INFORME FINAL DE CONSULTORIA
CLASIFICACION DE LA VULNERABILIDAD MUNICIPAL
PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD
MARZO DE 2004
por Mauricio Rubio
RESUMEN
En este documento se discuten criterios complementarios para la clasificación de los municipios potencialmente beneficiarios del Programa de Seguridad Ciudadana en Guatemala (PSCG) [1]. En particular, se recomienda un mecanismo progresivo -a nivel regional- de ejecución del PSCG, se ofrecen argumentos para respaldar esa recomendación y se sugiere un grupo reducido de municipios en los cuales se podría iniciar el programa con intervenciones piloto. Por otra parte, se analizan distintas restricciones sociales e institucionales que parece conveniente no ignorar a la hora de diseñar las intervenciones contempladas en el PSCG.
El documento está dividido en cuatro secciones. En la primera se señalan las limitaciones -tanto derivadas de la disponibilidad de información como de las peculiaridades políticas de Guatemala- para proceder a un ejercicio de clasificación de vulnerabilidad de los municipios exclusivamente técnico o cuantitativo. Además, se racionaliza la recomendación de una aproximación progresiva a la ejecución del PSCG. En la segunda, se analizan algunos elementos que permiten complementar y refinar una clasificación de los municipios realizada previamente. Con base en esos nuevos criterios, y los condicionantes políticos, se sugieren dos grupos reducidos de municipios en los cuales parece razonable iniciar el PSCG. En la tercera sección, se analizan algunos elementos sociales e institucionales que deben tenerse en cuenta para el diseño de las intervenciones. En la última se propone un mecanismo para seleccionar de manera progresiva los municipios potencialmente beneficiarios del programa.
1 – LAS PECULIARIDADES DE GUATEMALA
El tema de la definición de prioridades en la asignación de los recursos orientados a la prevención de la violencia no ha sido resuelto satisfactoriamente ni siquiera a nivel teórico. La poca literatura disponible que ha aventurado recomendaciones en esa dirección [2] lleva implícitos unos requerimientos de información tan monumentales que la hacen en la práctica operativamente inocua. Los avances más recientes en el conocimiento de los senderos hacia la delincuencia, que sugieren que las manifestaciones de violencia, o las conductas contrarias a la ley, vienen normalmente precedidas de unas historias o biografías individuales complejas en las cuales se mezclan factores sociales, antecedentes familiares y personales, carencias institucionales refuerzan esa impresión de incertidumbre acerca de cuando, por dónde, y en qué orden se deben abordar los esfuerzos preventivos. A pesar de las observaciones anteriores, resulta claro que una vez se ha identificado la necesidad de emprender programas preventivos de la violencia y de fortalecimiento institucional –como es evidentemente el caso para Guatemala- es conveniente definir una pautas mínimas que permitan establecer prioridades, o por lo menos seleccionar aquellos lugares o conductas que más requieren atención. De todas maneras, se debe tener en cuenta que el estado del conocimiento es tal que este tipo de ejercicio tiene aún más de artesanía cualitativa que de técnica cuantitativa [3].
En un informe de consultoría previo [4] se propusieron para Guatemala varios criterios para establecer una lista preliminar de 55 municipios potencialmente beneficiarios de los programas. En otro contexto, para los 17 municipios localizados alrededor de San Pedro Sula, en Honduras, y en dónde se está llevando a cabo un programa de prevención de la violencia apoyado con un préstamo del Banco, se ha propuesto una metodología para calificar la vulnerabilidad de los municipios y establecer por esta vía las prioridades de acción [5].
En esta sección se señalan las principales dificultades para emprender en Guatemala, y a nivel nacional, un ejercicio similar al realizado en una región específica de Honduras, que estuviese orientado a refinar mediante técnicas cuantitativas la clasificación de los municipios hecha anteriormente. De manera alternativa, se plantea la conveniencia de adoptar una aproximación más cualitativa al desafío de elegir tales municipios, y se señalan las limitaciones inherentes a este propósito de establecer prioridades para la ejecución del programa.
Los obstáculos que se enfrentan en Guatemala para adelantar un ejercicio similar al realizado para la Zona Metropolitana del Valle del Sula (ZMVS), se pueden agrupar en dos grandes bloques. Están por un lado las limitaciones originadas en las carencias de información y, por el otro, las complicaciones que de manera general se podrían denominar de naturaleza política.
A su vez, las carencias de información se pueden agrupar en las relacionadas con la demanda por programas y aquellas que conciernen la capacidad de ejecución de los mismos. Para las primeras, un punto que se debe señalar para Guatemala es el de un cambio, aparentemente sensible, en la situación de seguridad desde el momento en que se realizó la encuesta de victimización que sirvió de base para la clasificación inicial de los 55 municipios [6]. En particular, y de acuerdo con varias de las entrevistas realizadas en el desarrollo de esta consultoría [7], parece haber habido, en los años más recientes, un aumento significativo y generalizado en el fenómeno de afiliación a las maras o pandillas juveniles en todo el país. Por otra parte, parece clara la consolidación de las maras en las comunidades indígenas, fenómeno que no parecía muy relevante en el momento que se hizo la mencionada encuesta. Afortunadamente, para contrarrestar esta inevitable limitación en la clasificación propuesta anteriormente, en una encuesta posterior y bastante reciente, realizada por Aragón y Asociados (EAA) a finales del 2003, se incluyeron algunos municipios que no habían sido tenido en cuenta en la lista inicial y se indagó sobre la presencia de maras en esas localidades [8]. Los resultados, que se analizan en detalle más adelante, tienden a corroborar la impresión de una mayor incidencia de maras, así como su propagación hacia las comunidades indígenas. No sobra recordar que para un país como Guatemala, en dónde no sólo es importante la participación de la población indígena sino que la división étnica sigue siendo una fuente importante de conflictos y sucesos políticos, esta es una situación que no puede ignorarse a la hora de definir prioridades de acción pública en un área tan sensible como la de la violencia.
Por el lado de la disponibilidad de información sobre la capacidad de ejecución de los programas, la mencionada EAA contiene algunos elementos que pueden servir de guía para complementar la selección original de los municipios. Se cuenta además con la clasificación de municipios hecha a partir del análisis institucional de la Policía Nacional Civil (PNC) [9].
Las carencias de información, sin embargo, no representan el mayor desafío a la hora de definir prioridades en la ejecución de los programas. Para Guatemala el asunto más básico y elemental –como es elegir en cuales localidades es conveniente emprender programas y en cuales no- es bastante sensible y está inevitablemente sujeto a consideraciones y dificultades que se pueden denominar políticas. Es en esta dimensión, que parece menos conveniente tratar de replicar para un país como Guatemala el ejercicio técnico de clasificación de los municipios que se hizo para una grupo pequeño, y homogéneo de localidades, como las que constituyen la ZMVS, por varias razones.
La primera es la heterogeneidad racial de Guatemala, y en particular la importante fragmentación que subsiste entre una importante fracción indígena de la población y lo que se podría denominar el establecimiento político, económico y burocrático. Parcialmente vinculada con esta característica se puede mencionar, como segunda peculiaridad, la herencia del conflicto armado, y la todavía reciente firma de los acuerdos de Paz, que han contribuido a configurar la manera de abordar los problemas de violencia y, en particular, lo que se considera el rol adecuado de los organismos de seguridad en las respuestas para enfrentarla. El principal elemento que se debe tener en cuenta es que aún persiste cierta desconfianza hacia los organismos de seguridad del Estado, incluso la Policía Nacional Civil (PNC). Por esa vía, son considerables en Guatemala las objeciones políticas e incluso ideológicas para emprender programas globales de prevención en los cuales se incluya, como se acepta fácilmente en otros países, un elemento policial. La observación anterior es pertinente ante todo cuando el objetivo de los esfuerzos preventivos se orienta hacia la población joven. Así, y de manera bastante más marcada que en otros países de la región, en Guatemala parece haber, por fuera de las instancias oficiales responsables de la seguridad, un amplio consenso político en el sentido que los programas orientados hacia los jóvenes, incluso para prevenir la violencia y la delincuencia, no deben tener un componente policivo. Para corroborar esta observación se pueden citar diversas opiniones publicadas en informes, o en los medios de comunicación, en dónde casi se da por descontado que la PNC es parte activa del problema de la violencia, y difícilmente puede hacer parte de la solución [10]. Afirmaciones recientes del conocido e influyente Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) [11] no podían ser más elocuentes:
“Los diversos estudios que ha realizado el INSTITUTO han demostrado que la mayoría de los adolescentes ingresan a prisión por detenciones ilegales; que existe arbitrariedad en la actuación policial; que muchos de ellos son golpeados o torturados y que en muchas ocasiones, al ingresar a los centros de privación de libertad, son sometidos a un medio de deterioro físico y social. Todo ello constituye violaciones a sus derechos fundamentales” [12].
“La realidad que afronta la niñez y juventud víctima de la maquinaria estatal es alarmante … En el caso de la niñez y juventud indígena acusada de transgresiones a la leyes penales, este sector es comúnmente violentado por el sistema … El Plan Saturación, el Plan Anti-maras, el Plan Tornado lo único que hacen es captar a la población con determinado perfil, el cual siempre corresponde a la población marginalizada, estigmatizada y pobre, dando como resultado que el 70% de las capturas realizadas por la Policía Nacional Civil el año recién pasado fuesen por faltas, para las cuales la Constitución o las leyes penales no contemplan cárcel, lo cual nos lleva a argumentar que las mismas fueron ilegales y que representaron una saturación innecesaria del sistema” [13]
Vale la pena reiterar que con la transcripción de estas opiniones no se pretende respaldarlas, ni desvirtuarlas, algo que se sale del alcance de este reporte de consultoría. Se recurre a ellas simplemente para ilustrar el hecho que ellas reflejan la existencia de un ambiente relativamente desfavorable para emprender programas hacia la juventud en los que esté involucrada de manera explícita la PNC.
También resulta indicativo al respecto el hecho que en la encuesta AEE de opinión pública que, en el marco de los estudios previos al PSCG, se hizo para contribuir al diagnóstico de la situación de violencia juvenil y aportar elementos para el diseño de intervenciones –y que se analiza en detalle más adelante- los términos policía o PNC no aparecen en ninguna de las preguntas que se hicieron a los hogares [14]. Así, lo que se plantea implícitamente es que las intervenciones orientadas a prevenir la violencia entre los jóvenes deben ser totalmente ajenas al ámbito de actuación de la policía [15].
En forma independiente de la veracidad de estas afirmaciones, o de la pertinencia de estas impresiones, algo que sobrepasa el alcance de este informe, lo que no se puede ignorar es que han configurado un ambiente políticamente adverso a la dimensión policiva de los programas orientados hacia la juventud. No parece prudente ignorar esta limitante política a la hora de diseñar las intervenciones, pues es indudable que tendrá repercusiones en la probabilidad de poderlas llevar a buen término.
En el mismo sentido, es fácil prever que el desarrollo de la legislación de jóvenes Guatemalteca siga siendo particularmente desfavorable, incluso cada vez más reacio, a los esfuerzos que incluyan componentes que se puedan considerar represivos [16]. Por otra parte, se han dado recientemente cambios fundamentales, cuyo impacto aún es difícil de evaluar, pero que indudablemente constituyen un condicionante de los programas.
Un tercer elemento, menos estructural, es que existe en la actualidad una abierta competencia institucional –dentro y fuera del aparato gubernamental- por las responsabilidades, y los recursos, orientados a la prevención de la violencia. De hecho, es clara la impresión de que existen varios actores que se consideran a sí mismos los destinatarios más idóneos de los recursos de los programas de prevención. Por fuera del ámbito oficial se trata además de actores muy bien organizados, bastante politizados, y con buena capacidad de movilización y convocatoria a nivel internacional. La coyuntura actual de transición del ejecutivo hace aún más compleja la situación de responsabilidad institucional, que aún no está del todo configurada [17].
En el frente externo, la reciente decisión de los Gobiernos de El Salvador y Honduras de endurecer sus acciones contra las maras, y lo que se percibe como la conveniencia (o necesidad) por parte del Ministerio de la Gobernación de actuar de manera coordinada a nivel centroamericano constituyen un cuarto elemento que delimita el campo de actuación. Existe la impresión, por ejemplo, que la política de endurecimiento en los países vecinos ha implicado un flujo importante de mareros de esos países hacia Guatemala.
Paralelamente, las diversas organizaciones involucradas con los jóvenes también están promoviendo la adopción de políticas para la juventud que sean consistentes a nivel centroamericano. No es difícil señalar que esta nueva dimensión regional de las políticas de prevención ha surgido como respuesta a las que se consideran estrategias regionales represivas promovidas por Salvador y Honduras.
Por último, se han adoptado recientemente –y se puede prever que se seguirán dando- una serie de cambios legales e institucionales importantes, así como de acuerdos políticos, que no siempre son consistentes entre sí, pero que necesariamente tienen repercusiones en la manera como se puedan orientar, diseñar y ejecutar los programas. En particular, son muy relevantes ciertos cambios fundamentales en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal.
A nivel más específico, se pueden mencionar varias peculiaridades de Guatemala que no es conveniente ignorar a la hora de diseñar una estrategia de prevención a nivel nacional. Por una parte, sólo se cuenta con un Centro de Rehabilitación que está localizado en Ciudad de Guatemala. Se reconoce como un enorme obstáculo para la correcta resocialización de los jóvenes contrarios a la ley, el tener que desplazarlos desde sus lugares de origen hacia la capital. Se menciona que esto muchas veces lo que ha implicado es un estímulo hacia la adopción de conductas de criminales. Las alternativas a los Centros de Rehabilitación, como los programas de Libertad Asistida o la Prestación de Servicios a la Comunidad aún no están suficientemente decantados y es en la actualidad imposible decir algo acerca de su operatividad, o de la manera como se podrían tener en cuenta e integrar en el diseño de las intervenciones.
Como ya se mencionó, la existencia de maras constituidas por jóvenes de origen indígena, de configuración relativamente reciente, plantea un desafío particular, puesto que su lógica y su dinámica no se conocen muy bien y no han sido suficientemente estudiadas. Está por último el fenómeno, peculiar a Guatemala, de los linchamientos, varios de los cuales han sido dirigidos en contra de los jóvenes y que inevitablemente afectan cualquier tema relacionado con la violencia.
Las observaciones anteriores no implican, ni mucho menos, la sugerencia de que existen dificultades insalvables para el diseño de programas de prevención que se puedan adecuar a la peculiar situación guatemalteca. Lo que se deriva de ellas es la necesidad de hacer un esfuerzo adicional de cautela para que las intervenciones derivadas del PSCG no generen desconfianza entre distintos sectores, con visiones algo antagónicas sobre el diagnóstico de la violencia, en un ambiente bastante politizado y en el cual aún persisten rezagos de un conflicto armado reciente.
Varias de las observaciones anteriores se pueden corroborar con algunos ejercicios muy sencillos realizados a partir de la información más reciente, recabada mediante la EAA.
2 – ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CLASIFICACION DE MUNICIPIOS
2.1 – Maras, sistema educativo y población indígena
El primer punto que sobresale de la encuesta de opinión pública realizada en una veintena de municipios en el año 2003, es la generalización del fenómeno de las maras o pandillas juveniles en todo el país. En efecto, como se observa en la Gráfica, en la mayor parte de las localidades en las que se realizó la encuesta hay relativo acuerdo, que en varios municipios alcanza un consenso del 100%, en la existencia de maras o pandillas juveniles.
Aunque por la manera como se hicieron las preguntas sobre presencia de maras en las dos encuestas las respuestas no son totalmente comparables [18] si parece confirmarse la impresión de un incremento sostenido durante los últimos años en la incidencia de maras en los municipios guatemaltecos. A su vez, la decisión de ampliar la muestra de municipios para incluir los de Mazatenango, Chimalatenango, Mixco, Quetzaltenango, Puerto Barrios, San Marcos y Panajachel, parece bastante acertada puesto que en todos ellos se da, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos, una significativa incidencia del fenómeno marero.
El otro aspecto, todavía más pertinente para el diseño de las intervenciones, que parecen corroborar los datos de las encuestas es el de la consolidación de las maras en las comunidades con población predominantemente indígena.
En efecto [19] si mientras en el año 2000 la tendencia de los jóvenes a agruparse en pandillas parecía algo relativamente independiente de la composición étnica de la población [20], para la muestra de municipios en dónde se realizó la encuesta tres años más tarde se alcanza a percibir una asociación positiva entre el porcentaje de población indígena [21] y la percepción de presencia de maras. Aunque la relación no es lineal, y para un número importante de municipios con baja proporción de población indígena es alta la presencia de maras –lo que indicaría que lo primero no es condición necesaria de lo segundo- la gráfica anterior sugeriría que alta participación de la población indígena se asocia con alta incidencia de maras. De la observación de esta gráfica sobresale la importancia de cuatro municipios –Chimaltenango, Chichicastenango, Quetzaltenango y San Lucas- con una participación indígena superior al 50% de la población y, por otro lado, con un alto consenso en cuanto a la percepción de presencia de maras entre las personas encuestadas.
Un primer conjunto de elementos que puede contribuir a dar cuenta de esta creciente importancia de las maras de origen indígena serían razones de índole puramente demográfica. Uno, el grupo de niños y jóvenes indígenas ha crecido en forma sostenida a una tasa superior a la de sus contrapartes no indígenas. Así, por efecto de una más lenta transición demográfica, la población indígena, en forma aún más marcada que el resto, es una población predominantemente joven [22]. Dos, porque por diversos motivos –urbanización acelerada, reclutamiento militar forzado, conflicto armado, inseguridad rural- se trata de una población en la cual se han dado con mayor fuerza, en épocas recientes, los movimientos migratorios del campo a la ciudad. Así, en unos pocos años, la proporción de población indígena residente en los centros urbanos casi se triplicó. Además, estos desplazamientos masivos se concentraron en ciertos grupos etáreos específicos.
“Son los niños y los jóvenes (indígenas), de ambos sexos, así como las madres solas quienes más se han movilizado a los centros urbanos en las ultimas dos décadas”. [23]
Es difícil no pensar, para ayudar a explicar esta relación que muestran los datos, en el abandono escolar como importante factor de riesgo para la afiliación de los jóvenes indígenas a las maras. En efecto, de acuerdo con los resultados de la EAA, el abandono escolar muestra una asociación positiva –aunque no lineal- tanto con la proporción de población indígena como, por otro lado, con la incidencia de pandillas juveniles en las localidades. En este contexto, sobresalen cinco municipios –Huehuetenango, Mixco, Coban, Puerto Barrios y Chinaltenango- por sus altas tasas de abandono escolar [24]. A su vez, con la excepción del primero de estos municipios, todos ellos presentan una alta percepción en cuanto a la presencia de pandillas juveniles o maras.
Es interesante observar que, entre los municipios de la muestra, se distinguen dos grupos para los cuales la asociación entre abandono escolar y proporción de población indígena es diferente. En particular, conviene destacar un primer conjunto con altos niveles de deserción –Puerto Barrios, Coban, Mixco y Huehuetenango- para el cual las tasas de abandono se sitúan siempre por encima del 25%. En un segundo grupo más numeroso de municipios, los niveles de deserción son por lo general inferiores al 20%. En ambos casos, sin embargo, el efecto de una mayor proporción de indígenas en la población sobre el abandono es similar.
Otra manera de percibir esta asociación entre las deficiencias en el sistema educativo y la presencia de maras es a través de la “oferta percibida” de escuelas en las comunidades. En aquellos municipios en los que existe un mayor porcentaje de hogares que manifiestan que en su comunidad no hay escuelas se observa una impresión relativamente alta de presencia de maras. Se destacan algunos municipios –Chichicastenango, Quetzaltenango, Mixco y Huehuetenango- para los cuales se manifiestan deficiencias superiores al promedio en cuanto al cubrimiento efectivo del sistema escolar.
No sorprende encontrar que tres de estos municipios -Chichicastenango, Quetzaltenango y Huehuetenango- se caractericen, a su vez, por una alta participación de la población indígena.
2.2 – Las comunidades indígenas al margen de los programas para jóvenes
El otro aspecto que, a nivel de los resultados agregados por municipios, muestra una asociación preocupante –y sugestiva para orientar las intervenciones del programa- con la composición étnica de las localidades es el de la existencia instituciones dedicadas al trabajo con las pandillas juveniles o maras [25]. Lo que se observa es que , con la excepción de Huehuetenango, aquellos municipios en dónde se observa algún nivel no despreciable –superior al 5%- de importancia de las instituciones orientadas al trabajo con jóvenes mareros –Guatemala, Villa Nueva, Antigua, Jocotenango, Puerto barrios y Mazatenango- presentan todos una participación muy débil de los indígenas dentro del conjunto de la población (alrededor del 10%).
Así, si se excluye Huehuetenango [26], las localidades en dónde parece existir algún tipo de esfuerzo institucional orientado a las maras muestran un participación bastante baja -promedio del 10%- de la población indígenas. En las demás localidades, dónde es escaso el reporte de instituciones de trabajo con maras, tal porcentaje es del 34%. Así, los datos sugieren que el fenómeno de las maras de origen indígena parece hasta el momento bastante al margen de los esfuerzos institucionales de prevención.
Es difícil, a partir de una información tan fragmentaria como puede ser el simple reporte por parte de los hogares sobre la existencia o no de instituciones preocupadas por los grupos mareros, hacer cualquier tipo de análisis sistemático acerca de la efectividad de tales esfuerzos. A pesar de lo anterior, lo que si sugieren los datos de la encuesta agregados por municipios es que existe un número importante de municipios que cumplen el doble requisito de presentar –siempre de acuerdo con la percepción de los hogares- alta presencia de maras y virtual inexistencia de esfuerzos de trabajo con las maras. Se trata de los municipios de Chichicastenango, Colomba, San Lucas, Coban, Quetzaltenango, Mixco y Chimaltenango, situados en el extremo inferior derecho de la gráfica.
Los datos de la encuesta analizados a nivel de la unidad básica utilizada para la encuesta, los hogares, tienden a corroborar las observaciones anteriores. En efecto, el que la persona que responde la encuesta pertenezca a una etnia indígena [27] incrementa de manera significativa –en casi 50%- la probabilidad que manifieste que en su comunidad operan pandillas juveniles o maras. Esta última probabilidad, por otra parte, se reduce a casi la quinta parte si en la encuesta se reporta que existen escuelas en esa comunidad [28].
Otros indicadores disponibles del entorno institucional –como la existencia de juzgado, estación de policía o parque en la comunidad- no se asocian de manera estadísticamente significativa con el reporte de presencia de pandillas juveniles o maras [29]. Algo similar puede decirse de la disponibilidad de alguna infraestructura deportiva o de recreación, que no muestra tener ningún efecto significativo sobre la percepción de la influencia de maras en las localidades [30]. En efecto, ni el reporte sobre la existencia de áreas deportivas o culturales, o de cancha de fútbol, o de básket, o de papi-fútbol [31] muestran tener un impacto negativo sobre la percepción de presencia de maras en los barrios. A pesar de la observación anterior, y de manera realmente difícil de explicar o racionalizar, los datos de la encuesta muestran una asociación positiva, y estadísticamente muy significativa entre la presencia de pandillas y la existencia de un gimnasio en la comunidad, y simultáneamente una relación negativa con el hecho que la localidad cuente con un estadio [32]. Aunque, como se señaló, no es fácil encontrar argumentos para dar cuenta de estos resultados, puede pensarse nuevamente en un efecto relacionado con la composición étnica de las comunidades, que parecería implicar cierto tipo de especialización en cuanto a la naturaleza de las instalaciones deportivas [33].
El otro aspecto que se corrobora con los datos de la encuesta a nivel de los hogares es el de la relación negativa entre la influencia indígena y el reporte sobre conocimiento de organismos o instituciones que trabajen con los jóvenes mareros. En efecto, el hecho que quien responde la encuesta manifieste ser indígena reduce en un 70% la probabilidad de que reporte conocimiento sobre instituciones que adelanten programas con los jóvenes pertenecientes a las maras. Además, ninguno de los demás elementos del entorno institucional –juzgado, policía, escuela- muestra una asociación negativa con la existencia de tales instituciones preocupadas por las maras.
Por otra parte, los datos sugieren una asociación positiva entre el manejo institucional del problema de las maras y la existencia de cierto tipo de infraestructura deportiva. La asociación más significativa se observa con las canchas de papi-fútbol, cuya simple existencia en una localidad multiplica por más de tres la probabilidad de que en esa misma localidad se reporte la existencia de instituciones que atiendan a los jóvenes mareros [34].
Así, indirectamente, los datos sugieren que las instituciones que actualmente desarrollan trabajo con los jóvenes mareros en Guatemala serían relativamente independientes del sistema educativo tradicional y estarían, por el contrario, asociadas con cierto tipo de instalaciones deportivas, en especial con las canchas de papi-futbol. Esta observación no deja de resultar paradójica si se tienen en cuenta los resultados anteriores –fuera de un volumen importante de literatura tanto teórica como empírica- que sugieren, por distintas vías, una asociación entre el problema de las pandillas y el sistema educativo, y en particular con el fenómeno del abandono escolar. En algunas de las entrevistas realizadas, se pudo percibir, entre las organizaciones con experiencia en programas con jóvenes pandilleros, bastante escepticismo en cuanto a las bondades del sistema escolar tradicional como mecanismo de prevención de la afiliación a las maras.
2.3 – Deporte y uso del tiempo libre
Con relación a la viabilidad, conveniencia o eficacia de los componentes de los programas de prevención con énfasis en la reorientación del uso del tiempo libre, y la práctica de algún deporte no es posible, con la información disponible, hacer una evaluación sistemática. Puede ser útil, sin embargo hacer algunas observaciones muy generales y, por otra parte, llamar la atención sobre algunos resultados que se derivan de la encuesta.
El primer comentario general es que la cobertura de lo que de manera genérica se denominó en la encuesta áreas deportivas y culturales (ADC) es sustancial. Aunque para el conjunto de municipios incluidos en la muestra la oferta de infraestructura deportiva y cultural es por lo general inferior a la del sistema educativo –sólo en tres de los municipios es superior- no por eso debe considerarse reducida, ya que en todos los municipios el porcentaje de respuestas positivas a la pregunta en la que se indagaba por ese tipo de disponibilidad fue superior al 80%.
Algo similar –en el sentido de un cubrimiento que en principio parece razonable- puede decirse acerca de la disponibilidad de canchas deportivas de distinto tipo.
Como ya se mencionó, no es posible con la información de la encuesta evaluar de manera sistemática el potencial de la infraestructura deportiva como eventual mecanismo de prevención de asuntos como la afiliación a las maras, pero el hecho que coexistan simultáneamente una amplia cobertura de las primeras con una incidencia generalizada de las segundas sugiere cautela a la hora de asignarle un papel preponderante a este tipo de esfuerzos como componentes de los programas de prevención.
Otro punto relacionado con el uso de las canchas deportivas como estrategia preventiva que conviene mencionar es que algunos resultados de la encuesta sugieren cierto grado de resistencia a este tipo de intervenciones por parte de las comunidades que padecen la presencia de las maras, y en especial cuando es alta la participación de la población indígena. En efecto, cuando se indaga sobre la opinión acerca de la conveniencia que los jóvenes mareros puedan tener acceso a las instalaciones deportivas [35] la respuesta no sólo es mayoritariamente negativa (para el total de la muestra más de las tres cuartas partes de las personas manifiestan no estar de acuerdo) sino que es más extendida entre quienes reportan presencia de maras en su comunidad y entre los indígenas. Así, el hecho que una persona señale que en su comunidad operan pandillas juveniles incrementa en un 86% la probabilidad de mostrarse en desacuerdo con el uso de las canchas por parte de los jóvenes mareros. Para las personas indígenas el incremento adicional en la probabilidad de rechazo a este tipo de iniciativa es del 33% [36].
2.4 – Responsabilidad institucional de los programas para jóvenes
Otra pregunta cuyas respuestas parece pertinente analizar como elemento para tener en cuenta en el diseño de las intervenciones tiene que ver con la opinión sobre quien debe ser responsable de los programas para los jóvenes [37]. Al respecto, un primer punto que se debe señalar es que, en términos generales, los ciudadanos encuestados manifiestan tener una mayor preferencia por los programas bajo la responsabilidad del gobierno central, seguido en su orden, por la Iglesia, el municipio y las ONGs.
El segundo punto que amerita un comentario es que los ciudadanos indígenas manifiestan una preferencia mayor por los programas bajo responsabilidad del municipio que los ladinos o los mestizos. A pesar de lo anterior, entre los indígenas la primera opción sigue siendo el gobierno central. Como dato curioso se puede señalar que la población indígena es la que muestra una mayor desconfianza hacia los programas bajo la responsabilidad de las ONGs. Tercero, el hecho de manifestar que en la comunidad hay presencia de maras incrementa levemente la preferencia por la Iglesia como institución de apoyo a los programas con los jóvenes.
Es interesante observar que el hecho de que un ciudadano tenga conocimiento sobre la existencia, en su comunidad, de programas orientados hacia la juventud –tales como instituciones que trabajen con maras, u organizaciones que promuevan programas de apoyo a la juventud- parece alterar las preferencias sobre la responsabilidad de esos programas, en detrimento del gobierno central y a favor de los municipios pero, sobre todo de la Iglesia.
El conocimiento que se tiene sobre programas para la juventud no es el único elemento del entorno institucional que muestra tener un efecto sobre las preferencias acerca de la responsabilidad de los programas. También interesante como guía para el diseño de las intervenciones en las distintas localidades Guatemaltecas es el resultado de acuerdo con el cual la opinión que se tiene sobre quien debe liderar los esfuerzos a favor de la juventud -algo que puede servir para prever el apoyo que recibirá cierto tipo de intervención en detrimento de otra- se altera de acuerdo con la manera como se resuelven los conflictos, que se puede suponer relacionados con la violencia y la delincuencia [38], en las localidades. En particular, es pertinente destacar que cuando la gente percibe que en su localidad predominan las soluciones que de manera general se pueden denominar de justicia privada –linchamientos o ajusticiamientos- se manifiesta una mayor preferencia por los programas apoyados por el gobierno central, en detrimento de aquellos bajo responsabilidad de la Iglesia, los municipios o las ONGs. Por el contrario, en aquellos lugares en los que se percibe una presencia estatal mejor consolidada –que se refleja en el mecanismo de denuncia para enfrentar los conflictos penales- aumenta la preferencia por las instituciones locales para adelantar los programas con jóvenes.
Este resultado, a primera vista paradójico, no podría ser más lógico y diciente: los ciudadanos perciben que, cuando hay fallas de Estado profundas y estructurales –como la debilidad de mecanismos públicos de justicia- se debe fortalecer, y no debilitar aún más, la presencia estatal, incluso en las áreas relacionadas con la juventud.
La sensación implícita de que las instituciones locales se ven desbordadas, y que por lo tanto se debe recurrir al Gobierno central para manejar los programas con los jóvenes, es particularmente aguda cuando los ciudadanos consideran que la manera más usual de resolver los conflictos penales en un municipio es el linchamiento. Por el contrario, cuando el mecanismo típico de justicia privada es el ajusticiamiento, se incrementa la confianza en la Iglesia y el municipio en detrimento de las instancias del Gobierno central.
Una eventual explicación para este resultado sería que los ajusticiamientos se asocian normalmente con organismos de seguridad paraestatales, con lo cual su incidencia en una localidad implica una merma en la confianza para que el Gobierno central sea el principal apoyo en los programas orientados hacia la juventud.
Vale la pena analizar cual es el efecto conjunto de los distintos elementos que se acaban de señalar sobre las preferencias de los ciudadanos en términos de sobre quien debe recaer la responsabilidad de los programas con jóvenes. Los datos a nivel de hogar sugieren que la manifestación de apoyo a programas liderados por el Gobierno central depende positivamente del reporte de linchamientos como la manera más usual de resolver conflictos violentos, y negativamente de la presencia de maras en la comunidad, de la existencia de instituciones trabajando con mareros y del origen indígena de quien responde. El impacto más importante en magnitud y más significativo es la referencia a los linchamientos, que multiplica por más de tres la probabilidad de una opinión favorable a los programas bajo tutela del Gobierno. La presencia de maras en la comunidad reduce esa probabilidad en un 62% [39].
A su vez, el apoyo a los programas bajo responsabilidad del municipio depende positivamente de que las denuncias o los ajusticiamientos sean el modo primordial de resolver conflictos violentos en la comunidad, de la existencia de instituciones para el trabajo con los mareros y de que quien responde la encuesta sea indígena [40].
Es curioso observar que el efecto de la presencia de maras en los municipios es el de bajar el apoyo a los programas para jóvenes gubernamentales para aumentar el de aquellos apoyados por la Iglesia, no por los municipios. Por el contrario, este tipo de alternativa se ve desfavorecida cuando se reportan linchamientos [41].
En síntesis, los datos de la encuesta sugieren que la opinión que se expresa sobre la instancia más idónea para liderar los programas orientados a la juventud varía sustancialmente dependiendo del entorno institucional. Estos efectos, aunque relativamente complejos tienen bastante lógica. En esencia, las comunidades parecen apoyar programas respaldados por el Gobierno cuando en las localidades priman ciertos mecanismos de justicia privada, como los linchamientos, para resolver los conflictos violentos. Por el contrario, el reporte de ajusticiamientos disminuye de manera significativa el respaldo a los programas bajo la órbita estatal. Por otra parte, las comunidades indígenas parecen más desconfiadas de este tipo de programas gubernamentales que la población ladina o mestiza.
Solamente cuando están mejor consolidados los mecanismos de justicia penal pública mediante denuncias parece abrirse paso un ambiente favorable para que se emprendan programas liderados por la municipalidad. Este resultado tiene sentido. Significaría que primero se debe consolidar el Estado para que luego se pueda delegar en los municipios la capacidad de emprender programas orientados a los jóvenes. Además, la población indígena es más favorable que el resto de la población a los programas de índole municipal.
A un nivel más operativo, los resultados anteriores sugieren que en aquellas localidades en donde sea pertinente el fenómeno de los linchamientos se le debe dar prioridad a las intervenciones apoyadas o lideradas por el gobierno central mientras que en las que se pueda considerar mejor consolidada la justicia penal se pueden emprender con mayor confianza intervenciones lideradas por el municipio. En el otro extremo, parece recomendable, en aquellas localidades en dónde se reporten fenómenos de ajusticiamientos, que se podrían asimilar a violaciones graves a los derechos humanos, darle mayor énfasis a las intervenciones lideradas por el municipio en detrimento del gobierno central.
2.5 – Una propuesta de desarrollo progresivo del programa
Aunque los datos de la encuesta de AA (2003) podrían considerarse suficientes para emprender nuevamente un ejercicio de clasificación a partir de la cuantificación de algunos indicadores, el cálculo de una calificación basada en una suma ponderada de esos índices para luego obtener un ordenamiento de los municipios, este tipo de procedimientos no aparece como el más idóneo, por varias razones, que se suman a las que se denominaron restricciones políticas. En primer lugar porque los indicadores que se pueden obtener de la encuesta no necesariamente conforman el inventario de los factores relevantes para calificar la conveniencia de las intervenciones, o la definición de prioridades. Por ejemplo, como ya se señaló, faltó en la encuesta interés por indagar acerca de las relaciones entre la comunidad y la Policía, un elemento que es crucial a la hora de emprender programas globales de prevención. En segundo lugar, porque la misma encuesta demuestra que el ejercicio de clasificación anterior, basado a su vez en una muestra de municipios seleccionados por razones de representatividad estadística, puede estar dejando por fuera localidades que requieren esfuerzos preventivos y que estarían en capacidad de emprenderlos. Tercero, porque, a diferencia de la encuesta anterior, en dónde se contaba con un indicador –la sensación de inseguridad- que permitía hacer un ejercicio de ponderación de los distintos factores de demanda por programas con un elemento mínimo de objetividad no se cuenta en esta encuesta con ninguna variable que ayude a que la consideración conjunta de los distintos factores no sea totalmente arbitraria. Por último, porque un ejercicio de ese tipo podría transmitir la idea, a todas luces errónea, de un proceso de selección puramente técnico y relativamente objetivo. Se minimizaría de esta manera la necesidad de tener en cuenta todas las dimensiones de un problema muy complejo de asignación de recursos haciendo opaca la naturaleza política de tal tipo de decisión.
Por estas razones, en lugar de suministrar una lista de municipios que se pudiera considerar como una especie de conjunto óptimo, o siquiera deseable, para llevar a cabo el PSCG, lo que se recomienda es adoptar un enfoque progresivo para su ejecución. Bajo este esquema, se plantea que los pasos iniciales del programa, en un grupo reducido de localidades, se consideren esfuerzos piloto de un proceso a lo largo del cual, no sólo se irá fortaleciendo el entorno institucional a nivel nacional para el apoyo de las intervenciones locales, sino que se irán atendiendo los municipios para los cuales se demuestre (i) que se requieren tales intervenciones, (ii) que existe la capacidad institucional para emprenderlas y (iii) que no se dan obstáculos que deban superarse como condición previa para su iniciación.
En el resto de esta sección se procederá, a partir de las consideraciones hechas anteriormente, a sugerir un conjunto muy reducido de municipios piloto. En la siguiente sección se discutirán los elementos que a partir de las visitas realizadas en esta consultoría, y a partir de la información disponible, parece conveniente tener en cuenta para el diseño de las intervenciones a nivel nacional.
Como se ha señalado varias veces, el problema de la identificación de localidades en las cuales, por el lado de la demanda por seguridad, sería útil emprender programas de prevención no presenta mayores dificultades técnicas ni conceptuales. En un escenario ideal de exceso de recursos, podría afirmarse que para la mayor parte de los municipios de la EAA serían convenientes, y bienvenidos, tales esfuerzos. Es muy probable que, adicionalmente, habría una larga lista de localidades no incluidas en la muestra que también se verían beneficiadas.
Son varias las razones para argumentar que es conveniente establecer un esfuerzo piloto en Ciudad de Guatemala y alguno(s) de sus municipios satélites. Uno, por el lado de la demanda, no existe ninguna duda con respecto a la consideración de que allí es importante la incidencia tanto de delincuencia como de pandillas juveniles. Dos, la naturaleza del entorno político-administrativo del país, que a pesar de los esfuerzos recientes, sigue siendo altamente centralizada. Tres, relacionado con el anterior, varios de los componentes nacionales del PSCG –como por ejemplo el de fortalecimiento institucional- estarán necesariamente localizados en la capital. Allí, por lo tanto, es dónde parece recomendable que se establezca la instancia coordinadora del programa que es la que posteriormente, a partir del seguimiento y evaluación de los proyectos piloto, podrá sofisticar los criterios de selección de los municipios a los que se extenderá el programa. Cuatro, es el único lugar del país en dónde existe en la actualidad un Centro de Rehabilitación de Menores, cuyo radio razonable de acción se puede extender fácilmente a los municipios satélites, con lo cual se obvia el problema inherente al traslado de larga distancia de los menores desde su lugar de origen. Aunque la nueva ley de menores prevé alternativas como la Libertad Asistida, con las cuales se obvia esta dificultad, resulta claro que se trata de un mecanismo que aún no se ha consolidado, que no se sabe cómo terminará funcionando en la práctica y sobre el cual parecería arriesgado centrar de manera exclusiva las intervenciones del PSCG.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, sumadas a las sugerencias hechas en Frühling (2003) sobre la posibilidad para llevar a cabo programas piloto de Policía Comunitaria, se sugieren para integrar el primer grupo de municipios piloto a
- Ciudad de Guatemala
- Villa Nueva
- Santa Catarina Pinula
Para complementar esta tripleta de municipios, se recomienda también iniciar programas piloto en algunos municipios predominantemente indígenas –cuya lista se especifica a continuación- por varias razones. Primero, porque uno de los aspectos más sobresalientes del análisis de la encuesta de Aragón y Asociados es el de la relevancia que ha tomado el fenómeno de las maras en las comunidades indígenas. Segundo, porque, a pesar de la observación anterior, estas comunidades parecen padecer un nuevo tipo de abandono y es el de la falta de esfuerzos institucionales de prevención orientados de manera específica a la juventud indígena. Tercero, porque detrás del abandono que muestran los datos en términos de tales programas subyace la carencia de un diagnóstico sobre el fenómeno de las maras indígenas. Además, la escasísima literatura disponible sobre el tema –que se resume brevemente más adelante- sugiere que las motivaciones que tienen los jóvenes indígenas para ingresar a las maras, o para desvincularse de ellas, pueden ser muy diferentes de las de los adolescentes ladinos o mestizos. Así, resulta conveniente tanto profundizar el diagnóstico sobre el fenómeno como, muy probablemente, diseñar programas específicamente adecuados para estas peculiaridades. Cuarto, porque en el trasfondo de la clara aversión que se manifiesta en Guatemala hacia cualquier tipo de intervención con los jóvenes que involucre a la PNC se puede percibir la desconfianza hacia los organismos de seguridad originada en una larga tradición de violaciones a los derechos humanos que -vigente, superada o en etapa de transición- tiene a su vez, un importante componente étnico. Quinto, porque cualquier programa que implique canalización de recursos hacia las comunidades debe en Guatemala, en forma adicional a las consideraciones económicas o sociales o de seguridad, y por consideraciones políticas elementales, buscar la manera de favorecer a las comunidades indígenas, tradicionalmente más marginadas.
Dentro del conjunto de municipios incluidos en la muestra de la EAA sobresalen, como ya se señaló, cuatro localidades que cumplen la doble condición de tener una alta proporción de población indígena y, por otra parte, presentar relativo acuerdo en cuanto a la presencia de pandillas juveniles o maras: Chimaltenango, Quetzaltenango, Chichicastenango y San Lucas Tolimán. Todos ellos presentan tasas altas, aunque no extremas, de abandono escolar. En dos de ellos, Quetzaltenango y Chichicastenango se observan –siempre de acuerdo con los datos de la encuesta- deficiencias en cuanto a la cobertura del sistema escolar. Así es que por el lado de la demanda por programas, cualquiera de ellos calificaría como eventual sede de programas pilotos.
Por el lado de la capacidad para llevar a cabo los programas, en todos ellos se da un cubrimiento exiguo en materia de instituciones que trabajen con jóvenes mareros. Por el contrario la cobertura tanto de áreas deportivas o culturales así como de canchas parece más que razonable, e incluso por encima del promedio observado para la muestra. Uno de los criterios analizados con los datos de la EAA permite refinar un poco más el ordenamiento, puesto que uno de los municipios se destaca por una incidencia del fenómeno de los linchamientos sustancialmente inferior a la de los otros tres. En efecto, mientras que Quetzaltenango, San Lucas y Chimaltenango presentan –para el período 1996 2002- tasas de linchamiento cercanas a los 20 incidentes por cada 100 mil habitantes (pcmh), en el municipio de Chichicastenango la cifra correspondiente es de menos de 10 linchamientos pcmh. Por lo tanto, y en ausencia de información para sugerir criterios adicionales de calificación, se recomienda emprender un programa piloto de prevención de maras específicamente orientado a los jóvenes indígenas en el municipio de Chichicastenango.
No sobra recordar que sugerir que el programa piloto de maras indígenas se inicie en el municipio con la menor incidencia de linchamientos no debe confundirse con una sugerencia que las localidades afectadas por este fenómeno deban dejarse al margen de los programas de prevención. Simplemente refleja el convencimiento que, ante el desafío de diseñar programas orientados a prevenir un fenómeno, como el de las maras indígenas, sobre el cual se sabe muy poco, parece conveniente no mezclar esa etapa inicial de necesario aprendizaje, con otro fenómeno, el de los linchamientos, que tampoco está aún bien diagnosticado, pero que evidentemente tiene que ver con las reacciones de las comunidades ante la violencia.
3 – ALGUNAS PAUTAS PARA EL DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES
A continuación se enumeran, de manera muy esquemática, algunas pautas generales, enunciadas casi como lemas, que se derivan del análisis realizado y que se recomienda tener en cuenta a la hora de diseñar las intervenciones contempladas en el programa.
3.1 – No mezclar los esfuerzos preventivos con el componente policial de los programas
No es razonable abordar los esfuerzos por prevenir la violencia juvenil en un país como Guatemala sin tener en cuenta la marcada y profunda segmentación que existe entre quienes defienden las medidas exclusivamente preventivas y quienes argumentan que un componente de la prevención debe incluir elementos sancionatorios, incluso cuando se trata de jóvenes. Teniendo en cuenta que los programas respaldados por el Banco no encajan dentro de la posición extrema anti-sancionatoria que se observa en Guatemala, que además tiene un respaldo legal cada vez mejor definido, parece indispensable que el PSCG se adecue a esta realidad en lugar de pretender que no existe como limitante. Esta recomendación tiene consecuencias en varias dimensiones.
Uno, todos los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la PNC deben concentrarse en los problemas de lo que se podría denominar delincuencia adulta, en un marco de seguridad ciudadana y dejar de lado la problemática juvenil. Dos, si la población objetivo del PSCG incluye a los menores de 18 años, se recomienda que la coordinación general del programa no recaiga sobre el Ministerio de la Gobernación, entidad que despierta un generalizado rechazo entre las organizaciones que tienen experiencia en el trabajo con jóvenes. Tres, a pesar de sus deficiencias actuales, la entidad sobre la que, en la práctica, los recientes cambios legislativos hacen recaer la responsabilidad de la coordinación de programas orientados hacia la prevención de la violencia juvenil es la Secretaría de Bienestar Social [42]. Cuatro, en forma independiente de los condicionantes políticos, el entorno legal e institucional de los menores en Guatemala sugiere la necesidad de especializar el acopio de información sobre los jóvenes de los trámites corrientes de denuncias bajo responsabilidad de la PNC. En particular, para complementar la recomendación hecha por Frühling (2003) en el sentido de crear una unidad técnica dentro del Ministerio de la Gobernación para fortalecer la capacidad técnica y mejorar el diagnóstico, se sugiere impulsar un centro equivalente, especializado en jóvenes pero localizado bien sea en la SBS o en una Universidad.
3.2 – Profundizar el diagnóstico del fenómeno de las maras indígenas
La última recomendación del numeral anterior podría extenderse a la de impulsar un centro concentrado en el análisis de los problemas de seguridad, y en particular de jóvenes, en las comunidades indígenas. Parece claro que uno de los elementos más importantes de la evolución reciente de la problemática juvenil en Guatemala es el de las maras indígenas. Igualmente llamativo es el enorme vacío que existe en términos de diagnóstico del fenómeno. En la única referencia que se pudo encontrar sobre el tema [43] se menciona que la mara indígena
“tiene rasgos distintivos que le son propios, por ejemplo, los nombres en idiomas mayas y muchas de las actitudes e intereses de sus integrantes son mecanismos de defensa contra la discriminación y abuso de la población ladina. El estudio señala que desde 1985, cuando resurgieron las pandillas juveniles, éstas sirvieron como un espacio de protesta de los jóvenes de ambos sexos y de distintos estratos sociales hacia la política estatal, la carencia de servicios públicos y principalmente de los servicios dirigidos a los adolescentes. Sin embargo, con el tiempo estas agrupaciones se fueron degenerando a tal punto de convertirse en delincuencia común, fenómeno que también ha influido en muchos indígenas quienes equivocadamente se han organizado en las comunidades con fines de protesta violenta y criminal, indica. Finalmente, el estudio hace un llamado a las instancias estatales y civiles para que creen proyectos de entretenimiento e información, con el fin de prevenir que los jóvenes se pierdan su identidad y equivocadamente se adhieran a las denominadas maras” [44].
No parece necesario desarrollar un argumento muy largo a favor de la idea que este fenómeno requiere de mayor análisis y, muy posiblemente, de intervenciones específicamente adaptadas a sus peculiaridades. Como bien lo refleja el fenómeno del abandono escolar, también con rasgos e incidencia peculiares a la población indígena, parece conveniente profundizar el conocimiento que se tiene de la vinculación de los jóvenes indígenas tanto al sistema educativo como al mercado laboral [45]. En ambos casos, se trata de problemas muy relacionados con la formación de pandillas y maras.
3.3 – Esperar a que se consoliden y decanten los cambios en la legislación de menores
La simple lectura de Mejía Ossman (2003) en la que se aborda un análisis de las fortalezas y debilidades del nuevo régimen de menores, así como el recuento de los debates que condujeron a una serie importante de reformas en el área [46] sugieren dos cosas. Por un lado se trata de cambios importantes en términos de conceptualización del problema, de orientación general de las políticas relacionadas con los jóvenes y de redefinición de responsabilidades institucionales. Segundo, que los cambios son demasiado recientes, que aún no se han decantado y que, dada su magnitud, es difícil saber cual será finalmente el balance al que se llegará en términos de los propósitos de las políticas y los medios para alcanzar resultados. No parece por lo tanto conveniente diseñar programas basados en cierto tipo de respuestas institucionales que aún no se conocen. En particular, resulta arriesgado no saber cual es la dosificación de respuestas –centros de rehabilitación, libertad asistida o trabajo comunitario- que terminará configurándose en la práctica cotidiana y menos aún cual será su efecto sobre los indicadores de violencia juvenil o de afiliación a las maras.
3.4 – Analizar la dimensión internacional tanto del fenómeno de las maras como de las respuestas y reacciones al fenómeno
Sería un error desconocer que las maras en Guatemala hacen parte de un fenómeno más amplio que, sin exagerar, se puede decir ya tiene una dimensión continental. De hecho, uno de los resultados del trabajo realizado por AA(2003) sugiere que, con la excepción de Jocotenango, en todos los municipios analizados se encontraron maras locales afiliadas, o bajo franquicia, de la mara Salvatrucha y de La 18. También sería poco razonable ignorar que este tipo de organizaciones, a escala continental, tienen vínculos de distinto tipo con fenómenos como el narcotráfico, el contrabando de armas o los flujos de inmigración irregular.
La observación hecha inicialmente en el sentido que tanto la actividad de las maras en otras países como las respuestas a esas actividades pueden tener repercusiones en Guatemala, hace necesario tener en cuenta no sólo las peculiaridades locales de las pandillas sino también su dimensión de fenómeno con ramificaciones internacionales.
En síntesis, aunque, como es lógico, los programas de prevención no necesariamente se deben ocupar de cuestiones tan complejas como los linchamientos, o los ajusticiamientos, o los flujos internacionales de la droga, si resulta conveniente tener en cuenta ese tipo de condicionantes para el diseño de las intervenciones e incluso para la definición de los lugares en los cuales se pueden adelantar los programas con relativa confianza de que no serán desbordados.
4 – RECOMENDACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE MUNICIPIOS
El procedimiento recomendado para la selección progresiva de los municipios requiere como telón de fondo la existencia de lo que se puede denominar una secretaría técnica encargada de recopilar y agrupar toda la información que se vaya generando a lo largo de la ejecución del programa. La adecuada centralización y sistematización de esta información es indispensable no sólo para sofisticar progresivamente los mecanismos de selección de las localidades beneficiarias sino para el entrenamiento que, hacia delante, se requiere tengan los responsables de su ejecución, así como para la evaluación de las intervenciones. Su localización institucional no presenta exigencias adicionales a la de no despertar reticencias u objeciones serias por las organizaciones –privadas, públicas o no gubernamentales- que tengan algo que ver con programas para la juventud [47].
Del desarrollo de los programas piloto en las localidades propuestas atrás, se pueden obtener, a partir de la realización de encuestas a jóvenes (EJ) y de un ejercicio de planificación participativa (EPP) [48], como insumos importantes para la selección posterior de municipios, unos perfiles típicos de intervención (PTI) o sea una lista con la descripción detallada de las posibles intervenciones cuya factibilidad pueda ser susceptible la calificación para la selección posterior de municipios.
El proceso progresivo de selección que se propone se puede considerar equivalente a una licitación abierta, en principio, a todas aquellas localidades en donde exista la conveniencia de desarrollar el programa. Esta demanda, aquí textualmente, por programas puede surgir de la iniciativa del mismo municipio, de algún segmento de la comunidad, de una ONG, o bien ser promovida centralmente. Parecen claras las ventajas que representa esta opción -en un país con problemas generalizados de violencia y altos niveles de pobreza- sobre la alternativa de iniciar el programa con una lista predeterminada de municipios elegidos. Para promover una amplia participación, e incluso la competencia por los recursos del programa, se puede enviar un prospecto a la totalidad de los municipios guatemaltecos, o publicarlo en los medios, exponiendo las características globales del programa, las restricciones institucionales –qué se puede y qué no se puede financiar con los recursos del programa- e incluso, utilizando los programas piloto, una muestra de las intervenciones que se pueden emprender.
Una vez impulsada la demanda, para cada municipio que presente –o a nombre del cual un tercero institucional presente- una solicitud motivada se procedería a hacer una pre-calificación basada, fundamentalmente, en los criterios propuestos en un documento anterior y que se pueden resumir en el siguiente Diagrama 1 [49].
Así, la calificación global de demanda (cDEM), se basaría en tres calificaciones parciales relacionadas con los ataques a la propiedad (cpCRIM), las agresiones (cpAGR) y la presencia de maras (cpMARA) y cuyas ponderaciones respectivas en la calificación total de demanda serían de 27%, 22% y 51% [50]. Puesto que estos tres elementos hacen referencia a la inseguridad ya observada se plantea que esta sea una demanda por programas de prevención secundaria y terciaria [51].
A su vez, se propone una calificación global de oferta (cOF) basada en las relaciones de la comunidad con la PNC tanto positivas (cpPNCp) como negativas (cpPNCn), en las características de estabilidad de la comunidad (cpCOM) y en una medida de aislamiento de los municipios (cpMUN). Las ponderaciones respectivas de estas calificaciones parciales para la calificación de la oferta serían de 46%, -61%, 54% y –39% [52].
Los criterios sugeridos para incluir municipios como eventuales beneficiarios de los programas de prevención secundaria y terciaria sería seis: (i) una calificación global de demanda superior a 3.0; (ii) una calificación global de oferta superior a 2.5; (iii) una calificación de presencia de crimen organizado inferior a 4.0; (iv) una calificación de incidencia de linchamientos inferior a 4.0; (v) una calificación de posibilidad de desarrollar programas de libertad asistida superior a 3.0 y (vi) por lo menos una calificación de capacidad institucional para desarrollar una intervención tipo superior a 4.0.
En el Diagrama 2 se resumen los criterios para la selección de municipios potencialmente beneficiarios de programas de prevención primaria.
Los criterios sugeridos para la pre-selección de los municipios potencialmente beneficiarios de los programas de prevención primaria sería básicamente dos: (i) una calificación global de demanda superior a 3.0 y (ii) por lo menos una calificación de capacidad institucional para desarrollar una intervención tipo –de intervención primaria- superior a 4.0.
Por su parte, la calificación global de demanda en este caso sería el resultado de tres factores: el abandono escolar, un indicador de violencia doméstica y otro de migración desde el municipio. Es conveniente hacer explícito que no existe en la actualidad información suficiente para establecer una ponderación de estos factores que, por lo tanto, se ha fijado de manera arbitraria en 40%, 40% y 20% respectivamente.
Para el conjunto de municipios en los cuales se aplicó la encuesta CIEN se dispone de manera directa de la mayor parte de los indicadores. Sería conveniente permitir que se pueda actualizar alguna de estas calificaciones, sobre todo en lo referente a un incremento en la incidencia de maras desde el momento en que se hizo la encuesta. Para las calificaciones parciales de los demás municipios, y para algunos indicadores no disponibles en la mencionada encuesta –como por ejemplo el de violencia doméstica- se recomienda la aplicación de un breve formulario –en el Anexo II se incluye una propuesta del mismo- que podría ser respondido por las siguientes personas: el alcalde del municipio, los miembros del Consejo de Desarrollo del municipio, los miembros de las Juntas Escolares y algunas pocas personas claves que se sepa conozcan adecuadamente la localidad. Tanto para el abandono escolar como para el indicador de migraciones se puede recurrir a la información censal, agrupando los municipios por quintiles y otorgando una calificación de 1 a los municipios que se encuentren en el primer quintil, 5 a los del quinto etc …
Una vez pre-seleccionado un municipio se recomienda realizar, en forma similar a lo que se propuso para los municipios piloto, tanto una encuesta a jóvenes como un ejercicio de planificación participativa para, con base en esos insumos, proceder a diseñar las intervenciones específicas para esa localidad.
Aunque el indicador de abandono escolar propuesto como criterio de inclusión para los programas de prevención primaria casi garantiza una alta probabilidad de pre-selección para los municipios con alta proporción de población indígena es conveniente señalar que este procedimiento deberá sofisticarse a lo largo del desarrollo del programa. En particular, parece conveniente recomendar que a partir de la realización de la encuesta a jóvenes en el municipio indígena propuesta para el programa piloto se obtenga mayor información no sólo sobre los determinantes de la sensación de inseguridad en tales comunidades sino también los de afiliación a pandillas y abandono escolar.
REFERENCIAS
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Cardona, Rokael (1999) . Desafíos de una política de juventud rural indígena en Guatemala . Organización Internacional del Trabajo.
Flores, Gabriela (sf) “Situación de la Legislación en el tema Niñez y Juventud en Guatemala”. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. En http://www.dniu-uy.com/Aportes/aporte_06.htm
Frühling, Hugo (2003) “Análisis Institucional Policía. Informe Final de Consultoría”. Programa de Seguridad Ciudadana en Guatemala (GU-0163)
Mejía Ossman (2003). “Análisis del Nuevo Código del Menor” Memorando
Mendoza, Carlos y Edelberto Torres-Rivas, eds (2003). ¿Barbarie o Justicia Popular? Los Linchamientos. Guatemala: FLACSO
Merino, Javier (2001). “Las maras en Guatemala” en VVAA (2001) págs 109 a 218
Pineda, Carlos (2003) “Metodología de Clasificación de la Vulnerabilidad de los Municipios de la Región del Valle de Sula, Honduras” Nota Metodológica. Grupo de Desarrollo Municipal- Región II, Mimeo BID
PNC (2001). “Análisis Estratégico del fenómeno de la Criminalidad . República de Guatemala”. Guatemala: Subdireccion General de Operaciones PNC - Mimeo
Poitevin, René, Anabella Rivera y Vistor Moscoso (2000). Los jóvenes Guatemaltecos a finales del siglo XX. Guatemala: FLACSO
Rubio, Mauricio (2002). “Programa de Seguridad Ciudadana en Guatemala. Informe Final de Consultoria – Capitulo 2. Criterios Para Seleccion Municipios Del Programa
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TI-FHB (1997). Centroamérica. Gobernabilidad y Narcotráfico. Transnational Institute y la Fundación Heinrich Böll. Guatemala, Noviembre
VVAA (2001). Maras y Pandillas en Centroamérica. Managua: ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP
ANEXO 1 - ECUACIONES
ECUACION 1
logistic marasC indigena escuelas bares
Logit estimates Number of obs = 1850
LR chi2(3) = 34.76
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -520.03171 Pseudo R2 = 0.0323
------------------------------------------------------------------------------
marasC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.477266 .309768 1.86 0.063 .9794228 2.228164
escuelas | .1656554 .1710991 -1.74 0.082 .0218792 1.254235
bares | 3.251153 .6685954 5.73 0.000 2.172646 4.865034
ECUACION 2
logistic marasC indigena escuelas policia juzgado parque bares
Logit estimates Number of obs = 1850
LR chi2(6) = 36.02
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -519.40381 Pseudo R2 = 0.0335
------------------------------------------------------------------------------
marasC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.495263 .3153887 1.91 0.056 .9889576 2.260775
escuelas | .13782 .1666675 -1.64 0.101 .0128808 1.474624
policia | .6186738 .3371343 -0.88 0.378 .2126258 1.800145
juzgado | 1.653674 .7761262 1.07 0.284 .6591005 4.149045
parque | 1.182612 .9045659 0.22 0.826 .2641002 5.295612
bares | 3.191803 .6617022 5.60 0.000 2.126038 4.791828
ECUACION 3
logistic marasC indigena escuela adeporte canchaF canchaPF canchaB
Logit estimates Number of obs = 1604
LR chi2(6) = 6.58
Prob > chi2 = 0.3613
Log likelihood = -405.40632 Pseudo R2 = 0.0081
------------------------------------------------------------------------------
marasC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.222449 .2795736 0.88 0.380 .7808385 1.913816
escuelas | .4396403 .4505531 -0.80 0.423 .0589885 3.276632
adeporte | 1.258894 .6401652 0.45 0.651 .4646665 3.410649
canchaF | 1.116222 .3950714 0.31 0.756 .5578014 2.233684
canchaPF | 1.481128 .3163 1.84 0.066 .9745759 2.25097
canchaB | .9251021 .3424098 -0.21 0.833 .4478502 1.910938
ECUACION 4
logistic marasC indigena gimnasio estadio
Logit estimates Number of obs = 1763
LR chi2(3) = 35.87
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -422.97299 Pseudo R2 = 0.0407
------------------------------------------------------------------------------
marasC | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.17937 .2658581 0.73 0.464 .7581743 1.834557
gimnasio | 3.109426 .6532583 5.40 0.000 2.059926 4.69363
estadioF | .5200337 .10405 -3.27 0.001 .3513342 .7697374
ECUACION 5
logistic gimnasio indigena
Logit estimates Number of obs = 1905
LR chi2(1) = 10.78
Prob > chi2 = 0.0010
Log likelihood = -1300.7712 Pseudo R2 = 0.0041
------------------------------------------------------------------------------
gimnasio | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.402081 .1451663 3.26 0.001 1.144571 1.717526
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 6
logistic estadio indigena
Logit estimates Number of obs = 1905
LR chi2(1) = 4.19
Prob > chi2 = 0.0406
Log likelihood = -1288.0256 Pseudo R2 = 0.0016
------------------------------------------------------------------------------
estadioF | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | .8088994 .0841185 -2.04 0.041 .6597464 .9917724
------------------------------------------------------------------------------
ECUACION 7
logistic marasINST indigena policia juzgado escuelas
Logit estimates Number of obs = 1905
LR chi2(4) = 19.44
Prob > chi2 = 0.0006
Log likelihood = -346.80562 Pseudo R2 = 0.0273
------------------------------------------------------------------------------
marasINST | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | .2767025 .0986327 -3.60 0.000 .1375929 .5564553
policia | .6609477 .5416978 -0.51 0.613 .1325994 3.294524
juzgado | 1.064211 .8323763 0.08 0.937 .2297508 4.929445
escuelas | 1.619906 1.727679 0.45 0.651 .2002893 13.10153
ECUACION 8
logistic marasINST adeporte gimnasio estadioF canchaF canchaPF canchaB
Logit estimates Number of obs = 1729
LR chi2(6) = 43.10
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -284.03315 Pseudo R2 = 0.0705
------------------------------------------------------------------------------
marasINST | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
adeporte | 2.228742 2.51353 0.71 0.477 .2443948 20.32486
gimnasio | 1.89962 .6179725 1.97 0.049 1.004059 3.593969
estadioF | 1.447729 .3815369 1.40 0.160 .8636943 2.42669
canchaF | .4378653 .2028546 -1.78 0.075 .1766018 1.08564
canchaPF | 3.219414 1.024368 3.67 0.000 1.725589 6.006426
canchaB | 1.453204 .9999206 0.54 0.587 .3772525 5.59785
ECUACION 9
logistic NOcanchaMARA indigena marasC
Logit estimates Number of obs = 1850
LR chi2(2) = 21.36
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -1021.3179 Pseudo R2 = 0.0103
------------------------------------------------------------------------------
NOcanchaMARA | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.347519 .1714849 2.34 0.019 1.050053 1.729253
marasC | 1.989448 .3470821 3.94 0.000 1.413288 2.800493
ECUACION 10
logistic NOcanchaMARA marasC indigena
Logit estimates Number of obs = 1763
LR chi2(2) = 14.84
Prob > chi2 = 0.0006
Log likelihood = -967.43847 Pseudo R2 = 0.0076
------------------------------------------------------------------------------
NOcanchaMARA | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
marasC | 1.860285 .3686753 3.13 0.002 1.261498 2.743295
indigena | 1.335332 .1723688 2.24 0.025 1.036845 1.719749
ECUACION 11
logistic apoyaPGob indigena marasC marasINST rLincha
Logit estimates Number of obs = 1850
LR chi2(4) = 83.26
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -1230.0747 Pseudo R2 = 0.0327
------------------------------------------------------------------------------
apoyaPGob | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | .7805025 .0857244 -2.26 0.024 .6293392 .9679741
marasC | .383502 .0672272 -5.47 0.000 .2719904 .5407316
marasINST | .6343097 .1453988 -1.99 0.047 .404749 .9940697
rLincha | 3.24223 .5517031 6.91 0.000 2.322748 4.525699
ECUACION 12
logistic apoyaPMpio indigena marasINST rDenuncia rAjust
Logit estimates Number of obs = 2005
LR chi2(4) = 43.04
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -947.60338 Pseudo R2 = 0.0222
------------------------------------------------------------------------------
apoyaPMpio | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
indigena | 1.588575 .1975553 3.72 0.000 1.244951 2.027044
marasINST | 1.5718 .3875456 1.83 0.067 .9694463 2.54842
rDenuncia | 1.864405 .2230179 5.21 0.000 1.474757 2.357002
rAjust | 1.813395 .4639618 2.33 0.020 1.098273 2.994157
ECUACION 13
logistic apoyaPIgl marasC marasINST rLincha
Logit estimates Number of obs = 1850
LR chi2(3) = 27.48
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -1117.2066 Pseudo R2 = 0.0121
------------------------------------------------------------------------------
apoyaPIgl | Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
marasC | 2.176522 .4693271 3.61 0.000 1.42632 3.321307
marasINST | 1.540778 .3413365 1.95 0.051 .9980885 2.378544
rLincha | .5493064 .1058613 -3.11 0.002 .3765067 .8014135
ANEXO 2
PROPUESTA DE FORMULARIO PARA LA
PRE-SELECCIÓN DE MUNICIPIOS
En una escala de 1 a 5 en dónde 1 significa que es un incidente del cual nunca se oye hablar en el municipio y 5 que se trata de algo que ocurre con mayor intensidad que en casi cualquier otro lugar de Guatemala,
1 ¿Como calificaría Ud la incidencia de ataques a la propiedad –hurtos, robos, atracos- en el municipio ?
2 - ¿Cómo calificaría la de agresiones a las personas?
3 - ¿La de violencia doméstica y agresiones a los menores?
4 - ¿La presencia de maras?
5 - ¿La influencia de crimen organizado?
6- ¿La incidencia de linchamientos?
7 - ¿Los abusos, agresiones y violaciones a los Derechos Humanos por parte de la PNC?
8 - ¿Los incidentes de soborno o corrupción a la PNC?
9 – ¿Cómo calificaría Ud, también entre 1 y 5, la disponibilidad de servicios de vigilancia por parte de la PNC?
10 - ¿Y la calidad de las relaciones entre la PNC y la comunidad?
11 - ¿Cómo calificaría Ud, entre 1 y 5, la cohesión y la solidaridad entre los miembros de la comunidad?
12 - ¿Qué tan aislado se encuentra el municipio del resto del país?
PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES TIPO SUSCEPTIBLES DE EMPRENDER EN EL MUNICIPIO
- ¿Cómo calificaría Ud la capacidad del municipio para llevar a cabo el siguiente proyecto? ______
[1] Programa GU-0613.
[2] Como por ejemplo la llamada economía del crimen que propone tratar de minimizar los “costos sociales del delito”. La referencia básica de esta línea es el trabajo de Gary Becker (1968) "Crime and Punishment : An Economic Approach" Journal of Political Economy 76, Nº 2: 169-217. Ver también entre otros Erlich, Isaac (1996) "Crime, Punishment, and the Market for Offenses" en Journal of Economic Perspectives Vol 10 No 1
[3] En particular, conviene recordar que, en algún punto, los ejercicios de calificación, como los realizados en Rubio (2003) o en Pineda (2003) están basados en ponderaciones arbitrarias.
[4] Rubio (2002)
[5] Pineda (2003)
[6] Ver BID-CIEN (2000)
[7] Entrevista con Emilio Goudon y entrevista con el Ministro de Gobernación
[8] Ver AA(2003)
[9] Frühling (2003)
[10] “Son los mismos agentes de la Policía quienes cometen un gran número de agresiones y violaciones al momento de la detención, como consta en el informe 2001 de la Defensoría de Menores, de la Procuraduría de los Derechos Humanos”. El valor de una oportunidad. Prensa Libre Marzo 3 de 2003.
[11] Una muestra de la importancia institucional del ICCPG la constituye el hecho que allí recayó -mediante un convenio con la Secretaría de Bienestar Social- la responsabilidad del proyecto de “Reglamento de ejecución de sanciones socio-educativas de privación de libertad, en los diversos regímenes que contempla la nueva ley (de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, del 2003) para los centros de adolescentes en conflicto con la ley penal el cual fue aprobado y se ha apoyado su implementación a través de: Programas de capacitación, Desarrollo de normativa complementaria y
Elaboración de manuales de funciones”. http://www.iccpg.org.gt/paginas/ninez_violencia.htm
[12] Ibid. Subrayados propios
[13] Flores, Gabriela (sf) Situación de la Legislación en el tema Niñez y Juventud en Guatemala. ICCPG
http://www.dniu-uy.com/Aportes/aporte_06.htm. Es interesante observar que para la última parte de la afirmación la autora se basa en una publicación de la PNC: Manual de Criminología. Policía Nacional Civil. Enero 2001.
[14] El primero de ellos aparece de manera genérica al principio del formulario, para ser diligenciado por el encuestador, y con la misma relevancia que asuntos como la Iglesia, la Radio Local, el Salón Social o los Billares.
[15] Vale la pena señalar que algunas de las organizaciones entrevistadas, con amplia experiencia en programas con jóvenes, manifiestan de manera explícita y enfática su rechazo, e incluso su voluntad de oponerse “políticamente”, a cualquier iniciativa de prevención que incluya como actor relevante al Ministerio de la Gobernación.
[16] “Las respuestas que brinda el actual sistema son: la Privación de Libertad como medida privilegiada, el programa de Libertad Asistida, el Programa de Libertad Vigilada y Amonestaciones Verbales y Escritas.
En cuanto a la compatibilidad de estas respuestas con una estrategia de disminución, creo que la única que cumple con este cometido será la de Libertad Asistida. Ya que los planes implementados por el Gobierno en materia de seguridad generan la saturación de las cárceles (tanto de adultos como de menores) sin brindar una respuesta efectiva al tema de seguridad y a la exigencia ciudadana” Flores (sf) op cit.
[17] En varias de las instancias entrevistadas se percibía la sensación de estar hablando con los futuros responsables de las políticas de prevención.
[18] Se puede pensar que, con relación a la encuesta de CIEN en la que se pedía que se calificara entre 1 y 5 la influencia de las maras, la de Aragón y Asociados sobre estima esa calificación puesto que se refiere sólo a si existen o no pandillas, en forma independiente de la gravedad o intensidad de tal influencia.
[19] Y haciendo de nuevo la aclaración que dada la forma cómo se hicieron las preguntas los resultados de las dos encuestas no son totalmente comparables.
[20] Por otra parte, en los grupos focales que se hicieron entonces entre expertos de distintos sectores antes de realizar la encuesta, el problema de las maras indígenas no apareció como algo digno de mención en ninguna de las discusiones.
[21] La composición étnica de la población a la que se hace referencia en estas gráficas se deriva de la misma encuesta de AA (2003).
[22] Cardona (1999)
[23] Cardona (1999) p. 2
[24] El indicador de abandono escolar utilizado acá también se basó en los resultados de la encuesta AA(2003). Se definió como la proporción de jóvenes menores de 18 años que no estaban estudiando en el momento en que se hizo la encuesta.
[25] En concreto, se preguntaba en la encuesta “¿Existe alguna entidad o institución que trabaje con estas maras?”
[26] Unico municipio mayoritariamente indígena en dónde un 10% de las personas que respondieron la encuesta reporta estar enterado de la existencia de instituciones de apoyo a los jóvenes mareros.
[27] En contraposición a ladino o mestizo. No es claro si esta es una pregunta que se hizo abiertamente a los hogares encuestados o si se trata de una opinión del encuestador.
[28] Ecuación 1 en el Anexo. A este nivel, aparece también un nuevo factor que incrementa de manera significativa la percepción de presencia de maras y es la existencia de bares/prostíbulos en la comunidad Es desafortunada la manera como se mezclaron en la encuesta los bares y los prostíbulos, que se incluyeron como una misma categoría en el formulario. Este efecto, sin embargo, no se percibe en los datos agregados por municipios.
[29] Ecuación 2
[30] Ecuación 3
[31] Que muestra incluso un leve efecto perverso, no muy significativo, ver ecuación 3.
[32] Ecuación 4
[33] Así, por ejemplo, en las comunidades con mayor proporción de población indígena parece más probable que se construyan estadios mientras que, por el contrario, resultan más escasos los gimnasios (Ecuaciones 5 y 6).
[34] Ecuación 8. A su vez la existencia de gimnasio multiplica por cerca de 2 la probabilidad de reporte de tales instituciones, la de estadio de fútbol la incrementa en un 50%, mientras que la de canchas de básquetbol muestra un efecto menos significativo. Se percibe en los datos una nueva peculiaridad puesto que las canchas de fútbol aparecen negativamente asociadas con las instituciones a favor de los mareros.
[35] La pregunta específica era “¿Tendría usted algún inconveniente en que estos jóvenes (los mareros) utilicen las instalaciones deportivas y culturales al igual que toda la población?”
[36] Ecuación 10
[37] La pregunta era “¿Qué organismo o institución le gustaría que apoyara programas para la juventud?”
[38] Es desafortunado que en la encuesta no se hiciera en la pregunta una referencia más concreta al tipo específico de conflicto. Peor aún que en el enunciado se mezclara “problema” con “conflicto”. A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta las opciones consideradas para las respuestas, se puede suponer que al responder, la gente estaba pensando en conflictos de tipo penal. La pregunta específica y las opciones de respuesta eran: “¿Cómo se resuelven los problemas o conflictos en su comunidad?
Denunciándolos a las autoridades
Linchándolos (sic)
Haciendo justicia por mano propia
Metiéndolos preso (sic)
No sabe/ No responde
[39] Ecuación 11
[40] Ecuación 12
[41] Ecuación 13
[42] Mejía Ossman (2003)
[43] El trabajo “De mi pueblo a la fábrica: crisis de identidad Maya” realizado por el Programa de Desarrollo Económico y Social de la Mujer Kichin Konojel. Citado en El Informador Rural, No. 17, semana del 22 al 28 de octubre 2002
http://www.guatemalanetz.ch/documenti/rural-2002-17.pdf
[44] Ibid
[45] “Tendencias previsibles en el crecimiento y la distribución de la juventud indígena sugieren que es necesario poner atención especial en el grupo de indígenas en edad escolar, ya que por las condiciones de vida y de trabajo en las áreas rurales, los niños indígenas ingresan muy tempranamente a la etapa juvenil de vida rural” Cardona (1999) p. 5
[46] Ver por ejemplo Flores (sf)
[47] En principio, y por las razones expuestas atrás, no se recomienda localizarla en el Ministerio de la Gobernación. Como instancia oficial parece más recomendable la Secretaría de Bienestar Social. También puede pensarse en una universidad.
[48] Parece recomendable que los EPP se hagan después de las EJ para poder orientar mejor a las comunidades hacia la valoración de intervenciones concretas que se sepa correspondan a los factores de riesgo específicos a cada localidad.
[49] Adaptado de Rubio (2002).
[50] Ver la justificación de las ponderaciones relativas en Rubio (2002). Para este diagrama se normalizaron los valores para que la suma fuera unitaria.
[51] Las razones para no incluir variables sobre condiciones económicas y sociales, que refuerzan la caracterización de demanda por prevención secundaria y terciaria, se exponen en la sección B.8 de Rubio (2002).
[52] La discusión de las ponderaciones se encuentra en Rubio (2002). Nuevamente, para este diagrama, se normalizaron las ponderaciones para que la suma –de las positivas y de las negativas- fuera unitaria.