Pregunta: “En qué momento debe sentarse un Gobierno a hablar con los terroristas: cuando ha quedado probada la sinceridad de su anuncio de abandonar las armas o antes incluso de que eso ocurra ?
Respuesta: El primer paso es el cese de la violencia. Y cuando termina la violencia, entonces puede tener lugar un proceso. Es muy difícil seguir hablando con alguien si mantiene la violencia o si sigue amenazando” [1].
En materia de violencia, paz, negociaciones y diálogos, para encontrar opiniones que no riñan con la evidencia, que no pisoteen los principios, y que no insulten el sentido común parece necesario buscar más allá de nuestras fronteras. Frente a estos temas, para no sentirse extravagante, es preciso aferrarse a lo que dice gente completamente aislada de ese mar de inconsistencias, eufemismos, misterio, engaño, o abiertas amenazas, que rodean el debate en el país.
La manipulación, y sin duda el temor, han llegado en Colombia al extremo de contaminar el lenguaje. Ya no se pueden llamar las cosas por su nombre. Ya no se pueden describir las situaciones como lo que son.
Ante un grupo armado que supuestamente lucha por la paz, que además dice haber entrado en una etapa de diálogo franco y abierto con la sociedad, pero que continúa secuestrando en forma casi aleatoria, que vuela un oleoducto en el que mueren medio centenar de personas y que reconoce con orgullo y de manera pública tal acción, no está bien visto en Colombia utilizar la palabra terrorista. Eso sería poner piedras en el camino de la paz. Como también parece serlo mencionar la palabra secuestro cuando se priva a las personas de su libertad y se exige el pago de un rescate.
Pero esos son los vocablos que en las democracias del mundo y en la legislación internacional se utilizan para este tipo de conductas. Ningún observador neutral, o ningún juez en el mundo, cuando las víctimas extranjeras empiecen a promover la apertura de investigaciones sobre lo que ocurre en Colombia, tratará de hacer malabarismos para encajar estos crímenes bajo otros rótulos.
Ante un grupo armado que invocando medidas de seguridad para sus líderes impone en una región restricciones a la movilización de las personas, establece un virtual toque de queda, provoca la huida de ciudadanos y se reserva la facultad de ahuyentar foráneos e intrusos resulta desacertado hablar de abusos, o de atentados a los derechos más elementales. Eso también se tomaría como un ataque frontal al proceso de negociación. Así los reportes sobre lo que ocurre en esas zonas coincidan más con lo que sucede bajo las más terribles dictaduras que con lo que caracteriza un territorio libre y una democracia.
La capacidad de torcer la realidad es tal que el pedir como requisito para negociar que los diálogos no se hagan bajo la sombra de las amenazas se considera un obstáculo al proceso, o una extravagancia.
Es difícil saber en Colombia hasta dónde se va a estirar y torcer el vocabulario; hasta dónde se van a sacrificar los principios; hasta dónde se van a reducir los patrones éticos y morales; hasta dónde se va a maquillar la realidad … con tal de no desafiar la frágil voluntad de diálogo de unas organizaciones armadas que cada vez parecen exigir mayores dosis de surrealismo.
Lo que dicen los analistas del conflicto armado colombiano es que el país se encuentra en una situación de virtual empate: ninguna de las partes envueltas tiene posibilidades reales de ganar. Eso parece ser lo ocurre en materia militar. En el terreno de la política, de la ideología, de la disponibilidad de información sobre la realidad del país, de los esquemas mentales para analizarla, de las supuestas soluciones para superar los problemas, de como se reparten los costos de tales soluciones, el triunfo de la subversión sobre el establecimiento colombiano es indiscutible.
El campo de la violencia, el crimen y el orden público es tal vez aquel en dónde el triunfo es más impresionante. El discurso de la guerrilla colombiana en materia de violencia se impuso de tal manera, o la subversión se apoderó tan hábilmente de la sabiduría convencional sobre la violencia, que en la actualidad uno y otra son inseparables. Coinciden en las causas y como atacarlas, en los costos y quien debe asumirlos, en los remedios y a dónde se deben dirigir.
Lo más asombroso es que la visión colombiana sobre la violencia que derivó, o se originó, en el discurso de la subversión se impuso en el país a pesar de un buen acervo de evidencia en contra. Esta armoniosa simbiosis ideológica entre un establecimiento y sus más férreos opositores en armas, a espaldas de la realidad y los principios, ha terminado por generar confusión y desconcierto. Y mucha violencia.
El país ya no sabe muy bien a quien se le debe pedir protección. Nadie está seguro de quien manda en las cárceles. En algunas ocasiones se ha llegado a oír que la guerrilla no acepta dialogar con grupos "al margen de la ley".
La confusión es tal que, en el área del crimen y la violencia en Colombia, ya no es fácil distinguir las causas de los efectos. El discurso va por un lado y los hechos por otro. Se acepta el postulado que el entorno social determina los comportamientos criminales. La realidad nos muestra unos criminales cuyas decisiones configuraron una nueva sociedad. Se afirma que la pobreza es el caldo de cultivo del delito. El país está aprendiendo que una buena fórmula para empobrecer una comunidad es la generalización del crimen. Antes de siquiera poder debatir si la justicia penal afecta las decisiones criminales resultó un sistema judicial amenazado, infiltrado y manipulado por los delincuentes. Sin haber podido entender si el problema se originó por deficiencias de la educación la sociedad colombiana se encontró con organizaciones armadas con capacidad para pervertir cualquier sistema educativo, o cualquier institución. Se pensaba que en el origen de todos los males, incluida la violencia, estaba el problema de la falta de equidad en la distribución del ingreso y en el acceso al poder. La realidad actual nos muestra una democracia perversa en la que casi cualquiera, siempre que tenga acceso a las armas, puede controlar ingentes recursos y acumular enorme capacidad de decidir el destino de sus conciudadanos.
No parece aventurado argumentar que mientras no se de el paso elemental de tratar de adaptar el discurso a lo que ocurre, en lugar de torcer o maquillar los hechos para que encajen en el discurso no se podrá avanzar mucho en materia de diálogos. Para no hablar de reducir la violencia.
Uno de los aspectos más paradójicos alrededor de la violencia colombiana es el de la inclinación tanto de las clases dirigentes como de algunos intelectuales para, por un lado, convencerse de la relativa independencia entre las "distintas violencias" y, por otro lado, para desvirtuar la naturaleza del fenómeno. Tal vez la falla más protuberante del diagnóstico actual sobre la violencia, y de las medidas de política orientadas a su control -como las restricciones a la venta de alcohol, o los planes de desarme- ha sido el afán por generalizar, sin mayor sustento empírico, ciertas conductas que, por el contrario, parecen focalizadas en unos pocos, poquísimos, actores violentos. A pesar de los diferentes tipos de evidencia, el país se resiste a reconocer que en las últimas dos décadas ha estado en medio de una prolongada guerra contra y entre distintas organizaciones armadas. Se sigue pensando, por ejemplo, que la llamada delincuencia común y el conflicto armado son asuntos marginales y totalmente aislados y se insiste en la noción de que el bulto de la violencia colombiana es un fenómeno, cotidiano y natural, de la vida colectiva. Se supone que es algo irracional, sin ganadores.
Hay una idea de Norbert Elias que puede ayudar a entender esta paradoja. Cuando los seres humanos sienten menguada su capacidad para controlar cualquier conjunto de eventos, se da una tendencia natural a pensar que tales eventos tienen un alto componente emocional. Y entre más emotiva se torna la visión de los problemas, mayor es la incapacidad para formular modelos adecuados y realistas de esos problemas. Así, ante las limitaciones del establecimiento colombiano para entender, y con mayor razón para controlar, a los principales actores violentos se volcó el diagnóstico hacia lo emotivo, lo irracional, lo idealizado. Una de las sociedades que en mayor medida se distingue a nivel mundial por el poder y la variedad de sus organizaciones armadas se destaca también por la importancia que le presta, en el diagnóstico de la violencia y en las políticas públicas para enfrentarla, a cuestiones como las riñas, el alcohol, o -el papel y los estudios estadísticos aguantan todo- a las enfermedades mentales [2]. O al llamamiento a la buena voluntad de las partes en conflicto.
A nivel individual, se ha encontrado que cuando a la gente se la confronta con evidencia que va contra sus creencias, tiende a cuestionar la credibilidad de tal evidencia, a negar su pertinencia o a tratar de torcerla para encajarla en los prejuicios [3]. La gente puede guardar dudas alrededor de sus creencias pero evita buscar evidencia cuando piensa que tal evidencia puede ser perturbadora. En algunos casos se puede llegar a concebir maniobras, malabarismos, tanto de ideas como de acción, para evitar saber lo que realmente ocurre. Sospechar algo no es lo mismo que saberlo. Mientras no se sepa la verdad, lo que los individuos creen no se puede decir que es falso. Así, muchas veces la desinformación puede ser intencional. Preguntas obvias que revelarían información que no es bienvenida no se hacen. “Se llega a acuerdos implícitos y se crean arreglos sociales para dejar que lo previsible siga imprevisto y lo sujeto a conocimiento desconocido” [4] . Sólo cuando la evidencia se vuelve abrumadora se empiezan a alterar las creencias originales para acomodar las discrepancias. Desafortunadamente en el país, aún se está muy lejos de tener evidencia suficiente para desvirtuar arraigados mitos y prejuicios. Por esa razón hay que insistir. Insistir en que sabemos muy poco sobre la violencia. Insistir en la tarea de buscar información. Insistir en que los violentos también mienten. Insistir en la necesidad de afinar y modernizar el diagnóstico, depurándolo de la ideología, como una base indispensable para la adopción de acciones realistas. O de procesos de paz que pretendan ser exitosos.
PARA SABER LO QUE PASA: MEDIR, MEDIR, MEDIR, MEDIR
MEDIR: LA INCIDENCIA Y NATURALEZA DE LOS CRÍMENES
Algunas encuestas realizadas recientemente muestran que, para los colombianos, la violencia se ha convertido, junto con el desempleo, en la principal preocupación. Diversos estudios, como ya se señaló, sugieren que la violencia está poniendo en peligro la viabilidad de la economía colombiana. Se trata, sin lugar a dudas, de un problema grave, cuya solución es prioritaria.
En abierto contraste con esta percepción acerca de la gravedad e importancia de la violencia son irrisorios los esfuerzos que se están haciendo en la actualidad para tratar de precisar la naturaleza, y medir la magnitud, de uno de los principales problemas que, en eso parece haber consenso, está agobiando al país. Lo que se gasta actualmente en medir los precios, los medios de pago, las cuentas fiscales, la balanza de pagos, el empleo o las cuentas nacionales no guarda proporción, dada la trascendencia que le asignan los ciudadanos a los distintos problemas, con lo que se está gastando en medir el crimen y la violencia.
En este contexto, también resulta extraña la prioridad que está recibiendo la medición de los costos de un fenómeno tan deficientemente medido, y aún definido. En la mayoría de las áreas de las realidad social la secuencia, más lógica, fue la inversa: mucho antes de que se empezara a hablar de los costos de los problemas sociales, o económicos, como por ejemplo la inflación o el desempleo, el asunto de la medición de la magnitud del problema ya estaba resuelto. Así mismo, son innumerables la variables económicas, sociales o demográficas que están en la actualidad razonablemente bien medidas sin que siquiera se haya planteado la inquietud acerca de sus costos sociales.
En el área del crimen y la violencia la situación actual en materia de medición es, sin lugar a dudas, deplorable. En buena parte de las regiones ni siquiera se sabe cuantos crímenes ocurren. En los pocos sitios en donde se ha emprendido la tarea de medir la criminalidad real, los problemas de agregación son monumentales. Como se dice coloquialmente, se siguen “sumando peras con manzanas”: en la llamada “tasa de criminalidad” entran con la misma ponderación unitaria el robo de un reloj, el de un vehículo de lujo, un secuestro y una riña en un bar.
Así, la recomendación que surge con mayor fuerza tiene que ver con la necesidad de mejorar la base de información sobre el crimen y la violencia, en todos los niveles. Parece indispensable reconocer que se está en guerra, saber cual es la dimensión de esa guerra, tratar de identificar y entender a sus actores, afinar la medición que se tiene sobre su presencia, y analizar sus relaciones con la criminalidad, y con "las otras violencias".
Como primera sugerencia dentro del objetivo de mejorar la base de información, parece pertinente impedir que se deteriore la capacidad institucional para contar y registrar los muertos que está dejando la guerra. La información disponible para Colombia muestra la importancia que tienen las instancias ajenas al conflicto para la medición de la violencia. En este sentido, parece necesario conservar y aún fortalecer la presencia de organismos como la Cruz Roja, con larga tradición de neutralidad, para no perder la dimensión del problema. También parece conveniente fortalecer la función puramente estadística de Medicina Legal. Para esto se requiere moverse en la dirección de independizarla del sistema judicial. Este es un factor de vulnerabilidad de la información sobre la violencia que podría reducirse separando sus funciones de registro estadístico de sus labores de soporte a las investigaciones criminales.
Parecería conveniente en segundo término tecnificar y profesionalizar la labor de recopilación y sistematización de las estadísticas sobre crimen y violencia. También parece necesario moverse en la dirección de corregir los conflictos de intereses que existen, para los organismos de seguridad, entre la tarea de registrar los incidentes criminales, el desarrollo de los procesos judiciales y la evaluación de su desempeño: son evidentes en las cifras las interferencias perversas que se están dando en la actualidad entre la labor puramente estadística y la responsabilidad judicial de aclarar los crímenes y capturar a los agresores. En forma independiente de los procesos judiciales se debe mejorar la base de información sobre los delitos, los ataques personales, las víctimas, las circunstancias que rodean los incidentes y, sobretodo, sobre los agresores. Parece claro que los ciudadanos tienen valiosa información sobre el crimen y la violencia, pero no la transmiten a las autoridades, entre otros factores, por los altos costos que implica la judicialización de los incidentes. El acopio de información también debe hacerse de manera focalizada, e involucrando mucho más a las comunidades y sectores afectados en términos de la percepción del problema, de sus orígenes, de sus efectos, y de las soluciones viables y realistas. Es en este contexto que vale la pena destacar la importancia de las encuestas de victimización.
Las encuestas de victimización, que para la mayoría de los incidentes constituyen la única fuente de información disponible sobre la llamada criminalidad real, presentan algunas características que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar tales encuestas parecen ser útiles para las conductas delictivas y para las agresiones menos graves, más frecuentes y con menor tendencia a ser puestas en conocimiento de las autoridades. Para los incidentes más graves, como los homicidios o los secuestros, estas encuestas presentan serios inconvenientes. Una segunda característica de las encuestas de victimización que se han realizado en Colombia es la de su naturaleza esencialmente urbana. Por tratarse de módulos de la encuesta nacional de hogares, diseñada para la medición de las variables del mercado laboral, han estado circunscritas a sólo once de las ciudades colombianas. La poca información disponible en el país para el resto de los municipios sugiere que la violencia y la inseguridad en Colombia están lejos de ser problemas exclusivos de las grandes urbes. Una tercera característica de la información de criminalidad basada en encuestas tiene que ver con que el reporte de incidentes es en extremo sensible a la forma como se hacen las preguntas. No es difícil argumentar, por ejemplo, que asuntos como el maltrato familiar o las lesiones personales hayan quedado mal representados por tratarse de encuestas con énfasis en las acciones de la delincuencia. El cuarto aspecto que se debe tener en cuenta es que tampoco parece ser este un mecanismo de medición que pueda considerarse independiente de la intensidad fenómeno que se quiere medir. Sería ingenuo desconocer que en algunas zonas del país la presencia de actores armados ha afectado casi todos los mecanismos tradicionales de recolección de información oficial -registros, encuestas, censos-. Varios funcionarios del DANE reconocen las dificultades que se presentaron en 1991 en algunos barrios de Medellín para la realización de la encuesta de hogares. Las firmas encuestadoras con las que he discutido este tema dan por descontadas tres cosas : (1) que en buena parte del territorio nacional hay que pedir permisos no oficiales para realizar encuestas y que es necesario tener contactos para obtenerlos; (2) que hay ciertos temas que es mejor no tratar en las encuestas y (3) que en algunas zonas sencillamente no se pueden emprender tales tareas. Un caso revelador sobre la dificultad que impone para el levantamiento de información directa la presencia de los actores armados es el de los tres ingenieros agrónomos que realizaban una encuesta para el DANE, fueron "retenidos" por la guerrilla en Julio de 1997 y cuyos restos, al parecer, fueron hallados varios meses después[5]. Si esta interferencia parece ya corriente aún en asuntos que se podría pensar son totalmente ajenos al conflicto difícil no pensar en la reticencia de las organizaciones armadas que operan en un territorio para que allí se indague sobre la incidencia de conductas criminales. La última anotación que parece pertinente hacer sobre la medición de la criminalidad a través de encuestas es que, hasta el momento en Colombia, se han dejado de lado los incidentes delictivos que afectan al sector empresarial y productivo.
Estas características de las encuestas que se han realizado en el país llevan de manera directa a ciertas recomendaciones. Parece urgente la realización de una encuesta de victimización con cubrimiento nacional, que abarque tanto el sector rural como el urbano y en dónde se superen las limitaciones para aproximarse a la dimensión de la violencia doméstica o entre conocidos. También resulta indispensable, sobretodo si se quiere avanzar en la medición de los costos de la violencia, realizar una encuesta de victimización a las empresas.
Por último, parece conveniente afinar la medición que se tiene sobre la presencia de las distintas organizaciones armadas en el territorio nacional. Parecería útil explorar nuevas fuentes que, aunque ajenas al conflicto, tienen la peculiaridad de ver afectadas sus actividades cotidianas por la presencia de las organizaciones armadas. En forma adicional a los hogares, que también tienen sobre el particular información que podría ser sistematizada, se podrían explorar fuentes como las empresas encuestadoras [6], los sacerdotes, las regionales de Medicina Legal, los médicos que reportan a tales regionales, y los gremios empresariales que tienen sus actividades en distintas zonas del país.
Se deben empezar a diseñar instrumentos orientados a medir la incidencia de la corrupción.
Con relación a esta base de información, parece indispensable avanzar en las líneas de combinar los distintos tipos de evidencia en los cuales está entrenada o especializada cada una de las disciplinas actualmente involucradas en el estudio de la violencia. El diagnóstico debe partir de testimonios, estudios de caso e historias de vida pero no puede quedarse en esa etapa. Las intuiciones deben ser soportadas con la estadística, y con algo de teoría. El enfoque multidisciplinario que impone esta mezcla de metodologías sólo podrá tener éxito si cada disciplina abandona sus prejuicios y está dispuesta a discutir la pertinencia de sus teorías y de sus herramientas de trabajo.
MEDIR: CUANTOS SON LOS CRIMINALES
Una de las características menos conocidas y estudiadas del crimen y la violencia en Colombia es la de la naturaleza, y el número, de los agresores. Algunas de las preguntas básicas alrededor del fenómeno criminal, que resultan vitales para el adecuado diseño de las políticas, siguen sin respuesta. No se sabe, por ejemplo, si la proliferación que se observa en el número de atentados criminales es un fenómeno ocasionado por muchos agresores que ocasionalmente delinquen o si se trata, en el otro extremo, de unos pocos criminales, exitosos y reincidentes, que agobian a la población.
Varias de las teoría, y de las intervenciones, en boga suponen implícitamente el primer escenario. Las explicaciones basadas en la existencia de un continuo entre la agresión rutinaria, o el maltrato familiar, y el delito, así como las que consideran que la pobreza es “el caldo de cultivo” de la violencia están dando por descontado que los criminales son muchos: cualquier ciudadano conflictivo es un criminal en potencia, sobretodo cuando se trata de un individuo pobre.
Los trabajos de los economistas, que asimilan el costo social de un robo al valor de lo que se transfiere –bajo el supuesto que se trata de actividades competitivas, con una oferta infinita de mano de obra- o que consideran un “agente típico representativo” haciendo cálculos permanentes de los costos y beneficios de delinquir, están presumiendo también que todos los ciudadanos, y sobretodo aquellos con un bajo costo de oportunidad en el mercado laboral, son eventuales delincuentes.
Las políticas públicas más populares -aquellas orientadas a fortalecer el sistema educativo, combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, fomentar la convivencia ciudadana, restringir el consumo de alcohol o reconstruir el tejido social- suponen implícitamente, puesto que los beneficiarios de las políticas son todos los ciudadanos, que el crimen y la violencia son como epidemias que afectan, en calidad de agresores, a toda la población.
Este escenario, desafortunadamente, no ha sido corroborado con los datos. Alguna evidencia disponible para Colombia sugiere precisamente lo contrario: las actividades criminales estarían concentradas en muy pocos agentes. En el mismo sentido apunta la poca teoría existente sobre crimen organizado [7] y la experiencia de aquellos países que tienen información sobre reincidencia de los criminales. Para Estados Unidos, por ejemplo, se reconoce que la función de “incapacitación” de la prisión es fundamental. Se sabe que muy pocos criminales cometen muchos crímenes y que, por ejemplo, el prisionero típico, en forma independiente de la infracción por la que fue encarcelado, que pudo ser leve, ha cometido, en promedio, durante el último año 15 crímenes graves [8].
MEDIR: ¿ CUAL ES LA INCIDENCIA DE LA AGRESIÓN NO CRIMINAL ?
La confusión, recurrente, entre los problemas de agresión rutinaria entre los ciudadanos comunes -o el maltrato familiar- y los ataques criminales es uno de los factores que en mayor medida están contaminando actualmente tanto el diagnóstico de la violencia como el diseño de políticas orientadas a su control.
La confusión ha llegado al punto de permear el ámbito de las estadísticas. Erróneamente, se utilizan datos sobre una manifestación de la violencia para hacer generalizaciones a los otros tipos de violencia. La mezcla de una tendencia observable, el aumento en la tasa de homicidios, sumada a un prejuicio, que el grueso de las muertes violentas surgen de problemas de intolerancia, ha llevado a concluir, sin mayor evidencia, que los incidentes de agresión entre ciudadanos y el maltrato familiar se han intensificado. De allí se concluye, también apresuradamente, que tal aumento ayudaría a explicar el incremento en las tasas de criminalidad. Se ha construido toda una cadena de causalidades con poca teoría y aún menos evidencia.
Para empezar a desenredar esta maraña hay un primer paso que resulta inevitable: saber lo que está ocurriendo con la agresión no criminal. Indagar si ha aumentado o disminuido, si es mayor en los lugares con alta incidencia de muertes violentas que en las comunidades pacíficas. Investigar si hay alguna correspondencia entre las víctimas de agresión y, por ejemplo, las de atracos. Averiguar si el haber agredido a alguien contribuye a la probabilidad de convertirse en criminal. O si, por el contrario, los delincuentes son más propensos a agredir a sus familias, o a sus vecinos, que los ciudadanos que no han optado por las carreras criminales.
MEDIR LOS COSTOS SOCIALES PERTINENTES. Y SABER QUIEN LOS GENERA
Como ya se ha señalado, existe en la actualidad en el área de la violencia una desafortunada tendencia a confundir la relevancia de un costo con la facilidad para calcularlo con información que ya está recogida, o que le es más familiar a los analistas. No de otra manera se explica, por ejemplo, el énfasis que han recibido los costos que impone sobre el sector salud la atención de las víctimas de la violencia y que están mostrando ser insignificantes dentro del total de las pérdidas sociales. Si, como parece estar ocurriendo, el grueso del problema de la violencia tiene que ver con las muertes intencionales y los ataques criminales parece inapropiada la asociación que se está tratando de establecer entre la violencia y los gastos del sector salud, tanto a nivel privado como social. Resulta difícil de sostener que la cuenta hospitalaria pueda ocupar un lugar destacado dentro de la lista de preocupaciones de los familiares de la víctima de un homicidio, o de un atraco. O que la contabilidad detallada de los costos de la atención médica a las víctimas podrá dar luces para la adopción de políticas, o para la asignación de recursos públicos, en materia de prevención o control de la violencia. No faltan quienes, sin mayor sustento empírico, lancen recomendaciones en ese sentido. Como la de darle mayores recursos al sector salud para atender prontamente la emergencias y reducir, por esta vía, la letalidad de las agresiones [9].
El mayor vacío que existe en la actualidad en materia de medición de los costos de la violencia tiene que ver con la dificultad que, tanto a nivel conceptual como empírico, se enfrenta para rastrear las repercusiones que tienen los ataques criminales sobre las decisiones productivas de, aquí si, toda la población. La evidencia testimonial para Colombia muestra que la sola presencia de un actor armado -como la guerrilla, los paramilitares, las milicias, o las pandillas juveniles- en una localidad tiene repercusiones importantes en diferentes niveles de la actividad productiva en dicha localidad. Esfuerzos exploratorios realizados en Bogotá muestran que algunas decisiones económicas son sensibles, tanto al hecho de haber sido víctima de un ataque criminal, como a la percepción de inseguridad. Un porcentaje importante de los ciudadanos (el 30.8%) manifiesta haber dejado de estudiar o trabajar a ciertas horas por razones de inseguridad. La probabilidad de tomar este tipo de decisión depende no sólo de haber sido víctima de un ataque sino, de manera más significativa de la valoración subjetiva de la posibilidad de ser víctima de un ataque criminal [10]. Por otro lado, se encuentra que esta percepción de inseguridad es casi independiente del hecho de haber sido atacado por un delincuente y que depende de cuestiones tan variadas como la edad de la persona, su posición dentro del espectro político derecha-izquierda, el ser propietario de la vivienda y la opinión que se tiene sobre la policía. [11].
El supuesto implícito en la mayoría de los trabajos disponibles en el país, que los costos sociales de los ataques criminales guardan una relación con los montos transferidos, es simplemente una manera apresurada de socializar unos costos privados que, al parecer, guardan muy poca relación con el verdadero impacto social del crimen.
PARA AVANZAR EN EL DIAGNÓSTICO
SUPERAR LOS PREJUICIOS
Un segundo conjunto de sugerencias se orienta a la necesidad de superar los prejuicios políticos y profesionales que todavía subsisten y contaminan los análisis de la violencia y por esta vía las intervenciones que se adoptan.
El primer prejuicio es el de la importancia de la violencia no criminal, la de las riñas, que tiende a difundir entre toda la ciudadanía la responsabilidad por los actos de violencia. Derivadas de este prejuicio son las medidas dirigidas al ciudadano promedio, como las restricciones a la venta de alcohol, o los controles a las armas que se portan legalmente. Toda la evidencia disponible señala que este es un escenario pertinente únicamente en aquellas sociedades con bajos niveles de violencia.
Un prejuicio recurrente, probablemente heredado de un axioma de la salud pública, es aquel según el cual es más eficiente prevenir que controlar. Aunque esta afirmación suena razonable, y puede ser cierta, parecería conveniente corroborarla, para las distintas dimensiones de la violencia. A priori, no parece muy convincente el argumento de que es más costoso detener y encarcelar a un homicida, evitando así varios homicidios que, con alta probabilidad, ese mismo individuo puede cometer en el futuro, que educar a toda la población para prevenir ese mismo número de homicidios. La idea de que la violencia debe ser tratada como un problema de salud pública parece sugestiva para la violencia inter-personal o al interior del hogar, pero definitivamente no lo es para el crimen.
Un prejuicio también promovido por los salubristas y los economistas, y que simplemente reemplaza prejuicios anteriores, es el de la violencia criminal como una conducta susceptible de ser adoptada por cualquiera. Bajo el enfoque económico, todos los ciudadanos pueden, en algún momento, y dependiendo de los beneficios y los costos, volverse criminales. Este prejuicio tiene claras implicaciones en términos de las intervenciones que se sugieren, que van orientadas a toda la población y que le restan importancia a intervenciones críticas como la identificación, captura y sanción de unos pocos criminales.
Uno de los prejuicios que más ha contaminado la discusión sobre la violencia con consideraciones ideológicas y que, al menos en Colombia, más ha restringido la capacidad estatal para enfrentarla, es el de la necesidad de distinguir entre el delito político y el mal llamado delito común. Basada en tipologías idealizadas propuestas a principios de siglo en sociedades con problemas reales de tiranía, se ha impuesto en la noción de que el delincuente político, el rebelde, merece un tratamiento distinto al de los demás infractores al régimen penal, ellos sí criminales. Para Colombia, la evidencia que permite establecer estrechas relaciones entre el conflicto armado, la delincuencia y la violencia homicida es cada vez más copiosa.
Para El Salvador, los impresionantes niveles de delincuencia que se observan a partir de la firma de los acuerdos de paz sugieren también que el conflicto armado y el crimen no son dos fenómenos tan aislados e independientes como los teóricos de la rebelión pretenden. Para los salvadoreños, y como se puede apreciar en la Gráfica, parecerían ser simplemente dos denominaciones distintas de un mismo fenómeno subyacente de inseguridad ciudadana.
En conjunto, estos prejuicios han tenido como consecuencia más notoria el desvirtuar la función de los organismos de seguridad y del sistema penal de justicia en su tarea de combatir la violencia. Así, paradójicamente, una de las regiones del mundo más agobiadas por el crimen y la violencia, parece cada vez más alejada de las instancias universalmente asociadas con el manejo de este tipo de problemas.
En últimas, lo que se observa actualmente en el estudio de la violencia en Colombia, es un activo proceso de competencia por colonizar este campo del conocimiento sobre la realidad social. Lamentablemente, las diferentes disciplinas están tratando de abordar el problema con las mismas herramientas teóricas, los mismos procedimientos, los mismos supuestos básicos de trabajo, casi la misma información y las mismas recetas de intervención pública con las que han analizado sus áreas tradicionales de estudio. Hay además, una mala percepción de las razones por las cuales las preguntas básicas alrededor del fenómeno del crimen y la violencia siguen sin respuesta. Con poca modestia, los nuevos analistas consideran que los antiguos enfoques no condujeron a soluciones satisfactorias por falta de formalización, o por malas concepciones teóricas y, consecuentemente, están tratando de construir una nueva disciplina, totalmente desvinculada de quienes tradicionalmente se han preocupado por estos fenómenos, como los juristas, los penalistas y los criminólogos. Si bien es cierto que los enfoques tradicionales deben ser debatidos, actualizados y sometidos al escrutinio de los datos no parece prudente ignorar por completo las reflexiones que a lo largo de varios siglos se han hecho sobre uno de los problemas más complejos y enigmáticos de la realidad social. Al fin y al cabo las instituciones que, en últimas, se comprenderá deben seguir siendo las responsables de controlar el crimen y la violencia se fueron forjando en el mundo a partir de tales reflexiones, y no de sofisticadas evaluaciones beneficio costo, o de exhaustivas reflexiones sobre la realidad social con los rebeldes.
ELEMENTOS PARA UNA TEORIA DE LOS REBELDES COLOMBIANOS
Para cualquiera que viva en Colombia, es evidente la diferencia que existe entre un delincuente común y un guerrillero. La sabiduría popular hace énfasis en el empaque. "La delincuencia común no suele tener el tipo de armas y vestimentas que utiliza el grupo (guerrillero).. ni siquiera su apariencia personal ... su piel (la del guerrillero) es la de una persona que ha estado expuesta por largo tiempo a la intemperie" [12]. También se hace alusión a los modales: "porque la delincuencia común saquea y destruye" pero los muchachos, como los llaman en la región, "no se comportan así" [13].
Pero cabe mencionar otras discrepancias. El primero de estos personajes puede ser un infractor ocasional, actuar en forma independiente y no tener dentro de sus planes transformar la sociedad. El guerrillero claramente ha escogido un modo de vida, pertenece a una organización y, como tal, responde a las directrices de un plan, de un proyecto político, defendido por su grupo. Estas diferencias, observables y concretas, no parecen ser suficientes, sin embargo, para proponer un modelo de comportamiento específico para cada uno de estos personajes y mucho menos para sugerir que la ley les de un tratamiento diferencial. Discrepancias como estas, o aún más marcadas, se pueden observar, por ejemplo, entre un microempresario y un empleado de una multinacional. A nadie se le ocurriría por esto sugerir un tratamiento analítico, o judicial, para el microempresario y otro para los asalariados de las grandes empresas sobre la base de sus intenciones, de su convicción, o del hecho que ellos sí hacen parte de un proyecto empresarial, y eventualmente político, más ambicioso y los primeros enfrentan el desafío más banal de ganarse el sustento.
El diagnóstico del conflicto armado colombiano se ha quedado estancado en consideraciones idealistas, como la intención de los actores, que pensadores lúcidos de hace dos siglos ya habían sugerido superar:
"La única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación, y por eso han errado los que creyeron que lo era la intención del que los comete. Esta depende de la impresión actual de los objetos y de la interior disposición de la mente, que varían en todos los hombres y en cada uno de ellos con la velocísima sucesión de las ideas, de las pasiones y de las circunstancias. Sería, pues, necesario formar, no solo un códice particular para cada ciudadano, sino una nueva ley para cada delito" [14].
Parece conveniente sacar la discusión del área de lo que cada uno, incluyendo los actores del conflicto, piensa sobre como debería ser el mundo para llevarla al plano de entender el mundo real y concreto que nos rodea. Mucho más con el propósito de suministrar elementos para tratar de mejorar el entendimiento que se tiene sobre los actores del conflicto colombiano que con el de sugerir salidas, se pueden hacer algunas sugerencias.
A nivel conceptual, la recomendación más general iría en las líneas de extender los avances que en las últimas décadas se han logrado en la comprensión de los comportamientos individuales y colectivos al análisis de quienes actúan al margen de la ley en Colombia.
Una sugerencia, típicamente económica, sería la de no seguir desconociendo los fundamentos de la teoría de la escogencia racional que, a pesar de sus grandes limitaciones, ha mostrado ser una herramienta útil para el análisis de un buen número de fenómenos sociales. Del modelo económico del comportamiento se han derivado unas pocas verdades básicas que parecen tener validez universal. Una de ellas es que los individuos escogen su ocupación buscando la satisfacción de sus intereses personales, por lo general un ingreso monetario. Una consecuencia agregada de esta proposición es que las actividades económicamente rentables tienden a persistir en una sociedad. Una segunda gran verdad de la economía es la llamada ley de la demanda: al incrementarse los precios, disminuye la cantidad demandada. Si se le quita a esta ley su disfraz monetario se puede formular de manera más general: al aumentar lo que los individuos perciben como un costo para una conducta disminuye la incidencia de esa conducta. Los testimonios disponibles sobre los rebeldes colombianos permiten considerar razonable el supuesto de que ellos, como los delincuentes comunes, como el ciudadano del montón, también actúan con el propósito de satisfacer intereses particulares.
La realidad colombiana parece además corroborar la impresión de que una vez la subversión, como cualquier otra organización armada, encuentra una buena fuente de ingresos económicos -secuestro, gramaje, impuestos a las petroleras, compra de tierras, venta de protección- tiende a conservarla, y a defenderla. Además, trata de adaptar su discurso político para hacer aparecer tal actividad como algo inevitable en su lucha por unos ideales superiores. También es sólida la evidencia a favor de la idea de que los esfuerzos por controlar las acciones de los rebeldes, cuando son efectivos, imponen mayores costos a esas acciones y por esa vía reducen su incidencia. No puede ser otra la lógica detrás de "todas las formas de lucha" que se han dado en el país en contra de cualquier medida tendiente a imponer un mayor control estatal sobre las actuaciones de los rebeldes.
Una segunda recomendación tiene que ver con la necesidad de conciliar, en un punto intermedio, el modelo de escogencia racional con la visión sociológica del mundo. En la vida real, los individuos parecen estar en un punto intermedio entre el agente racional de la economía y el actor, que sigue reglas o normas, típico de la sociología. Recientemente han aparecido esfuerzos en las líneas de conciliar estas visiones extremas rivales, proponiendo un modelo de comportamiento basado en actores que, con cierta racionalidad, adoptan, de manera cambiante, reglas y normas para algunas de sus conductas [15]. Esta literatura se insinúa particularmente útil para entender los actores del conflicto colombiano. Resulta difícil de digerir la visión económica simple y extrema que el rebelarse es algo así como una serie cotidiana de decisiones racionales que se toman luego de una evaluación exhaustiva de los costos y los beneficios de cada situación. Los testimonios disponibles muestran que el rebelarse se ajusta más al guión de ciertas decisiones críticas, que se toman una, o dos, pero no muchas veces en la vida, y que implican la adopción de unas reglas o normas -de compromiso, de obediencia- que determinan las conductas posteriores. Lo que tampoco parece razonable es, en el otro extremo, el modelo de la sociológica clásica según el cual el rebelarse no sería una decisión individual sino el resultado inevitable de una situación social. Tal visión también riñe con la evidencia: con la de los innumerables obreros y campesinos que han decidido aceptar el orden social sin rebelarse o con la de los rebeldes que han decidido dejar de serlo sin que se haya presentado una modificación de las causas objetivas.
En el mundo de los rebeldes colombianos, y en el de otros grupos armados, la decisión crítica, a nivel individual, parece ser la de unirse o no a un grupo armado. Tan crítica es que son comunes los testimonios sobre los "ritos de iniciación".
Siendo realistas, cabe argumentar que el carácter político de una organización armada depende más de su poder relativo dentro de la sociedad que de las intenciones de sus miembros. Cualquier organización exitosa crece y se consolida y en ese proceso sus objetivos iniciales cambian. Existen empresas privadas, legales e ilegales, cuyo poder económico se transforma, a partir de un punto, en verdadero poder político. No sobra recordar aquí que un pequeño empresario del delito común, un ladronzuelo de lápidas, Pablo Escobar, terminó afectando en forma significativa la Constitución y el régimen penal colombianos. En buen romance, eso es un actor político..
Con cualquier organización armada suficientemente poderosa un Estado débil tendrá eventualmente que negociar. Así ha ocurrido en Colombia. En este contexto, se podría plantear una diferenciación de los delincuentes, pero no basada en las intenciones o la convicción de los actores sino : (1) en su decisión de organizarse o actuar por "cuenta propia" y (2) en el poder real de la organización. Parecería razonable reemplazar la dicotomía delito político-delito común por una, más observable, delito organizado-delito individual y, obviamente, adecuar tanto el análisis como las recomendaciones de acción pública a la realidad de cada organización.
Una vez se reconoce la posibilidad de que los individuos responden a incentivos, y que en alguna medida sus decisiones son racionales, parece conveniente profundizar en la comprensión de los mecanismos que agregan, en resultados colectivos, estas escogencias individuales. En otras palabras, se trata de reconocer, y empezar a investigar cómo, en el mundo al margen de la ley, se dan las relaciones entre los individuos, las organizaciones y las instituciones. En la terminología de North [1990] las instituciones se asimilan a las reglas del juego y las organizaciones a los jugadores. Uno de los planteamientos básicos de North es el de la endogeneidad de las instituciones: en un proceso evolutivo, las organizaciones más exitosas bajo ciertas reglas del juego las amoldan a sus intereses, para ser así cada vez más poderosas.
El estado del arte en términos de la comprensión del funcionamiento interno de las organizaciones, o del por qué ciertas actividades se realizan al interior de una organización y otras en mercados abiertos, es aún incipiente [16]. A pesar de lo anterior el aceptar que, tanto en las organizaciones como en los mercados, algunos individuos tienen un mayor poder decisorio que otros parece un supuesto realista y útil. Dentro de las organizaciones, la distinción entre el principal, que toma las decisiones, y el agente, que en principio sigue las instrucciones del principal, ha permitido una mejor comprensión de su dinámica. Parece cada vez más claro que la estructura interna de las organizaciones está muy ligada a la definición de los derechos de propiedad, y a la manera como se protegen esos derechos . Es necesario reconocer que los modelos disponibles sobre los determinantes del comportamiento de los agentes son más adecuados, y han recibido un mayor respaldo empírico, que los que se tienen sobre los principales. Para estos últimos se dispone de alguna teoría cuando ellos mismos son, a su vez, agentes de instancias superiores o participan en un juego, económico o político, muy competido. El conocimiento -y la capacidad de predicción- que, por ejemplo, la teoría económica tiene sobre la conducta de los empleados asalariados es mayor que aquel sobre la conducta de los empresarios, que a su vez parece ser inversamente proporcional al tamaño y al poder de mercado de sus empresas. Con relación a las burocracias estatales dos cosas parecen claras. La primera es que el modelo de comportamiento de los actores individuales es más precario que en la esfera privada. Es claro que para el grueso de los funcionarios públicos, aún en sociedades corruptas, los incentivos económicos particulares constituyen tan sólo una parte de los determinantes de sus conductas. No existen, por ejemplo, modelos razonables de comportamiento de los jueces, o los policías, o los militares. El segundo aspecto es que, de nuevo, la conducta de los funcionarios subalternos es más explicable y predecible que la de sus superiores y que, entre estos últimos, la capacidad de comprender o anticipar sus acciones es inversamente proporcional a su poder dentro del aparato estatal.
La evidencia colombiana indica que, al interior de los grupos subversivos y de las demás organizaciones armadas [17], existe la figura del líder que juega un papel decisivo en la definición de las estrategias del grupo pero también existe la figura del asalariado, buena parte de cuyo comportamiento parecería fácil de explicar con herramientas económicas tradicionales. En el fondo, la llamada teoría económica del crimen, no es más que la extensión de los modelos de decisión ocupacional de la economía laboral aplicados a situaciones en dónde no todas las variables son monetizables [18]. En forma análoga a lo que ocurre en el ámbito empresarial, es poco lo que formalmente se sabe sobre los determinantes de la estructura interna de las organizaciones al margen de la ley. Habría un factor crítico relacionado con la propiedad de las armas. “En los orígenes de las FARC "Marulanda fue muy claro desde un principio en advertir que nadie podía retirar ni una pistola ni un fusil ni una carabina una vez que la pusiera a disposición del movimiento. Tampoco aceptaba que las armas ganadas en combate fueran de quien les echaba mano ... Es más : las armas tampoco eran del jefe de los alzados, porque así como había sido elegido podía ser destituído cuando la tropa quisiera; la garantía era, de lógica, que las armas fueran de todos" [19]. También parece haber elementos familiares, de nepotismo, religiosos [20], de simpatías de clase, de grupos de presión o de simples golpes de suerte. En el testimonio de Gabino, en Medina [1996], son recurrentes las alusiones a la posición privilegiada que dentro del grupo siempre tuvieron los intelectuales, los "ciudadanos", frente a los campesinos. También es claro que los Vásquez Castaño, hermanos del líder, entraron a la guerrilla con posiciones de liderazgo. En Peñate [1998] se señala la influencia que tuvieron sobre la estructura interna, y la definición de la estrategia, del ELN tanto los antiguos miembros de Fecode que se vincularon en 1975 -grupo de presión- como el acierto económico del frente Domingo Lain al "ordeñar" al sector petrolero -golpe de suerte-.
Para la economía ha sido útil reconocer que las instituciones -las reglas del juego- no son siempre exógenas, ni contractuales, ni eficientes, ni orientadas por el "bien público" sino que, por el contrario, son bastante sensibles a la dinámica de las organizaciones más poderosas -los jugadores exitosos bajo esas reglas del juego- que buscan amoldarlas a sus intereses [21]. Estas ideas parecen sugestivas para entender las organizaciones armadas en Colombia, y su relación con las instituciones estatales -como los organismos de seguridad, la justicia y el régimen penal- que pretenden controlar sus acciones. No se puede desconocer el hecho que las reglas del juego colombianas, en su sentido más general, son más favorables hoy para las organizaciones subversivas que las de hace dos o tres décadas, y que esta evolución institucional no ha sido independiente de los esfuerzos que, en diversos frentes, han hecho los grupos alzados en armas para acomodarlas a sus intereses. El avance más significativo de estas organizaciones en términos de supeditar las reglas del juego a sus objetivos, ha sido probablemente el virtual bloqueo que han alcanzado para las acciones judiciales en su contra. La evidencia tanto testimonial como estadística parece corroborar una nueva versión del viejo adagio colombiano que "la justicia es para los de ruana". Parecería que la justicia no toca a los alzados en armas, o que, por lo menos a los líderes, los trata en forma un tanto peculiar. El mejor ejemplo en este sentido sería el de rebeldes que, como Galán del ELN, parecen seguir despachando sus asuntos normales desde la cárcel, con protección oficial, con gran despliegue de medios y con contacto permanente con la clase dirigente.
En casi todas las esferas de la realidad social, los límites entre lo privado y lo público se están redefiniendo . En el área del suministro de bienes y servicios esta redefinición ha llevado a la privatización de actividades que hasta hace poco tiempo se consideraban de resorte exclusivo del Estado. En la actualidad, es un hecho que empresarios privados toman ciertas decisiones que es difícil no considerar como cuestiones públicas. Por otro lado, la generalización del fenómeno de la corrupción de los funcionarios del Estado ha puesto en evidencia la realidad de unos actores que, apartándose de los objetivos explícitos y manifiestos de las organizaciones a las que pertenecen, actúan desde el sector público como dice la teoría económica que actúa cualquier empresario privado: buscando el lucro personal.
Así, el viejo paradigma que separaba en forma tajante la función pública de las actividades privadas parece haber perdido vigencia. Hoy se acepta que el Estado siempre juega un papel determinante en la forma como se configuran y evolucionan los mercados, dinámica que a su vez determina el perfil específico de cada Estado [22]. Para las organizaciones que actúan al margen de la ley no son convincentes los argumentos para postular que allí si subsiste una línea nítida que separa lo público de lo privado. Por el contrario, la probabilidad de que esta interferencia ocurra parece mayor puesto que tales organizaciones, al enfrentar menos restricciones legales, cuentan con vías de acumulación de riqueza o de poder político más rápidas que las disponibles para las organizaciones restringidas por un marco legal. Además, en el ámbito interno, la estructura vertical y autoritaria de las organizaciones subversivas, también reforzada por la intimidación, y factores como la escasa rotación de los líderes, permiten sospechar la existencia de una gran simbiosis entre los objetivos de las organizaciones y los intereses personales de quienes las dirigen.
En síntesis, parece recomendable superar el paradigma basado en la dicotomía delito político-delito común y por, el contrario, reconocer que los grupos subversivos, al igual que cualquier otra organización armada con suficiente poder, siempre juegan un papel decisivo en los niveles de delincuencia y violencia puesto que, por un lado, definen dentro de su territorio una nueva legalidad, su propia legalidad, y por lo tanto determinan autónomamente los límites entre el crimen y las conductas aceptadas. Por otro lado, porque parece cada vez más claro que el delito común y el delito político, que se financia con el primero, se complementan y refuerzan mutuamente [23].
A nivel metodológico, vale la pena hacer dos recomendaciones. La primera sería la de darle prioridad en el análisis a lo que ocurre y se observa sobre lo que debería ser. Para el diagnóstico del conflicto armado colombiano, y con mayor razón para la búsqueda de sus soluciones, es indispensable avanzar en la línea de restarle importancia a lo que los individuos, o las organizaciones, dicen que hacen para concentrarse en averiguar qué es lo que hacen, y por qué lo hacen. Un gran paso en esa dirección se daría, simplemente, si se aplicaran criterios uniformes de rigurosidad, y escepticismo, a todos los actores del conflicto. De la misma manera que, en los últimos años, se ha avanzado en el reconocimiento de que en los organismos de seguridad del Estado hay serias inconsistencias entre las conductas de algunos individuos y los objetivos explícitos de las organizaciones a las que pertenecen, parece inapropiado no aceptar un escenario similar para las organizaciones que actúan al margen de la ley.
La segunda recomendación metodológica tiene que ver con la necesidad de abrirle campo a las teorías basadas, no en prejuicios y afirmaciones ideológicas, sino en hipótesis y proposiciones empíricamente contrastables.
PARA COMBATIR LAS VIOLENCIAS: FORTALECER LA JUSTICIA
No es difícil argumentar que al aumentar la violencia, y sobretodo al alejarse de los incidentes casuales y rutinarios, se hace más difícil, pero más necesario, fortalecer el funcionamiento de la justicia penal en una sociedad. No parece conveniente iniciar un proceso de negociación con poderosas organizaciones armadas con un sistema penal débil, o amedrentado.
La evidencia, longitudinal y transversal, para Colombia muestra asociaciones negativas entre el desempeño del sistema judicial y la violencia, que sería inadecuado interpretar como un efecto causal en una única vía. Las teorías sobre el crimen organizado predicen mecanismos de retroalimentación entre la influencia de las mafias y la inoperancia de la justicia penal en una sociedad. En Colombia son numerosos y variados los indicios que apuntan en esa dirección.
En la coyuntura actual, el inicio de las conversaciones y negociaciones con los grupos insurgentes, es indispensable llamar la atención sobre la necesidad de contar con unas instituciones judiciales sólidas que reduzcan la impunidad, defiendan los derechos humanos y, aún más, puedan servir de garantía para los eventuales acuerdos.
Es sorprendente, y preocupante, el papel marginal que en el debate que se inicia sobre el proceso de paz se le está asignando a la justicia penal colombiana. El llamado "Acuerdo de Puerta del Cielo" firmado en Alemania entre representantes del ELN y de la sociedad civil, apenas menciona, entre líneas, la necesidad de fortalecer la justicia, con énfasis en la protección de los derechos humanos, pero por el contrario, estipula condiciones que implícitamente exigen un sistema de investigación criminal bastante competente y eficaz. En particular, las cláusulas B y E, según las cuales "están prohibidos los homicidios deliberados o arbitrarios de no combatientes en cualquier circunstancia " y "se investigarán los presuntos abusos cometidos por los guerrilleros con el fin de determinar responsabilidades" dan por descontado que "alguien", que no debería ser distinto de la justicia penal, hará las respectivas investigaciones.
En los actuales debates alrededor del proceso de paz es sorprendente la escasa importancia que se le asigna al sistema judicial tanto dentro del proceso como en la llamada etapa “post-conflicto”. En las raras oportunidades en que se ventila este tema [24] queda por lo general flotando en el ambiente la idea de que lo prioritario es, precisamente, "descriminalizar" la justicia para atender los conflictos rutinarios entre los ciudadanos. El tema de la justicia penal interesa muy poco, se percibe como accesorio y hasta contrario al espíritu general de conciliación que debe caracterizar el proceso. Resulta realmente difícil de compartir una visión tan ingenua de las relaciones entre el conflicto interno y la criminalidad. Se debe, por el contrario, llamar la atención sobre la imposibilidad de hablar de paz con los niveles de impunidad y de violación de derechos humanos que se observan actualmente en Colombia.
A nivel general, y para complementar la recomendación obvia que se deriva de estas observaciones, la de fortalecer la justicia penal colombiana, se pueden hacer dos anotaciones. La primera es que no existe en la actualidad en ese frente un problema de recursos. Son pocas las entidades públicas en Colombia que cuentan con el personal y la solidez financiera de la Fiscalía, entidad encargada de las labores de investigación criminal que es dónde, y en eso hay relativo consenso, está el cuello de botella -en cantidad y calidad- del sistema penal colombiano. La segunda, extraña, es que parece haber en Colombia obstáculos "de tipo político" para perseguir ciertos delitos y, en particular, ciertas organizaciones criminales. Resulta insólito, por ejemplo, que justo antes de abandonar su cargo, en un seminario sobre secuestro y terrorismo realizado en la Universidad de los Andes en 1997, y ante una audiencia internacional, el Fiscal General de la Nación haya manifestado que lo único que falta en Colombia para combatir con éxito el secuestro es la voluntad política para hacerlo. En la misma dirección apuntan los trabajos de seguimiento de los procesos penales por secuestro que ha hecho la Fundación País Libre, que sugieren problemas de interferencia de las organizaciones armadas en las investigaciones criminales.
Este factor intangible que está faltando, la "voluntad de hacer las cosas", es relevante no sólo a nivel macro, para coordinar las acciones de distintas agencias estatales que históricamente han mostrado desconfianza mutua y hasta rivalidad, sino también a nivel micro. La investigación criminal, la tarea del detective, es básicamente una labor artesanal cuyo principal insumo es la vocación y el deseo de hacer las cosas bien.
A un nivel más específico se pueden hacer algunos comentarios y sugerir pautas generales de acción. En primer lugar, son evidentes las interferencias no deseables que se están dando entre la tarea puramente estadística de registrar lo que está ocurriendo, indispensable para el diagnóstico y el diseño de políticas realistas, y la labor judicial de aclarar los incidentes. Como ya se señaló, en forma independiente de su trámite posterior, vale la pena avanzar en la dirección de tener una buena base de información acerca de los homicidios, de las víctimas, de los agresores y de las circunstancias que los anteceden. La evidencia disponible para Colombia muestra que los ciudadanos cuentan con valiosa información acerca de la violencia, que no transmiten a las autoridades por los altos costos que implica la judicialización de los incidentes. Parecería entonces conveniente descargar a los organismos de seguridad y justicia de su responsabilidad de registro estadístico para transferirla a una instancia ajena a los procesos judiciales, y al conflicto. En la misma línea de argumentación parecería muy pertinente disminuir la relación de dependencia que tienen los médicos forenses con el sistema judicial. Este es un factor de vulnerabilidad de la información sobre la violencia que podría reducirse separando la función estadística de Medicina Legal de sus labores de soporte a las investigaciones criminales.
La segunda observación tiene que ver con los problemas, incontrovertibles, en los actuales mecanismos de selección de los incidentes de los cuales se ocupa el sistema penal colombiano. Como se ha señalado varias veces hay una inclinación natural de los fiscales a ocuparse de los asuntos banales y fáciles de resolver en detrimento de los más graves y socialmente costosos, como los homicidios. Resulta indispensable atenuar la excesiva discrecionalidad con la que, informalmente, se deciden en la actualidad las prioridades en materia de investigación criminal. Al respecto parece sugestiva la idea de una instancia intermedia entre los ciudadanos y los fiscales que tenga en cuenta las prioridades de las comunidades en materia de seguridad e introduzca, en la medida de lo posible, criterios objetivos basados en el costo social de los incidentes, o en que tanto se quiere evitar que se repitan, o en lo que se puede esperar, o tolerar, en términos de una solución privada a los conflictos.
Como reflexión final, es difícil comprender que en una sociedad tan violenta como la colombiana parezca exótico, anticuado y hasta contrario a los principios democráticos recomendar que se fortalezca la justicia penal. Los mitos, las ideologías predominantes y hasta trabajos rigurosos se han encargado de difundir en el país la noción de que ante la violencia las sanciones son ineficaces, y que por lo tanto la acción pública debe concentrarse en la prevención.
Los numerosos jueces asesinados en el país, el ambiente de amenazas y de corrupción alrededor de los procesos penales, la ya muy bien documentada influencia de las organizaciones criminales sobre la legislación penal y, en particular, la colosal guerra contra la extradición muestran, por el contrario, que las sanciones penales si son efectivas contra las mafias. De no ser así, no se molestarían en combatirlas. Para reforzar este punto, la necesidad de contar con una justicia penal que sancione a los homicidas, es pertinente anotar que uno de los efectos de los violentos, verdaderos dictadores locales, es precisamente el de desvirtuar la democracia. Como último argumento a favor de lo inaplazable que resulta la tarea de enderezar el sistema penal colombiano sirve recordar que, ex-post, la violencia le impone al estado la responsabilidad de suministrar justicia, aunque sea sólo para erradicar la venganza privada. Si esa obligación estatal de hacer justicia es tan nítida y tan legítima ante la ocurrencia de cualquier homicidio específico, sea cual sea su naturaleza -desde la riña fatal entre dos amigos hasta una masacre en zona de guerra- resulta incomprensible que tal obligación se desdibuje y pierda relevancia cuando se agregan los muertos en tasas de homicidio y se llega al terreno de las políticas públicas.
La decisión de negociar con los rebeldes es claramente una decisión política, que depende, no tanto de consideraciones teóricas, como de la evaluación de una situación específica. Es claro que si el aparato represivo del Estado no reacciona ante ninguna actuación de los rebeldes habrá una pérdida de confianza en tal aparato y algunos segmentos de la población buscarán sustitutos privados que pueden agravar el conflicto. Al respecto la evidencia colombiana es abrumadora. También es cierto que si la respuesta represiva es exagerada se pueden presentar problemas serios de pérdida de legitimidad. El balance negociación represión adecuado es un problema práctico, no teórico. Es una respuesta a unas condiciones específicas. En todo caso, resulta indispensable evitar el ambiente de intimidación alrededor de las eventuales negociaciones. En últimas, la lucha contra los rebeldes por parte del Estado, más que una guerra militar es una guerra de inteligencia. Se debe tratar de evitar que crezca el número de simpatizantes que puedan ser reclutados. Se debe mostrar la conveniencia y la superioridad de los mecanismos democráticos tanto para tomar decisiones al interior de un grupo como para transformar la sociedad. Parece sensato mantener siempre procesos de paz en marcha, tratar de atraer a las negociaciones a los moderados con tendencias democráticas, pero aplicar sin titubeos la justicia penal a los más radicales, a los guerreros.
Los historiadores del crimen [26] le han dado creciente importancia a la idea de que el "proceso de civilización" europeo estuvo muy atado al desarrollo del control, por parte del Estado, de los impulsos individuales, que podían ser violentos. Este proceso se facilitó por "la transformación de la nobleza de una clase de caballeros armados (knights), en una clase de cortesanos" [27] y por el hecho de que los comportamientos impulsivos y violentos lentamente fueron controlados por las cortes de los siglos XVI y XVII. Los señores de la guerra no abandonaron voluntariamente las armas, fueron sometidos por la justicia.
[1] Entrevista a John Hume, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista del Uslter desde 1979 y galardonado, junto con David Trimble, con el Premio Nobel de la Paz. El País, Octubre 25 de 1998, pág 14.
[2] Ver por ejemplo Londoño, Juan Luis (1996) "Violencia, Psychis y Capital Social - Notas Sobre América Latina y Colombia" Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Desarrollo Económico- Bogotá
[3] Bandura (1990)
[4] Bandura (1990) pág 189.
[5] Ver El Tiempo, Septiembre 24 de 1997, pág 6A.
[6] Por la interacción que he podido tener con algunos de ellos, es claro que quienes hacen encuestas en Colombia tienen un conocimiento preciso, actualizado y más afinado que el simple "si o no hay presencia". En esta categoría cabrían cerca de 75 ex-funcionarios del DANE que anualmente visitan una o dos veces todos los municipios del país recopilando las estadísticas de los juzgados y unidades de Fiscalía.
[7] Ver por ejemplo Fiorentini y Peltzman (1995)
[8] Steven Levitt (1998) presentación en el Seminario sobre Crimen y Economía en Río de Janeiro, Julio 27 y 28 de 1998.
[9] Ver por ejemplo la presentación de Juan Luis Londoño ante la Asamblea Anual del BID en Cartagena de Indias en Marzo de 1998.
[10] CEDE-PAZ PUBLICA, proyecto de investigación en curso.
[11] Ibid
[12] Testimonio de un habitante de la Calera en Vásquez [1997]. pág 12.
[13] Ibid. pág 12.
[14] Beccaria [1994], pág 36.
[15] ver al respecto Vanberg (1994)
[16] Para las reflexiones de los economistas sobre estos temas ver, por ejemplo, los trabajos de Ronald Coase, o de Oliver Williamson.
[17] Ver por ejemplo las declaraciones de Carlos Castaño sobre las escalas salariales en los grupos paramilitares en El Tiempo, Septiembre 28 de 1997.
[18] Ver al respecto los trabajos de Gary Becker, o de Isaac Ehrlich.
[19] Molano [1996] pág 66.
[20] El relato de Correa [1997] hace mucho énfasis en este punto.
[21] Ver en particular North [1990].
[22] Block [1994]
[23] Ver Daniel Pécault. "Present, pasé et futur de la violence". Mimeo, 1996. Citado por Bejarano et.al. [1997] pág. 44.
[24] Como por ejemplo en el seminario "La Paz, una oportunidad para repensar el país" organizado por el Departamento Nacional de Planeación a mediados de 1998.
[25] Las recomendaciones que se presentan están basadas en la conferencia de Paul Wilkinson en el seminario sobre "Violencia, secuestro y terrorismo" organizado en la Universidad de los Andes en Marzo de 1997.
[26] Retomando ideas de Norbert Elias que al ser expuestas hace cuatro décadas parecían un despropósito, pues iban en contravía de las teorías sociológicas predominantes, que hacían énfasis en el incremento de la violencia como resultado de la modernización y de la represión estatal que la acompañaba. Ver Johnson y Monkkonnen [1996].
[27] Cita de Elias en Johnson y Monkkonen [1996].