"Incierto era ayer el número de víctimas que dejaron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripán (Meta). Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del río Guaviare ... Hasta el juez promiscuo municipal tuvo que salir de la región. El era la única representación de la justicia en dicho municipio, porque de la policía lo único que quedan son las ruinas de una estación llena de maleza, que fue abandonada el 16 de enero de 1995, tras un ataque guerrillero". [1]
Este incidente, casi rutinario para la prensa nacional de los últimos años, muestra una faceta recurrente de la violencia colombiana reciente. Ilustra el misterio y la incertidumbre que se está dando al nivel más básico de medición de la magnitud de la violencia homicida. Sugiere que se está perdiendo hasta la capacidad para contar los muertos. Si el problema de desinformación se manifiesta ya para un incidente que, como el homicidio, es tan grave y tan costoso de ocultar, no es difícil imaginar lo que puede estar ocurriendo en Colombia con el registro de otro tipo de conductas criminales.
El diagnóstico de la criminalidad y la violencia, y las acciones estatales para controlarlas, se enfrentan desde el principio con un problema de observación y medición cuya gravedad, como se argumenta en este capítulo, parece ser directamente proporcional a los niveles de violencia. Para que un incidente criminal quede oficialmente registrado se requiere que la víctima, o un tercero afectado, ponga una denuncia. Esta decisión no es independiente de la dinámica de la violencia. También se requiere que las autoridades le den a la denuncia el respectivo trámite y promuevan un proceso judicial. Tales actuaciones tampoco son ajenas a los niveles, o al tipo de actores, de la violencia. Es probable que el incidente sólo salga a la luz pública en alguna de las llamadas encuestas de victimización que, desafortunadamente, son esporádicas, tienen un cubrimiento regional limitado [2] y, en últimas, también dependen de que la violencia no se haya tornado explosiva.
Para tener una idea sobre la dimensión del crimen o de la violencia, para detectar sus tendencias, es conveniente una evaluación crítica de varias fuentes de información alternas, verificando su consistencia, su compatibilidad y sus interrelaciones. Tal es el ejercicio que se hace en este capítulo con las fuentes más usuales de información sobre violencia y criminalidad en Colombia. Se analizan las principales fuentes de información disponibles sobre criminalidad y violencia en Colombia. Este análisis servirá de base para, en un capítulo posterior, hacer una crítica al que se considera el diagnóstico predominante sobre la violencia.
El señalar las limitaciones de las estadísticas disponibles ni implica que se recomiende no utilizarlas. Simplemente se debe tener conciencia de lo que realmente están midiendo y cautela con las conclusiones que de ellas se deriven. En particular, las cifras oficiales de criminalidad, si bien pueden resultar poco adecuadas para medir la evolución real de los delitos pueden dar indicaciones valiosas acerca de los cambios en las percepciones de lo que se considera un crimen digno de registrar, o en las respuestas de los organismos de seguridad y justicia. Vale la pena mencionar las áreas de la situación delictiva colombiana con enormes limitaciones de información que no serán analizadas. Está en primer lugar el problema de la corrupción administrativa que es tal vez el campo para el cual son mayores las deficiencias al nivel más elemental de medición. Están en segundo término las actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas [3]. Tampoco se analiza la información sobre delincuencia juvenil.
En la primera sección de este capítulo se discuten las cifras disponibles sobre muertes violentas. Se destacan varios puntos. El primero es que la tasa de homicidios colombiana es excesiva desde cualquier perspectiva y que su sola magnitud sugiere algo acerca de la naturaleza de la violencia. El segundo, paradójico, es que al hacerse explosiva la violencia homicida la justicia penal perdió interés por el fenómeno. El tercero es la alta concentración geográfica y la gran inercia que, a nivel local, presenta la violencia. Por último, se argumenta que han aparecido en el país varios síntomas de subregistro de los homicidios. En la segunda sección se ofrece un panorama de la criminalidad urbana en la última década, basado en dos tipos de información: lo que, en algunas encuestas, manifiestan los colombianos que les ha sucedido en materia de ataques criminales y lo que reporta la Policía Nacional, basada en las denuncias que ponen los ciudadanos. Como principal elemento de esta sección se destaca la inconsistencia entre ambas fuentes: para la Policía, en los últimos quince años, la criminalidad descendió progresivamente, mientras que las respuestas de los ciudadanos sugieren la tendencia opuesta.
LA VIOLENCIA HOMICIDA EN COLOMBIA
El homicidio ha sido ampliamente reconocido no sólo como el incidente criminal más grave sino como aquel para el cual las estadísticas son más confiables [4]. Además, es probablemente la única conducta criminal homogénea, que permite comparaciones regionales y a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de su registro, el homicidio presenta algunas peculiaridades que pueden ayudar a explicar la mayor credibilidad que se le otorga a tales estadísticas. Estaría en primer lugar el hecho de ser uno de los pocos incidentes criminales que despierta el interés de varias agencias gubernamentales, adicionales a los organismos de seguridad y justicia. Se puede por otro lado mencionar la circunstancia de que se trata de una conducta particularmente costosa de ocultar. Estaría por último el hecho que, como para cualquier otra defunción, su no reporte acarrea inconvenientes legales de distinto tipo para los familiares de la víctima.
Con base en las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que el homicidio es una de las variables que en mayor medida distingue a la sociedad colombiana actual de otras sociedades en casi cualquier momento de la historia, vale la pena empezar por aquí el análisis de las cifras de criminalidad y violencia.
Evolución
Son básicamente tres las fuentes de información disponibles en Colombia acerca de la evolución de las muertes violentas durante las últimas décadas. Están en primer lugar, desde 1960 hasta 1996, los registros policiales de denuncias por homicidio. Se cuenta en segundo término con los datos de mortalidad por causas de defunción de las estadísticas vitales. Una tercera fuente, menos directa, la constituye la información sobre los procesos penales por homicidio consignada en las estadísticas judiciales [5]. Un análisis de las tasas de homicidio colombianas desde principios de siglo, incluyendo el período de la llamada Violencia Política se encuentra en Gaitán [1994]. Desafortunadamente no aparece allí una discusión sobre las fuentes que se utilizaron para construir las series que se analizan.
Como se observa en la Gráfica 2.1, la relación entre las cifras de denuncias de la policía y las de defunciones fue, durante el período 1980-1991, bastante estrecha.
GRAFICA 2.1
En promedio, las defunciones por homicidio de las estadísticas vitales han sido iguales al 95.7% de las denuncias registradas por la Policía. La correlación entre ambas series es de 0.99. Para 1994, último año disponible de ambas fuentes, las cifras coinciden.
De acuerdo con la cifras policiales, a partir de 1970 la tasa de homicidios [6] empezó a crecer aceleradamente, alcanzando proporciones epidémicas a mediados de los años ochenta. En el término de veinte años se cuadruplicaron las muertes violentas por habitante para llegar a principios de los noventa a niveles sin parangón en las sociedades contemporáneas. En la primera mitad de la presente década, y sin que se sepa muy bien la razón, la tasa descendió continuamente para repuntar de nuevo en 1996. Aunque algunos analistas, en forma un tanto apresurada, atribuyen la caída a políticas públicas exitosas, es difícil de compartir tal optimismo. No existe hasta el momento una explicación convincente para el quiebre observado en el año 91.
Una verificación de las cifras totales de muertes violentas se puede hacer a partir de la información censal [7]. De acuerdo con los datos arrojados por los censos de población, el subregistro en el total de defunciones en el período 1985-1993 sería cercano al 18%. Este cifra es ligeramente inferior a la calculada en otros estudios, como Flórez y Mendez (1995) dónde se estima el subregistro en un 20%. Es imposible saber, con la información disponible, si el subregistro en las muertes violentas es similar al estimado para el total de defunciones. En opinión de algunos demógrafos consultados, en condiciones normales cabe esperar que el homicidio presente un subregistro inferior al de las otras causas de defunción por tratarse de un incidente que interesa a varias instancias estatales. Para situaciones extremas, como la de un país en guerra, puede argumentarse que es precisamente el homicidio el incidente con mayor número de agentes, o con agentes más poderosos, interesados en que no se registre.
Aún olvidándose del subregistro, las tasas de homicidio colombianas son excesivas desde cualquier punto de vista. Son muy superiores a los actuales patrones internacionales, dentro de los cuales tasas similares se han observado únicamente en sociedades en guerra civil declarada. Países americanos, como el Brasil, México, Venezuela o los Estados Unidos, que en la actualidad se consideran agobiados por la violencia presentan tasas equivalentes a una fracción -entre el 15% y el 25%- de la colombiana. La relación actual entre la tasa colombiana y la de algunos países europeos o asiáticos es superior a cuarenta a uno [8]. Para encontrar en Europa órdenes de magnitud similares, y para ciertas localidades específicas, es necesario remontarse al siglo XV. Como por ejemplo Amsterdam, cuya tasa en el siglo XV era de 50, descendió a 20 en el siglo XVI y ya era inferior a 8 cien años más tarde. En Estocolmo en el siglo XV era de 42 [9]. En Inglaterra era de 20 en 1200 y para fines de la Edad Media ya había descendido a 15 [10]. Sharpe [1996] estima en 110 la tasa de homicidios de la ciudad de Oxford en el siglo XIV, pero en Bristol, un siglo antes era tan sólo de 5. En Bergen, Noruega, reconocida como una ciudad particularmente conflictiva, centro de comercio internacional, con una población de alta movilidad, de distintas nacionalidades y con diversos grupos étnicos, se calcula en 83 la tasa de homicidios hacia 1560 [11].
Todas estas cifras se refieren a un período anterior al llamado "proceso civilizante" [12] que en el curso de varios siglos cambió los hábitos de los pobladores de las ciudades europeas, dejó atrás el código feudal del honor, controló las manifestaciones de agresión personal, y pacificó las costumbres y la forma como se solucionaban los conflictos. Tal es el término -the civilizing process- que, de la obra de Norbert Elias, han adoptado varios historiadores del crimen para referirse al cambio secular en las costumbres y los hábitos de los europeos que, entre otros factores, se dió acompañado de una continua y sostenida pacificación.
Así, los simples órdenes de magnitud de la violencia homicida en Colombia durante la última década dan algunas luces acerca de su naturaleza, que van en contra de lo que podría denominarse el diagnóstico predominante, el de una violencia rutinaria y generalizada entre los ciudadanos [13]. Las cifras colombianas reflejan claramente que se trata de un país en guerra. Ninguna sociedad contemporánea, ni ninguna comunidad para la cual se disponga de registros históricos, presenta en tiempos de paz niveles semejantes de violencia.
Durante tres lustros, entre 1970 y 1986, y como se aprecia en la Gráfica 2.2, las cifras judiciales sobre los sumarios [14] abiertos por homicidio captaron relativamente bien la tendencia general de la información de la policía [15].
GRAFICA 2.2
A partir de 1987, y como resultado de cambios en el procedimiento penal, los procesos judiciales por homicidio se alejaron definitivamente de la evolución de las respectivas denuncias. A partir de este año, en efecto, por medio del Decreto 050 de 1987, se decidió limitar la apertura de sumario a los casos en los cuales hubiera un "sindicado conocido". Esta reforma vino a formalizar una de las peculiaridades de la justicia penal colombiana: la de darle prioridad en la investigación a los incidentes criminales que precisamente menos investigación requieren. Así, paradójicamente, mientras la violencia se desbordaba, la justicia penal colombiana investigaba formalmente un número cada vez menor de muertes violentas. Esta segunda peculiaridad de la violencia homicida colombiana durante la última década, la de irse quedando por fuera del sistema judicial, también permite decir algo acerca de sus posibles orígenes: no parece ser el resultado de los problemas de intolerancia y de las disputas. Son precisamente estos incidentes -los rutinarios, los que involucran a ciudadanos corrientes, los que se cometen ante testigos- los que despiertan el interés de la justicia penal colombiana y los que tienen una alta probabilidad de ser investigados y juzgados.
Dimensión Regional
En la actualidad una fuente valiosa de información sobre violencia homicida en Colombia la constituyen los reportes de "necropcias por causa de muerte" que lleva el Instituto Colombiano de Medicina Legal (ML). En los últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo por establecer una regional de ML en los sitios más violentos del país [16]. En la actualidad ML cuenta con una oficina regional en 124 municipios que con el 61.9% de la población concentraron el 79.5% de las muertes por homicidio en 1995. De las 160 mil muertes violentas intencionales que, según la información de la Policía Nacional, hubo en el país entre 1990 y 1995 un poco más de 113 mil, o sea el 71% del total, ocurrieron en alguno de los municipios cubiertos por ML.
De acuerdo con estos datos, los 20 municipios más violentos del país, en dónde habita únicamente el 8.5% de la población dan cuenta del 28.8% de las muertes violentas. En cincuenta localidades, con el 22.6% de los habitantes, ocurren más de la mitad de los homicidios. En Colombia, aún en las grandes ciudades, la mayoría de las muertes violentas ocurren en unos pocos barrios. Así, la primera anotación que surge de los datos regionales de homicidios es la de la alta concentración geográfica de la violencia. Esta peculiaridad también va en contra del diagnóstico de una violencia rutinaria y de intolerancia que, casi por definición, debería estar repartida de manera uniforme en el territorio nacional.
Aunque en principio el criterio para la apertura de una oficina regional de ML en un municipio ha estado basado en los índices de violencia [17], en la práctica tal decisión está restringida por el desempeño de la justicia penal en esa localidad, puesto que para justificar una nueva regional de ML se requiere que haya una demanda por los servicios de necropcia por parte de la Policía Judicial, o de la Fiscalía [18]. Un ejercicio estadístico muy simple tiende a corroborar esta hipótesis: más que por la tasa de homicidios, la probabilidad de que un municipio colombiano cuente con su propia regional de ML depende del número de investigaciones preliminares por delitos contra la vida e integridad personal [19] que se inician en ese municipio. De esta manera, la fuente más confiable de información sobre violencia homicida en Colombia, Medicina Legal, depende desafortunadamente de una de las instancias oficiales más sensibles a la violencia, y en particular a aquella ejercida por las organizaciones armadas, el sistema penal. Aparece así un primer escenario favorable al subregistro de las muertes violentas: los lugares en dónde una organización armada, con interés en ocultar sus homicidios, mantiene un poder de intimidación sobre el sistema judicial suficiente para que no se soliciten los servicios de los médicos legistas y queden de esta manera ciertas muertes sin registrar [20]. No son escasos en Colombia los testimonios que muestran el interés de las organizaciones armadas por ocultar las muertes violentas, propias o ajenas. De acuerdo con el relato de un campesino de la región del Atrato, "si a uno lo matan, el cadáver desaparece en medio del monte o de los ríos, porque los paramilitares y la guerrilla no dejan recoger a nadie el cuerpo de ninguna persona para darle digna sepultura. Al que lo haga también lo matan ... Esa gente piensa que así demuestra poder" [21]. Nunca quedó claro, oficialmente, el número de las bajas ni del ejército, ni de la guerrilla, que resultaron de los enfrentamientos en el Billar, Caquetá a principios de Marzo del 98. Se hablaba de entre 30 y 80 muertos. Ya en 1988 la guerrilla se cuidaba de no dejar contar sus muertos en combate. De acuerdo con el testimonio de un ex-guerrillero, luego del asalto a la base de Saisa en Córdoba, se hicieron grandes esfuerzos para ocultar los 20 guerrilleros caídos en el enfrentamiento. "Cuando ya estábamos fuera de peligro, llegamos a un sitio y a los muertos que llevábamos les hicimos una fosa común. Esa fosa quedó anónima por seguridad y nunca se le dice a nadie dónde queda, ni a los familiares" [22]. En 1989, en la finca "La 60", propiedad de un conocido esmeraldero, fue hallada una fosa común con 50 hombres [23]. El problema no es exclusivo de las zonas rurales y apartadas, sino que depende básicamente del poder de las organizaciones armadas en una región. Un funcionario de la Cruz Roja me relató el caso de un cura párroco asesinado recientemente por la guerrilla en un municipio al oriente de Bogotá, y cuyo cadáver permaneció tres días en la calle pues nadie se atrevía a hacer nada. Fue necesario que la Cruz Roja lo recogiera. En la misma dirección apuntaría el problema de las "desapariciones", cuya magnitud real, o cuyos verdaderos responsables son un verdadero misterio.
Para que un homicidio no aparezca en las estadísticas no es indispensable llegar al extremo de ocultar el cadáver. Es suficiente con que aparezca como una defunción por una causa distinta. La información disponible de ML no permite descartar la posibilidad de esta segunda modalidad de subregistro de los homicidios en Colombia. Aunque, en principio, cabe esperar que las cifras sobre las diferentes causas de muerte que contempla ML [24] sean independientes entre sí es pertinente señalar la existencia de algunas relaciones entre las tasas, a nivel municipal, de las distintas causas [25]. El hecho de que en los municipios con altos niveles de violencia homicida las necropcias reflejen también una incidencia superior al promedio nacional para suicidios, muertes naturales y muertes accidentales y que, por otro lado, entre estas dos últimas categorías los datos muestren una correlación positiva y estrecha permite pensar en la posibilidad de sesgos de clasificación que hacen que, en las localidades más violentas, parte de los homicidios queden registrados bajo otras causales. Aún para Ciudad de México, por ejemplo, que tiene unos niveles relativamente bajos de violencia homicida, quienes han examinado en detalle las fichas de los médicos legistas no rechazan la posibilidad de problemas de clasificación asociados con "presiones institucionales". Para Colombia, no deja de parecer extraño que un 75% de las variaciones en las tasas de muertes accidentales, un 62% en las de homicidios y un 59% en las de muertes naturales se expliquen en función de las demás causales de muerte. Tampoco parece fácil de justificar el efecto, estadísticamente significativo, que muestran las tasas de homicidio sobre las muertes accidentales y los suicidios.
Otra modalidad de la desinformación sobre la violencia en Colombia, tiene que ver con el desconocimiento casi absoluto que se tiene sobre los homicidas y con la ignorancia sobre las circunstancias que rodean los incidentes. Es conveniente tener en cuenta que el limitado desempeño de la justicia penal en su tarea de aclarar los homicidios -en Colombia se aclaran menos del 5%- impone serias limitaciones en términos del diagnóstico de las causas de la violencia homicida.
Esta circunstancia no ha impedido que en Colombia se den por ciertas algunas afirmaciones que simplemente no pueden hacerse con base en los datos disponibles. Tal sería, por ejemplo, el caso de la de la asociación del consumo de alcohol con la violencia homicida. De varias personas que defienden en Colombia la existencia de un estrecha asociación entre el alcohol y la violencia homicida he recibido la misma respuesta a la pregunta sobre la evidencia que tienen para asegurar que existe tal asociación: la alta alcoholemia en las víctimas. Un alto consumo de alcohol en las víctimas puede explicarse con varios escenarios diferentes a la típica riña entre amigos que surge como consecuencia del exceso de alcohol. Es claro que, aún para los homicidios cometidos por profesionales, los establecimientos públicos en donde se vende licor constituyen un escenario muy favorable para sorprender a las víctimas y encontrarlas en una situación de relativa indefensión.
Lo que sugieren los datos es que la ignorancia sobre los agresores y sobre las causales de los homicidios depende de los niveles de violencia. La evidencia disponible, tanto a lo largo del tiempo como entre regiones, muestra que el desbordamiento de la violencia se ha dado acompañado de un debilitamiento de la justicia penal que implica por definición un creciente misterio alrededor de los homicidios. En ese mismo sentido, dentro de la información reportada por Medicina Legal hay una muy valiosa para el diagnóstico de la violencia y es la relacionada con las causales de los homicidios. No es para todas las muertes violentas que los médicos que realizan las necropcias establecen una posible causa. Lo que resulta interesante es que el conocimiento sobre las circunstancias de los homicidios se insinúa inversamente proporcional a la magnitud de la violencia. Si, para 1996, se agrupan los datos departamentales de acuerdo con la tasa de homicidios se observa que al aumentar la violencia también aumenta el misterio alrededor del fenómeno. Tal ejercicio se resume en la Gráfica 2.3. Para cerca del 20% de las muertes violentas, las que en 1996 ocurrieron en los departamentos más pacíficos, se conocen las causales en casi dos de cada tres homicidios. Por el contrario, en los departamentos más violentos, dónde ocurrieron la mitad de los homicidios, sólo se reportaron las causales en uno de cada tres casos. En los lugares con niveles críticos de violencia hay una completa ignorancia alrededor de cerca del 80% de los homicidios.
GRAFICA 2.3
Una fuente alternativa de información sobre las muertes violentas a nivel municipal la constituyen los registros de la Policía Nacional. Comparando las cifras de las dos fuentes disponibles para 1995 se confirma que los datos de la Policía, aunque por lo general ligeramente inferiores a los de ML, constituyen una fuente razonablemente confiable de información sobre la violencia homicida en Colombia. Con base en los datos de los 124 municipios para los cuales se cuenta con información de las dos fuentes se puede estimar en un 7% el sub-registro de las muertes violentas por parte de la Policía Nacional El total nacional de homicidios reportados por ambas fuentes en 1995 presenta una diferencia de ese orden. De todas maneras, vale la pena señalar que para los dos municipios que en 1995 presentaron según medicina legal las mayores tasas de homicidio del país, la diferencia entre los registros de ambas fuentes es considerable.
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios mostraron una tasa de homicidios, promedio para el quinquenio, superior a 50, 272 tuvieron un promedio superior a 100, 70 una tasa promedio de 200 o más y 24 localidades un promedio superior a 300. Estos datos tienden a corroborar la noción de una gran concentración geográfica de la violencia colombiana.
La información sobre muertes violentas en los municipios, en forma similar a lo que se observa para los datos agregados a nivel nacional, muestra una considerable inercia. La capacidad de la violencia colombiana para persistir y "auto reproducirse" se puede captar por varias vías. En primer lugar, por la altísima asociación entre el número de muertes en un municipio en un año determinado y el número de muertes en ese mismo lugar en el año anterior. Para los 100 municipios con mayor número de muertes en el período 1990-1995 las correlaciones entre los datos de dos años consecutivos son siempre superiores al 90%. La segunda característica de estas correlaciones entre los datos municipales de dos períodos es que decrecen con el paso del tiempo. En la actualidad, el mejor predictor de la violencia en un municipio colombiano es el número de homicidios observado en ese mismo municipio en el año inmediatamente anterior. Fuera de la alta asociación que se observa entre el número de muertes en un municipio en dos períodos consecutivos la evolución de los homicidios en las localidades del país con mayor número de muertes es particular en el sentido que no presenta cambios bruscos de un año a otro.
SI POR ACA LLUEVE … [26]
La incertidumbre en cuanto a la dimensión de la violencia homicida está lejos de ser un problema exclusivamente colombiano. Por el contrario, parecería ser una característica común a los países con altos niveles de conflicto. Uno de los elementos más recurrentes en los trabajos disponibles sobre violencia en América Latina es la alusión que se hace en ellos a la precariedad de la información con que se cuenta. Aún para cuestiones que en principio no deberían presentar problemas serios de medición, como la violencia homicida, son frecuentes las referencias al subregistro, a la incompatibilidad de las cifras de distintas fuentes, o a la imposibilidad de contar con una serie suficientemente larga para un análisis a lo largo del tiempo.
En la Gráfica 2.4 se muestra, como un primer ejemplo en ese sentido, la serie de homicidios en Lima Metropolitana entre 1985 y 1995 según dos fuentes oficiales, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Gráfica 2.4
De esta Gráfica vale la pena destacar, en primer lugar, el fuerte incremento de la cifra de homicidios de la Policía en el año 1992, período para el cual se quintuplica con relación al año inmediatamente anterior. Este extraño aumento se explica por el hecho que hasta 1991 la información registrada por la policía peruana correspondía a las casos que se investigaban y no al total de denuncias puestas por los ciudadanos. También sorprende que la cifra del Ministerio de Salud, que en principio debería ser independiente de los procesos de investigación judicial, tenga una tendencia similar, aunque su nivel sea muy inferior, a la de la Policía antes del año 1992. La diferencia entre las dos fuentes es tal que de acuerdo con los datos del MINSA, en Lima Metropolitana, con el 30% de la población peruana, ocurrían tan sólo el 18% de las muertes violentas del país. Por el contrario, según la policía, entre 1992 y 1995, en la capital ocurrieron cerca del 70% de los homicidios.
Como segundo ejemplo se presenta, en la Gráfica 2.5, la serie del subregistro estimado de los homicidios ocurridos en el Area Metropolitana de Caracas entre 1990 y 1996. La estimación se basa en la comparación de los datos de la División de Medicina Legal con las estadísticas oficiales de muertes violentas [27]. Con excepción del año 1996, en todos los períodos el subregistro fue cercano al 30%.
Gráfica 2.5
Aún en un lugar con una baja tasa de homicidios y buena calidad de las cifras oficiales, como ciudad de México –en dónde la tasa de homicidios es inferior a los 20 homicidios por cien mil habitantes- un estudio detallado de los certificados de defunción de las muertes relacionadas con lesiones accidentales e intencionales que se presentaron en 1995 en el Distrito Federal arrojó un faltante del 25% en los homicidios registrados por los médicos legistas. En El Salvador, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que concuerdan con estimativos basados en los censos de población, el subregistro de las muertes violentas por parte la Fiscalía General de la República rondaría el 50%. El Instituto de Medicina Legal dispone de registros únicamente del área urbana de la capital, San Salvador, que se piensa es la localidad menos violenta del país.
Si el problema de calidad de las cifras se presenta en ciudades capitales, y aún en aquellas que sufren niveles de violencia que se pueden considerar leves, no es difícil pensar lo que puede estar ocurriendo en lugares apartados, con altos niveles de conflicto, violencia o criminalidad.
LA CRIMINALIDAD URBANA EN LA ULTIMA DECADA
No toda la violencia es homicida. Probablemente por tratarse de la manifestación extrema de la violencia, los homicidios han recibido el grueso de la atención por parte de los analistas colombianos. A esta inclinación también pudo contribuir la mayor disponibilidad y calidad de la información. Pero también vale la pena analizar lo que ha ocurrido en Colombia con los otros tipos de criminalidad.
Las Encuestas De Victimización
El primer esfuerzo que se hizo en Colombia por aproximarse a la criminalidad real urbana fue un módulo de la Encuesta Nacional de Hogares realizado a finales de 1985 . En las once ciudades incluidas en la muestra [28] se concentraba cerca de la mitad de la criminalidad denunciada ante la Policía Nacional. Un módulo similar se realizó posteriormente en 1991 y en 1995 [29].
Del análisis de los resultados agregados de estas encuestas surgen varios comentarios. El primero es que, como se observa en la Gráfica 2.6, la evolución de la criminalidad en Colombia ha estado básicamente determinada por la de los delitos contra el patrimonio económico que en las tres encuestas constituyen una proporción superior al 80% del total de delitos, y en dos de ellas cercana al 90%. Segundo, que los crímenes contra la propiedad habrían bajado drásticamente entre 1985 y 1991 para subir, en forma también marcada, entre 1991 y 1995. Entre 1985 y 1991, disminuyó en cerca de 10 puntos la importancia de los delitos económicos en la criminalidad global. Para 1995 su participación aumentó nuevamente pero de todas maneras fue inferior a la observada en el 85. Los cambios en el porcentaje de hogares afectados por algún delito -cercano al 20% en el 85, al 10% en el 91 y al 15% en el 95- tenderían a corroborar esta tendencia.
GRAFICA 2.6
Con relación a la fuerte caída de los atentados contra la propiedad entre 1985 y 1991 y a su posterior aumento en el 95, no se debe descartar del todo la posibilidad de explicarla, al menos parcialmente, por la forma como se le hicieron las preguntas a los hogares encuestados, que fue diferente en el año 1991. Tanto en 1985 como en 1995 se les hizo a los hogares la misma pregunta inicial: "Usted o alguno de los miembros de este hogar ha sido víctima de la delincuencia durante el último año ?". En 1991 la pregunta era diferente: "Usted o alguno de los miembros de este hogar ha sido afectado por hechos violentos o por delitos en el último año ? ". Es razonable pensar que en ese año los incidentes no violentos contra la propiedad hayan podido quedar con un menor reporte. En segundo término, en el año 1991 esta pregunta sobre victimización venía precedida de varias preguntas sobre muertes violentas, problemas en los barrios, derechos humanos, abuso de los organismos de seguridad y cambio de domicilio por razones de violencia que se puede pensar desviaban la atención del encuestado hacia los incidentes con violencia [30]. Así, en estricto sentido sólo la encuesta de 1985 y la de 1995 son comparables.
Otro punto que se debe destacar con relación a la criminalidad en Colombia es el importante aumento en la incidencia de los atracos, o atentados violentos a la propiedad, cuyas tasas por cien mil habitantes (pcmh), como se puede apreciar en la Gráfica 2.7, se duplicaron entre 1985 y 1995. La alta participación de los atracos dentro de los atentados a la propiedad en el año 91, superior a la de las otras encuestas tendería a corroborar la inquietud planteada en el sentido que la manera como se hicieron las preguntas en el 91 pudo sesgar las respuestas hacia un sub-reporte de los incidentes no violentos.
GRAFICA 2.7
Este fenómeno puede ser el que permita explicar la creciente sensación de inseguridad que, a pesar del aparente descenso en las tasas de criminalidad entre 1985 y 1991, manifiestan los colombianos. El último comentario es que los delitos contra la vida presentan un comportamiento opuesto al de aquellos contra la propiedad -aumento entre 1985 y 1991 y leve descenso en 1995- pero quedan en niveles superiores a los de 1985. Al analizar, dentro de los atentados contra las personas, la participación de los homicidios se observa un gran aumento entre 1985 y 1991 período durante el cual se pasó de menos del 20% a cerca del 60%.
Así, como gran tendencia de la criminalidad colombiana en la última década, se debe destacar la reorientación de los delitos hacia aquellos con una mayor dosis de violencia.
De acuerdo con los datos de la última encuesta, durante 1995 un poco más de medio millón de hogares (cerca del 15% del total) fueron víctimas de algún delito. La tasa de criminalidad global es ligeramente superior a los 4800 delitos por cien mil habitantes. Por ciudades, esta tasa varía entre 1000 y 12000 delitos pcmh y el porcentaje de hogares afectados entre un poco más del 5% y el 35%. Es conveniente señalar que estas serían las cotas inferiores de las tasas, suponiendo que los hogares que reportaron ser víctimas de algún incidente criminal lo fueron una sóla vez. La información disponible permite suponer que esta es una cifra conservadora. Una encuesta realizada en tres ciudades colombianas en 1997 muestra que los hogares que han sido víctimas de atentados contra su propiedad reportan la ocurrrencia de múltiples incidentes, desde 1 hasta 18, con un promedio de 2.5. Esta cifra es superior en Bogotá (3.1) que en Medellín (2.2) o Barranquilla (2.1). El grueso de los incidentes reportados (90%) tiene que ver con atentados contra la propiedad. En segundo lugar de importancia se sitúan los delitos contra la vida e integridad de las personas (6%). El resto de los títulos del código penal : Delitos contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad, contra la familia, contra la seguridad pública, contra la integridad moral y otros títulos participan únicamente en el 4% de los hechos delictivos informados por los hogares.
La incidencia de estos delitos contra la propiedad está positivamente relacionada, por ciudades, con la de los atentados contra la vida. Dentro de los delitos económicos aparece una asociación positiva entre los atracos y los atentados no violentos a la propiedad . En los delitos contra las personas, por el contrario, hay cierto grado de sustitución entre el homicidio y las lesiones personales. Sobre este punto, que es importante para el diagnóstico de la violencia, se volverá más adelante.
Así, las cifras colombianas muestran para 1995 una criminalidad urbana con una gran heterogeneidad no sólo en niveles sino en características. Las ciudades en dónde más se atenta contra la propiedad no son aquellas en dónde la vida de los ciudadanos corre un mayor riesgo. Ni siquiera se puede hablar de una mayor o menor tendencia hacia la violencia, que se presente de manera uniforme entre ciudades. No se perciben, por ejemplo, síntomas de una relación positiva entre la letalidad de los atentados contra la vida y la tendencia a utilizar la violencia en los delitos económicos.
A nivel más desagregado, la violencia homicida es, de acuerdo con los datos de la encuesta por ciudades, la manifestación criminal que menos se explica a partir de las otras modalidades delictivas. Además, es una variable con bajo poder predictivo sobre los otros tipos de conductas criminales.
Los datos de las encuestas de victimización disponibles en el país muestran que las reacciones de los ciudadanos ante los ataques criminales se ven afectadas tanto por las deficiencias del sistema penal de justicia como por un ambiente caracterizado por la intimidación. Aún para un asunto tan grave como el homicidio, de acuerdo con la encuesta realizada en 1991, más de la mitad de los hogares que habían sido víctimas manifestaron no haber hecho nada y únicamente el 38% reportó haber puesto la respectiva denuncia.
Una de las razones aducidas por los hogares para no denunciar los delitos es la del "temor a las represalias" que entre la encuesta de 1985 y la de 1991 duplicó su participación en el conjunto de motivaciones de los hogares para no denunciar. Para la encuesta realizada en 1995 el "temor a las represalias" aparece como un factor con buen poder explicativo sobre la proporción de delitos que se denuncian. Además, esta razón para no denunciar es más importante en las ciudades con mayores niveles de violencia homicida. Aparece entonces, para las ciudades colombianas, una asociación negativa entre la violencia y la disposición de los hogares a poner en conocimiento de la justicia la ocurrencia de hechos delictivos. La incidencia del temor a las represalias como factor para no denunciar ha seguido, en las tres encuestas realizadas desde 1985, una evolución similar a la de la tasa de homicidios en el país.
Las Denuncias Ante La Policia Nacional
Como fuente alternativa de información sobre la situación delictiva se cuenta en Colombia con los datos de denuncias que registra y recopila la Policía Nacional. De acuerdo con estos datos, las tasas delictivas habrían mostrado, en las últimas décadas, la siguiente tendencia: un aumento uniforme entre 1960 y la mitad de los setenta, un corto estancamiento hasta el inicio de la década de los ochenta y un posterior descenso, similar en magnitud y duración al aumento previo, durante los últimos quince años (Gráfica 2.8). El primer punto que llama la atención es que esta evolución de la criminalidad que se deriva de los registros policiales de denuncias no coincide con la percepción, generalizada en el país, que la inseguridad aumentó durante la última década.
GRAFICA 2.8
Tampoco guarda relación con la evolución de la violencia homicida, ni con el comportamiento de ciertos delitos específicos -como el atraco bancario, o el hurto de automotores que se puede pensar se registran de manera más confiable- que han mostrado un considerable incremento en los últimos años. Un segundo punto de interés lo constituye la gran diferencia, tanto en niveles como en tendencia, que como se deriva de la Gráfica 2.8 se observa entre las cifras que reporta la Policía Nacional y las que se pueden calcular a partir de lo que los hogares, en las encuestas de victimización, dijeron acerca del número de denuncias que habían puesto ante las autoridades. Acerca de los posibles orígenes de estas discrepancias, crecientes en el tiempo -desde un 30% en 1985 a cerca del 50% en el 95- el más pertinente parece ser el de un progresivo subregistro de las denuncias por parte de la Policía, sobretodo en los delitos contra el patrimonio económico. Como ya se mencionó, la tasa de criminalidad que se calcula con las encuestas de victimización es conservadora en el sentido que algunos hogares han podido ser víctimas, en al año anterior a la encuesta, de más de un hecho criminal. Así el número de denuncias podría también estar subestimado.
La posibilidad de que las autoridades policiales hayan establecido un filtro para las denuncias que registran no necesariamente es perniciosa. Puede pensarse, por ejemplo, en la conveniencia de haber dejado de lado, aún de las estadísticas, los delitos económicos de baja cuantía. O las denuncias que se sabe cumplen sólo un papel formal, sin ninguna repercusión judicial posterior. El hecho de que el valor monetario promedio de los ataques a la propiedad de acuerdo con las estadísticas policiales se haya multiplicado, en términos reales, por cuatro entre 1985 y 1991 y por cerca de siete entre 1985 y 1995 tendería a corroborar esta idea. En la misma dirección apunta el hecho que en 1985 el monto envuelto en un delito económico en los registros de la Policía Nacional fue de $ 215 mil pesos de ese entonces mientras que apenas superó los $ 100 mil en la información reportada por las víctimas en la encuesta de hogares. Para las encuestas de 1991 y 1995 no se dispone de información sobre los montos envueltos en los ataques a la propiedad. Las estadísticas de delitos reportadas por la policía también pueden estar reflejando cambios en los procedimientos de registro, o en los recursos humanos dedicados a esa tarea. Las cifras, en tal caso, se verían afectadas por insuficiencias administrativas o falta de personal en los cuerpos policiales. Esta hipótesis es consistente con la experiencia internacional que muestra, para distintos países, cambios importantes en los sistemas de registro de la policía.
Cuando, por otro lado, las tasas de criminalidad pueden ser utilizadas para evaluar el desempeño de los organismos de seguridad no es difícil imaginar que se den incentivos para no registrar, por ejemplo, los casos más difíciles de resolver, o para limitarse a aquellos en los que se ha tenido éxito en la identificación y captura de los implicados. En tal sentido es pertinente señalar la existencia de una estrecha relación entre las denuncias por delitos económicos registradas por la Policía y el número de personas capturadas como presuntos implicados en los delitos. Esta asociación, como se observa en la Gráfica 2.9, aparece tanto a nivel agregado como para los distintos tipos del título de atentados "contra el patrimonio económico" .
GRAFICA 2.9
En principio cabe esperar que las estadísticas sobre los sindicados aprehendidos por la Policía Nacional sean confiables puesto que se trata de cifras que deben ser consistentes con las de otras agencias independientes entre sí -en este caso el sistema carcelario, o el sistema judicial-. Lo anterior no significa, sin embargo, que sean estos unos datos que puedan tomarse como indicadores de la criminalidad. El número de personas capturadas depende no sólo de dichos índices sino de la eficacia en la tarea de identificar y aprehender a los delincuentes. Lo que sugiere la asociación que se observa entre los datos de detenidos y los de los delitos es que estos últimos parecerían haberse adaptado progresivamente a la evolución de los primeros. Esta dinámica puede explicarse de dos maneras. Bajo una visión crítica de los organismos policiales podría pensarse que el número de delitos registrados por la Policía se calcula a partir de la información de los capturados de tal manera que el balance entre una y otra cifra muestre unos parámetros razonables de eficiencia. Una lectura menos simplista de esta relación apuntaría en la dirección de una posible contaminación de los procedimientos policiales de registro con una de las principales perversiones de la justicia penal colombiana: su progresiva concentración en los delitos con sindicado conocido. En el marco de un sistema de justicia penal que, como el colombiano en las últimas décadas, ha venido dejando de lado la investigación de los incidentes criminales para los cuales se desconoce el agresor, no resultan del todo extrañas unas estadísticas criminales que también se hayan apartado de los delitos en cuya denuncia no se ha identificado al responsable.
Con relación a los montos monetarios envueltos en los delitos económicos, y a nivel agregado, la tendencia creciente que señalan las cifras de las denuncias a partir de los ochenta podría explicarse de dos maneras. O bien se trata de unos registros policiales progresivamente concentrados en los delitos de mayor cuantía, o bien se trata del reflejo de una criminalidad cada vez más especializada en delitos de gran magnitud. Esta es la hipótesis que se plantea en Trujillo y Badel [1998] quienes destacan la creciente importancia, para el monto promedio de los atentados contra el patrimonio, del robo de vehículos.
Lo que queda relativamente claro es que los datos de la Policía Nacional para la categoría de los delitos contra el patrimonio no parecen confiables como indicadores de la criminalidad. Por lo general, se ha reconocido que la calidad de los registros policiales es directamente proporcional a la gravedad de los incidentes, a la determinación de las víctimas de llevar a cabo acciones judiciales y a la capacidad del incidente para involucrar terceros agentes diferentes de la víctima y el agresor [31].
En lo que hace relación a los atentados contra la vida los datos de la Policía Nacional muestran, en el agregado, un incremento sostenido entre 1964 y 1988 período durante el cual, con una tasa promedio de crecimiento del 1.8% anual pasan de 35 a 92 mil incidentes denunciados y luego, a partir de este último año, y como se aprecia en la Gráfica 2.10, una relativa estabilización. Al desagregar estas cifras, de acuerdo con el tipo de conducta -homicidios, homicidios por accidente de tránsito, lesiones personales y lesiones en accidentes de tránsito- aparecen ciertas tendencias que suscitan algunos comentarios.
En primer lugar, las lesiones personales, que durante la mayor parte del período constituyen más de la mitad de los atentados contra las personas, muestran una tendencia decreciente desde principios de los ochenta. Así, en la década durante la cual la violencia colombiana se hizo explosiva, la información sobre lesiones personales reportada por la Policía muestra un continuo descenso. La caída en las cifras de lesiones personales es tal que, según estos datos, los ataques no letales contra las personas constituyen en la actualidad un poco más de la tercera parte de todos los atentados a la vida cuando a principios de los setenta daban cuenta de más de las dos terceras partes de ese total.
GRAFICA 2.10
La calificación de la bondad de las cifras de la Policía Nacional en el caso de las lesiones personales es difícil por varias razones. En primer lugar, porque la relación entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales puede ser respaldada con varias hipótesis diferentes, con consecuencias distintas sobre la asociación que cabe esperar entre estas variables. Si se piensa que el grueso de la violencia se origina en los problemas cotidianos de convivencia entre los ciudadanos, los homicidios serían básicamente las riñas y peleas que "se salen de las manos". En tal caso cabría esperar una asociación positiva entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales, o sea las riñas y discusiones que no alcanzaron a ser letales. Si se piensa por el contrario en dos tipos de violencia que se han venido sustituyendo, como por ejemplo al pasar de un escenario dominado por las riñas a otro dominado por la guerra, sería razonable esperar una correlación negativa entre estas dos variables. Por otro lado, los registros policiales sobre lesiones personales muestran síntomas de algunos de los vicios que se detectaron en las estadísticas de los delitos económicos. En particular, debe destacarse la asociación que, aunque inferior a la que se señaló para los ataques a la propiedad, se observa entre el número de personas detenidas bajo cargos de lesiones personales y el número de incidentes de este tipo que fueron registrados por la Policía.
Por otro lado sorprende un poco la relación que se observa entre la efectividad de los organismos de seguridad para capturar a los homicidas -medida por el número de personas capturadas por cada homicidio que se comete- y la efectividad para aprehender a los infractores por lesiones personales. La asociación entre estas dos variables es tan estrecha que, especulativamente, invita a pensar que surgen de incidentes de naturaleza similar.
Estas anotaciones sugieren dos cosas. Primero, que los homicidios para los cuales los organismos de seguridad capturan a los agresores y, por otro lado, las lesiones personales son el resultado de una misma violencia: la rutinaria entre amigos o conocidos. La de las riñas. Esta observación es consistente con lo que se ha encontrado sobre las características de la violencia que llega a los juzgados [32]. En trabajos basados en el análisis de incidentes en juzgados, se encuentra que la violencia que llega a la justicia es precisamente la de las riñas, la cotidiana. Se encuentra que más del 95% de los homicidas que fueron llamados a juicio, en una muestra aleatoria de sentencias penales, venían identificados desde el momento de la denuncia. Segundo, que aún para esta violencia cotidiana la efectividad de la justicia penal colombiana se ha reducido sustancialmente en las últimas décadas.
A pesar de las observaciones anteriores, la información estadística de la Policía Nacional sobre las lesiones personales parece verosímil. En primer lugar por la consistencia que muestra con los datos de la Encuesta de Hogares de 1995. Si, como se observa en la Gráfica 2.11, con los datos de la última encuesta se calcula el número de denuncias por lesiones personales en cada ciudad para ese año, tanto el rango de las cifras resultantes como el promedio para las once ciudades, parecen compatibles con la evolución de los registros policiales entre 1980 y 1995. Gaitán (1997) señala que la cifra de denuncias por lesiones personales está en extremo contaminada por los cambios en el procedimiento penal a partir de 1980. A pesar de lo anterior, la tendencia a la baja parece significativa. En la misma dirección de otorgarle credibilidad a las cifras de la Policía apunta el hecho de que las lesiones personales constituyen el típico incidente con sindicado conocido que, por despertar el interés del sistema penal, tiene buenas posibilidades de quedar registrado en las estadísticas por parte de las autoridades tanto judiciales como policiales.
GRAFICA 2.11
Una vez hechas las calificaciones anteriores, es interesante comparar la evolución de los dos grandes componentes de los ataques violentos contra las personas en las últimas tres décadas. El hecho que, como se observa en la Gráfica 2.12, las denuncias por lesiones personales hayan empezado a caer en forma continua y sostenida justamente cuando empezaron a aumentar los homicidios sugiere un escenario diferente al que se deriva del diagnóstico predominante sobre la violencia colombiana durante la última década, el de un fenómeno rutinario y originado en los problemas de intolerancia.
GRAFICA 2.12
De haber sido esta violencia, la de las riñas, la que se hizo explosiva a partir de los ochentas, se esperaría que hubiera tenido como impacto más notable un aumento en la incidencia de las denuncias por lesiones personales.
Los datos disponibles por ciudades, para 1995, tienden a corroborar la idea de una relación negativa entre los homicidios y las lesiones personales. En efecto, y como se observa en la Gráfica 2.13, entre las once ciudades incluidas en la muestra de la encuesta de victimización, aquellas con mayor tasa de lesiones personales -Pasto, Bucaramanga y Barranquilla- están entre aquellas localidades con menor tasa de homicidios. Por el contrario, los lugares con mayor incidencia de muertes violentas -Medellín, Cali y Pereira- presentan tasas de lesiones personales inferiores al promedio.
GRÁFICA 2.13
Un argumento que se ofrece algunas veces para explicar esta contradicción entre el diagnóstico de una violencia esencialmente rutinaria y la aparente caída en la incidencia de las lesiones personales es que las discusiones, las peleas y las riñas se volvieron más letales por un uso más extendido de las armas de fuego [33]. Algo de esto puede ser cierto, pero en tal caso se esperaría simplemente que la tasa de homicidios aumentara más rápido que la tasa, también creciente, de lesiones personales. Esta línea de argumentación evita la pregunta más pertinente, y es la relacionada con la razón por la cual los colombianos en las últimas dos décadas decidieron empezar a andar más y mejor armados.
En síntesis, parece claro que la calidad de las cifras de criminalidad basadas en las denuncias que ponen los ciudadanos ante la Policía varía considerablemente dependiendo del tipo de delito y de la naturaleza del infractor. En Colombia, el factor determinante para que un incidente criminal aparezca registrado en las estadísticas policiales no parece ser la gravedad de la conducta sino el hecho de que las víctimas cuenten con un conocimiento razonable de la identidad de los agresores, que facilite su captura por parte de las autoridades. La tendencia de los registros de delitos a confundirse con los de las personas capturadas, evidente en las cifras, puede tener dos orígenes: el hecho que tales registros no sean independientes de la evaluación del desempeño de los organismos de seguridad o la vocación de la justicia penal colombiana por los delitos con "sindicado conocido", peculiaridad que habría contaminado la calidad de las estadísticas de la Policía. Esta limitación de las cifras de la criminalidad denunciada va más allá de un simple problema de sub-registro, puesto que implica sobretodo un problema de mala representación en las estadísticas de lo que ocurre a nivel de la criminalidad real. La información disponible sugiere que las cifras policiales, al dejar de lado los atentados criminales en los cuales las víctimas no han identificado al infractor, tienden a minimizar la incidencia de los crímenes cometidos por profesionales. En cierta forma, se corrobora la impresión derivada de las estadísticas sobre violencia homicida en el sentido que, en Colombia, la desinformación y el misterio alrededor de la criminalidad parecen proporcionales a la gravedad del fenómeno, o al poder de los infractores.
La Criminalidad Judicializada
Una tercera fuente de información sobre la ocurrencia de incidentes criminales en Colombia la constituyen los procesos que se abren para investigarlos y que, con base en los datos que remiten los juzgados y las unidades de fiscalía, recopila el DANE en las llamadas estadísticas de justicia. Teniendo en cuenta que sólo una fracción de los delitos se denuncia y que, a su vez, no todas las denuncias conducen a la apertura de una investigación formal, o sumario, las estadísticas de justicia constituyen necesariamente una fracción de la criminalidad. La pregunta relevante es si esta es una fracción relativamente constante o, por el contrario, sufre variaciones importantes en el tiempo y el espacio. Además, parece útil preguntarse si dicha proporción es independiente de la intensidad o de las características del fenómeno que se pretende medir.
Del análisis de las estadísticas judiciales a nivel nacional durante las últimas décadas se desprende que su evolución estuvo determinada no sólo por los frecuentes cambios en el procedimiento penal sino, además, por los criterios, informales y también cambiantes, que se fueron adoptando para decidir de cuales incidentes se hacía cargo el sistema penal de justicia. En particular, se puede argumentar que lo que muestran las estadísticas sobre sumarios es una progresiva contaminación de las cifras con el mal desempeño del sistema penal de justicia en su labor de aclarar los delitos y atrapar a los implicados. No parece del todo arriesgado suponer que esta contaminación de las cifras judiciales se haya extendido a los registros estadísticos de la Policía, y aún al ánimo de la ciudadanía para elevar las denuncias.
Vale la pena analizar si la información judicial con datos de corte transversal, a nivel de municipios, es útil para captar diferencias regionales en la criminalidad o si, por el contrario, también presenta sesgos sistemáticos.
En 1995 fueron puestos en conocimiento de las autoridades, en los juzgados y unidades de fiscalía de 832 municipios, un total de 537 mil delitos [34] de los cuales el 46% correspondían a ataques a la propiedad, el 22% a atentados contra la vida, el 4% a abusos sexuales, el 5% a atentados contra la libertad individual y un 23% a otros títulos. Estos hechos motivaron la apertura de 135 mil investigaciones formales, o sumarios, cuya composición por tipo de incidente es bastante distinta a la que se observa para las denuncias. En particular, dentro de los sumarios se reduce a un 25% la fracción correspondiente a los delitos económicos y sube a la mitad la de los delitos de los otros títulos del código. En el año anterior, se habían abierto 140 mil sumarios en los cuales la participación de los "otros títulos" era un poco inferior (42%). Vale la pena anotar que los reportes de 1994 corresponden a 998 municipios o sea que entre el 94 y el 95 los juzgados y unidades de fiscalía de 166 municipios dejaron de enviar sus cifras al DANE.
Para las once ciudades incluidas en el módulo de criminalidad de la ENH, y únicamente para estas localidades, se puede analizar la relación existente entre la llamada criminalidad real, los incidentes que llegan a conocimiento de las autoridades y aquellos para los cuales se inicia una investigación formal o sumario. En estas once ciudades, con el 36% de la población colombiana, se concentraron cerca de la mitad (42%) de las denuncias y un porcentaje similar (43%) de los sumarios por delitos contra la propiedad, y una quinta parte (21%) de las denuncias, y 27% de los sumarios por atentados contra la vida.
Como se observa en la Gráfica 2.14, la composición de los casos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, por tipo de incidente, en estas once ciudades es algo diferente a la que se observa en el resto de los municipios del país.
GRAFICA 17
En las ciudades incluidas en la encuesta de victimización de 1995 pesan más los delitos contra la propiedad. Por el contrario, la participación de los atentados contra las personas es menor en estas ciudades que en el resto de los municipios del país. No se puede saber, sin embargo, si estas peculiaridades responden a diferencias en la criminalidad real o a particularidades regionales de la ciudadanía para denunciar los delitos. Si se aceptara que estas ciudades son representativas del resto de los municipios del país se tendría, con base en la relación observada entre denuncias y delitos, que en Colombia se cometen anualmente cerca de 1.8 millones de delitos de los cuales un poco más de un 1.2 millones son atentados contra la propiedad y ciento diez mil son ataques a la vida. En términos de tasas de criminalidad, se tendrían cerca de 3800 delitos económicos pcmh y 500 atentados a la vida pcmh.
Lamentablemente no parece haber una relación muy estrecha entre el número de denuncias por habitante y las tasas de criminalidad, ni mucho menos entre estas últimas y los sumarios, que permita utilizar las estadísticas de justicia para estimar la incidencia del crimen en los demás municipios del país.
Lo que se observa es que la proporción de los delitos que llega a conocimiento de las autoridades varía considerablemente dependiendo tanto del tipo de conducta como de la localidad en dónde ocurrió el incidente.
A nivel, no ya de las once ciudades de la ENH, sino del total de municipios del país, las tasas de criminalidad denunciada en cada una de las categorías de delitos [35] no parecen ser independientes entre sí. No es despreciable la proporción de la varianza de cada una de ellas que se explica por el conjunto de las otras. Los efectos cruzados entre todas las categorías de delitos son positivos, lo cual indica cierta "complementariedad" entre los distintos tipos de conductas criminales que se denuncian [36].
Para los sumarios, en términos per cápita, la relación entre las distintas categorías de delitos es bastante más estrecha que la que se observa para las denuncias. Al tratar de explicar las tasas de sumarios de cada categoría en función de las otras, se observa (1) un alto poder explicativo de la categoría "otros títulos" sobre todas las demás -es la categoría que mejor se explica en función de las otras- y (2) la existencia asociaciones negativas entre los sumarios de ciertas categorías. En particular los sumarios que se abren por delitos contra el patrimonio muestran una correlación negativa con aquellos contra la libertad individual, y viceversa. Esto se podría interpretar como cierto grado de especialización, por municipios, en las labores de investigación de los distintos tipos delictivos.
Un punto de interés lo constituye el análisis de la relación entre los delitos que se denuncian y los sumarios que se abren. Esta relación muestra hasta qué punto las estadísticas judiciales están captando lo que ocurre a nivel de la criminalidad en los municipios.
Lo que se observa, en forma sorprendente, es que las cifras judiciales de denuncias en los municipios contribuyen muy poco a la explicación de las diferencias en el número de procesos penales que se inician mediante la apertura de una investigación formal [37]. Esta relación entre denuncias y sumarios es aún más débil cuando los incidentes se desagregan por títulos del código penal. Por otro lado, un buen predictor de las investigaciones formales que se iniciaron en cada municipio en 1995, es el número de sumarios abiertos en ese mismo municipio en el año inmediatamente anterior. Nuevamente la relación es más estrecha para el total de delitos que para la desagregación de estos por títulos del código.
Lo que estos datos sugieren es que, como se puede pensar que ocurre con cualquier servicio cuyos niveles de actividad son relativamente insensibles a los cambios en la demanda, el sistema judicial colombiano estaría operando a plena capacidad y probablemente con cierta congestión en sus servicios, por lo menos en lo que se refiere a las labores de investigación.
De esta manera, parece claro que la información judicial de los sumarios no está captando adecuadamente las diferencias regionales de la criminalidad colombiana. Lo que muestran estos datos es simplemente el número de casos penales, relativamente estable e independiente de la situación delictiva de cada municipio, que unos juzgados y unidades de fiscalía con exceso de demanda por sus servicios alcanzan a atender.
LAS ORGANIZACIONES ARMADAS ILEGALES
Una dimensión de la violencia particularmente difícil de medir y de cuantificar pero que sería imprudente ignorar para Colombia es la asociada con los diversos agentes armados que operan en el territorio nacional. En la actualidad, son básicamente dos las fuentes de información que se tienen acerca de las actividades de grupos armados ilegales en el país. Están por un lado los informes de inteligencia de los organismos de seguridad, a partir de los cuales (1) se ha construido la evolución del número de frentes y efectivos de la guerrilla desde los sesenta y (2) se pueden clasificar los 1053 municipios con base en el criterio de si hay o no hay presencia de alguno de los siguientes grupos armados: guerrilla, narcotráfico y los llamados grupos paramilitares.
De acuerdo con esta fuente, tanto el número de frentes como los efectivos de la guerrilla han crecido continuamente durante las últimas dos décadas, en forma similar al incremento de la tasa de homicidios. En principio, cabe esperar que la información acerca de los grupos armados, sobre la cual es difícil tener algún tipo de verificación, esté sesgada hacia la sobre estimación. Para los organismos de seguridad una opinión de "no presencia" es costosa puesto que puede ser rebatida por los hechos mientras que la opinión contraria no presenta mayores riesgos. Además, para la fuerza pública, la presencia de grupos armados puede convertirse en un elemento importante de negociación de recursos.
En la actualidad [38] en más del 50% de los municipios colombianos se considera que hay presencia guerrillera, y en cerca de una cuarta parte de ellos se han detectado actividades de narcotráfico o actuaciones de grupos paramilitares [39]. El porcentaje de la población colombiana que vive en una localidad con presencia guerrillera es del 79%. Para los narcotraficantes y los paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% respectivamente. Unicamente el 15% de la población del país reside en municipios libres de la presencia de alguno de estos agentes.
La segunda fuente de información, concentrada en la actividad guerrillera, la constituyen los datos recopilados desde hace varios años por la Consejería para la Paz [40] acerca de las acciones ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como criterio de presencia activa la ocurrencia de diez o más enfrentamientos por año se clasifican los municipios del país. De acuerdo con esta fuente, para 1994 en el 17% de los municipios colombianos, en los cuales habitaba más de la mitad de la población, había una presencia activa de los grupos guerrilleros.
[1] "Incertidumbre sobre masacre en Mapiripán". El Tiempo, Julio 22 de 1997
[2] Es casi inexistente, por ejemplo, la información que se tiene sobre ataques criminales en las pequeñas ciudades y en el campo.
[3] ver Steiner [1997] o Thoumi [1994].
[4] Ver por ejemplo Spierenburg [1996] pags 63 a 105.
[5] Tanto las estadísticas vitales como las de justicia están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos de Medicina Legal que, como se verá más adelante, constituyen en la actualidad una valiosa fuente de información son bastante recientes y no alcanzan a constituir una serie histórica.
[6] Definida como el número anual de homicidios por cada 100 mil habitantes.
[7] Esta estimación la realizó Giovanni Romero. Se empleó la técnica desarrollada por Hill (1987) que permite estimar, partiendo de tablas de vida modelo, las muertes ocurridas en un período intercensal.
[8] La fuente más utilizada para los homicidios son los anuarios de la Organización Mundial de la Salud. Cuadros con estas cifras se pueden ver en Trujillo y Badel (1998) o en Gaviria [1997].
[9] Johnson y Monkkonen [1996] pág 9
[10] Spierenburg [1996] pág 64
[11] Osterberg [1996] pág 45
[13] Una discusión detallado de este diagnóstico se presentará más adelante
[14] En Colombia se conoce como sumario la etapa investigativa, o de instrucción, de cualquier proceso penal. Hasta 1991 esta etapa era responsabilidad de los llamados jueces de instrucción criminal y en la actualidad la llevan a cabo los fiscales. Es posterior a la denuncia y anterior al juicio penal, que ya se lleva a cabo bajo la responsabilidad de un juez.
[15] No he podido entender -ni he recibido de varios penalistas consultados una explicación satisfactoria- por qué el número de sumarios por homicidio fue durante varios años muy superior al de los homicidios reportados por la Policía. La posibilidad de que se abrieran varios sumarios para investigar a varios presuntos autores de un mismo homicidio debe descartarse pues no ha sido esta una práctica común del sistema penal colombiano. La diferencia es tan grande que permite pensar en un problema de doble contabilidad en las estadísticas judiciales.
[16] Hasta 1993 se contaba básicamente con una regional en las capitales de departamento.
[17] Este ha sido el criterio que, según los funcionarios de Medicina Legal consultados, ha sido determinante en las decisiones de apertura de oficinas regionales en los últimos años.
[18] En Colombia, un médico legista no puede, por iniciativa propia, practicar una necropcia. Tal acción debe ser solicitada por las autoridades con función de Policía Judicial.
[19] Estimación basada en un modelo logit.
[20] Consciente de este problema, y teniendo en cuenta lo reportado por los médicos en las zonas de alto conflicto, Medicina Legal está tratando de poner en marcha un sistema de información para corregir los sub-registros.
[21] Giraldo, Abad y Pérez [1997] pag 100.
[24] Homicidios, suicidios, muertes accidentales, indeterminadas, neonatales y naturales.
[25] La tasa de homicidio presenta una correlación positiva, cercana al 70% con la tasa de dos de las otras causales de muerte -las accidentales y los suicidios- y entre el 28% y 42% con la de otras causales.
[26] Los datos de esta sección se obtuvieron de los informes del proyecto de la red de centros de investigación del BID “La Violencia en América Latina. Dimensionamiento y Políticas de Control”.
[27] OCEI/CPTJ
[28] Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira y Pasto.
[29] En las Encuestas de Hogares Nº 72 de 1991 (ENH 72) y en la Nº 90 de 1995 (ENH 90). En la ENH 72 no se incluyeron Ibagué ni Montería . En la ENH 50 se entrevistaron 21.400 hogares, en las ENH 72 y ENH 90 la muestra fué de 17.203 y de 21.130 hogares respectivamente.
[30] Por último, en 1985, se hizo enseguida la pregunta "de qué delitos han sido víctimas" dejando tres espacios abiertos para responder. En el 1991 la pregunta similar dejaba dos espacios con 12 alternativas cerradas de delitos
[31] ver por ejemplo Zehr (1976)
[32] Ver por ejemplo Beltrán [1997] o Rubio [1998].
[33] De acuerdo con Gaitán [1997] este argumento, pieza clave de las recomendaciones de desarme, fué propuesto inicialmente por Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán para explicar las caídas en lesiones personales en Cali en forma paralela al aumento en los homicidios.
[34] Estas cifras corresponden a las llamadas investigaciones "preliminares" o "previas" que, en principio deben guardar una relación muy estrecha con las de denuncias. Para facilitar la presentación, en esta sección se utilizará el término denuncia para referirse a estas preliminares.
[35] Por títulos del Código Penal Colombiano.
[36] La categoría que mejor se explica como función de las otras es la de los delitos contra la vida (42% de la varianza) que a su vez es la que tiene un efecto más significativo sobre las demás.
[37] Unicamente el 32% de la variaciones, entre municipios, en el número total de sumarios per-cápita que se abrieron en 1995 se explican por el total de casos penales que se denunciaron ante la justicia para investigarlos.
[38] La información acerca de la situación actual que aquí se presenta fue suministrada, durante el primer semestre de 1997, por el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esta labor no hubiera sido posible sin la colaboración de Luisa Fernanda Charry, asistente de investigación y quien realizó, como trabajo de grado, una buena geografía municipal de los agentes en conflicto.
[39] En el 9% de los municipios operan simultáneamente los tres tipos de agentes, en el 36% no opera ninguno de ellos y en el 24% actúa únicamente la guerrilla.
[40] Organismo adscrito a la Presidencia de la República.