguntas adicionales de la encuesta sirven de apoyo parcial a cada una de estas posibles explicaciones.
GRAFICA 3.2.15
La primera es el reporte de haber sido, alguna vez, “agredido o amenazado por algún miembro de la Policía”, pregunta que fue respondida positivamente por el 3.3% de los encuestados. Sorprendentemente, a la luz del diagnóstico tradicional, el perfil por ingresos de quienes han sido agredidos por la Policía es bastante homogéneo por estratos y se presenta, por ejemplo, una incidencia más alta en el quintil más alto de los ingresos que en el más bajo. La segunda pregunta tiene que ver con los incidentes de corrupción, que se reporta han afectado a un 4.5% de los hogares con un impacto bastante superior en el quintil más alto de los ingresos (8.5%) (Gráfica 3.2.16). La tercera pregunta tiene que ver con el reporte, genérico, de “abusos de las autoridades” que afectan no ya de manera directa a quien responde la encuesta sino a los habitantes de su localidad [121]. A pesar de que la pregunta se hizo dando por descontada la existencia de abusos de las autoridades, un 84% de quienes respondieron manifestaron que no los había habido. Esta proporción es menor (79%) en el tramo más alto de los ingresos.
GRAFICA 3.2.16
El 2.7% de quienes respondieron la pregunta calificaron de muy graves los abusos de las autoridades. De nuevo, el perfil por estrato económico de quienes comparten tal opinión refleja una percepción negativa que aumenta con el ingreso. Mientras entre la población más pobre la manifestación de abusos graves de las autoridades es del 1.9% en el quintil más alto tal cifra alcanza el 3.5%.
Por último, se preguntaba acerca de la evolución en el tiempo de los abusos de las autoridades. Al respecto, el 3.5% de quienes responden consideran que se ha dado un aumento en los excesos oficiales, y el 10.9% opinan que, por el contrario, tales abusos han disminuido. El saldo se reparte entre quienes consideran que no hay tales abusos (82.5%) y quienes no tienen una idea clara sobre cual ha sido la tendencia en el tiempo (3.1%). De nuevo, aparece un perfil por ingresos similar al de las preguntas anteriores: es en los estratos más altos de ingreso dónde se manifiesta en mayor medida una opinión de deterioro en el ejercicio de la autoridad. Mientras en el quintil más bajo de los ingresos el 2.8% de quienes respondieron la encuesta manifiestan que los abusos han aumentado en su localidad, en el estrato más alto tal proporción alcanza el 4.4%.
Todos estos resultados son consistentes con la relación positiva que se señaló atrás entre la sospecha de crímenes oficiales y el nivel de ingreso de las víctimas, y sugieren que la imagen negativa de las autoridades (i) se origina tanto o más en la corrupción que en los problemas de abuso de la fuerza o (ii) tiene algún componente educativo, cultural o de formación intelectual que se manifiesta más a medida que aumenta el ingreso. De cualquier manera, parecería conveniente matizar el tradicional guión de unos organismos de seguridad orientados a violar los derechos humanos de la población menos favorecida visión que, en últimas, tienden a deslegitimar la capacidad estatal de respuesta ante los ataques criminales.
3.2.9 - LOS CRIMENES GRAVES
El 5.2% de las hogares de la muestra reportan haber sufrido, no en el último año sino alguna vez, un ataque criminal muy serio –secuestro, agresión física grave, abuso de las autoridades u homicidio- en contra de algún miembro de la familia. El número total de agresiones extremas reportadas -que podría estar ligeramente subestimado puesto que para cada hogar se registró sólo la última- es de 93, de las cuales 34 eran homicidios, 29 agresiones físicas graves, 20 abusos de las autoridades y 10 secuestros. En uno sólo de los hogares se reportó haber sufrido más de un ataque muy serio.
De todos los incidentes muy graves reportados se denunciaron un poco más de la mitad. La proporción de denuncias varía dependiendo de la naturaleza del crimen siendo mayor la de los secuestros (100%), seguida de los homicidios (65%), las agresiones graves (52%) y los abusos de las autoridades (40%). Al igual que lo señalado para las empresas, se debe anotar la significativa participación de los secuestros en este total. Si para Colombia, el líder mundial en la materia, la proporción entre homicidios y secuestros en los últimos años ha sido del orden de uno a diez, resulta preocupante este reporte con una relación cercana a uno a tres (Gráfica 3.2.17).
GRAFICA 3.2.17
Casi la mitad de tales ataques extremos, 40 de ellos, ocurrieron durante el año 2001. A pesar de que, como ya se señaló, la manera como se hizo esta pregunta tiende a subestimar los incidentes más alejados en el tiempo, y por lo tanto a exagerar su crecimiento, no deja de ser preocupante esta tendencia a un marcado incremento de la criminalidad más seria. Sobre todo cuando el mismo escenario de deterioro se percibe en varias conductas y a través de distintas fuentes.
El otro aspecto que se debe señalar es que en forma paralela con el agravamiento de la inseguridad en sus manifestaciones más críticas se estaría dando una tendencia a acudir cada vez menos a las autoridades para denunciar este tipo de ataques. Así mientras para los incidentes muy graves reportados como ocurridos hasta mediados de los años noventa se daba una tasa de denuncias del 100%, a lo largo de la última década esta proporción ha venido disminuyendo paulatinamente para situarse, en los incidentes más recientes, alrededor del 50% (Gráfica 3.2.18).
GRAFICA 3.2.18
También resulta interesante analizar la incidencia de estos incidentes muy graves por estratos de ingreso. Lo que se observa es que la proporción de hogares que reportan haber sido víctimas de manifestaciones extremas de violencia va creciendo a medida que aumenta el ingreso. En particular se observa una incidencia bastante mayor al promedio entre el grupo más favorecido económicamente. De los cuatro ataques graves considerados en la encuesta –secuestro, agresiones, abuso de las autoridades y homicidio- únicamente para el secuestro cabría en principio esperar esta relación positiva entre la incidencia de los crímenes serios y la capacidad económica. Lo que se observa es que ni el secuestro, ni los homicidios, muestran una incidencia que aumente considerablemente con el ingreso. Por otra parte las lesiones graves, y los abusos de las autoridades, en forma contraria a lo esperado, si muestran una asociación positiva con el estrato económico.
3.2.10 – MARAS Y CRIMEN ORGANIZADO
Ante sendas preguntas para calificar la influencia de las maras y del crimen organizado en la comunidad [122], con relación a las primeras, uno de cada cinco de los hogares (21%) manifestaron que no había ninguna influencia y, en el otro extremo, un porcentaje similar (20%) opinó que la amenaza de las maras era alta. Un poco más de la tercera parte (34%) calificó esta influencia de baja y la cuarta parte restante (26%) consideró que era media. Tan sólo el 0.8% no dieron una calificación. Para el crimen organizado, las cifras respectivas fueron: ninguna (33%), baja (31%), media (23%) y alta (13%). A su vez, el 3.5% de los hogares no respondieron esta pregunta.
Para calcular promedios de estas calificaciones se les asignaron valores a partir de las calificaciones, esas si numéricas, que habían dado las empresas sobre la influencia de esos dos grupos [123]. Con esos valores numéricos, se llega a una calificación promedio de 4.9 sobre 10 para las maras y de 3.9 para el crimen organizado. Para chequear la bondad de este índice promedio se comparó su promedio, por municipios, para las maras y el crimen organizado, tanto con la proporción de hogares que califican la influencia de alta como con la de aquellos que consideran que no existe tal tipo de presencia, con resultados bastante satisfactorios.
Del cálculo del valor promedio de estos indicadores, por municipios y por sectores geográficos en SPS, se desprenden algunos comentarios. El primero es el de las diferencias importantes que se presentan en la calificación de la influencia tanto de las maras como del crimen organizado. Mientras que, por ejemplo, en Potrerillos, El Progreso o varios sectores de SPS los hogares de la encuesta asignaron una calificación promedio superior a 6 a la influencia de las maras, en San Francisco de Yojoa la cifra respectiva es de 1.5. Para el crimen organizado la mayor puntuación promedio se obtuvo en varios sectores de SPS y la inferior en San Antonio de Cortés (2.6). Así estas calificaciones sugieren que tanto las maras como el crimen organizado no son fenómenos difusos y homogéneamente distribuidos en la ZMVS sino que presentan una mayor concentración en ciertas zonas (Gráfica 3.2.19). Aún al interior de SPS, la calificación de la presencia varía considerablemente dependiendo del sector geográfico.
GRAFICA 3.2.19
El segundo y sin duda más importante comentario es que las calificaciones promedio de influencia de uno y otro fenómeno –maras y crimen organizado- están positiva y estrechamente relacionadas. Los municipios o sectores geográficos en dónde los hogares le asignan una alta calificación a la presencia de uno de estos fenómenos se observa también una alta calificación para el otro. Además, esta relación positiva entre la presencia de maras y de crimen organizado no depende mucho del indicador que se utilice para medir la influencia de uno u otro tipo de actor. Tanto con el porcentaje de hogares que califican de alta la influencia de los grupos como con la fracción de quienes consideran que su comunidad está libre de la presencia de tales actores, se mantiene la asociación positiva entre uno otro (Gráfica 3.2.20).
GRAFICA 3.2.20
Esta asociación positiva admite tres explicaciones no necesariamente excluyentes. La primera es que el crimen organizado es una de las causas de las maras: contrata ciertos servicios, los recluta y por esa vía estimula la asociación de los jóvenes a tales grupos. La segunda es que el crimen organizado es un resultado de las actividades de los mareros, que al madurar se hacen criminales profesionales. La tercera es que la existencia de ambos fenómenos se ve favorecida por factores subyacentes comunes, como por ejemplo la debilidad de los organismos de seguridad, o un ambiente social favorable. Es claro que con el tiempo las tres explicaciones se confunden pues los efectos tienden a reforzarse. De todas maneras, y si se piensa en la actividad criminal organizada más notoria, el tráfico de drogas, parece más pertinente como relación de causalidad la primera de ellas. La evidencia internacional tiende a corroborar esta observación: es mas común encontrar existencia de bandas juveniles sin crimen organizado que al revés [124] lo cual constituye un argumento a favor del primer sentido de la causalidad.
Un aspecto que vale la pena analizar, pues se trata de uno de los principales elementos del diagnóstico más generalizado sobre las maras, es el de la asociación entre su presencia y las condiciones económicas de las localidades. Al respecto, el primer punto que se puede señalar es que la relación lineal entre la calificación promedio de presencia de maras y el ingreso promedio de las localidades es bastante débil. Si bien es cierto que para la localidad en dónde se observa el mayor ingreso promedio de los hogares en toda la muestra, el Sector Geográfico 1 de SPS –ingreso promedio de Lps 10 mil – se da también la menor calificación promedio a la influencia de las maras, también es cierto que en uno de los municipios más pobres de la muestra, Petoa, se observa una calificación muy baja para la presencia de maras (Gráfica 3.2.21).
GRAFICA 3.2.21
De hecho, la correlación entre ingreso promedio y presencia de maras, aunque negativa, es muy débil (-0.11). Lo que aparece para esta relación, a nivel de localidades es que (i) para ingresos similares se pueden dar diferencias sustanciales en cuanto a la presencia de maras, (ii) ingresos promedio muy altos en una comunidad parecen reducir la posibilidad de una alta incidencia y (iii) a pesar de lo anterior, no se trata de una condición necesaria, puesto que también se puede observar una baja incidencia de maras en localidades muy pobres. De hecho, con los datos agregados a nivel de localidades se observa una asociación no lineal sino parabólica, o en forma de U invertida, entre la presencia de maras y el ingreso promedio de las localidades. Tal tipo de relación se insinúa bastante clara, con coeficientes estadísticamente significativos (Ecuación 3.7 [125])
GRAFICA 3.2.21bis
El perfil de esta asociación sugiere que las maras serían un fenómeno de mayor incidencia entre la clase media, resultado que concuerda con los testimonios de un fenómeno con alto componente importado de los EEUU, o de individuos que con frecuencia viajan a ese país, lo cual indica que no se trata de algo que quede al alcance de la población realmente pobre.
El otro punto que conviene destacar es que la presencia de crimen organizado presenta el mismo perfil por ingresos que la de las maras: baja en los estratos extremos y más alta en los medios (Gráfica 3.2.22) Los resultados obtenidos sugieren que esta relación, también en forma de U invertida, del ingreso con la presencia del crimen organizado es aún más nítida que aquella con las maras (Ecuación 3.8 [126]).
GRAFICA 3.2.22
GRAFICA 3.2.22bis
La similitud de esta relación primero creciente y luego decreciente con el ingreso tanto para la presencia de maras como de crimen organizado, junto con el estrecho vínculo observado atrás entre ambos fenómenos llevan al interrogante del sentido de la causalidad, y la magnitud del efecto relativo de cada uno de ellos sobre el otro. Si se aborda la estimación de las ecuaciones teniendo en cuenta el problema de la simultaneidad se obtienen dos resultados dignos de mención. El primero es que el efecto parabólico del ingreso se da ante todo para el crimen organizado, no para las maras. Para este segundo tipo de grupo, una vez se corrige el problema de determinación simultánea, lo que se observa es un leve, y no muy significativo, efecto negativo del ingreso. El segundo resultado es que parece mayor el impacto del crimen organizado sobre la presencia de maras que el efecto en el sentido inverso. Cada punto adicional en la valoración de la presencia de crimen organizado incrementa en cerca de dos la respectiva calificación de la presencia de maras. En la dirección contraria, de las maras hacia el crimen organizado, el efecto es cercano a medio punto. (Ecuaciones 3.9 y 3.10 [127])
Estas asociaciones con el ingreso, analizadas con los datos agrupados por localidades, se alteran cuando el análisis se hace para los hogares. En particular, con la información a nivel de unidades familiares, no se percibe un efecto significativo, ni siquiera “parabólico”, del ingreso sobre la calificación que se asigna a la presencia de maras o de crimen organizado. Este resultado no sorprende si se tiene en cuanta la varianza que, a nivel de localidades, se presenta en el ingreso de los hogares. Diferencias económicas individuales entre dos hogares que habitan un mismo vecindario, no tienen en principio por qué afectar la percepción sobre amenaza de maras, o de crimen organizado. Sin embargo, en cuanto se agrupan los ingresos y esta variable empieza a tener un significado más agregado y da información sobre niveles promedio el perfil en forma de U invertida reaparece. Así, las calificaciones promedio asignadas a la presencia de maras, y de crimen organizado, por niveles de ingreso, crecen con la capacidad económica de los hogares en los tres primeros quintiles y sólo empiezan descender una vez se ha superado la mediana de los ingresos (Gráfica 3.2.23).
3.2.11 – LOS AJUSTICIAMIENTOS
Un 7.3% de quienes respondieron la encuesta aceptan que en los últimos doce meses hubo ajusticiamientos en su localidad. Acerca de las razones que motivaron esos ajusticiamientos, el 24% se refiere a la venganza, un 15.2% a los asaltos y la delincuencia, un 37.1% al robo de dinero o joyas, el 18% a las peleas entre maras y el saldo del 6% a otros motivos.
El perfil de tales acciones de justicia privada por estratos económico es peculiar en el sentido que se observa una participación muy inferior al promedio en el quintil más bajo de ingresos (3.8%), superior en el tercer tramo (9.4%), y en los demás niveles una incidencia más o menos constante (7.7%) (Gráfica 3.2.24).
Por otra parte, el perfil de la incidencia de los ajusticiamientos de acuerdo a la calificación de influencia de las maras es positivo y estrecho. Tal como cabe esperar en cuanto se abandona la idea de las maras como una simple manifestación de violencia impulsiva y se abre la posibilidad de concebir un papel o una instrumentalización de tales grupos. Dada la estrecha asociación ya señalada entre el crimen organizado y las maras, no sorprende encontrar también una incidencia de la justicia privada que crece con la presencia de tales grupos. A pesar de lo anterior, no puede dejar de señalarse que el efecto de las maras sobre la existencia de ajusticiamientos es más continuo y progresivo que el del crimen organizado, que parece alterar la incidencia de la justicia privada tan sólo en las localidades en donde tiene una influencia muy alta (Gráfica 3.2.25).
GRAFICA 3.2.25
Si se analiza el efecto conjunto de estos tres elementos sobre el reporte de ajusticiamientos se obtienen resultados interesantes (Ecuación 3.11). El que se trate de comunidades con los ingresos más bajos reduce a la mitad la probabilidad de tal tipo de incidentes. El pasar de un sitio sin maras a otro con presencia baja incrementa la probabilidad de ajusticiamientos en un 36%. Incrementar la influencia de maras a un nivel medio o alto casi que duplica esa probabilidad, tal como lo hace la presencia alta de crimen organizado. A diferencia de la presencia de las maras, que presentaba un perfil de riesgo relativamente variado a nivel regional, los ajusticiamientos parecen ser un factor predominante en el municipio de San Pedro Sula en dónde, aún después de tener en cuenta los efectos del ingreso, de las maras y del crimen organizado, se incrementa la probabilidad de tal tipo de acción en más del 100%. Dentro de San Pedro Sula aparecen particularmente críticos los sectores geográficos 2, 3, 4, en dónde la probabilidad de se de este perverso mecanismo de justicia privada se multiplica por cerca de tres (Ecuación 3.12).
Por último, no deja de causar preocupación el hecho de que la mitad de los hogares de la encuesta, y no sólo de aquellos que reportaron ajusticiamientos, exprese una opinión favorable o muy favorable ante tales acciones, y además, que esa manifestación de aprobación de los mecanismos extremos de justicia privada sea uniforme por nivel educativo y por estrato de ingreso. En otros términos, por el lado de la demanda y aceptación de los servicios de justicia privada, el camino parecería bastante abonado para la perpetuación de la violencia (Gráfica 3.2.26).
GRAFICA 3.2.26
3.3 – MUESTRA DE HOMICIDIOS
La encuesta de victimización realizada en SPS contenía un módulo especial orientado a recabar información sobre las circunstancias y los agresores de algún homicidio cercano que hubiese afectado a los hogares y cuya víctima fuera alguien que conocían personalmente [128].
3.3.1 - LAS VICTIMAS
EL 94% de las víctimas de homicidio eran hombres. A pesar de que su edad promedio es superior a los 30 años, y se presentan víctimas de edad avanzada, se observa una alta proporción de jóvenes. Más de la mitad de las víctimas tenía veinticinco años o menos en el momento del homicidio y las dos terceras partes de este grupo tenían entre 17 y 22 años de edad. Una alta proporción de quienes murieron violentamente (70%) estaban sobrios en el momento del incidente, un 17% había tomado unos cuantos tragos y tan sólo el 6.5% se encontraba totalmente ebrio.
Un porcentaje no despreciable (18.7%) de las víctimas de homicidio estaban armados en el momento del incidente, y una proporción aún mayor (27.6%) había recibido amenazas de muerte antes de que los mataran. Casi uno de cada cinco (19.2%) de las víctimas tenía antecedentes penales o había estado preso alguna vez.
3.3.2 - EL INCIDENTE
Más de la tercera parte de los homicidios reportados ocurrieron en el año de la encuesta, o sea el 2001. Aunque el tipo de pregunta impone cautela a la hora de interpretar los resultados como una tendencia del total de muertes violentas en SPS, ya que normalmente tienden a estar sobre representados los casos ocurridos más recientemente, se sugiere una tendencia creciente en el número de homicidios a partir de 1995, con un primer pico en el año 99, un leve descenso en el 2000 y un nuevo y marcado incremento en el último año.
Con relación al lugar del incidente, predominan (67%) los ocurridos en la vía pública –calle, carretera o camino- seguidos de los acaecidos en el ámbito doméstico (19%) y en los lugares públicos dónde se vende licor (8%). Un poco más de la mitad (51%) del total de homicidios ocurrieron por la noche, y el resto se reparten casi por igual entre la tarde (22%) y la mañana (18%). Proporciones muy similares se observan para los incidentes de la vía pública. Tanto para los homicidios ocurridos al interior de la casa como aquellos que se dieron en algún sitio público donde se expende licor, aumenta la participación de las muertes nocturnas.
La repartición de los homicidios a lo largo de la semana es cercana al 50% para los días laborables y para los fines de semana o festivos. Esta proporción se altera para los casos ocurridos en la casa, en dónde aumenta levemente la proporción de los homicidios entre semana. Para los muertos en los bares o tabernas también hay un cambio pero en sentido inverso, ya que se incrementa la participación de los incidentes de fin de semana.
Con relación al arma utilizada para cometer el homicidio, en casi las tres cuartas partes de los casos ocurridos en la vía pública se trataba de un arma de fuego. Le siguen en importancia las armas blancas, que fueron usadas en uno de cada cinco casos. Para las muertes violentas ocurridas al interior del lugar de habitación el uso de armas de fuego sigue siendo el predominante, con más de las dos terceras partes de los casos; el de armas blancas es muy similar y aumenta en 6 puntos el uso de otros métodos. En los incidentes ocurridos en bares o tabernas aumenta considerablemente la incidencia de armas blancas.
3.3.3 - LOS AGRESORES
De acuerdo con quienes respondieron la encuesta, más de la tercera parte de los homicidas (36.9%) pertenecían a alguna organización, mientras que el resto fueron considerados “ciudadanos comunes”. Entre los primeros, cerca de las tres cuartas partes (71.3%) pertenecían a las maras, el 12.5% al crimen organizado, y el 7.5% a la delincuencia común o a los organismos de seguridad estatales. De esta manera, un poco menos de la tercera parte de los homicidios reportados habrían sido cometidos por individuos vinculados a las maras (Gráfica 3.3.1).
GRAFICA 3.3.1
Dado el papel que se asigna a las maras en las explicaciones corrientes sobre la violencia en San Pedro Sula vale la pena tratar de identificar las características de los homicidios cometidos por individuos que según las partes afectadas se pueden vincular a tales grupos.
El primer punto que se puede señalar es que la violencia extrema atribuible a las maras, es un fenómeno reciente pues no se reportan homicidios anteriores a 1985 y la mayoría de los casos están concentrados en los últimos años. Se observa una tendencia similar a la de la violencia que no se origina en tales grupos. Ni siquiera se percibe de manera clara una tendencia creciente de la participación de las maras en las muertes violentas reportadas. Al igual que los niveles globales, la violencia que los afectados atribuyen a los mareros muestra un pico en el año 99 seguido de un descenso en el 2000 y un repunte en el año 2001.
El lugar típico del homicidio no cambia de manera sustancial para aquellos atribuidos a los maras. De manera un tanto sorprendente, aumenta la proporción de los cometidos en el lugar de habitación (22.8% contra 17.2% en los casos desvinculados de las maras). En cuanto al momento del incidente, sube en más de 10 puntos el porcentaje de homicidios cometidos por la noche, reduciéndose la participación de los ocurridos en horas de la mañana. La repartición de las muertes durante la semana no se altera de manera significativa. Por el contrario, la distribución por edades de las víctimas se concentra aún más en la población joven. Mientras que para los homicidios atribuibles a los mareros la edad promedio de las víctimas es de 27 años, cuando no se reconoce el vínculo con esos grupos, la cifra sube a 31 años.
No aparece una diferencia importante en cuanto al estado de embriaguez de las víctimas. Por otra parte, la proporción de víctimas que se encontraban armadas es muy inferior en los casos vinculados a las maras (5.3% contra 23.6%). También se observa una diferencia, aunque más leve, en el porcentaje de víctimas previamente amenazadas de muerte, que es mayor en los casos con vínculos con las maras (31.6% contra 26.1%). No se percibe una diferencia sustancial en cuanto al arma utilizada para el homicidio: la proporción de casos con arma de fuego es levemente superior en aquellos cometidos por personas vinculadas a las maras (73.7% contra 70.7%).
La percepción de los afectados sobre el grado de responsabilidad individual en los incidentes o, en otros términos, la posibilidad de una separación entre los autores materiales e intelectuales del homicidio, se altera para los casos en que se señalan vínculos con las maras y, en particular, con el crimen organizado. Para el total de los homicidios de la muestra, en un poco más de las dos terceras partes, los afectados manifestaron que el homicida había actuado por su cuenta, en 14.5% de los casos sugirieron que el autor material “había sido contratado por alguien o cumplía órdenes de un superior” y un 17.8% de las veces aceptaron no tener una idea clara sobre la autoría intelectual del incidente. El escenario de un autor intelectual que ordena o contrata a quien ejecuta el homicidio es raro en aquellos casos en los que se califica al autor como un “ciudadano común”, sin nexos con organizaciones. Cuando se vincula al autor material con las maras la proporción de casos en los que se considera que el autor intelectual ordenó o contrató el homicidio aumenta al 25%. Para los casos que se consideran relacionados con el crimen organizado tal cifra alcanza el 38% (Gráfica 3.3.2).
GRAFICA 3.3.2
Es interesante observar cómo para todos aquellos casos en los cuales se vincula al homicida con los organismos de seguridad estatales (6 de los 214 homicidios de la muestra) se considera que el autor material actuó por su propia cuenta. Aunque se trata de un número de casos poco representativo, lo que esta cifra sugiere en términos de la percepción de los afectados por la violencia oficial es que la consideran un asunto ajeno a la responsabilidad institucional.
Tan sólo en uno de cada cuatro de los casos en los cuales se sugiere la posibilidad de un autor intelectual que ordenara o contratara el homicidio se tiene algún conocimiento acerca de esa persona.
El otro aspecto en el cual aparece una diferencia sustancial entre los homicidios vinculados a las maras y los demás es en el número de agresores. Mientras que en el primer caso, en más de las tres cuartas partes de los casos (77%) “el homicida estaba en grupo con otras personas”, en los incidentes que no se relacionan con las maras tal proporción se reduce al 47.9%. Otra peculiaridad de los homicidios mareros es que se da una mayor proporción de casos (12.3% contra 5.7%) en los cuales había tanto hombres como mujeres entre los agresores.
Mientras que la proporción de homicidios cometidos bajo los efectos del alcohol es muy similar entre los homicidios mareros y el resto (29%), el porcentaje de homicidas que, según los afectados, estaban drogados es sustancialmente mayor entre los mareros (50.9% contra 15.9%).
El porcentaje de homicidios cometidos por jóvenes (entre 15 y 21 años) es superior entre los casos atribuidos a las maras, en donde se alcanza un poco menos de las tres cuartas partes (73%) contra un caso en cinco para los demás homicidios.
3.3.4 – LAS CAUSAS DE LOS HOMICIDIOS
En casi la totalidad de los casos (95%) las personas afectadas por un homicidio manifestaron tener una idea acerca de las razones por las que mataron a la persona. Predomina como causal de la muerte violenta, con cerca de la tercera parte de los casos (31%) el robo o asalto, seguido por la “riña, pelea o discusión de tragos” que se señala como razón en uno de cada cinco de los homicidios. Con un nada despreciable porcentaje del 15% se hace alusión a la venganza. Si a esas cifras se suman las referencias a los “ajustes de cuentas” (7%) y a los “ajusticiamientos” (1%) se llega a que cerca de una cuarta parte de las muertes violentas se originaron en alguna variante de lo que se podrían denominar mecanismos de justicia privada. Si se agrupan estas diversas razones en cuatro grandes categorías –delincuencia [129], justicia privada [130], intolerancia [131] y otros se tendría que los homicidios se dividen casi por terceras partes entre los problemas de delincuencia, la intolerancia, y la justicia privada y otros (Gráfica 3.3.3).
GRAFICA 3.3.3
Un aspecto que vale la pena destacar de esta descomposición de las muertes violentas de acuerdo con sus causales es que una buena tajada de los homicidios, casi la cuarta parte, parecen relativamente alejados de los diagnósticos corrientes sobre la violencia en Honduras. Se trata de aquellos que se originan en los mecanismos de justicia privada, y que por lo tanto se pueden considerar atribuibles a las deficiencias del sistema penal de justicia. Y no se trata aquí de las eventuales fallas en el efecto disuasión que puedan estar influenciando a los distintos tipos de agresores. Se trata concretamente de aquellos casos en los cuales, probablemente por deficiencias en los mecanismos de aplicación de las penas previstas en la legislación, se termina recurriendo a instancias de justicia privada. No parece demasiado arriesgado argumentar que cuando, en opinión de los afectados por alguna muerte violenta, se menciona como razón para que ocurriese esa muerte una venganza, o un ajuste de cuentas, o un “ajusticiamiento”, se está haciendo referencia a una indeseable sustitución de tareas que en principio debían ser responsabilidad exclusiva de las autoridades estatales.
La existencia de mecanismos de justicia privada como explicación de una proporción no despreciable de los homicidios, y su desafortunada ausencia de las principales teorías sobre la violencia en Honduras cobra mayor relevancia cuando se identifican en la muestra ciertos incidentes, como aquellos en los cuales se identificó un vínculo con las maras, o aquellos que los afectados consideran fueron cometidos por encargo. En primer lugar, la composición de los homicidios cometidos por mareros hace ver aún más notoria la falta de mención de las instancias de justicia privada en el diagnóstico corriente. En general, y salvo en ciertas interpretaciones ofrecidas por los organismos de seguridad, para la explicación de la existencia de maras en Honduras se hace énfasis en problemas como la falta de oportunidades, o las deficiencias en el sistema educativo, o los antecedentes familiares que, en principio, conducen a una violencia impulsiva o a manifestaciones de delincuencia común. Rara vez se ha descrito un escenario en el cual la violencia ejercida por las maras tenga otros objetivos, como por ejemplo el suministro de servicios de justicia privada. Los datos disponibles en la muestra de homicidios sugieren que esta puede ser una de las funciones ejercidas por las maras que aparecen así no sólo como simples manifestaciones de intolerancia o de pequeña delincuencia sino como un actor susceptible de ser instrumentalizado (Gráfica 3.3.4).
GRAFICA 3.3.4
En efecto, mientras que para la muestra total solamente el 23% de las muertes violentas tienen que ver con mecanismos de justicia privada, para aquellas cuyo responsable ha sido vinculado con las maras tal porcentaje sube al 30%. En los casos con nexos con el crimen organizado la proporción alcanza el 40%. Por otra parte, en aquellos homicidios que según los afectados fueron cometidos por encargo, o sea que el autor material actuaba por contrato o bajo las órdenes de otro, la proporción es aún mayor (45%). En los pocos casos disponibles en la muestra en los que se da la doble condición de haber sido cometidos por encargo y que existan nexos con las maras, la aplicación de mecanismos de justicia privada se torna la razón predominante, con cerca del 70% de los casos. Por el contrario, en aquellos incidentes que son ajenos tanto a las maras, como al crimen organizado, como a la muerte por encargo, la proporción de casos asimilables a acciones de justicia privada se reduce al 19%.
3.3.5 - LOS HOMICIDAS REINCIDENTES
Uno de los aspectos más pertinentes para el diagnóstico de la violencia y la formulación de medidas de prevención y control, y paradójicamente uno de los más ignorados por las teorías disponibles, es el de la posibilidad de reincidencia de los homicidas. En cierta medida, es la dimensión que permite distinguir la violencia impulsiva, ocasional, o accidental, de la instrumental, sistemática o profesional. Aunque, en principio, la información sobre reincidencia se debería tomar de los registros judiciales o de policía, en sociedades en dónde el desempeño de la justicia penal es débil, y un alto porcentaje de los homicidios quedan sin resolver, se hace necesario recurrir a otras fuentes. Como ya se señaló, en la encuesta de victimización se hicieron varias preguntas sobre el conocimiento que los familiares de las víctimas tenían sobre las circunstancias, y los agresores, del homicidio que los afectó. Una de estas preguntas permite aproximarse a la cuestión de la reincidencia [132].
Para la muestra total de homicidios, en un poco más del 60% de los casos las afectadas manifestaron tener conocimiento sobre ataques mortales anteriores cometidos por los agresores. A su vez, entre estos casos, se señaló una proporción de homicidas reincidentes del 43.2%. Alrededor de esta fracción se dan sin embargo diferencias sustanciales en la reincidencia, dependiendo de si se reporta que el homicida pertenece o no a alguna organización. Así, entre los homicidas que se consideran vinculados al crimen organizado o a las maras, el porcentaje de reincidentes es muy superior, casi tres veces mayor al que se observa entre los agresores ajenos a estas organizaciones (Gráfica 3.3.5).
GRAFICA 3.3.5
Cuando, dentro del conjunto de agresores sobre los cuales los afectados manifestaron conocimiento sobre ataques mortales anteriores, se analizan los factores que ayudan a discriminar los homicidas reincidentes se observa que elementos como la vinculación con las maras, o con el crimen organizado, o como el actuar sólo o en grupo, contribuyen a la explicación (Ecuación 3.13). De hecho, el pertenecer a las maras multiplica por 4.5 la probabilidad de que el homicida en cuestión sea reincidente, mientras que la cifra respectiva para el crimen organizado es de 3.5. Por otra parte, la circunstancia que el homicida haya actuado sólo reduce en un 50% esa probabilidad.
Puesto que la vinculación del homicida con las maras, y sobre todo con el crimen organizado es algo que en principio sólo puede saberse una vez se ha aclarado el homicidio, un ejercicio que resulta de interés tiene que ver con la capacidad de algunas características del incidente para predecir si se trata de un ataque cometido por un homicida reincidente. En otros términos, parece útil saber cual es la información que se puede recoger en la escena del crimen, o con unos cuantos testimonios, que resulta más pertinente para hacer inferencias acerca de los agresores, y en particular sobre su nivel de reincidencia. Este ejercicio arroja los siguientes resultados [133] (Ecuación 3.14 ). Afectan negativamente la probabilidad de que se trate de un homicida reincidente:
· el hecho que se trate de una agresor que actuara sólo y no en grupo (Hsolo-) que reduce la probabilidad en un 70%
· que el homicidio se haya cometido en horas de la tarde o de la noche (tardnoch-) reduce la probabilidad en un 67%
· que el lugar del homicidio haya sido un sitio privado –la casa, el lugar de trabajo o la escuela- (casaoT-) que también disminuye la probabilidad en un 67%
A su vez, afectan positivamente la probabilidad de que se trate de un homicida reincidente
· que el agresor estuviese tomado en el momento del homicidio (tomado+) que triplica la probabilidad de que se trate de una reincidencia
· que la víctima hubiese recibido amenazas (amenaza+) de muerte antes del incidente que multiplica la probabilidad por un factor de 2.6.
· que se trate de un agresor joven –entre 15 y 21 años- lo cual multiplica la probabilidad por 2.5 (joven+).
Es bastante peculiar este último resultado de acuerdo con el cual el hecho de que el agresor sea joven aumenta la probabilidad de que se trate de una reincidencia. En principio, se esperaría que los homicidas mayores hayan tenido un período más largo de oportunidades para cometer ataques. Esta aparente contradicción se aclara cuando se observa que la variable sobre la edad del homicida está correlacionada, como se anotó antes, con la afiliación a las maras. Mientras para el total de los casos de la muestra tan sólo una tercera parte de los agresores eran personas jóvenes, entre aquellos homicidas que se señalaron vinculados a las maras tal proporción aumenta a las dos terceras partes. En el otro sentido, mientras que sólo uno de cada cuatro de los homicidas fue calificado de joven, entre aquellos vinculados a las maras la proporción sube a más del 50%.
Como ya se señaló, el hecho de que se vincule al agresor con las maras, o con el crimen organizado, muestra un alto poder para discriminar si se trata de un homicida reincidente. A pesar de lo anterior, parecía conveniente no incluir esta variable –que se podría considerar un dato disponible sólo después de aclarar el homicidio- dentro de la información que, tomada en la escena del crimen o con base en unos cuantos testimonios, permitiría hacer algunas inferencias de interés sobre el agresor. Con todo, en el ejercicio realizado parece estar filtrándose en la explicación, a través de la edad del agresor, el efecto de las maras.
A diferencia del vínculo con el crimen organizado, sobre el cual es difícil disponer de señales distintivas, el nexo con las maras si es un elemento que, dadas las características de apariencia exterior de sus miembros, puede considerarse como una pieza de información susceptible de ser suministrada por cualquier testigo del hecho. Por estas dos razones –la estrecha asociación entre la edad del agresor y el lazo con las maras y la posibilidad de detectar ese vínculo por señales externas o símbolos fácilmente identificables- se puede estimar de nuevo la ecuación para discriminar los homicidas reincidentes, incluyendo dentro de las variables explicativas el nexo del agresor con las maras. Los resultados de este nuevo ejercicio (Ecuación 3.15) tienden a corroborar los efectos ya comentados. Con una excepción, se conservan las magnitudes y la significancia estadística de los coeficientes estimados [134]. Con relación al efecto del vínculo del homicida con las maras sobre la posibilidad de que se trate de un homicida reincidente se confirma su considerable magnitud, ya que la multiplica por más de cuatro.
Vale la pena destacar cuales son los elementos, dentro del conjunto de variables disponibles, que no contribuyen a discriminar si se trata de un homicidio cometido por un agresor reincidente. En primer lugar el momento de la semana –día laborable o festivo- no aporta a la explicación, como tampoco lo hace el que la víctima estuviera armada, o que tuviera antecedentes penales
Como ya se dijo, el fenómeno de los homicidas reincidentes fue identificado en uno de cada cuatro de los casos de la muestra, y en un 43% de los homicidios en los cuales se tenía información sobre los antecedentes del agresor. Estas cifras, por sí solas preocupantes, lo son aún más cuando se analizan aquellos casos en los cuales los afectados no sólo señalaron que el homicida ya había matado a otros sino que suministraron información sobre el número de personas muertas anteriormente por el agresor en cuestión. A pesar del número relativamente reducido de casos en los cuales se dispone de esta información (34 de 214) se alcanza a tener una idea de la distribución de las acciones anteriores de los reincidentes, y esta distribución no puede calificarse sino de espeluznante. En efecto, tanto la moda como la mediana de esta variable se encuentran en tres muertes anteriores al homicidio reportado en la encuesta y alcanza a casi la tercera parte de los casos sobre los que se tiene información. En el 20% de estos casos se tienen dos muertes anteriores, en el 15% cuatro homicidios previos y para el 15% más activo de los agresores se tiene una impresionante cifra de siete o más muertos a sus espaldas (Gráfica 3.3.6). El promedio de esta variable es de cuatro muertes violentas [135] previas al homicidio que se reporta en la encuesta y no parece depender mucho de los vínculos con grupos como las maras o el crimen organizado.
GRAFICA 3.3.6
Es realmente difícil, cuando se trata de sugerir medidas de política orientadas a tener un impacto perceptible sobre la violencia homicida, ignorar esta cifra tan protuberante, de acuerdo con la cual de un homicida reincidente cabe esperar tres o cuatro o hasta ocho muertes adicionales. Eso sin contar la alta probabilidad de un “ajusticiamiento” de ese mismo agresor como respuesta de alguna de sus, se sabe, múltiples víctimas. Resulta inoportuno como sugerencia de política proponer que la manera de impedir nuevos ataques por parte de esos agresores activos y reincidentes sea corrigiendo cuestiones pasadas como la educación, o las condiciones de vida, o matizando los efectos de la globalización, ignorando que la detención de uno cualquiera de estos homicidas implica un ahorro esperado de cuatro muertes violentas. Es claro que en este caso no se trata solamente de educar o disuadir al agresor, algo que se sabe que ya falló, sino simplemente de aislarlo del resto de la comunidad, de incapacitarlo [136], para que no pueda seguir atentando contra la vida de nuevas víctimas. Se trata, además, y como se discute en detalle más adelante, de impedir que las víctimas acudan a mecanismos alternativos de justicia privada, o de venganza.
3.3.6 - EL PRIMER HOMICIDIO
Una lectura alternativa que se le puede dar al ejercicio que se presentó en la sección anterior, y que es probablemente más sugestiva en términos del diagnóstico de la violencia, y de evaluación de políticas preventivas, es considerar el complemento de la variable reincidencia. En los casos en que no se trata, de acuerdo con los afectados que manifiestan tener información sobre los antecedentes del agresor, de un homicida que “había matado a otras personas” se puede suponer que se trata del primer homicidio cometido por el agresor en cuestión.
De esta manera se puede estimar el complemento de la ecuación de reincidencia para analizar los factores que permitan identificar si un determinado homicidio es el primero que comete el agresor [137] (Ecuación 3.16 [138]). El punto que más se debe destacar de esta ecuación es el del coeficiente negativo de la variable sobre el estado de ebriedad del homicida [139]. En cierta manera desafiando la idea generalizada de que el alcohol induce a la violencia, de acuerdo con este coeficiente el hecho de que el homicida esté embriagado disminuye, en cerca de un 70%, la probabilidad de que ese sea su primer homicidio. El estar bajo los efectos del alcohol aparece más como una característica de los homicidas reincidentes que como un rasgo distintivo de quienes dan por primera vez el paso de matar a alguien. Así, y aunque esta sea una evidencia muy tenue, los datos de la encuesta sugieren que es más plausible como escenario que los homicidas se embriagan porque van a matar que proponer que matan porque tomaron. En síntesis, y de acuerdo con los datos disponibles en esta muestra de homicidios, la caricatura más factible para el primer homicidio que se comete [140] sería la de una acción (i) que emprende alguien sin vínculos con las maras –dado un homicidio, el que su autor pertenezca a las maras disminuye en un 80% la probabilidad de que sea el primero-; (ii) que se ejecuta en la tarde o por la noche; (iii) en la cual el actor no está tomado; (iv) antes de la cual no ha habido amenazas de muerte a la víctima y (v) que se comete estando sólo y no en grupo.
Con la información disponible sobre las causas del homicidio, vale la pena tratar de identificar cual es, por decirlo de alguna manera, la puerta de entrada al mundo de los homicidas. Para esto, se puede realizar el siguiente ejercicio: a partir de los factores ya analizados que ayudan a discriminar aquellos casos en los cuales se trataba, en opinión de los afectados, del primer homicidio cometido por el agresor, se adicionan a la ecuación las posibles razones señaladas para que ocurriera el incidente [141]. Sobre los resultados de este ejercicio se pueden hacer algunos comentarios.
El primero es que las causales que aumentan la probabilidad de que, dado un ataque mortal, este sea el primero que comete el agresor son, en orden de magnitud del efecto, la venganza, el ajuste de cuentas, y el robo o asalto. La venganza aparece también, dentro del conjunto de causales, aquella cuyo efecto estadístico es más significativo (Ecuación 3.17). Se puede señalar que la “riña, pelea o discusión de tragos” no muestra un efecto estadísticamente significativo sobre la variable dependiente.
Estos resultados van en contra vía de explicaciones bastante difundidas, no sólo en Honduras sino en toda América Latina, de acuerdo con las cuales el principal camino que lleva a la violencia homicida son los problemas de intolerancia entre los ciudadanos, que se agravan bajo el efecto del alcohol. Lo más paradójico es que la importancia de este tipo de explicación parece ser directamente proporcional a los niveles de violencia tornándose predominante en aquellas ciudades o países con gran influencia de crimen organizado, o con situaciones explosivas de conflicto armado, como Colombia, o El Salvador. “(En Colombia) la mayoría de los homicidios (cerca del 80%) hacen parte de una violencia cotidiana entre ciudadanos, no directamente relacionada con organizaciones criminales" [142]. Consecuentemente, se proponen medidas supuestamente preventivas como el control de los horarios nocturnos y las restricciones a la venta de alcohol.
Lo que sugieren los datos de la muestra de homicidios tomada en SPS es una historia no sólo distinta a la de la intolerancia, sino en buena medida ajena al escenario implícito en los diagnósticos más corrientes sobre la violencia en Honduras. Por un lado, y como ya se señaló, la embriaguez aparece como una característica de los homicidas reincidentes, no de quienes inician una carrera de homicidas. Por otra parte, las riñas, las peleas y las discusiones de tragos no parecen mostrar la capacidad de inducción a la violencia que implícitamente se les atribuye en las explicaciones. Resulta claro que un homicida con tragos es un factor de alto riesgo, pero el principal problema no son los tragos, sino el homicida, que con alta probabilidad reincide en su conducta.
El punto más destacable del ejercicio anterior lo constituye la importancia de la venganza como, ahora sí, factor inductor a la violencia homicida. La magnitud del coeficiente estimado indica que, para un homicidio cualquiera, el que se trate de una retaliación –que con tranquilidad puede interpretarse como la respuesta privada a un ataque previo no resuelto oportuna y satisfactoriamente por la justicia oficial- multiplica por más de cinco la probabilidad de que se trate del primer paso en una carrera criminal. Precisamente el paso que sería de la mayor importancia prevenir.
En este contexto, una pregunta inevitable es la de cómo se puede prevenir una venganza. Aunque es copiosa la evidencia de que se pueden, desde la educación más temprana, inculcar en los jóvenes hábitos civilizados y no violentos de solución de conflictos, que de hecho hacen parte de la socialización que se da en la actualidad en la mayor parte de las democracias, no se puede dejar de señalar que este logro se dio en forma paralela, e incluso posterior, a la consolidación y legitimación del monopolio de la coerción en cabeza de los estados nacionales [143]. En casos de ataques graves, numerosos en una comunidad con altos índices de violencia como SPS, la oportuna actuación de la justicia, en forma totalmente independiente de la opinión que se tenga sobre su capacidad de disuasión, es inseparable de la función preventiva. La justicia penal estatal, esos son sus orígenes, es ante todo un mecanismo para prevenir las interminables cadenas de venganzas privadas que, como muestran los datos, pueden ser la puerta de entrada al mundo de los homicidas. Vale la pena traer a colación una historia que encaja bien en este escenario de inducción a la violencia por efecto de la venganza. Se trata del caso de una quinceañera, alias Wendy, que
“estaba parada frente a una glorieta de la colonia Lusiana de San Pedro Sula cuando fue tomada a la fuerza por pandilleros de la MS, quienes la llevaron a una casa de ese mismo sector. Ahí cada uno de los miembros de la pandilla abusó sexualmente de ella, mientras trataban por la fuerza de drogarla y ante su resistencia comenzaron a golpearla y amenazarla con que la matarían. Cuando todos habían saciado sus bestiales instintos, estos pandilleros decidieron hacer negocio con la muchacha, de manera que corrieron al voz que cobraban cincuenta lempiras por la persona que quisiera tener relaciones con la joven ... Wendy pudo identificar a los pandilleros pero ha decidido no denunciarlos porque está convencida que no va a hacer nada contra ellos” [144].
En forma independiente de la discusión sobre las razones que llevaron a los integrantes de la mara a esta acción, el punto que vale la pena abordar es el de cual será el escenario más probable para la reacción de los familiares de Wendy. No parece aventurado argumentar que de este caso se derivarán, con alta probabilidad, y por venganza, un número de muertes violentas por lo menos igual al número de integrantes de la mara, que a su vez también serán vengados posteriormente. Con algo de confianza, se puede considerar que los antecedentes económicos, sociales, laborales, familiares o escolares de los familiares de la víctima jugarán un papel limitado en sus eventuales reacciones, que dependerán antes que nada de la respuesta estatal ante la agresión. No es razonable esperar de cualquier buen ciudadano que actúe como si tal ataque no hubiese ocurrido. En casos como el anterior resulta clara la confusión de quienes consideran la actuación de la justicia como un mero mecanismo de represión cuando, de hecho, constituye la única medida razonable de prevención de ciertas muertes violentas.
3.3.7 - LAS DENUNCIAS
Más de la mitad de los homicidios (55%) fueron puestos en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia formal. De estas denuncias, una alta proporción (83.9%) fueron presentadas ante la Policía –la Preventiva y la DIC con una participación muy similar- y tan sólo el 11% directamente en los juzgados.
En la mitad de las denuncias puestas, los afectados identificaron en la denuncia a los posibles autores del homicidio. En un poco menos de la tercera parte de los casos (31.4%) los afectados contaron con la ayuda o asesoría de un abogado para poner la denuncia [145].
La decisión de denunciar parece verse afectada por la naturaleza del incidente. Se destacan por la alta proporción de denuncias los pocos casos de la muestra asociados con la represión oficial. De los ocho casos reportados seis llegaron a conocimiento de las autoridades [146]. No debe dejar de señalarse lo positivo de este resultado en términos de la percepción de las víctimas sobre las autoridades de Policía. El hecho de que aún para aquellas muertes violentas en las que se sospechan vínculos con las autoridades se recurra a la Policía para la denuncia corrobora el resultado ya señalado en el sentido que para tales casos se opina que esto no compromete a las instituciones sino a los agresores de manera individual.
También se observa una alta proporción de denuncias (cercana al 60%) en los casos de riñas, de venganzas y de robo o asalto. La fracción de homicidios puestos en conocimiento de las autoridades se reduce sustancialmente para los casos asociados con los enfrentamientos entre maras y para los ajustes de cuentas.
Casi ninguna de las variables disponibles en la muestra sobre las características del incidente parecen alterar de manera significativa la decisión de ponerlo en conocimiento de las autoridades. En contra de lo que con frecuencia se menciona como un factor de reticencia para denunciar los ataques criminales, que el agresor sea joven, la proporción de denuncias en ese caso es poco diferente, aunque ligeramente inferior.
La vinculación del agresor con las maras disminuye en cerca de 10 puntos porcentuales la fracción de casos denunciados. Sorprendentemente, la identificación de nexos con el crimen organizado no parece afectar esa decisión. Uno de los pocos elementos que, por razones que son bastante obvias, parece afectar la decisión de acudir a las autoridades para reportar un homicidio es que la víctima tuviera antecedentes penales o hubiera estado preso. La otra variable que muestra tener un efecto perceptible sobre la decisión de denunciar es el año en que fue cometido el homicidio. De hecho, aparece una tendencia preocupante y es que con el paso del tiempo se ha dado una reducción perceptible en la propensión de los afectados a denunciar los homicidios (Gráfica 3.3.7).
GRAFICA 3.3.7
Mientras que la totalidad de los homicidios cometidos en la década del setenta fueron denunciados, para los sucedidos en los ochenta la proporción ya era del 70%, y a lo largo de los noventa parecería haber persistido la tendencia decreciente.
Cuando se analiza el efecto simultáneo de los distintos factores sobre la decisión de denunciar se observa (Ecuación 3.18) un efecto negativo (i) de los antecedentes penales de la víctima (antpen-) que disminuyen la probabilidad de denuncia en más del 50% con un efecto estadísticamente significativo; (ii) del año en que ocurrió el homicidio (añoH-) de tal forma que cada año adicional disminuye en cerca de 6% la probabilidad de que se acuda a las autoridades y (3) de que se establezcan vínculos de los autores con las maras (maras-) que reduce dicha probabilidad en un 35%.
Dentro de las razones aducidas para no haber denunciado el homicidio, se destaca el “temor a las represalias” con más de la tercera parte (35%) de los casos no reportados a las autoridades, seguida de la percepción de que la Policía no mostraría interés en el caso y de la “falta de pruebas”, ambas con una participación del 15% (Gráfica 3.3.8).
GRAFICA 3.3.8
3.3.8 – CONDICIONES DE VIDA EN EL BARRIO E INSEGURIDAD
Dentro del limitado número de variables disponibles a nivel agregado en la encuesta vale la pena señalar una que muestra un efecto no sólo significativo sino con un signo consistente para todas las dimensiones de la inseguridad y a partir del cual se puede elaborar una historia convincente y sugestiva en materia de políticas o programas de control de la violencia, y es la relacionada con la forma de tenencia de la vivienda. En efecto, el porcentaje de familias propietarias de la vivienda en una localidad aparece negativamente asociado: (i) con la sensación global de inseguridad en el barrio; (ii) con la sensación de inseguridad en la casa (iii) con el indicador de alta influencia de maras; (iv) con el indicador de influencia media, y aún baja, de maras; (v) con la proporción de víctimas, de uno o varios ataques; (vi) con el conocimiento de una muerte violenta cercana e, incluso, (vii) con la incidencia de ajusticiamientos. Para ratificar la aparente bondad de esta variable, se observa una asociación positiva con la ausencia de maras.
Un aspecto interesante de este indicador es que su asociación deseable con las distintas dimensiones de la inseguridad se da únicamente a nivel agregado. En efecto, cuando se toma la unidad de observación de la encuesta, el hogar, la característica de propietario no muestra mayor poder para discriminar entre quienes manifiestan sentirse muy inseguros en el barrio y los que no reportan esa sensación (Ecuación 3.19); o a quienes se sienten muy inseguros en sus casas (Ecuación 3.20); o entre las víctimas y quienes no han sufrido uno o varios ataques (Ecuaciones 3.21 y 3.22). A nivel individual la forma de tenencia de la propiedad sólo muestra poder discriminante, débil, sobre la valoración de la gravedad de la influencia de las maras (Ecuaciones 3.23 y 3.24).
Una manera de interpretar este resultado algo insólito –una variable que parece tener impacto sobre la inseguridad a nivel de la comunidad pero que no muestra tener ese efecto a nivel individual- sería que la forma de tenencia de la vivienda probablemente trasciende el ámbito de lo privado y tiene repercusiones sobre las condiciones de vida de las localidades. Por ejemplo a través de una mayor preocupación por las condiciones físicas del barrio, o de la participación en actividades comunitarias por un mayor sentido de pertenencia. Este parece ser un punto que valdría la pena investigar de manera más específica: cuales son las repercusiones de la forma predominante de tenencia de la vivienda sobre la vida y las relaciones de la comunidad. En últimas, este resultado no debería sorprender pues en cierta manera recuerda que la seguridad no puede entenderse, ni promoverse, como un asunto privado sino como algo colectivo.
4 - PROPUESTA DE INDICADOR GLOBAL DE INSEGURIDAD
Uno de los problemas más difíciles de resolver al abordar el diagnóstico de la violencia, y con mayor razón al emprender programas de prevención y control, tiene que ver con la medición del objetivo que se fija para los programas. El propósito genérico de “reducir la violencia” , aunque loable, presenta la característica de no ser fácil de operacionalizar. Sobre todo cuando, como ocurre en la ZMVS, la violencia presenta varias facetas y dimensiones que no siempre son comparables. Parece obvio que es deseable reducir (i) la tasa de homicidios y el número de secuestros, (ii) la amenaza que representan las maras, (iii) los ataques violentos y las amenazas a las personas (iv) los ataques violentos y no violentos a la propiedad, (v) la incidencia y gravedad de los abusos de las autoridades e, incluso, (vi) la violencia al interior del hogar. Ante este amplio abanico de objetivos, ¿cómo establecer prioridades? ¿como comparar los éxitos en un área frente a los fracasos en otra?.
Dentro de la línea general de prestar mayor atención a las víctimas parece razonable sugerir medidas que tengan en cuenta su situación ante la violencia y la criminalidad. Probablemente el indicador que mejor resume las repercusiones negativas de las distintas manifestaciones de la violencia sobre los ciudadanos, y que por lo tanto surge como un buen candidato para ser utilizado como “variable objetivo” de los programas de control de la violencia, es la percepción subjetiva de inseguridad en las calles del barrio [147].
Aunque resulta claro que esta valoración, estrictamente personal, depende no sólo de las condiciones objetivas de la criminalidad y la violencia sino también de ciertas peculiaridades propias e internas de quien responde la pregunta, tales características se pueden filtrar con base en otra percepción más personal, la de sensación de inseguridad al interior del hogar [148]. Se puede pensar que existen ciertas personas más inseguras que otras tanto en su casa como en las calles de su barrio [149]. Sin embargo, estos dos indicadores, a pesar de estar positivamente asociados, no muestran una correlación perfecta (r=0.55). En particular, no es despreciable el número de manifestaciones de sensación de mucha seguridad en la casa que se dan de manera simultánea con percepción de alta inseguridad en el barrio.
seguridad | seguridad en el barrio
en la casa | muy_segu algo_seg poco_seg muy_inse | Total
-----------+--------------------------------------------+----------
muy_segu | 275 111 92 69 | 547
algo_seg | 39 235 113 93 | 480
poco_seg | 21 66 246 174 | 507
muy_inse | 9 15 33 200 | 257
-----------+--------------------------------------------+----------
Total | 344 427 484 536 | 1791
Parece más que razonable plantear que un objetivo para los programas de control de la violencia sería lograr, por ejemplo, reducir la proporción de hogares que se sienten muy inseguros en las calles de su barrio [150]. Este indicador –o familia de indicadores, pues son varios los que se pueden opeacionalizar- presenta varias ventajas. La primera es que es tal vez el único elemento general disponible de la encuesta [151] que está completamente circunscrito a las localidades y que por lo tanto es susceptible de ser utilizado para programas concentrados geográficamente. La segunda, que se aprecia en la tabla anterior, es que está relativamente bien distribuido en la muestra. La tercera es la de su fácil medición: una simple encuesta, o apéndice de una encuesta que se haga con otros propósitos, con tan sólo una o dos preguntas puede permitir su actualización periódica. La cuarta, como se explica a continuación, es que incorpora o resume, en una sola dimensión, el efecto de distintas manifestaciones de la violencia y la criminalidad, e implícitamente permite establecer prioridades de acción pública. En particular, permite obtener un ordenamiento de las localidades susceptibles de ser atendidas con programas de control de la violencia de acuerdo con su nivel relativo de riesgo. La quinta es que su medición no recae bajo el ámbito exclusivo de una entidad o institución. Además, no es fácilmente susceptible de manipulación directa, como lo pueden ser, por ejemplo, las cifras de incidencia o denuncia de delitos.
Una primera manera de abordar este indicador es de manera directa mirando cual es, para cada localidad, la proporción de hogares que manifiestan sentirse muy inseguros en las calles. Lo que se observa es que la variabilidad de tal indicador es alta puesto que va desde el 0% en San Francisco de Yojoa, el 5% en Santa Cruz de Yojoa hasta el 52% en el Sector Geográfico (SG) 4 de San Pedro Sula (SPS) y el 54% en el municipio de Potrerillos. Por otra parte, la cifra equivalente para la percepción de inseguridad extrema al interior del hogar –medida por el porcentaje de personas que se sienten muy inseguras en el hogar- es sistemáticamente inferior a la de inseguridad en el barrio (Gráfica 4.3.1). Como ya se señaló, y como cabría esperar en principio, existe una asociación positiva entre la proporción de hogares que se sienten muy inseguros en el barrio y aquellos que manifiestan tal sensación en su casa. A pesar de lo anterior, esta correlación no es perfecta.
GRAFICA 4.3.1
Al analizar los factores que, a nivel de la unidad de observación de la encuesta, el hogar, ayudan a explicar su variabilidad [152] se encuentra que la valoración individual de la situación de violencia del barrio depende no sólo de la percepción de inseguridad en la casa –que es el factor con mayor poder explicativo- sino de (i) la presencia de maras en la localidad, y la intensidad de esa presencia (ii) el haber sido víctima de un ataque criminal en el último año y (iii) conocer personalmente a alguna persona muerta de forma violenta (Ecuación 4.1) [153].
La cuantificación de estos efectos resulta interesante pues muestra la manera cómo las distintas manifestaciones de la violencia conjugan su impacto sobre la percepción de inseguridad de los ciudadanos [154]. Los coeficientes estimados indican que pasar de una situación sin maras a una de baja influencia de tales grupos incrementa en un 48% la probabilidad de sentirse muy inseguro en el barrio. Un efecto similar se observa al pasar a una presencia ”media” de las maras. El gran impacto de las maras sobre la percepción global de inseguridad se da cuando su influencia se percibe muy alta. Estas calificaciones sobre la influencia de las maras, como ya se señaló, se derivan de una de las preguntas de la encuesta [155]. Un punto que valdría la pena dilucidar en el futuro, por ejemplo mediante un censo de maras, es si la calificación de la gravedad de la influencia de tales grupos está relacionada con su número o, por el contrario, con sus actividades. Como sugerencia de política lo que estos resultados indican es que, si lo que se busca es reducir la sensación de inseguridad extrema, más importantes que los esfuerzos por erradicar las maras son las medidas orientadas a evitar que su influencia se desborde. Por otra parte, los resultados indican que el haber sido víctima de un sólo ataque criminal aumenta en un 72% la probabilidad de sentirse muy inseguro en el barrio. El haber sido víctima múltiple –más de una vez- aumenta esa probabilidad en más del 150%. Por último, el haber tenido conocimiento directo de una persona muerta de manera violenta aumenta la posibilidad de sentirse muy inseguro en cerca del 40% (Gráfica 4.3.2).
GRAFICA 4.3.2
A pesar de que los coeficientes de las variables mencionadas resultan ser estadísticamente significativos, hay un porcentaje importante de las variaciones en la percepción de inseguridad extrema en el barrio que quedan sin explicar con base en dichas variables. En otros términos, persisten diferencias importantes en la percepción de inseguridad en el barrio que no se explican bien ni a partir de la sensación subjetiva y personal de inseguridad –que se puede considerar medida con la valoración del miedo que se siente al interior del hogar- ni a partir de las manifestaciones pasadas de la violencia, como la existencia de maras, los ataques criminales en el último año o los homicidios. Es posible estimar, para las distintas localidades, la magnitud de este efecto remanente. Una manera de hacerlo consiste en agregar a la ecuación ya estimada variables binarias para cada uno de los municipios –o sectores geográficos del municipio de San Pedro Sula- y mirar cual es su efecto sobre la probabilidad de sentirse muy inseguro en el barrio. Los resultados de este ejercicio muestran que existen tres localidades –San Francisco de Yojoa, San Manuel y Santa Cruz de Yojoa- que se caracterizan no sólo por una baja proporción de personas que se sienten intranquilas en las calles sino porque su inclusión en la ecuación contribuye poco discriminar entre los que se sienten muy inseguros y los demás [156] . En el otro extremo, aparecen varias localidades –como Potrerillos y tres de los sectores geográficos de SPS - que no sólo presentan una alta proporción de personas en extremo inseguras sino que, aún después de filtrar por factores como la percepción de inseguridad en la casa, la criminalidad común o la existencia de maras, son percibidos como lugares particularmente violentos, pues multiplican por un factor superior a diez la probabilidad de que un ciudadano se sienta muy inseguro en las calles de sus barrios (Ecuación 4.2).
La magnitud estimada de este coeficiente se puede utilizar para refinar el ordenamiento de los municipios hecho a partir de la calificación de inseguridad por los ciudadanos [157]. En particular, puede ser útil para proponer una agrupación de los municipios en cuatro grandes categorías: bajo riesgo, riesgo, alto riesgo y los lugares que se pueden considerar “críticos” por sus altos y complejos niveles de violencia (Gráfica 4.3.3).
GRAFICA 4.3.3
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ANEXO - ECUACIONES
ECUACION 2.1
reg th maras if dpto!="Morazan"
Source | SS df MS Number of obs = 11
---------+------------------------------ F( 1, 9) = 11.14
Model | 5217.88681 1 5217.88681 Prob > F = 0.0087
Residual | 4215.74955 9 468.416617 R-squared = 0.5531
---------+------------------------------ Adj R-squared = 0.5035
Total | 9433.63636 10 943.363636 Root MSE = 21.643
------------------------------------------------------------------------------
th | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
maras | .0919649 .0275544 3.338 0.009 .0296325 .1542972
_cons | 22.03086 9.230202 2.387 0.041 1.150698 42.91103
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.1
logit vcasaSV apto vigpol vigpri alarmas-perro seguro, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(9) = 18.33
Prob > chi2 = 0.0315
Log Likelihood = -687.38924 Pseudo R2 = 0.0132
------------------------------------------------------------------------------
vcasaSV | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
apto | .7090998 .3814693 -0.639 0.523 .2470544 2.03527
vigpol | .75878 .1077873 -1.943 0.052 .5743806 1.002379
vigpri | 1.310083 .3112604 1.137 0.256 .8223629 2.087057
alarmas | .679286 .3191457 -0.823 0.410 .2704809 1.705959
candado | 1.112631 .1732958 0.685 0.493 .819924 1.509831
cerco | 1.087444 .205379 0.444 0.657 .7510101 1.574593
alambre | 1.504439 .2454343 2.503 0.012 1.092721 2.071284
perro | .9283355 .1327507 -0.520 0.603 .7014299 1.228643
seguro | 1.4754 .5214279 1.100 0.271 .7380452 2.949422
---------+--------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.2
logit vcasaCV apto vigpol vigpri alarmas-perro seguro, or
Note: alarmas~=0 predicts failure perfectly
alarmas dropped and 45 obs not used
Note: seguro~=0 predicts failure perfectly
seguro dropped and 47 obs not used
Logit Estimates Number of obs = 1702
chi2(7) = 4.03
Prob > chi2 = 0.7757
Log Likelihood = -156.84216 Pseudo R2 = 0.0127
------------------------------------------------------------------------------
vcasaCV | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
apto | 1.390572 1.446754 0.317 0.751 .1809681 10.68526
vigpol | 1.607048 .5945497 1.282 0.200 .7782429 3.318507
vigpri | 1.348237 .8334621 0.483 0.629 .4013882 4.528639
candado | 1.455951 .5590724 0.978 0.328 .685951 3.0903
cerco | .6516706 .2827619 -0.987 0.324 .2784128 1.525342
alambre | 1.049603 .4694477 0.108 0.914 .4368324 2.521943
perro | .8435368 .3104697 -0.462 0.644 .4100278 1.735381
ECUACION 3.3
logit muyseguC vigpol vcasa alarmas candado alambre muni8 muni11 altomara, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(8) = 90.92
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -1057.7847 Pseudo R2 = 0.0412
------------------------------------------------------------------------------
muyseguC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
vigpol | 1.187211 .1270515 1.604 0.109 .9625761 1.464269
vcasa | .6755087 .1075196 -2.465 0.014 .4944775 .9228165
alarmas | 2.001788 .6401139 2.170 0.030 1.069617 3.746345
candado | 1.344245 .158308 2.512 0.012 1.067172 1.693253
alambre | .7852476 .0904152 -2.100 0.036 .62661 .9840471
muni8 | 2.547893 .7492589 3.180 0.001 1.431754 4.534131
muni11 | 1.950923 .5307645 2.456 0.014 1.144626 3.32519
altomara | .357677 .0572593 -6.422 0.000 .2613516 .4895047
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.4
logit muyinseC vcasa altomara altoco muni10 muni17, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(5) = 92.89
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -692.36684 Pseudo R2 = 0.0629
------------------------------------------------------------------------------
muyinseC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
vcasa | 2.08079 .3531417 4.318 0.000 1.491992 2.901952
altomara | 1.980208 .340549 3.973 0.000 1.413593 2.773943
altoco | 2.161602 .4148453 4.017 0.000 1.483942 3.148724
muni10 | .2078144 .1509978 -2.162 0.031 .0500257 .8632926
muni17 | .2003448 .1470475 -2.190 0.028 .0475357 .8443772
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.5
logit dejoToE victima muyinseB muni9, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(3) = 104.79
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -787.30941 Pseudo R2 = 0.0624
------------------------------------------------------------------------------
dejoToE | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
victima | 2.549763 .3355148 7.113 0.000 1.970122 3.299945
muyinseB | 2.166633 .2858906 5.860 0.000 1.672892 2.806097
muni9 | 2.283493 .7771034 2.426 0.015 1.171991 4.449129
-----------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.6
logit armado mujerJ ingresoR muni10 muni13 muni15, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(5) = 71.24
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -470.52738 Pseudo R2 = 0.0704
------------------------------------------------------------------------------
armado | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
mujerJ | .2733274 .0680174 -5.212 0.000 .1678271 .4451478
ingresoR | 1.295739 .0884121 3.797 0.000 1.133541 1.481144
muni10 | 2.54407 .9804402 2.423 0.015 1.195339 5.414611
muni13 | 2.732734 1.125807 2.440 0.015 1.218786 6.127278
muni15 | 4.201728 1.710275 3.527 0.000 1.892143 9.330433
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.7
reg maras ingreso ingreso2, nocons
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 2, 22) = 165.19
Model | 529.893909 2 264.946955 Prob > F = 0.0000
Residual | 35.2860818 22 1.60391281 R-squared = 0.9376
---------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9319
Total | 565.179991 24 23.5491663 Root MSE = 1.2665
------------------------------------------------------------------------------
maras | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
ingreso | 1.872207 .1618115 11.570 0.000 1.53663 2.207783
ingreso2 | -.1700423 .0255858 -6.646 0.000 -.223104 -.1169806
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.7bis
reg maras ingreso ingreso2
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 2, 21) = 3.26
Model | 10.9548664 2 5.47743319 Prob > F = 0.0585
Residual | 35.2851335 21 1.68024445 R-squared = 0.2369
---------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1642
Total | 46.2399999 23 2.01043478 Root MSE = 1.2962
------------------------------------------------------------------------------
maras | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
ingreso | 1.891051 .8103337 2.334 0.030 .20587 3.576233
ingreso2 | -.1715522 .0687396 -2.496 0.021 -.3145039 -.0286004
_cons | -.0528979 2.226648 -0.024 0.981 -4.683467 4.577671
------------------------------------------------------------------------------
. test _cons=0
( 1) _cons = 0.0
F( 1, 21) = 0.00
Prob > F = 0.9813
ECUACION 3.8
reg crorg ingreso ingreso2, nocons
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 2, 22) = 398.61
Model | 339.004765 2 169.502382 Prob > F = 0.0000
Residual | 9.35523073 22 .42523776 R-squared = 0.9731
---------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9707
Total | 348.359995 24 14.5149998 Root MSE = .6521
------------------------------------------------------------------------------
crorg | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
ingreso | 1.389614 .0833172 16.679 0.000 1.216825 1.562403
ingreso2 | -.1156762 .0131742 -8.781 0.000 -.1429978 -.0883546
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.8bis
reg crorg ingreso ingreso2
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 2, 21) = 5.07
Model | 4.50852857 2 2.25426429 Prob > F = 0.0160
Residual | 9.34480429 21 .444990681 R-squared = 0.3254
---------+------------------------------ Adj R-squared = 0.2612
Total | 13.8533329 23 .60231882 Root MSE = .66708
------------------------------------------------------------------------------
crorg | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
ingreso | 1.327128 .4170164 3.182 0.004 .4598953 2.194361
ingreso2 | -.1106697 .035375 -3.128 0.005 -.184236 -.0371034
_cons | .1754015 1.145885 0.153 0.880 -2.207596 2.558399
------------------------------------------------------------------------------
. test _cons=0
( 1) _cons = 0.0
F( 1, 21) = 0.02
Prob > F = 0.8798
ECUACION 3.9
reg maras crorg ingreso ingreso2 (ingreso ingreso2 cp1-cp4), nocons
(2SLS)
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 3, 21) = .
Model | 547.80665 3 182.602217 Prob > F = .
Residual | 17.373341 21 .827301954 R-squared = .
---------+------------------------------ Adj R-squared = .
Total | 565.179991 24 23.5491663 Root MSE = .90956
------------------------------------------------------------------------------
maras | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
crorg | 1.930492 .3873577 4.984 0.000 1.124937 2.736046
ingreso | -.8104316 .5506796 -1.472 0.156 -1.955633 .3347693
ingreso2 | .0532697 .0484296 1.100 0.284 -.0474451 .1539845
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.10
reg crorg maras ingreso ingreso2 (ingreso ingreso2 cp1-cp4), nocons
(2SLS)
Source | SS df MS Number of obs = 24
---------+------------------------------ F( 3, 21) = .
Model | 344.087257 3 114.695752 Prob > F = .
Residual | 4.27273864 21 .203463745 R-squared = .
---------+------------------------------ Adj R-squared = .
Total | 348.359995 24 14.5149998 Root MSE = .45107
------------------------------------------------------------------------------
crorg | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
maras | .4650786 .0942872 4.933 0.000 .2689976 .6611596
ingreso | .5188907 .1856948 2.794 0.011 .1327172 .9050643
ingreso2 | -.0365932 .0184416 -1.984 0.060 -.0749447 .0017583
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.11
logit ajust y1 maraB maraM maraA altoco muni1, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(6) = 49.25
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -441.75224 Pseudo R2 = 0.0528
------------------------------------------------------------------------------
ajust | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
y1 | .495901 .1551233 -2.242 0.025 .2686146 .915504
maraB | 1.370068 .4179468 1.032 0.302 .7534912 2.491184
maraM | 1.896674 .5738719 2.116 0.034 1.048206 3.431931
maraA | 1.877234 .6123686 1.931 0.054 .9904891 3.557845
altoco | 1.957724 .4941186 2.662 0.008 1.193749 3.210628
muni1 | 2.135368 .418375 3.872 0.000 1.454453 3.135058
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.12
logit ajust y1 maraB maraM maraA altoco muni19-muni21, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(8) = 59.16
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -436.79796 Pseudo R2 = 0.0634
------------------------------------------------------------------------------
ajust | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
y1 | .5122093 .1611059 -2.127 0.033 .2765145 .9488054
maraB | 1.305421 .4005269 0.869 0.385 .7154617 2.381851
maraM | 1.918962 .5878654 2.128 0.033 1.0527 3.498067
maraA | 1.965574 .6476519 2.051 0.040 1.030435 3.749369
altoco | 2.073095 .5239918 2.884 0.004 1.263196 3.402259
muni19 | 2.762372 .8701464 3.226 0.001 1.489889 5.121656
muni20 | 3.461551 1.42249 3.022 0.003 1.546956 7.745749
muni21 | 2.818759 .7437613 3.927 0.000 1.680578 4.727778
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.13
logit reincid maras crOrg Hsolo, or
Logit Estimates Number of obs = 121
chi2(3) = 18.56
Prob > chi2 = 0.0003
Log Likelihood = -73.656222 Pseudo R2 = 0.1119
------------------------------------------------------------------------------
reincid | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
maras | 4.5 2.033868 3.328 0.001 1.855642 10.91266
crOrg | 3.5 2.736227 1.602 0.109 .7561646 16.20018
Hsolo | .5833333 .2466912 -1.275 0.202 .2546504 1.336255
ECUACION 3.14
logit reincid Hsolo tomado tardnoch CasaoT amenaza joven, or
Logit Estimates Number of obs = 121
chi2(6) = 28.83
Prob > chi2 = 0.0001
Log Likelihood = -68.523299 Pseudo R2 = 0.1738
------------------------------------------------------------------------------
reincid | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
Hsolo | .2957807 .1329905 -2.709 0.007 .1225316 .713989
tomado | 2.99149 1.419315 2.310 0.021 1.180414 7.58125
tardnoch | .3393041 .1672424 -2.193 0.028 .1291318 .8915485
CasaoT | .3314246 .1717228 -2.131 0.033 .1200458 .9150028
amenaza | 2.577385 1.176432 2.074 0.038 1.053546 6.305289
joven | 2.498108 1.121267 2.040 0.041 1.036459 6.021021
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.15
logit reincid Hsolo tomado tardnoch amenaza maras
, or
Logit Estimates Number of obs = 121
chi2(5) = 31.37
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -67.254177 Pseudo R2 = 0.1891
------------------------------------------------------------------------------
reincid | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
Hsolo | .4050545 .1780127 -2.056 0.040 .1711704 .9585132
tomado | 2.756516 1.30443 2.143 0.032 1.090329 6.968888
tardnoch | .2655763 .1295725 -2.718 0.007 .1020693 .6910087
amenaza | 2.569407 1.169548 2.073 0.038 1.052886 6.270246
maras | 4.593373 2.191049 3.196 0.001 1.803461 11.69921
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.16
logit primerH Hsolo tomado tardnoch amenaza maras, or
Logit Estimates Number of obs = 121
chi2(5) = 31.37
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -67.254177 Pseudo R2 = 0.1891
------------------------------------------------------------------------------
primerH | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
Hsolo | 2.468804 1.084986 2.056 0.040 1.043282 5.842131
tomado | .3627768 .1716721 -2.143 0.032 .1434949 .9171546
tardnoch | 3.765396 1.837106 2.718 0.007 1.44716 9.797266
amenaza | .3891948 .1771545 -2.073 0.038 .1594834 .9497705
maras | .2177049 .1038457 -3.196 0.001 .0854758 .5544893
ECUACION 3.17
logit primerH Hsolo tomado tardnoch amenaza maras riña-maltrato, or
Note: ajustic~=0 predicts failure perfectly
ajustic dropped and 3 obs not used
Note: maltrato~=0 predicts success perfectly
maltrato dropped and 1 obs not used
Logit Estimates Number of obs = 117
chi2(11) = 40.29
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -59.71417 Pseudo R2 = 0.2523
------------------------------------------------------------------------------
primerH | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
Hsolo | 2.854308 1.459981 2.050 0.040 1.047394 7.778418
tomado | .2982366 .1679487 -2.148 0.032 .0989045 .8993027
tardnoch | 4.791677 2.646412 2.837 0.005 1.623209 14.14492
amenaza | .2572167 .1348615 -2.590 0.010 .0920461 .7187754
maras | .157726 .0880722 -3.308 0.001 .0527963 .4711979
riña | 2.274314 1.814998 1.030 0.303 .4759437 10.86789
represio | 1.314762 1.87943 0.191 0.848 .0798122 21.65834
robasalt | 3.461796 2.682414 1.603 0.109 .7581198 15.80757
venganza | 5.329063 4.491574 1.985 0.047 1.021456 27.80238
enfrent | 1.457796 1.785634 0.308 0.758 .1321514 16.08132
ajusteC | 5.216004 6.797389 1.267 0.205 .4055736 67.08203
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.18
logit denuncia maras antpen añoH, or
Logit Estimates Number of obs = 202
chi2(3) = 12.45
Prob > chi2 = 0.0060
Log Likelihood = -130.91405 Pseudo R2 = 0.0454
------------------------------------------------------------------------------
denuncia | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
maras | .6696445 .2218617 -1.210 0.226 .3498086 1.281912
antpen | .4496 .1693776 -2.122 0.034 .2148589 .9408039
añoH | .9383457 .0350677 -1.703 0.089 .8720712 1.009657
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.19
logit muyinseB cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 0.35
Prob > chi2 = 0.5558
Log Likelihood = -1093.8466 Pseudo R2 = 0.0002
------------------------------------------------------------------------------
muyinseB | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | .9284584 .1166893 -0.591 0.555 .7257429 1.187797
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.20
logit muyinseC cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 0.02
Prob > chi2 = 0.8785
Log Likelihood = -738.8019 Pseudo R2 = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
muyinseC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | .9751291 .1603672 -0.153 0.878 .7064407 1.346011
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.21
logit victima cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 0.13
Prob > chi2 = 0.7134
Log Likelihood = -1066.212 Pseudo R2 = 0.0001
------------------------------------------------------------------------------
victima | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | 1.048716 .1361052 0.367 0.714 .8131797 1.352474
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.22
logit victimaM cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 0.20
Prob > chi2 = 0.6518
Log Likelihood = -752.83996 Pseudo R2 = 0.0001
------------------------------------------------------------------------------
victimaM | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | 1.077257 .1786058 0.449 0.654 .7783818 1.490891
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.23
logit maralto cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 2.04
Prob > chi2 = 0.1535
Log Likelihood = -882.94942 Pseudo R2 = 0.0012
------------------------------------------------------------------------------
maralto | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | .8151146 .1155293 -1.442 0.149 .6174114 1.076125
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 3.24
logit nomara cpropia, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(1) = 4.39
Prob > chi2 = 0.0361
Log Likelihood = -909.48522 Pseudo R2 = 0.0024
------------------------------------------------------------------------------
nomaras | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
cpropia | 1.367163 .2083979 2.052 0.040 1.014077 1.843189
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 4.1
logit muyinseB muyinseC maraB maraM maraA victimaU victimaM muerteV, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(7) = 414.95
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -886.54519 Pseudo R2 = 0.1896
------------------------------------------------------------------------------
muyinseB | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
muyinseC | 10.45673 1.746566 14.053 0.000 7.537398 14.50676
maraB | 1.482827 .2675608 2.183 0.029 1.041118 2.111938
maraM | 1.900473 .3502889 3.484 0.000 1.324254 2.727422
maraA | 3.970733 .7527647 7.274 0.000 2.738428 5.75758
victimaU | 1.722397 .2879583 3.252 0.001 1.241154 2.390238
victimaM | 2.535519 .4003809 5.892 0.000 1.860607 3.455247
muerteV | 1.354719 .2385655 1.724 0.085 .9592972 1.913135
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 4.2
logit muyinseB muyinseC maraB maraM maraA victimaU victimaM muerteV muni2-muni7 muni11-muni25, or
Logit Estimates Number of obs = 1794
chi2(28) = 506.56
Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -840.73955 Pseudo R2 = 0.2315
------------------------------------------------------------------------------
muyinseB | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
muyinseC | 10.97916 1.919062 13.708 0.000 7.794467 15.46506
maraB | 1.428889 .2699672 1.889 0.059 .9866813 2.069285
maraM | 1.779491 .3469135 2.956 0.003 1.214376 2.607584
maraA | 3.476097 .7110771 6.091 0.000 2.327922 5.190573
victimaU | 1.547531 .2676292 2.525 0.012 1.102638 2.171929
victimaM | 2.24491 .3771976 4.813 0.000 1.615017 3.120476
muerteV | 1.295249 .2401202 1.395 0.163 .9006439 1.862746
muni2 | 9.150415 4.184811 4.841 0.000 3.733842 22.42465
muni3 | 2.912474 1.672223 1.862 0.063 .9452287 8.97402
muni4 | 8.045527 4.156422 4.036 0.000 2.922893 22.14604
muni5 | 19.35153 9.727883 5.894 0.000 7.224735 51.83326
muni6 | 4.581173 2.168983 3.215 0.001 1.811217 11.58732
muni7 | 5.408649 2.940983 3.104 0.002 1.86313 15.70126
muni11 | 10.01597 4.913383 4.697 0.000 3.829412 26.19715
muni12 | 4.970716 2.627869 3.033 0.002 1.763657 14.00953
muni13 | 6.420811 3.449722 3.461 0.001 2.240078 18.40419
muni14 | 6.987476 3.618131 3.755 0.000 2.532598 19.27855
muni15 | 3.588871 2.050505 2.237 0.025 1.171178 10.99747
muni16 | 4.538202 2.111993 3.250 0.001 1.822849 11.2984
muni17 | 6.622918 3.458554 3.620 0.000 2.379817 18.43127
muni18 | 3.171932 1.649279 2.220 0.026 1.144809 8.788501
muni19 | 11.7384 5.323401 5.431 0.000 4.825993 28.55167
muni20 | 14.31001 7.210801 5.281 0.000 5.329918 38.4202
muni21 | 12.10424 5.336073 5.656 0.000 5.101421 28.71997
muni22 | 7.086329 3.139922 4.419 0.000 2.973429 16.88827
muni23 | 6.435731 2.98314 4.017 0.000 2.594432 15.96443
muni24 | 6.693402 2.979052 4.271 0.000 2.797693 16.01377
muni25 | 4.845898 2.367483 3.230 0.001 1.860014 12.62503
------------------------------------------------------------------------------
[1] Investigador asociado Paz Pública, Universidad de los Andes, Bogotá. Instituto Duque de Ahumada Universidad Carlos III de Madrid merubio@eresmas.net. El trabajo de campo fue realizado por la DIEM en San Pedro Sula con una gran dedicación y profesionalismo de todo el equipo. Se agradecen el apoyo, la colaboración y los comentarios de Jorge Sapoznikow, Juana Salazar, Karelia Villa, Argentina del Valle, Juan Carlos Alvarado y Fernando Costa. Andrew Morrison hizo una minuciosa revisión final del informe Las opiniones y los posibles errores son responsabilidad del autor y no comprometen ni al BID ni a las instituciones o personas que contribuyeron a la investigación.
[2] Rubio (1999), BID-CIEN (2001), Gaviria et al (2000)
[3] Estudio de Opinión, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, citado por Leyva (2001) página 17.
[4] Datos suministrados por Leyva (2000) a partir de los Informes Estadísticos Anuales de la Policía Preventiva y la DGIC.
[5] Citadas por Urbina (1997) sin mencionar el origen de las cifras.
[6] FONAC (2000) página 19.
[7] Espitia (1999)
[8] Suministrados por Urbina (1997) en donde tampoco se menciona la fuente.
[9] Tal es la opinión de Leyva (2001). Tanto Espitia (1999) como Leyva (2001) citan como fuente de sus cálculos las estadísticas de la Policía y por lo tanto no es fácil determinar el origen de la discrepancia entre una y otra fuente. De cualquier manera, Espitia (1999) también encuentra que las cifras de Medicina Forense son inferiores a las reportadas por la Policía.
[10] Fajnzylber Pablo, Daniel Lederman and Norman Loayza (1998). Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. An Empirical Assesment. Washington: World Bank Latin America and Caribbean Studies.
[11] Ley del Ministerio Público citada por Leyva (2001) página 24. Subrayado propio
[12] De acuerdo con el Director de la DGIC en San Pedro Sula, una posible explicación para esta discrepancia es que las personas presentan denuncias por lesiones en diferentes lugares: (a.)Postas de Policía Preventiva (b) Oficinas de las Fiscalías Especiales o (c) Oficinas de la DGIC. Las tres reportan directamente a Medicina Forense, en dónde se suman todas estas denuncias.
[13] Soares (1999) muestra cómo la aparente relación positiva entre niveles de desarrollo y criminalidad se explica relativamente bien con la observación que los niveles generales de desarrollo de una sociedad se asocian con un aumento en la proporción de delitos que se denuncian.
[14] Como habría ocurrido en Colombia a lo largo de los años 80. Ver Rubio (1999)
[15] Leyva (2001) basado en Informes Estadísticos Anuales.
[16] Aún al interior de un país, bajo un mismo sistema legal y con cuerpos de Policía homogéneos se ha n encontrado importantes diferencias regionales en la propensión de los ciudadanos a poner denuncias. Ver Rubio (1999) – “La Justicia en los Municipios Colombianos. Informe final de Investigación”. Bogotá: Corporación Excelencia en la Justicia.
[17] Y que aún no está libre de problemas, originados en dos factores: (1) la falta de homogeneidad de los formularios y procedimientos para realizar las encuestas y (2) el cubrimiento parcial, y fundamentalmente urbano, de dichas encuestas.
[18] Estas observaciones no eliminan del todo la necesidad de manejar con cautela las comparaciones internacionales de tasas de homicidio. En primer lugar, porque la confianza en las cifras locales no dice nada sobre la calidad de las cifras de los países con los cuales se hace la comparación. Para América Latina, es copiosa la evidencia sobre los problemas de sub-registro en las cifras de homicidio de distintos países. Ver Rubio (1999). Por otra parte, no es claro que internacionalmente exista homogeneidad en cuanto a los criterios para tipificar un incidente como homicidio y distinguirlo de otro tipo de muerte. Se sabe que hay problemas en la clasificación de las muertes para ciertos accidentes de tráfico. Por otro lado en algunos países, como por ejemplo Holanda, se siguen incluyendo en las estadísticas las tentativas de homicidio. Ver Reuter y Roman (2000).
[19] Que, en la actualidad, se ha hecho en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay en un esfuerzo coordinado por United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). Ver Alvazzi del Frati (1998)
[20] Como parte del Proyecto de Gobernabilidad Democrática
[21] Que reflejan la sensibilidad de este tipo de instrumentos a la manera como se hacen las preguntas.
[22] Al parecer el único ejercicio de ese tipo realizado hasta el momento en Honduras.
[23] Rico (2000) página 193
[24] De hecho en BID (1999) no se incluye información sobre Honduras.
[25] Fajnzylber et al (1998)
[26] Medellín y Cali sumadas, por ejemplo, representan tan sólo el 5% de la población colombiana.
[27] O que por lo menos no hubo modificaciones sustanciales en las tendencias a denunciar, o los procedimientos de registro en San Pedro Sula y el resto del país.
[28] Estos incrementos no se explican por cambios en el tamaño de la población ya que, durante ese período la partcipación de San Pedro Sula en la población total ha permanecido relativamente estable.
[29] Esto ocurre tanto para las cifras de la DGIC en dónde no se separan los homicidios de San Pedro Sula de los del resto del Departamento de Cortés, como para las estadísticas de Medicina Forense, cuya oficina regional de San Pedro Sula incluye datos de algunos municipios que ni siquiera pertenecen al departamento de Cortés, como Copán, Gracias Lempira, La Ceiba, Roatán o Tela.
[30] Reportados por Leyva (2001) anexo B
[31] Espitia (1999) Tabla 1, página 10. Aunque en este trabajo no se hace explícito que los datos de la Policía reportados para San Pedro Sula cubren todo el departamento de Cortés se supone, de acuerdo con Leyva (2001) que tal es el cubrimiento regional. Por otra parte, al dato de 1999 que incluía información tan sólo hasta Septiembre se le aplicó un ajuste por los tres meses restantes.
[32] La cifra sugerida por la fuente tomada de este Gráfico para Ciudad de Guatemala ha sido sujeta a un intenso debate y todo parece indicar que está altamente sobre estimada. Ver BID-CIEN (2001).
[33] En forma muy similar a lo que se ha encontrado para las grandes ciudades colombianas. Ver por ejemplo Llorente et al (2001)
[34] Es conveniente anotar que las tasas de homicidio de estos barrios críticos pueden estar sub-estimadas de manera importante, ya que cerca de la mitad (47%) de las muertes violentas acaecidas en el municipio se reportan como ocurridas en las clínicas y hospitales de la ciudad, cuando es más que razonable suponer que buena parte de los incidentes que condujeron a esas muertes también ocurrieron en aquellos barrios o colonias caracterizados por su altísima violencia. Si se supone que las muertes violentas reportadas como ocurridas en centros hospitalarios se distribuyen por barrios o colonias de manera similar a aquellas para las cuales se conoce el lugar en donde ocurrió el incidente, se tiene que tan sólo cinco barrios, en dónde vive cerca del 4% de la población del municipio dan cuenta de más de la tercera parte de las muertes violentas.
[35] El promedio para SPS es de 37.2% pero en uno de los sectores se supera el 50%.
[36] De la Corte Suprema de Justicia, de Probidad Administrativa, de la Universidad Nacional Autónoma, Hondutel, Colegios de Secundaria en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Grupo de Trabajo del Curso Superior de Defensa. Ver FONAC (2000) página 21
[37] FONAC (2000) Página 21
[38] ISEP (1998)
[39] ACJ-SCHUK (2000) página 2. Subrayados propios
[40] Avila et al (2001) página 16
[41] FJRM(sf) página 1
[42] Por otro lado, se puede proponer que las personas de mayores ingresos invertirán más en la protección privada de sus bienes disminuyendo la probabilidad de ser víctimas de un ataque.
[43] Gaviria y Pajés (1999). Gaviria y Vélez (2001)
[44] En Caldera (1998) se reporta un perfil del delincuente típico capturado hecho por la Policía: hombre joven, pobre, migrante, desarraigado y con bajo nivel de instrucción.
[45] Flores y Sauceda (1994) página 8
[46] Mazier (2001)
[47] Ver por ejemplo Rubio (1998). “Contenido de las Sentencias Penales- Análisis de una muestra de sentencias en cuatro ciudades colombianas (1995-1996)”. Bogotá: Cede- Cijus Mimeo
[48] El análisis de las encuestas de victimización colombianas muestran claramente que, a diferencia de los delitos contra la propiedad, para los ataques contra las personas -homicidios y lesiones personales- los hogares de estrato bajo tienen una mayor propensión a ser víctimas que los hogares de clase media y alta. Confirmando lo anterior, el análisis de los protocolos de homicidio por parte de Medicina Legal en Bogotá, también muestra que la mayor parte de las muertes violentas ocurren en los barrios de estrato bajo. Paz Pública (2000)
[49] Para Colombia, Gaviria y Vélez (2001) muestran cómo si bien los ataques contra la propiedad afectan ante todo, y como ya se señaló, sa las familias de mayores ingresos, en el caso de la violencia homicida esta relación entre nivel económico y probabilidad de ser víctima se invierte. El patrón regional de ocurrencia de los homicidios en San Pedro Sula sugiere una relación similar. Este punto se discute en detalle en el capítulo de análisis de las encuestas.
[50] O negativa entre los niveles de pobreza y las tasas de homicidio.
[51] Como el índice de Desarrollo Humano, o los indicadores de educación.
[53] Para Colombia ver Sarmiento (1998)
[54] Como tampoco sirve ninguna teoría para explicar las persistentes diferencias de género entre los agresores.
[55] FJRM(sf) página 1
[56] Flores y Sauceda (1994) página 35
[57] FJRM(sf) página 1
[58] O sea cuando no se habían consolidado los que parecen ser los problemas más apremiantes en la actualidad, las altas tasas de homicidio y las maras. Ver Flores y Sauceda (1994)
[59] Mazier (2001)
[60] Ver por ejemplo Loeber (1996)
[61] Farrington (1996).
[62] Ver trabajos para Finlandia, Países Bajos, Bélgica, alemania, Suiza, Portugal, España, Italia. Grecia en Juger-Tass (1994). Para Francia ver Roché (2001)
[63] Por ejemplo Muchielli (2000, 2001) o Roché (2001)
[64] Ante la carencia de datos de seguimiento de cohortes de jóvenes como los que han sido utilizados en los EEUU e Inglaterra, para América Latina se podría, por ejemplo, recurrir en las encuestas entre agresores preguntas retrospectivas para establecer si se da o no este tipo de vínculo. Esfuerzos en esas líneas se están llevando a cabo en la actualidad, con apoyo y coordinación del BID, en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Managua.
[65] “Según el lugar de origen de los entrevistados, el 30.51% son originarios del departamento de Cortés, Yoro con el 17.53% y Santa Bárbara con 12.33. Otros departamentos que presentan cifras significativas son: Atlántida con un 6.49 % y Copan con el 5.19 %”. Mazier (2001)
[66] Algo que, al parecer, se da por descontado. “Existe en Honduras la percepción de que los jóvenes menores de edad son responsables y protagonistas de la delincuencia e inseguridad ciudadana que se vive actualmente” Salomón et. al. página 9
[67] En Avila et al (2001), por ejemplo, como problemas ”de salud y sociales encontrados con más frecuencia en la mayoría de los jóvenes se ubica lo siguiente: embarazo, enfermedades de transmisión sexual, alteraciones de salud mental, delincuencia juvenil, accidentes, uso de drogas, alteraciones nutricionales, tuberculosis, trastornos de crecimientos, problemas de caries y alteraciones bucodentales”. Página 10
[68] Mucchieli (2000) página 15. Traducción propia
[69] Mucchieli (2000)
[70] Land y Nagin (1996). Loeber (2001) distingue por lo menos tres senderos hacia la delincuencia muy diferenciados.
[71] Elliot et al (1985)
[72] Sampson y Laub (1990)
[73] “La decisión de intervenir en la situación de un menor infractor no tiene que ver con la gravedad de las infracciones cometidas. Depende también de la concepción que tiene quien toma la decisión sobre lo que es un verdadero delincuente, o un pre-delincuente. ... Basta con que un número elevado de funcionarios con capacidad de intervención consideren que los hogares rotos conducen a la delincuencia para que, efectivamente, ese factor guíe sus decisiones y que los investigadores encuentren luego un mayor número de jóvenes provenientes de este tipo de familia entre los delincuentes oficialmente reconocidos ... Así, los resultados de los trabajos de investigación reflejan, al menos parcialmente, las concepciones que guían a los operadores en sus intervenciones”. Cita del criminólogo canadiense Trépanier J (1995). “Les délinquants et leurs familles”: Révue de Droit Pénal et de Criminologie, 75, 2 págs 119 a 142. Citado por Mucchieli (2000). Traducción propia.
[74] Ver por ejemplo Roché (2001)
[75] ACJ-SCHUK (2000). En este mismo estudio se revela que en su mayoría (cerca del 70%) los jóvenes pandilleros vienen de familias numerosas. Este resultado también está en línea con trabajos recientes que sugieren que más que los hogares monoparentales o desintegrados un gran número de hermanos pueden llevar a los “problemas juveniles”. Mucchieli (2000)
[76] “Entre las razones que aducen los jóvenes pandilleros para ingresar a la pandilla no predominan o no están tan presentes las razones de tipo familiar, situación que coincide con investigaciones o estudios sobre maras en El Salvador” Salomón et. al. página 106
[77] En donde, de acuerdo con Botero (1999) también se reciben las denuncias tanto de la Policía Preventiva (antes FSP) como de las Fiscalías y los Juzgados de la Niñez.
[78] Botero (1999) página 36
[79] “Durante la dictadura del nacionalista Tiburcio Carías (1933-1948) hubo muertes a granel cuyos autores nunca fueron juzgados porque se trataba de gente del mismo gobierno que ``ponía en su sitio'' a todo aquél que se atrevía a cuestionar al régimen. El 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula fueron ametralladas con lujo de sadismo por tropas gubernamentales alrededor de 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, que participaban en una manifestación exigiendo amnistía para los presos políticos. Nadie fue juzgado por esta masacre que el escritor Alfonso Guillén Zelaya calificó como ``uno de los más sangrientos asesinatos colectivos de que pueblo alguno haya sido víctima''. El 6 de septiembre de 1961, mientras ejercía el poder el liberal Ramón Villeda Morales (1957-1963) se produjo el ``crimen de Los Laureles'' donde murieron once personas a manos de miembros de la Guardia Civil. Nadie fue juzgado. El ``soborno bananero'' fue un escándalo nacional e internacional que terminó con el gobierno de Oswaldo López Arellano (1972-1975). Su gobierno fue denunciado el 9 de abril de 1975 por el periódico ``The Wall Street Journal'' de haber recibido un soborno de 2.5 millones de dólares de la United Brands a cambio de rebajarle el impuesto por exportación de bananos. La justicia no castigó a nadie. En 1975, durante el gobierno de Juan Alberto Melgar Castro, ocurrió una matanza de campesinos en el Valle de Lepaguare, Olancho, conocida como ``la matanza de Santa Clara y Los Horcones'' donde muerion más de 10 campesinos, un sacerdote y dos señoritas. Una comisión dio con los responsables, entre los que había militares y terratenientes, que sólo estuvieron presos cinco años porque el juez les cambió el delito de asesinato a homicidio. El ``crimen de El Astillero'' es otro de los que pasó a la historia. Cinco campesinos, en su mayoría de la familia Huete, fueron brutalmente asesinados por un grupo de matones a sueldo en 1990, en la localidad de El Astillero, en Agua Caliente de Leán, departamento de Atlántida. El crimen quedó impune. En la actualidad varios militares siguen prófugos de la justicia que los persigue por haber participado en la desaparición de decenas de hondureños víctimas de la ``guerra fría''. Faustino Ordoñez Baca y Nelson Lanza (2000) “De casos insólitos está llena la Penitenciaría Central” - La Prensa 4 de mayo del 2000
[80] “Hay que contentarnos con una reorganización policial que elimine la criminalidad institucional de la DNI a la cual la sociedad hondureña teme más que a la delincuencia común” Editorial del diario Tiempo citado por Salomón (1993) página 29. Subrayado en la cita.
[81] “Descubrimos que los principales victimarios se mantienen en la oscuridad, protegidos por aquellos que tienen poder de hacerlo, sin que el Estado haya hecho algo significativo para hacer justicia y detener este flagelo social ... La gran mayoría de los autores (de homicidios de menores) se dan por desconocidos o las investigaciones no se continúan por falta de pruebas y testigos. Esto hace pensar que dentro de las instituciones del gobierno haya funcionarios en complicidad con algunos paramilitares e individuos poderosos de la sociedad civil, que están realizando la mayoría de éstas ejecuciones”. Avila et al (2001) página 6. Subrayado en el original. Esta afirmación, que no puede calificarse sino de irresponsable, se hace en este trabajo a pesar de que unas páginas atrás se ha afirmado que “al indagar sobre los autores de las ejecuciones encontramos como dato que un 54.9% de las mismas se desconoce el autor o autores, un 22.7% de estas ejecuciones son atribuidas ciudadanos, un 14.1% a las maras, un 4.2% a delincuentes comunes, un 2.4% a la policía nacional y un 1.8% a los agentes de la DGIC, un 0.6% comités de vigilancia, un 0.6% cometidos por mujeres y un 0.3% a escuadrones de la muerte”. Página 32
[82] “El incremento de la criminalidad se inserta en un proceso de construcción de la democracia con sustanciales cambios institucionales que se traducen en una redefinición de las relaciones civiles-militares y, como consecuencia de ello, en el inicio y desarrollo de un proceso de transición policial del control militar al control civil” Rico (2000) página 182
[83] “Se consideran, entre otros como los principales elementos explicativos los siguientes ... el ejemplo de todos aquellos que delinquen y particularmente de las personas con poder económico, político y social que delinquen sin ser sancionados; la existencia de figuras comprometidas con el delito y el crimen en las esferas del sector público gubernamental”. FONAC (1998) Página 10. “Para las autoridades del país resultan incontrolables las acciones delictivas del narcotráfico y el crimen organizado, que cuentan con medios tecnológicos y económicos para penetrar y manipular cualquier sector de la sociedad hondureña, hasta la cúpula del Gobierno y cuerpos de seguridad, dijo el Fiscal General del Estado”. La Prensa, Noviembre 25 de 1996
[84] Schulz (1993) páginas 11 y 20
[85] Salomón (1999) páginas 56 y 57
[86] Citada por Leyva (2001) página 19
[87] UPM(sf) página 29
[88] Editorial La Prensa Mayo 18 de 1998
[89] Violencia y seguridad ciudadana La Prensa 04 de agosto de 1999
[90] Salomón et al (1999) página 6
[91] Una revisión reciente de la literatura empírica se encuentra en Fajnzylber et al (2000)
[92] Y, que se sepa, ninguna sociedad desarrollada ha puesto en tela de juicio la responsabilidad estatal de aclarar y sancionar los delitos graves.
[93] Levitt (1997) estima que los cambios en la severidad de la justicia juvenil en los EEUU, que según él en las dos últimas décadas se hizo más laxa, son responsables de cerca del 60% de los diferenciales del incremento entre delincuencia juvenil y crimen violento adulto. Por su parte Mendel (2000) habla por el contrario de una intensificación de las sanciones para los jóvenes en los EEUUy sugiere que no sólo no han logrado reducir el crimen sino que serían incluso contraproducente, pues los jóvenes transferidos al ámbito penal de adultos reincidirían más, y con infracciones más serias que aquellos que se quedan en la jurisdicción de menores.
[94] Fajnzylber et al (2000). En este trabajo se utilizaron dos indicadores del mercado ilegal de drogas para cada país: el número de casos (por cien mil habitantes) de posesión por encima de los niveles legalmente permitidos y, por otro lado, el hecho el país en cuestión aparezca o no en la lista de productores de cualquier droga ilegal que publica anualmente el INCSR (International Narcotics Control Strategy Report) del departamento de Estado.
[96] Levitt y Rubio (2001)
[97] Llorente el al (2001)
[98] Ver Sánchez y Núñez. “Determinantes del crimen violento en un país altamente violento”. Bogotá: CEDE-Universidad de los Andes.
[99] Se da un caso de dos vigilantes por cada trabajador
[100] Entendiendo que en esta categoría entran tanto los hurtos por parte de empleados, los de clientes y los de amigos o proveedores. También se incluyeron aquí los fraudes.
[101] Aunque no se hacía explícito en l encuesta, se supuso que el robo de mercancía transportada se hacía con recurso a la violencia.
[102] Tanto para los hurtos por parte de clientes como para los fraudes de los empleados la distribución de los montos es muy dispersa siendo el valor promedio bastante superior a la moda, o sea el monto que ocurre con mayor frecuencia.
[103] Esta asociación perversa se puede explicar de dos maneras. O bien las empresas invierten más en seguridad por el hecho de haber sufrido un ataque o bien, como se señala para los hogares, los gastos en seguridad constituyen una señal que las hace más apetecibles para los atacantes.
[104] Puesto que los incidentes cometidos contra los empleados de las empresas –amenazas, agresión, corrupción e irrespeto o agresión de la Policía- fueron relativamente escasos en la muestra no se reportan los proporciones de denuncias de tales casos.
[105] Hay dos maneras de establecer una dimensión para la tendencia a denunciar. La primera consiste en calcular cual es la proporción de las empresas que, habiendo sido víctimas de algún delito acudieron a las autoridades. Teniendo en cuenta que, como ya se señaló, varios de los incidentes se dan de manera repetida, la segunda medición de la tendencia a denunciar es mediante la proporción de incidentes que llegan a conocimiento de las autoridades. En términos generales, las dos magnitudes coinciden.
[106] En Colombia por ejemplo, la proporción de los casos que las autoridades logran aclarar sin el conocimiento de los agresores por parte de las víctimas desde el momento de la denuncia es muy inferior.
[107] Sorprende que entre las víctimas del robo al local sin violencia la calificación del efecto de la inseguridad sea bastante alta, y en particular, que sea superior a la otorgada por las víctimas de los robos a los locales con violencia. Parte de este extraño resultado se puede explicar por el hecho que, dada la alta proporción de empresas víctimas de robo sin violencia, este tipo de incidente por lo general se ve acompañado de otros más graves. De hecho, la calificación promedio para las empresas de sólo robo en el local sin violencia es muy similar al de aquellas que no fueron víctimas.
[108] La calificación del efecto de la inseguridad sobre los planes de inversión como función del número de ataques sufridos durante el último año muestra un perfil algo diferente al del efecto sobre la marcha corriente de los negocios. Aunque en ambos casos la relación es creciente, para el caso de la inversión parecería haber un umbral, alrededor de 5 ataques, por encima del cual se percibe un aumento drástico en la calificación.
[109] Ver en el anexo la ficha técnica de la encuesta y las características generales de los hogares encuestados.
[110] Con relación al que se da para una casa sin ninguna medida de prevención. Este resultado, estadísticamente significativo, se puede interpretar de dos maneras. La primera es que la decisión de subir los muros, o alambrarlos, surge como una respuesta a los robos a la residencia La debilidad de esta explicación radica en el hecho que se reportan los ataques de los últimos 12 meses, y para ser convincente la idea de las alambradas como una respuesta a los robos, habría que suponer que la mayoría de ellas fueron colocadas en el último año, supuesto bastante arriesgado. La otra explicación es que las alambradas, en lugar de proteger, actúan como una señal de que en la casa que cuenta con ellas existen bienes valiosos y atractivos para los amigos de lo ajeno.
[111] Nuevamente este efecto se podría interpretar como una causalidad en sentido inverso: se contrata vigilancia privada o se toma un seguro porque se ha sido víctima. Tal tipo de explicación es también débil, pues se necesitaría suponer que la mayor parte de los vigilantes privados, o de los seguros contra robo, fueron contratados muy recientemente. Más convincente parece la explicación de que tales servicios ofrecen una señal de bienes valiosos que requieren protección. Peor aún, se podría pensar en cierta complicidad de los servicios de vigilancia, o de las compañías de seguro con los delincuentes. En algunas ciudades de Colombia existen testimonios y anécdotas que le dan soporte a esta explicación de un efecto perverso sobre la seguridad tanto de la vigilancia privada como de los seguros.
[112] Se observan en esta ecuación dos efectos que no es posible determinar si se trata de un factor determinante o de una simple coincidencia por el número reducido de casos de la muestra y es el de las alarmas y los seguros contra robo. Ninguno de los hogares que contaba con alguno de estos servicios reportó un ataque violento a su sitio de habitación.
[113] Más adelante se discuten en detalle estos indicadores. Sorprende bastante que la percepción de alta influencia del crimen organizado no muestra tener un efecto significativo sobre la sensación de inseguridad.
[114] Como ya se señaló, el hecho de ue en el municipio de La Lima no se haya reportado ninguna persona que salga normalmente armada hace imposible cuantificar este efecto local, pero se puede suponer que es importante en reducir la fracción de personas armadas.
[115] Esta cifra puede estar ligeramente subestimada teniendo en cuenta que los únicos atentados a las personas que se reportaban eran los sufridos por quienes respondieron la encuesta. Así, por ejemplo, un hogar que no hubiera sufrido robos a la casa, o a los vehículos de la familia, y en el cual la persona que respondió el cuestionario tampoco hubiera sufrido ningún ataque, pero alguien más del hogar sí hubiera sido víctima, no aparecería como tal en esta encuesta.
[116] Las cifras para las comparaciones internacionales se toman de la International Crimen Victimization Survey. Ver por ejemplo Alvazzi del Frate, Anna (1998). Victims of Crime in the Developping World. UNICRI. Roma: Publication No 57. También se puede consultar los datos en Internet.
[117] No es posible saber si los resultados publicados por la ICVS para estos países se refieren a la para el total de la población, o para los dueños de automóviles, o para los estratos altos.
[118] Tratándose de una encuesta a hogares se localizó siempre al jefe del hogar.
[119] Se comparó con la tasa de “robbery” del ICVS.
[120] Bien porque no atendieron la denuncia, porque la archivaron, porque no resolvieron el caso o porque lo cerraron sin resolverlo.
[121] Parece conveniente hacer dos precisiones sobre esta pregunta. La primera es que se hizo de manera tal que favorecía el reporte de abusos de las autoridades puesto que daba por hecho que existían, y se indagaba qué tan graves habían sido. En efecto, no se preguntaba si había habido abusos sino “qué tan serios o graves han sido lo abusos de las autoridades en su localidad”. La segunda precisión es que las preguntas anteriores hacían referencia tanto a las agresiones y amenazas, por un lado, como a la corrupción, por el otro. Así es que el término abuso de la pregunta debe entenderse en un sentido más amplio que el de abuso de la fuerza.
[122] Para las maras la pregunta específica fue: ¿Qué tan grave es la amenaza de las maras en esta comunidad?. Para el crimen organizado ¿Qué tanta es la influencia o presencia del crimen organizado en esta comunidad? En ambos casos se ofrecían como posibilidad de respuesta Alta Media Baja Ninguna y NS/NR
[123] En concreto, a la calificación de ninguno se le asignó el valor 0. Para los demás valores se tomó la distribución de las respuestas que, entre 1 y 10, habían dado las empresas y se calculó el promedio del primer 33% más bajo de las respuestas a la calificación Bajo, el del segundo 33% a la de medio y el del tercero al valor alto. Con este procedimiento, los valores asignados fueron: para las maras bajo=3.2, medio = 7.5 y alto =9.8. Para el crimen organizado bajo=4.0, medio=6.5 y alto=9.
[124] Pensando en la dinámica que se dio en las capitales colombianas de la droga, Medellín y Cali, parece razonable plantear que algunos grandes capos fueron el factor inicial exógeno: el crimen organizado, que venía de otras actividades, estimuló la formación de bandas juveniles. El hecho que de las bandas de sicarios empleados por el narcotráfico surgieran luego nuevos capos se vio favorecido por el hecho que ya estuviera consolidada la actividad. En Bogotá, por ejemplo, en donde también ha habido una larga tradición de pandillas juveniles no se dio esta transición de las bandas hacia el crimen organizado.
[125] Los coeficientes tanto del ingreso como de su valor al cuadrado son estadísticamente significativos. Para facilitar la comparación con el efecto del ingreso sobre la presencia de crimen organizado se estimó esta ecuación sin el término constante. Este supuesto no parece problemático puesto que en la ecuación sin restricciones el término constante no es significativamente distinto de cero. Ver ecuaciones 3.7 y 3.7bis.
[126] También se restringió la ecuación a pasar por el origen. Al igual que para las maras este supuesto no es muy restrictivo (ver Ecuación 3.8bis)
[127] Estas dos ecuaciones se estimaron por mínimos cuadrados en dos etapas. Teniendo en cuenta el escaso número de observaciones se escogieron como variables instrumentales los cuatro primeros componentes principales del grupo de variables exógenas disponibles.
[128] La información referente a los homicidios están basadas en el reporte sobre las circunstancias y los agresores por parte de quienes respondieron positivamente a la pregunta “¿Alguna vez alguien que Ud o sus familiares conocían personalmente fue muerto violentamente o asesinado?”. En principio, no hay por qué descartar el conocimiento que manifiestan en una encuesta personas cercanas a las víctimas. Es una extensión de la filosofía básica de las encuestas de victimización. Además, parece razonable suponer que el homicidio de alguien cercano es un incidente sobre el cual, en forma independiente de la evolución del respectivo proceso penal, se acaba recogiendo un volumen importante de información. Aunque sería deseable contar sobre los homicidios con datos más confiables y precisos, por ejemplo de los procesos penales, esta alternativa es preferible a la total falta de información.
[129] En la que se incluye simplemente la razón “robo o asalto” de la encuesta.
[130] En la cual se incluyen las siguientes razones: venganza, ajuste de cuentas, ajusticiamiento y un caso de muerte a un “asesino violador” de la categoría otros
[131] Constituida por las riñas, el maltrato familiar y las siguientes razones de la categoría otros: “sólo por matarlo”, “por equivocación”, “por celos”, “por envidia” y “por juegos de azar”.
[132] La pregunta que se hacía era: “¿El homicida ya había matado a otras personas?” y las alternativas de respuesta eran SI, NO y ns/nr (no sabe o no responde). La opción SI se tomó como indicador de un homicida reincidente, la opción NO como indicador de que se trataba del primer homicidio cometido.
[133] Se estima un modelo logit restringiendo la muestra a aquellos casos en los cuales los afectados manifestaron saber si el homicida era reincidente o no. Entre paréntesis se indica el nombre de variable utilizado en la ecuación y se recuerda con un signo (+) si el efecto es positivo sobre la variable dependiente, en este caso que se trate de un homicida reincidente y (-) en caso de un impacto negativo. Todas las variables mencionadas son estadísticamente significativas al 95%
[134] Disminuye ligeramente la significancia estadística de la variable sobre si el homicida actuaba sólo o en grupo, lo cual tiene bastante sentido pues dicha variable no es totalmente independiente de la relativa al nexo con las maras, cuyos miembros por lo general actúan en grupo. Por otra parte, pierde significancia estadística la variable relacionada con el lugar del homicidio. Este efecto también puede estar relacionado con el hecho de las peculiaridades de las maras en cuanto a sus escenarios de actuación.
[135] Desviación estándar de 2.5 n=34.
[136] El término incapacitar es en la práctica un anglicismo para incapacitation que es lo que en el derecho penal se conoce como prevención especial y que consiste básicamente en impedir -físicamente, por ejemplo mediante el encarcelamiento – que el agresor cometa nuevos atentados. No se empleo el término prevención especial por considerar que presenta confusiones con las medidas no penales.
[137] Es indispensable recordar que la encuesta disponible no es una de auto reporte respondida por los homicidas y que por lo tanto existe un margen de duda en las percepciones de los afectados sobre los antecedentes del agresor. El supuesto, que parece razonable, es que si los afectados respondieron negativamente a la pregunta sobre si el homicida “ya había matado a otras personas”, en lugar de “no sabe/no responde” es porque disponían de la información relevante, y que la respuesta negativa a esa pregunta se puede asimilar una opinión a favor de la idea que se trataba del primer homicidio.
[138] Esta ecuación es simplemente el “espejo” de la anterior, ya que la variable primerH, que también es binaria, es simplemente el complemento de reincid.
[139] Al estimar la ecuación en términos de “odds-ratio” el efecto negativo se traduce en un coeficiente inferior a la unidad. El signo del z en la ecuación sí aparece negativo en el reporte de la ecuación.
[140] No sobra recordar que estas son las características que diferencian el primer homicidio de los subsiguientes.
[141] A partir de la ecuación 3.16 se adicionan las distintas variables binarias que identifican la razón por la cual ocurrió el homicidio.
[142] Presidencia de la República (1993) "Seguridad para la gente - Segunda fase de la Estrategia Nacional contra la Violencia", Bogotá pag 15. Para El Salvador explicaciones muy similares fueron ofrecidas por las autoridades en la apertura del foro “Juntos por la Paz Social” realizado en Septiembre de 2000.
[143] El control de la venganza privada y el monopolio de la violencia en cabeza del Estado ya estaba consolidado en Inglaterra hacia el siglo XIII. El proceso de civilización de las costumbres descrito por Norbert Elías es posterior.
[144] “Maras ¿víctimas o delincuentes?” La Prensa, Noviembre 2 del 2000, página 51A
[145] Tan sólo en el 5% de los casos se recurrió a una ONG, de manera no excluyente con los abogados.
[146] De estas, cuatro se pusieron ante la DIC, una ante la Policía preventiva y una directamente en un juzgado.
[147] Y que, en la encuesta, se puede derivar de la respuesta a la pregunta “qué tan seguro se siente usted en las calles de su barrio?”
[148] Que se obtiene de la pregunta “Que tan seguro se siente usted dentro de su casa?”
[149] La posibilidad de interpretar la sensación de inseguridad en la casa que se manifiesta en la encuesta como algo relacionado con la violencia al interior del hogar, y que en principio afecta sobre todo a las mujeres, no parece recomendable puesto que la proporción de quienes se sienten muy inseguros en su casa no es muy diferente entre hombres (16%) y mujeres (13%). El haber sido víctima de algún ataque criminal en el último año tiene un mayor poder explicativo sobre la sensación de inseguridad en la casa.
[150] Sobre todo cuando se puede aislar el efecto de la percepción de inseguridad al interior del hogar, elemento que podía estar a su vez relacionado con otros factores, como por ejemplo la violencia doméstica.
[151] Con la excepción del indicador de robos en la casa algo que presenta el inconveniente de mostrar tan sólo una dimensión de la violencia .
[152] Se estima u modelo logit mirando, a nivel de los hogares, cuales son los factores que ayudan a discrimina aquellos hogares que se sienten muy inseguros en el barrio de aquellos que no manifiestan tal percepción.
[153] La presencia de crimen organizado en la localidad no parece afectar la sensación de inseguridad, en parte porque su efecto se puede estar captando a través del de las maras.
[154] Para concentrarse en los determinantes objetivos de la inseguridad no se incluyó en la Gráfica el elemento ya señalado como clave que es la sensación de inseguridad en la casa, que multiplica por diez la probabilidad de sentirse muy inseguro en el barrio. De todas maneras se debe recalcar que estas cuantificaciones ya han filtrado el efecto de este elemento subjetivo
[155] “Qué tan grave es la amenaza de las maras en esa comunidad” y se ofecían com posibles respuestas alta, media, baja o ninguna.
[156] Por esta razón estos fueron los municipios escogidos como base en la estimación de las Ecuaciones 2 y 3. El efecto de pertenecer a uno de ellos se recoge en el término constante de la ecuación.
[157] Aunque se puede señalar que la cuantificación de este efecto remanente sería un indicador más preciso de la inseguridad susceptible de ser atendida con programas de prevención, también es claro que el indicador más simple presenta la ventaja de poder actualizarlo periódicamente, por ejemplo para evaluar el impacto de los programas, o para ser comparado con el de otros lugares.