Lo que revelan las estadísticas de violencia y criminalidad en Colombia.
por Mauricio Rubio *
MARZO DE 1998
RESUMEN
En este trabajo se analizan las principales fuentes de información sobre criminalidad y violencia en Colombia. Fuera de la introducción, el trabajo está dividido en cinco secciones. En la primera se discuten las cifras disponibles sobre muertes violentas. Se destacan varios puntos. Primero, que la tasa de homicidios colombiana es excesiva desde cualquier perspectiva y que su sóla magnitud sugiere algo acerca de la naturaleza de la violencia. Segundo, que al hacerse explosiva la violencia homicida la justicia penal perdió interés por el fenómeno. Tercero, que se observa una alta concentración geográfica y una gran inercia local de la violencia. Por último, que han aparecido en el país síntomas de sub-registro de los homicidios. En la segunda sección se ofrece un panorama de la criminalidad urbana en la última década, basado en los resultados de los tres módulos de victimización de las encuestas de hogares. También se analiza una fuente alternativa de información: las denuncias registradas por la Policía Nacional. Como principal elemento de esta sección aparece la inconsistencia entre las cifras de ambas fuentes, sobretodo en lo relativo al progresivo descenso, según la Policía, de la criminalidad en los últimos quince años. Como posible explicación para esta discrepancia se muestra una extraña coincidencia entre los incidentes registrados y el número de personas capturadas por los organismos de seguridad. En la tercera sección se presenta la información sobre criminalidad que se deriva de las estadísticas judiciales a nivel municipal. Se plantea que estas cifras no reflejan adecuadamente las diferencias regionales en la criminalidad, puesto que parecen contaminadas por factores como las peculiaridades para escoger los procesos, la congestión de los despachos y la presencia de agentes armados en los municipios. A manera de conclusión se trata de enmarcar lo que revelan los datos colombianos en las grandes vertientes de teoría ofrecidas por los historiadores del crimen. Por último se sugieren algunas recomendaciones para avanzar en el dimensionamiento del crimen y la violencia en Colombia.
INTRODUCCION
"Incierto era ayer el número de víctimas que dejaron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripán (Meta). Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del río Guaviare ... Hasta el juez promiscuo municipal tuvo que salir de la región. El era la única representación de la justicia en dicho municipio, porque de la policía lo único que quedan son las ruinas de una estación llena de maleza, que fue abandonada el 16 de enero de 1995, tras un ataque guerrillero". [1]
Este incidente, ya casi rutinario para la prensa colombiana, muestra dos facetas preocupantes de la violencia colombiana reciente. En primer lugar es un testimonio adicional de que el país está en guerra. Por otro lado, ilustra el misterio y la incertidumbre que se está dando al nivel más básico de medición de la magnitud de la violencia homicida. Sugiere que ya se está perdiendo la capacidad para contar los muertos. Si el problema de desinformación parece estar surgiendo para un incidente que, como el homicidio, es tan grave y tan costoso de ocultar, no es difícil imaginar lo que puede estar ocurriendo en Colombia con el registro de otro tipo de conductas criminales.
El diagnóstico de la criminalidad y la violencia, y el diseño de las políticas públicas para controlarlas, se enfrentan desde el principio con un problema de observación y medición cuya gravedad, según se sugiere en este trabajo, parece ser directamente proporcional a los niveles de violencia. Para que un incidente criminal quede oficialmente registrado se requiere que la víctima, o un tercero afectado, ponga una denuncia. Esta decisión no es independiente de la dinámica de la violencia. También se requiere que las autoridades le den a la denuncia el respectivo trámite y promuevan un proceso judicial. Tales actuaciones tampoco son ajenas a los niveles, o al tipo de actores, de la violencia. Es probable que el incidente sólo salga a la luz pública en alguna de las llamadas encuestas de victimización que, desafortunadamente, son esporádicas, tienen un cubrimiento regional limitado, son inadecuadas para detectar las conductas de baja incidencia y, en últimas, también dependen de que la violencia no se haya tornado explosiva.
Para dimensionar el crimen o la violencia, para detectar sus tendencias, es conveniente una evaluación crítica de varias fuentes de información alternas, verificando su consistencia, su compatibilidad y sus interrelaciones. Tal es el ejercicio que se hace en este trabajo con las fuentes más usuales de información sobre violencia y criminalidad en Colombia. El señalar las limitaciones de las estadísticas disponibles ni implica que se recomiende no utilizarlas. Simplemente se debe tener conciencia de lo que realmente están midiendo y cautela con las conclusiones que de ellas se deriven. En particular, las cifras oficiales de criminalidad, si bien pueden resultar poco adecuadas para medir la evolución real de los delitos pueden dar indicaciones valiosas acerca de los cambios en las percepciones de lo que se considera un crimen digno de registrar, o en las respuestas de los organismos de seguridad y justicia [2].
1 - LA VIOLENCIA HOMICIDA EN COLOMBIA
El homicidio ha sido ampliamente reconocido no sólo como el incidente criminal más grave sino como aquel para el cual las estadísticas son más confiables [3]. Además, es probablemente la única conducta criminal homogénea, que permite comparaciones regionales e intertemporales. Desde el punto de vista de su registro, el homicidio presenta algunas peculiaridades que pueden ayudar a explicar la mayor credibilidad que se le otorga a tales estadísticas. Estaría en primer lugar el hecho de ser uno de los pocos incidentes criminales que despierta el interés de varias agencias gubernamentales, adicionales a los organismos de seguridad y justicia. Se puede por otro lado mencionar la circunstancia de que se trata de una conducta particularmente costosa de ocultar. Estaría por último el hecho que, como para cualquier otra defunción, su no reporte acarrea inconvenientes legales de distinto tipo para los familiares de la víctima.
Con base en las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que el homicidio es una de las variables que en mayor medida distingue a la sociedad colombiana actual de otras sociedades en casi cualquier momento de la historia, vale la pena empezar por aquí el análisis de las cifras de criminalidad y violencia.
1.1 - EVOLUCION
Son básicamente tres las fuentes de información disponibles en Colombia acerca de la evolución de las muertes violentas durante las últimas décadas [4]. Están en primer lugar, desde 1960 hasta 1996, los registros policiales de denuncias por homicidio. Se cuenta en segundo término con los datos de mortalidad por causas de defunción de las estadísticas vitales. Una tercera fuente, menos directa, la constituye la información sobre los procesos penales por homicidio consignada en las estadísticas judiciales [5].
Como se observa en la Gráfica 1, la relación entre las cifras de denuncias de la policía y las de defunciones fué, durante el período 1980-1991, bastante estrecha [6].
GRAFICA 1
De acuerdo con la cifras policiales, a partir de 1970 la tasa de homicidios [7] empezó a crecer aceleradamente, alcanzando proporciones epidémicas a mediados de los años ochenta. En el término de veinte años se cuadruplicaron las muertes violentas por habitante para llegar a principios de los noventa a niveles sin parangón en las sociedades contemporáneas. En la primera mitad de la presente década, y sin que se sepa muy bien la razón [8], la tasa descendió continuamente para repuntar de nuevo en 1996 [9].
Una verificación de las cifras totales de muertes violentas se puede hacer a partir de la información censal, con supuestos exógenos de comportamiento de algunas variables demográficas [10]. De acuerdo con los datos arrojados por los censos de población, el subregistro en el total de defunciones en el período intercensal 1985-1993 sería cercano al 18% [11]. Es imposible saber, con la información disponible, si el sub-registro en las muertes violentas es similar al estimado para el total de defunciones [12].
Aún olvidándose del sub-registro, las tasas de homicidio colombianas son excesivas desde cualquier punto de vista. Son muy superiores a los actuales patrones internacionales, dentro de los cuales tasas similares se han observado únicamente en sociedades en guerra civil declarada. Países americanos, como el Brasil, México, Venezuela o los Estados Unidos, que en la actualidad se consideran agobiados por la violencia presentan tasas equivalentes a una fracción -entre el 15% y el 25%- de la colombiana. La relación actual entre la tasa colombiana y la de algunos países europeos o asiáticos es superior a cuarenta a uno [13]. Para encontrar en Europa órdenes de magnitud similares, y para ciertas localidades específicas [14], es necesario remontarse al siglo XV antes de que se iniciara el llamado "proceso civilizante" [15] que en el curso de varios siglos cambió los hábitos de los pobladores de las ciudades europeas, dejó atrás el código feudal del honor, controló las manifestaciones de agresión personal, y pacificó las costumbres y la forma como se solucionaban los conflictos.
Así, los simples órdenes de magnitud de la violencia homicida en Colombia durante la última década dan algunas luces acerca de su naturaleza, que van en contra de lo que podría denominarse el diagnóstico predominante, el de una violencia rutinaria y generalizada entre los ciudadanos [16]. Las cifras colombianas reflejan claramente que se trata de un país en guerra. Ninguna sociedad contemporánea, ni ninguna comunidad para la cual se disponga de registros históricos, presenta en tiempos de paz niveles semejantes de violencia.
Durante tres lustros, entre 1970 y 1986, y como se aprecia en la Gráfica 2, las cifras judiciales sobre los sumarios [17] abiertos por homicidio captaron relativamente bien la tendencia general de la información de la policía [18].
GRAFICA 2
A partir de 1987, y como resultado de cambios en el procedimiento penal [19], los procesos judiciales por homicidio se alejaron definitivamente de la evolución de las respectivas denuncias. Así, paradójicamente, mientras la violencia se desbordaba, la justicia penal colombiana investigaba formalmente un número cada vez menor de muertes violentas. Esta segunda peculiaridad de la violencia homicida colombiana durante la última década, la de irse quedando por fuera del sistema judicial, también permite decir algo acerca de sus posibles orígenes: no parece ser el resultado de los problemas de intolerancia y las disputas. Son precisamente estos incidentes -los rutinarios, los que involucran a ciudadanos corrientes, los que se cometen ante testigos- los que despiertan el interés de la justicia penal colombiana y los que tienen una alta probabilidad de ser investigados y juzgados.
1.2 - DIMENSION REGIONAL
En la actualidad una fuente valiosa de información sobre violencia homicida en Colombia la constituyen los reportes de "necropcias por causa de muerte" que lleva el Instituto Colombiano de Medicina Legal (ML). En los últimos cuatro años se ha hecho un esfuerzo por establecer una regional de ML en los sitios más violentos del país [20]. En la actualidad ML cuenta con una oficina regional en 124 municipios que con el 61.9% de la población concentraron el 79.5% de las muertes por homicidio en 1995 [21]. De acuerdo con estos datos, los 20 municipios más violentos del país, en dónde habita únicamente el 8.5% de la población dan cuenta del 28.8% de las muertes violentas. En cincuenta localidades, con el 22.6% de los habitantes, ocurren más de la mitad de los homicidios. En Colombia, aún en las grandes ciudades, la mayoría de las muertes violentas ocurren en unos pocos barrios. Así, la primera anotación que surge de los datos regionales de homicidios es la de la alta concentración geográfica de la violencia. Esta peculiaridad también va en contra del diagnóstico de una violencia rutinaria y de intolerancia que, casi por definición, debería estar repartida de manera uniforme en el territorio nacional.
Aunque en principio el criterio para la apertura de una oficina regional de ML en un municipio ha estado basado en los índices de violencia [22], en la práctica tal decisión está restringida por el desempeño de la justicia penal en esa localidad, puesto que para justificar una nueva regional de ML se requiere que haya una demanda por los servicios de necropcia por parte de la Policía Judicial, o de la Fiscalía [23]. Un ejercicio estadístico muy simple tiende a corroborar esta hipótesis: más que por la tasa de homicidios, la probabilidad de que un municipio colombiano cuente con su propia regional de ML depende del número de investigaciones preliminares por delitos contra la vida e integridad personal [24] que se inician en ese municipio. De esta manera, la fuente más confiable de información sobre violencia homicida en Colombia, Medicina Legal, depende desafortunadamente de una de las instancias oficiales más sensibles a la violencia, y en particular a aquella ejercida por las organizaciones armadas, el sistema penal. Aparece así un primer escenario favorable al sub-registro de las muertes violentas: los lugares en dónde una organización armada, con interés en ocultar sus homicidios [25], mantiene un poder de intimidación sobre el sistema judicial suficiente para que no se soliciten los servicios de los médicos legistas y queden de esta manera ciertas muertes sin registrar [26]. La incertidumbre en el dimensionamiento de la violencia homicida parecería una característica común a los países con altos niveles de conflicto [27].
Para que un homicidio no aparezca en las estadísticas no es indispensable llegar al extremo de ocultar el cadáver. Es suficiente con que aparezca como una defunción por una causa distinta. La información disponible de ML no permite descartar la posibilidad de esta segunda modalidad de sub-registro de los homicidios en Colombia. Aunque, en principio, cabe esperar que las cifras sobre las diferentes causas de muerte que contempla ML [28] sean independientes entre sí es pertinente señalar la existencia de algunas interrelaciones entre las tasas, a nivel municipal, de las distintas causas. En primer lugar, la tasa de homicidio presenta una correlación positiva, cercana al 70% con la tasa de dos de las otras causales de muerte -las accidentales y los suicidios- y entre el 28% y 42% con la de otras causales. El hecho de que en los municipios con altos niveles de violencia homicida las necropcias reflejen también una incidencia superior al promedio nacional para suicidios, muertes naturales y muertes accidentales y que, por otro lado, entre estas dos últimas categorías los datos muestren una correlación positiva y estrecha permite pensar en la posibilidad de sesgos de clasificación que hacen que, en las localidades más violentas, parte de los homicidios queden registrados bajo otras causales [29].
Otra modalidad de la desinformación sobre la violencia en Colombia, tiene que ver con el desconocimiento casi absoluto que se tiene sobre los homicidas y con la ignorancia sobre las circunstancias que rodean los incidentes [30]. Esta circunstancia no ha impedido que en Colombia se den por ciertas algunas afirmaciones que simplemente no pueden hacerse con base en los datos disponibles. Tal sería, por ejemplo, el caso de la de la asociación del consumo de alcohol con la violencia homicida [31].
Lo que revelan los datos es que la ignorancia sobre los agresores y sobre las causales de los homicidios depende de los niveles de violencia. La evidencia disponible, tanto intertemporal como interregional, muestra que el desbordamiento de la violencia se ha dado acompañado de un debilitamiento de la justicia penal que implica por definición un creciente misterio alrededor de los homicidios [32]. En ese mismo sentido, dentro de la información reportada por Medicina Legal hay una muy valiosa para el diagnóstico de la violencia y es la relacionada con las causales de los homicidios. No es para todas las muertes violentas que los médicos que realizan las necropcias establecen una posible causa. Lo que resulta interesante es que el conocimiento sobre las circunstancias de los homicidios se insinúa inversamente proporcional a la magnitud de la violencia. Si, para 1996, se agrupan los datos departamentales de acuerdo con la tasa de homicidios se observa que al aumentar la violencia también aumenta el misterio alrededor del fenónomeno. Tal ejercicio se resume en la Gráfica 3. Para cerca del 20% de las muertes violentas, las que en 1996 ocurrieron en los departamentos más pacíficos, se conocen las causales en casi dos de cada tres homicidios. Por el contrario, en los departamentos más violentos, dónde ocurrieron la mitad de los homicidios, sólo se reportaron las causales en uno de cada tres casos [33].
GRAFICA 3
Una fuente alternativa de información sobre las muertes violentas a nivel municipal la constituyen los registros de la Policía Nacional. Comparando las cifras de las dos fuentes disponibles para 1995, ejercicio que se ilustra en la Gráfica 4, se confirma que los datos de la Policía, aunque por lo general ligeramente inferiores a los de ML, constituyen una fuente razonablemente confiable de información sobre la violencia homicida en Colombia.
GRAFICA 4
Con base en los datos de los 124 municipios para los cuales se cuenta con información de las dos fuentes se puede estimar en un 7% el sub-registro de las muertes violentas por parte de la Policía Nacional [34]. El total nacional de homicidios reportados por ambas fuentes en 1995 presenta una diferencia de ese orden. De todas maneras, vale la pena señalar que para los dos municipios -Mocoa y Apartadó- que en 1995 presentaron según medicina legal las mayores tasas de homicidio del país, la diferencia entre los registros de ambas fuentes es considerable.
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios mostraron una tasa de homicidios, promedio para el quinquenio, superior a 50, 272 tuvieron un promedio superior a 100, 70 una tasa promedio de 200 o más y 24 localidades un promedio superior a 300. Estos datos tienden a corroborar la noción de una gran concentración geográfica de la violencia colombiana.
La información sobre muertes violentas en los municipios, en forma similar a lo que se observa para los datos agregados a nivel nacional, muestra una considerable inercia [35]. Fuera de la alta asociación que se observa entre el número de muertes en un municipio en dos períodos consecutivos la evolución de los homicidios en las localidades del país con mayor número de muertes es particular en el sentido que, como se puede apreciar en la Gráfica 5, no presenta cambios bruscos de un año a otro.
GRAFICA 5
De la Gráfica anterior también vale la pena anotar, como extraña coincidencia, que los municipios antioqueños más violentos -Medellín, Bello e Itagüí- presentan una evolución muy similar de los homicidios entre 1990 y 1995, sobretodo en lo referente a la marcada estabilización que se da a partir de 1993. Como se observa en la Gráfica 6, este es el mismo patrón que muestran varios otros municipios antioqueños y el que presenta la violencia agregada para todo el departamento de Antioquia. Un patrón tan homogéneo en una de las regiones con mayores niveles de violencia homicida, y precisamente en el punto de quiebre de las cifras nacionales, es una clara invitación para investigar a profundidad lo que está pasando allí [36].
GRAFICA 6
2 - LA CRIMINALIDAD URBANA EN LA ULTIMA DECADA
No toda la violencia es homicida. Probablemente por tratarse de la manifestación extrema de la violencia, los homicidios han recibido el grueso de la atención por parte de los analistas colombianos. A esta inclinación también pudo contribuír la mayor disponibilidad y calidad de la información. Pero también vale la pena analizar lo que ha ocurrido en Colombia con los otros tipos de criminalidad. Tal es el propósito de esta sección.
2.1 - LAS ENCUESTAS DE VICTIMIZACION
El primer esfuerzo que se hizo en Colombia por aproximarse a la criminalidad real urbana fué un módulo de la Encuesta Nacional de Hogares realizado a finales de 1985 . En las once ciudades incluídas en la muestra [37] se concentraba cerca de la mitad de la criminalidad denunciada ante la Policía Nacional. Un módulo similar se realizó posteriormente en 1991 y en 1995 [38].
Del análisis de los resultados agregados de estas encuestas surgen varios comentarios. El primero es que, como se observa en la Gráfica 7, la evolución de la criminalidad en Colombia ha estado básicamente determinada por la de los delitos contra el patrimonio económico que en las tres encuestas constituyen una proporción superior al 80% del total de delitos, y en dos de ellas cercana al 90%. Segundo, que los crímenes contra la propiedad habrían bajado drásticamente entre 1985 y 1991 para subir, en forma también marcada, entre 1991 y 1995 [39]. Los cambios en el porcentaje de hogares afectados por algún delito -cercano al 20% en el 85, al 10% en el 91 y al 15% en el 95- tenderían a corroborar esta tendencia.
GRAFICA 7
Con relación a la fuerte caída de los atentados contra la propiedad entre 1985 y 1991 y a su posterior aumento en el 95, no se debe descartar del todo la posibilidad de explicarla, al menos parcialmente, por la forma como se le hicieron las preguntas a los hogares encuestados, que fué diferente en el año 91 [40]. En estricto sentido sólo la encuesta de 1985 y la de 1995 son comparables.
Otro punto que se debe destacar es el importante aumento en la incidencia de los atracos, o atentados violentos a la propiedad, cuyas tasas por cien mil habitantes (pcmh), como se puede apreciar en la Gráfica 8, se duplicaron entre 1985 y 1995 [41].
GRAFICA 8
Este fenómeno puede ser el que permita explicar la creciente sensación de inseguridad que, a pesar del aparente descenso en las tasas de criminalidad entre el 85 y el 91, manifiestan los colombianos. El último comentario es que, como se observa en la Gráfica 9, los delitos contra la vida presentan un comportamiento opuesto al de aquellos contra la propiedad -aumento entre 1985 y 1991 y leve descenso en 1995- pero quedan en niveles superiores a los de 1985.
Al analizar, dentro de los atentados contra las personas, la participación de los homicidios se observa un gran aumento entre 1985 y 1991 período durante el cual se pasó de menos del 20% a cerca del 60%. Este incremento tan marcado, y la posterior caída en la participación de las muertes violentas en la encuesta de 1995, podría explicarse por una sobreestimación, cercana al 50%, de los homicidios en la encuesta de 1991 con relación a los datos de la policía nacional para las mismas ciudades.
GRAFICA 9
Esta sobreestimación pudo originarse en el énfasis que se le dió en el 91 a la violencia homicida [42], en los problemas que se puede argumentar surgen para la medición de un incidente como las lesiones personales en una encuesta de victimización [43], pero también puede explicarse por la dificultad inherente a la estimación, mediante una muestra, de la incidencia de eventos de rara ocurrencia, como los homicidios [44].
Así, como gran tendencia de la criminalidad colombiana en la última década, se debe destacar la reorientación de los delitos hacia aquellos con una mayor dosis de violencia.
De acuerdo con los datos de la última encuesta, durante 1995 un poco más de medio millón de hogares (cerca del 15% del total) fueron víctimas de algún delito. La tasa de criminalidad global es ligeramente superior a los 4800 delitos por cien mil habitantes. Por ciudades, esta tasa varía entre 1000 y 12000 delitos pcmh [45] y el porcentaje de hogares afectados entre un poco más del 5% y el 35%. El grueso de los incidentes reportados (90%) tiene que ver con atentados contra la propiedad. En segundo lugar de importancia se sitúan los delitos contra la vida e integridad de las personas (6%) [46].
La incidencia de estos delitos contra la propiedad está positivamente relacionada, por ciudades, con la de los atentados contra la vida. Dentro de los delitos económicos aparece una asociación positiva entre los atracos y los atentados no violentos a la propiedad . En los delitos contra las personas, por el contrario, hay cierto grado de sustitución entre el homicidio y las lesiones personales. Sobre este punto, que es importante para el diagnóstico de la violencia, se volverá más adelante.
Así, las cifras colombianas muestran para 1995 una criminalidad urbana con una gran heterogeneidad no sólo en niveles sino en características. Las ciudades en dónde más se atenta contra la propiedad no son aquellas en dónde la vida de los ciudadanos corre un mayor riesgo [47].
A nivel más desagregado, la violencia homicida es, de acuerdo con los datos de la encuesta por ciudades, la manifestación criminal que menos se explica a partir de las otras modalidades delictivas. Además, es una variable con bajo poder predictivo sobre los otros tipos de conductas criminales.
Los datos de las encuestas de victimización disponibles en el país muestran que las reacciones de los ciudadanos ante los ataques criminales se ven afectadas tanto por las deficiencias del sistema penal de justicia como por un ambiente caracterizado por la intimidación. Aún para un asunto tan grave como el homicidio, de acuerdo con la encuesta realizada en 1991, más de la mitad de los hogares que habían sido víctimas manifestaron no haber hecho nada y únicamente el 38% reportó haber puesto la respectiva denuncia [48].
Una de las razones aducidas por los hogares para no denunciar los delitos es la del "temor a las represalias" que entre la encuesta de 1985 y la de 1991 duplicó su participación en el conjunto de motivaciones de los hogares para no denunciar. Para la encuesta realizada en 1995 el "temor a las represalias" aparece como un factor con buen poder explicativo sobre la proporción de delitos que se denuncian [49]. Además, esta razón para no denunciar es más importante en las ciudades con mayores niveles de violencia homicida. Aparece entonces, para las ciudades colombianas, una asociación negativa entre la violencia y la disposición de los hogares a poner en conocimiento de la justicia la ocurrencia de hechos delictivos [50].
2.2 - LAS DENUNCIAS ANTE LA POLICIA NACIONAL
Como fuente alternativa de información sobre la situación delictiva se cuenta en Colombia con los datos de denuncias que registra y recopila la Policía Nacional. De acuerdo con estos datos, las tasas delictivas habrían mostrado, en las últimas décadas, la siguiente tendencia: una aumento uniforme entre 1960 y la mitad de los setentas, un corto estancamiento hasta el inicio de la década de los ochentas y un posterior descenso, similar en magnitud y duración al aumento previo, durante los últimos quince años (Gráfica 10). El primer punto que llama la atención es que esta evolución de la criminalidad que se deriva de los registros policiales de denuncias no coincide con la percepción, generalizada en el país, que la inseguridad ha aumentado en la última década.
GRAFICA 10
Tampoco guarda relación con la evolución de la violencia homicida, ni con el comportamiento de ciertos delitos específicos -como el atraco bancario, o el hurto de automotores que se puede pensar se registran de manera más confiable- que han mostrado un considerable incremento en los últimos años. Un segundo punto de interés lo constituye la gran diferencia, tanto en niveles como en tendencia, que como se deriva de la Gráfica 10 se observa entre las cifras que reporta la Policía Nacional y las que se pueden calcular a partir de lo que los hogares, en las encuestas de victimización, dijeron acerca del número de denuncias que habían puesto ante las autoridades [51]. Acerca de los posibles orígenes de estas discrepancias, crecientes en el tiempo -desde un 30% en 1985 a cerca del 50% en el 95- el más pertinente parece ser el de un progresivo sub-registro de las denuncias por parte de la Policía, sobretodo en los delitos contra el patrimonio económico [52].
La posibilidad de que las autoridades policivas hayan establecido un filtro para las denuncias que registran no necesariamente es perniciosa. Puede pensarse, por ejemplo, en la conveniencia de haber dejado de lado, aún de las estadísticas, los delitos económicos de baja cuantía. O las denuncias que se sabe cumplen sólo un papel formal, sin ninguna repercusión judicial posterior. El hecho de que el valor monetario promedio de los ataques a la propiedad de acuerdo con las estadísticas policiales se haya multiplicado, en términos reales, por cuatro entre 1985 y 1991 y por cerca de siete entre 1985 y 1995 tendería a corroborar esta idea. En la misma dirección apunta el hecho que en 1985 el monto envuelto en un delito económico en los registros de la Policía Nacional fué de $ 215 mil pesos de ese entonces mientras que apenas superó los $ 100 mil en la información reportada por las víctimas en la encuesta de hogares [53].
Las estadísticas de delitos reportadas por la policía también pueden estar reflejando cambios en los procedimientos de registro, o en los recursos humanos dedicados a esa tarea. Las cifras, en tal caso, se verían afectadas por insuficiencias administrativas o falta de personal en los cuerpos policiales [54]. Es oportuno señalar, en ese sentido, que a pesar de la enorme varianza que se presenta, por departamentos, en las tasas de criminalidad económica -que van desde 20 incidentes pcmh hasta más de 4000- en la actualidad un buen predictor del número de delitos registrados contra la propiedad en cada departamento es, precisamente, el personal no operativo de la Policía Nacional [55].
Cuando, por otro lado, las tasas de criminalidad pueden ser utilizadas para evaluar el desempeño de los organismos de seguridad no es difícil imaginar que se den incentivos para no registrar, por ejemplo, los casos más difíciles de resolver, o para limitarse a aquellos en los que se ha tenido éxito en la identificación y captura de los implicados. En tal sentido es pertinente señalar la existencia de una estrecha correlación entre las denuncias por delitos económicos registradas por la Policía y el número de personas capturadas como presuntos implicados en los delitos. Esta asociación, como se observa en la Gráfica 11, aparece tanto a nivel agregado como para los distintos tipos del título de atentados "contra el patrimonio económico" .
GRAFICA 11
En principio cabe esperar que las estadísticas sobre los sindicados aprehendidos por la Policía Nacional sean confiables puesto que se trata de cifras que deben ser consistentes con las de otras agencias independientes entre sí -en este caso el sistema carcelario, o el sistema judicial-. Lo anterior no significa, sinembargo, que sean estos unos datos que puedan tomarse como indicadores de la criminalidad. El número de personas capturadas depende no sólo de dichos índices sino de la eficacia en la tarea de identificar y aprehender a los delincuentes. Lo que sugiere la asociación que se observa entre los datos de detenidos y los de los delitos es que estos últimos parecerían haberse adaptado progresivamente a la evolución de los primeros. Esta dinámica puede explicarse de dos maneras. Bajo una visión crítica de los organismos policiales podría pensarse que el número de delitos registrados por la Policía se calcula a partir de la información de los capturados de tal manera que el balance entre una y otra cifra muestre unos parámetros razonables de eficiencia. Una lectura menos simplista de esta relación apuntaría en la dirección de una posible contaminación de los procedimientos policiales de registro con una de las principales perversiones de la justicia penal colombiana: su progresiva concentración en los delitos con sindicado conocido [56]. En el marco de un sistema de justicia penal que, como el colombiano en las últimas décadas, ha venido dejando de lado la investigación de los incidentes criminales para los cuales se desconoce el agresor, no resultan del todo extrañas unas estadísticas criminales que también se hayan apartado de los delitos en cuya denuncia no se ha identificado al responsable.
Con relación a los montos monetarios envueltos en los delitos económicos, y a nivel agregado, la tendencia creciente que señalan las cifras de las denuncias a partir de los ochentas podría explicarse de dos maneras. O bien se trata de unos registros policiales progresivamente concentrados en los delitos de mayor cuantía, o bien se trata del reflejo de una criminalidad cada vez más especializada en delitos de gran magnitud [57].
Lo que queda relativamente claro es que los datos de la Policía Nacional para la categoría de los delitos contra el patrimonio no parecen confiables como indicadores de la criminalidad. Por lo general, se ha reconocido que la calidad de los registros policivos es directamente proporcional a la gravedad de los incidentes, a la determinación de las víctimas de llevar a cabo acciones judiciales y a la capacidad del incidente para involucrar terceros agentes diferentes de la víctima y el agresor [58].
En lo que hace relación a los atentados contra la vida los datos de la Policía Nacional muestran, en el agregado, un incremento sostenido entre 1964 y 1988 período durante el cual, con una tasa promedio de crecimiento del 1.8% anual pasan de 35 a 92 mil incidentes denunciados y luego, a partir de este último año, y como se aprecia en la Gráfica 12, una relativa estabilización. Al desagregar estas cifras, de acuerdo con el tipo de conducta -homicidios, homicidios por accidente de tránsito, lesiones personales y lesiones en accidentes de tránsito- aparecen ciertas tendencias que suscitan algunos comentarios.
En primer lugar, las lesiones personales, que durante la mayor parte del período constituyen más de la mitad de los atentados contra las personas, muestran una tendencia decreciente desde principios de los ochentas. Así, en la década durante la cual la violencia colombiana se hizo explosiva, la información sobre lesiones personales reportada por la Policía muestra un continuo descenso. La caída en las cifras de lesiones personales es tal que, según estos datos, los ataques no letales contra las personas constituyen en la actualidad un poco más de la tercera parte de todos los atentados a la vida cuando a principios de los setentas daban cuenta de más de las dos terceras partes de ese total.
GRAFICA 12
La calificación de la bondad de las cifras de la Policía Nacional en el caso de las lesiones personales es difícil por varias razones. En primer lugar, porque la relación entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales puede ser respaldada con varias hipótesis diferentes, con consecuencias distintas sobre la asociación que cabe esperar entre estas variables [59]. Por otro lado, los registros policiales sobre lesiones personales muestran síntomas de algunos de los vicios que se detectaron en las estadísticas de los delitos económicos. En particular, debe destacarse la asociación que, aunque inferior a la que se señaló para los ataques a la propiedad, se observa entre el número de personas detenidas bajo cargos de lesiones personales y el número de incidentes de este tipo que fueron registrados por la Policía.
Por otro lado sorprende un poco la relación que, como se observa en la Gráfica 13, aparece entre la efectividad de los organismos de seguridad para capturar a los homicidas -medida por el número de personas capturadas por cada homicidio que se comete- y la efectividad para aprehender a los infractores por lesiones personales. La asociación entre estas dos variables es tan estrecha que, especulativamente, invita a pensar que surgen de incidentes de naturaleza similar.
GRAFICA 13
Esta gráfica sugeriría dos cosas. Primero, que los homicidios para los cuales los organismos de seguridad capturan a los agresores y, por otro lado, las lesiones personales son el resultado de una misma violencia: la rutinaria entre amigos o conocidos. La de las riñas. Esta observación es consistente con lo que se ha encontrado sobre las características de la violencia que llega a los juzgados [60]. Segundo, que aún para esta violencia cotidiana la efectividad de la justicia penal colombiana se ha reducido sustancialmente en las últimas décadas.
A pesar de las observaciones anteriores, la información estadística de la Policía Nacional sobre las lesiones personales parece verosímil. En primer lugar por la consistencia que muestra con los datos de la Encuesta de Hogares de 1995. Si, como se observa en la Gráfica 14, con los datos de la última encuesta se calcula el número de denuncias por lesiones personales en cada ciudad para ese año, tanto el rango de las cifras resultantes como el promedio para las once ciudades, parecen compatibles con la evolución de los registros policiales entre 1980 y 1995 [61]. En la misma dirección de otorgarle credibilidad a las cifras de la Policía apunta el hecho de que las lesiones personales constituyen el típico incidente con sindicado conocido que, por despertar el interés del sistema penal, tiene buenas posibilidades de quedar registrado en las estadísticas por parte de las autoridades tanto judiciales como policivas.
GRAFICA 14
Una vez hechas las calificaciones anteriores, es interesante comparar la evolución de los dos grandes componentes de los ataques violentos contra las personas en las últimas tres décadas. El hecho que, como se observa en la Gráfica 15, las denuncias por lesiones personales hayan empezado a caer en forma continua y sostenida justamente cuando empezaron a aumentar los homicidios sugiere un escenario diferente al que se deriva del diagnóstico predominante sobre la violencia colombiana durante la última década, el de un fenómeno rutinario y originado en los problemas de intolerancia.
GRAFICA 15
De haber sido esta violencia, la de las riñas, la que se hizo explosiva a partir de los ochentas, se esperaría que hubiera tenido como impacto más notable un aumento en la incidencia de las denuncias por lesiones personales.
Los datos disponibles por ciudades, para 1995, tienden a corroborar la idea de una relación negativa entre los homicidios y las lesiones personales. En efecto, y como se observa en la Gráfica 16, entre las once ciudades incuídas en la muestra de la encuesta de victimización, aquellas con mayor tasa de lesiones personales -Pasto, Bucaramanga y Barranquilla- están entre aquellas localidades con menor tasa de homicidios. Por el contrario, los lugares con mayor incidencia de muertes violentas -Medellín, Cali y Pereira- presentan tasas de lesiones personales inferiores al promedio.
GRÁFICA 16
Un argumento que se ofrece algunas veces para explicar esta contradicción entre el diagnóstico de una violencia esencialmente rutinaria y la aparente caída en la incidencia de las lesiones personales es que las discusiones, las peleas y las riñas se volvieron más letales por un uso más extendido de las armas de fuego [62]. Algo de esto puede ser cierto, pero en tal caso se esperaría simplemente que la tasa de homicidios aumentara más rápido que la tasa, también creciente, de lesiones personales. Esta línea de argumentación evita la pregunta más pertinente, y es la relacionada con la razón por la cual los colombianos en las últimas dos décadas decidieron empezar a andar más y mejor armados.
En síntesis, parece claro que la calidad de las cifras de criminalidad basadas en las denuncias que ponen los ciudadanos ante la Policía varía considerablemente dependiendo del tipo de delito y de la naturaleza del infractor. En Colombia, el factor determinante para que un incidente criminal aparezca registrado en las estadísticas policiales no parece ser la gravedad de la conducta sino el hecho de que las víctimas cuenten con un conocimiento razonable de la identidad de los agresores, que facilite su captura por parte de las autoridades. La tendencia de los registros policivos de delitos a confundirse con los de las personas capturadas, evidente en las cifras, puede tener dos orígenes: el hecho que tales registros no sean independientes de la evaluación del desempeño de las autoridades policivas o la vocación de la justicia penal colombiana por los delitos con "sindicado conocido", peculiaridad que habría contaminado la calidad de las estadísticas de la Policía. Esta limitación de las cifras de la criminalidad denunciada va más allá de un simple problema de sub-registro, puesto que implica sobretodo un problema de mala representación en las estadísticas de lo que ocurre a nivel de la criminalidad real. La información disponible sugiere que las cifras policiales, al dejar de lado los atentados criminales en los cuales las víctimas no han identificado al infractor, tienden a minimizar la incidencia de los crímenes cometidos por profesionales. En cierta forma, se corrobora la impresión derivada de las estadísticas sobre violencia homicida en el sentido que, en Colombia, la desinformación y el misterio alrededor de la criminalidad parecen proporcionales a la gravedad del fenómeno, o al poder de los infractores.
3 - LA CRIMINALIDAD JUDICIALIZADA
Una tercera fuente de información sobre la ocurrencia de incidentes criminales en Colombia la constituyen los procesos que se abren para investigarlos y que, con base en los datos que remiten los juzgados y las unidades de fiscalía, recopila el DANE en las llamadas estadísticas de justicia. Teniendo en cuenta que sólo una fracción de los delitos se denuncia y que, a su vez, no todas las denuncias conducen a la apertura de una investigación formal, o sumario, las estadísticas de justicia constituyen necesariamente una fracción de la criminalidad. La pregunta relevante es si esta es una fracción relativamente constante o, por el contrario, sufre variaciones importantes en el tiempo y el espacio. Además, parece útil preguntarse si dicha proporción es independiente de la intensidad o de las características del fenómeno que se pretende medir.
Las estadísticas judiciales a nivel nacional durante las últimas décadas han sido analizadas en algún detalle en otros trabajos [63]. Se ha encontrado que su evolución estuvo determinada no sólo por los frecuentes cambios en el procedimiento penal sino, además, por los criterios, informales y también cambiantes, que se fueron adoptando para decidir de cuales incidentes se hacía cargo el sistema penal de justicia. En particular, se ha argumentado que lo que muestran las estadísticas sobre sumarios es una progresiva contaminación de las cifras con el mal desempeño del sistema penal de justicia en su labor de aclarar los delitos y atrapar a los implicados. No parece del todo arriesgado suponer que esta contaminación de las cifras judiciales se haya extendido a los registros estadísticos de la Policía, y aún al ánimo de la ciudadanía para elevar las denuncias.
Vale la pena analizar si la información judicial con datos de corte transversal, a nivel de municipios, es útil para captar diferencias regionales en la criminalidad o si, por el contrario, también presenta sesgos sistemáticos.
En 1995 fueron puestos en conocimiento de las autoridades, en los juzgados y unidades de fiscalía de 832 municipios, un total de 537 mil delitos [64] de los cuales el 46% correspondían a ataques a la propiedad, el 22% a atentados contra la vida, el 4% a abusos sexuales, el 5% a atentados contra la libertad individual y un 23% a otros títulos. Estos hechos motivaron la apertura de 135 mil investigaciones formales, o sumarios, cuya composición por tipo de incidente es bastante distinta a la que se observa para las denuncias. En particular, dentro de los sumarios se reduce a un 25% la fracción correspondiente a los delitos económicos y sube a la mitad la de los delitos de los otros títulos del código [65].
Para las once ciudades incluídas en el módulo de criminalidad de la ENH, y únicamentre para estas localidades, se puede analizar la relación existente entre la llamada criminalidad real, los incidentes que llegan a conocimiento de las autoridades y aquellos para los cuales se inicia una investigación formal o sumario. En estas onces ciudades, con el 36% de la población colombiana, se concentraron cerca de la mitad (42%) de las denuncias y un porcentaje similar (43%) de los sumarios por delitos contra la propiedad, y una quinta parte (21%) de las denuncias, y 27% de los sumarios por atentados contra la vida.
Como se observa en la Gráfica 17, la composición de los casos puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, por tipo de incidente, en estas once ciudades es algo diferente a la que se observa en el resto de los municipios del país.
GRAFICA 17
En las ciudades incluídas en la encuesta de victimización de 1995 pesan más los delitos contra la propiedad. Por el contrario, la participación de los atentados contra las personas es menor en estas ciudades que en el resto de los municipios del país. No se puede saber, sin embargo, si estas peculiaridades responden a diferencias en la criminalidad real o a particularidades regionales de la ciudadanía para denunciar los delitos [66].
Lamentablemente no parece haber una relación muy estrecha entre el número de denuncias por habitante y las tasas de criminalidad, ni mucho menos entre estas últimas y los sumarios, que permita utilizar las estadísticas de justicia para estimar la incidencia del crimen en los demás municipios del país.
Lo que se observa es que la proporción de los delitos que llega a conocimiento de las autoridades varía considerablemente dependiendo tanto del tipo de conducta como de la localidad en dónde ocurrió el incidente.
A nivel, no ya de las once ciudades incluídas en la ENH, sino del total de municipios del país, las tasas de criminalidad denunciada en cada una de las categorías de delitos [67] no parecen ser independientes entre sí. No es despreciable la proporción de la varianza de cada una de ellas que se explica por el conjunto de las otras. Los efectos cruzados entre todas las categorías de delitos son positivos, lo cual indica cierta "complementariedad" entre los distintos tipos de conductas criminales que se denuncian [68].
Para los sumarios, en términos per-cápita, la relación entre las distintas categorías de delitos es bastante más estrecha que la que se observa para las denuncias [69].
Un punto de interés lo constituye el análisis de la relación entre los delitos que se denuncian y los sumarios que se abren. Esta relación muestra hasta qué punto las estadísticas judiciales están captando lo que ocurre a nivel de la criminalidad en los municipios.
Lo que se observa, en forma sorprendente, es que las cifras judiciales de denuncias en los municipios contribuyen muy poco a la explicación de las diferencias en el número de procesos penales que se inician mediante la apertura de una investigación formal [70]. Esta relación entre denuncias y sumarios es aún más débil cuando los incidentes se desagregan por títulos del código penal. Por otro lado, un buen predictor de las investigaciones formales que se iniciaron en cada municipio en 1995, es el número de sumarios abiertos en ese mismo municipio en el año inmediatamente anterior. Nuevamente la relación es más estrecha para el total de delitos que para la desagregación de estos por títulos del código.
Lo que estos datos sugieren es que, como se puede pensar que ocurre con cualquier servicio cuyos niveles de actividad son relativamente insensibles a los cambios en la demanda, el sistema judicial colombiano estaría operando a plena capacidad y probablemente con cierta congestión en sus servicios, por lo menos en lo que se refiere a las labores de investigación.
De esta manera, parece claro que la información judicial de los sumarios no está captando adecuadamente las diferencias regionales de la criminalidad colombiana. Lo que muestran estos datos es simplemente el número de casos penales, relativamente estable e independiente de la situación delictiva de cada municipio, que unos juzgados y unidades de fiscalía con exceso de demanda por sus servicios alcanzan a atender.
Hay algunos ejercicios que vale la pena realizar combinando los datos de homicidios de medicina legal con las cifras de denuncias, agrupadas por títulos del código, de las estadísticas judiciales.
Para los municipios que cuentan con regional de Medicina Legal, los homicidios constituyen, en promedio, el 39% de las denuncias por ataques contra la vida. Para 18 de los municipios, sin embargo, se observa un faltante en las cifras judiciales: los homicidios registrados por Medicina Legal superan la cifra del total de ataques contra la vida reportadas por la justicia. Para este conjunto de municipios con lo que podría llamarse violencia no judicializada las correlaciones extrañas entre las tasas por causales de muertes son sistemáticamente más altas que en el resto de municipios.
En conjunto, la violencia homicida y las lesiones personales, constituyen un buen predictor del total de denuncias, ya que explican cerca del 80% de las variaciones, por municipios, en dicha variable. Al desagregar las denuncias por títulos del código se observa que las lesiones personales son un mejor predictor de la criminalidad denunciada que las muertes violentas. Unicamente para las denuncias por delitos contra la libertad se encuentra un efecto -con el signo positivo esperado y estadísticamente significativo- de los homicidios.
Con relación al ejercicio, similar al que se acaba de hacer para los municipios cubiertos por Medicina Legal, de comparar los datos de la Policía con las estadísticas judiciales, vale la pena señalar que para 267 municipios, o sea para más de uno de cada cuatro, aparece un faltante en estas últimas cifras con relación a las primeras: el número total de delitos contra la vida reportado por los juzgados o unidades de fiscalía es inferior al de los homicidios registrados por la Policía. En todos estos municipios con violencia no judicializada, que por lo general son lugares violentos, se observa que las denuncias por habitante, en todos los títulos del código, son en promedio inferiores a las de los municipios en dónde no se presenta este fenómeno [71].
Para los municipios en los que no se presentan discrepancias entre la información judicial de atentados a la vida y la de homicidios de la Policía, las tasas de homicidio y de lesiones personales explican, en conjunto, el 61% de las variaciones en el total de denuncias. Para los delitos contra el patrimonio y contra la libertad las cifras respectivas son del 25% y del 18%.
En síntesis, de la comparación entre las estadísticas judiciales de denuncias, y las de homicidios tanto de Medicina Legal como de la Policía, surgen los siguientes comentarios:
Primero, existe un número no despreciable de municipios en los cuales se observa una violencia no judicializada, o sea homicidios que no aparecen reportados en las cifras del sistema judicial [72]. Segundo, la existencia de una regional de Medicina Legal en los municipios parece reducir la posibilidad de que se presente este sub-registro judicial de la violencia. Tercero, en los municipios sin deficiencias evidentes en las estadísticas judiciales la violencia, medida bien sea por la tasa de homicidios o por la de lesiones personales, es un predictor satisfactorio de la criminalidad denunciada. Cuarto, en los municipios con violencia no judicializada la criminalidad denunciada es menor que en los municipios sin discrepancias entre las estadísticas judiciales y las de la Policía.
Se ha encontrado, por otro lado, que la presencia de organizaciones armadas en los municipios afecta significativamente la probabilidad de que se de este sub-registro de la violencia y de las otras conductas delictivas [73]. Lo anterior sugiere que el misterio y la desinformación alrededor de las cifras de criminalidad y violencia está lejos de ser una cuestión accidental y que la relación que se da en Colombia entre la llamada delincuencia común y el conflicto armado puede ser bastante más estrecha de lo que se ha venido suponiendo [74].
4 - LO QUE REVELAN LOS DATOS COLOMBIANOS
En materia de violencia las teorías que proponen, y la evidencia que aportan, los historiadores del crimen parecen sugestivas y pertinentes para entender la compleja realidad colombiana. Son tres los aspectos que vale la pena destacar de esta literatura.
Estarían en primer lugar las explicaciones para los cambios -generalmente los descensos- de la violencia en las etapas iniciales del desarrollo de las sociedades capitalistas, que se basan en dos tipos de hipótesis. La más tradicional, propuesta por historiadores franceses y que se enmarca en la teoría de la modernización, es la de la violence-au-vol , de la violencia al robo. De acuerdo con esta teoría la transición del sistema feudal -que con su código de honor y el uso generalizado de las armas implicaba altas dosis de violencia- a la sociedad burguesa -que giraba alrededor de los mercados- se dió acompañada de un incremento en la incidencia de los atentados a la propiedad en detrimento de los ataques violentos contra las personas. La segunda hipótesis retoma la idea del "proceso civilizante" de Norbert Elias, cuyo planteamiento principal es el de un cambio, y más específicamente una pacificación, de las costumbres [75] que llevó a una reducción de la violencia y en general de los malos hábitos de los guerreros de la Edad Media. Bajo este último enfoque se habría dado, con la ampliación de los mercados y la industrialización, una caída secular tanto de la violencia como de los robos [76]. Además, este fenómeno se habría dado en forma paralela con una des-privatización y centralización de la justicia y una creciente preocupación de los tribunales por los litigios civiles y económicos en detrimento de los asuntos criminales [77].
Un segundo conjunto de hipótesis que aporta la historia del crimen es más específico para la violencia homicida. Spierenburg [1996] propone caracterizar las muertes violentas de acuerdo con su posición en dos ejes que, aunque relacionados, son diferentes: la violencia impulsiva versus la violencia planeada o racional por un lado y la violencia expresiva o ritual versus la violencia instrumental por el otro [78]. "La violencia ritual se enmarca en un contexto social en dónde el honor y la valentía física están altamente valorados y relacionados. Este contexto es característico de las sociedades preindustriales más que de las sociedades industrializadas... El extremo opuesto es la violencia que se usa con el fin de obtener algo ... en general con los crímenes que se asocian con las ciudades modernas" [79]. Este mismo autor plantea varias hipótesis. En primer lugar que cualquier tendencia de largo plazo tiende a ser de la violencia impulsiva a la racional y de la ritual a la instrumental. En segundo término que tanto la violencia impulsiva como la ritual han tenido, históricamente, un carácter público y comunitario muy distintivo [80]. Tercero, que los homicidios contemporáneos se han marginalizado, y por lo general están relacionados con actividades criminales. Así, sugiere pensar en una violencia instrumental-racional, orientada, por ejemplo, a la eliminación de la competencia. En síntesis, la tendencia histórica, de acuerdo con este autor, ha sido de la violencia como un fenómeno central de la vida de las comunidades a la violencia practicada por grupos con un interés profesional por las actividades criminales.
El tercer punto que señalan algunos historiadores del crimen, y que parece pertinente para Colombia, es el del impacto que pueden tener las guerras prolongadas sobre la violencia y las conductas delictivas. Se ha señalado, por ejemplo, que una de las repercusiones de las Cruzadas fué un impulso generalizado a la criminalidad [81]. Para el país que tiene las estadísticas de delitos más largas y completas, Inglaterra, está bastante bien documentado el efecto que tuvieron los períodos sucesivos de guerras y treguas sobre las actividades criminales [82]. Para Francia, hay relativo consenso entre los historiadores que la Guerra de los Cien Años fué una de las grandes escuelas del crimen de la época [83]. Para Suecia, se ha señalado que los incrementos más serios en la violencia estuvieron relacionados con las múltiples guerras que libró dicho país a principios del siglo XVII [84]. Recientemente, se ha planteado que con el fin de la guerra fría y la necesidad que tuvieron los grupos alzados en armas de distintas partes del mundo de ampliar sus fuentes de financiamiento se dió una mayor criminalización de estos grupos [85]. Un caso de particular relevancia para el país es el de El Salvador, en dónde tras la firma de los acuerdos de paz en el año 92 se dió un marcado incremento de la criminalidad, y aún de la violencia homicida [86].
La lógica de esta asociación entre los enfrentamientos bélicos y el crimen es bastante clara. Durante la guerra se legitiman tanto el uso de la fuerza física como la expropiación de bienes, se difunde la tecnología de las armas, se generaliza su posesión y, además, se debilita la autoridad civil. En particular se debe anotar, dentro de este último aspecto, el ablandamiento y muchas veces la banalización de la justicia que, incapaz de controlar a los guerreros, desvía su atención hacia los asuntos menores [87].
Con este marco conceptual en mente, vale la pena resumir y destacar las peculiaridades que revelan los datos sobre el crimen y la violencia en Colombia.
Con relación a la violencia homicida se debe destacar en primer lugar el altísmo nivel de las tasas durante la última década. De estas tasas no se encuentra un paralelo sino en las sociedades en guerra. También para las muertes violentas aparece con insistencia -tanto a lo largo del tiempo, como entre las regiones colombianas- una marcada incapacidad de la justicia penal para investigarlas, de manera directamente proporcional a la gravedad de la violencia. Estaría en tercer término la alta concentración geográfica de los homicidios, tanto entre municipios como al interior de las ciudades. Por último vale la pena mencionar la creciente desinformación que se está dando en el país alrededor del fenómeno: hay ya síntomas de sub-registro al nivel más básico del conteo de las muertes, hay señales de sesgos en la clasificación de las defunciones y también hay evidencia de que el misterio y la ignorancia sobre las causales de las muertes violentas son proporcionales a los niveles de violencia.
Individualmente, y con mayor razón en conjunto, estas peculiaridades de la violencia colombiana invitan a desafiar el diagnóstico tradicional, el de una violencia esencialmente impulsiva y rutinaria. En ninguna sociedad de la cual se disponga de registros, ni siquiera en las comunidades europeas a principios de la Edad Media -cuando si era clara la noción de una violencia que hacía parte de la vida cotidiana de las comunidades, de los hábitos, de las costumbres, de los códigos de honor- se encuentran tasas de homicidio similares a las colombianas en la actualidad. Por otro lado, el abismo que existe, tanto en número como en características, entre la violencia que se contabiliza y la que llega a los juzgados tampoco es consistente con la idea de una violencia que surge de hábitos y costumbres generalizados entre los ciudadanos. Como tampoco lo son los esfuerzos por ocultar los cadáveres, el afán de alterar la clasificación de las defunciones o el temor a denunciar o hacer públicas las causas de los homicidios. El misterio que rodea la violencia colombiana la aleja bastante de la tipificación de una violencia rutinaria que hace parte integral de las relaciones sociales en las comunidades. Detrás de todas estos fenómenos de desinformación hay síntomas de intencionalidad y de profesionalización de una violencia instrumental. La alta concentración de los homicidios en unos pocos sitios también desafía la noción de una violencia difusa y cotidiana e invita a pensar en lo que Spierenburg ha llamado "islas sin pacificar" [88].
En cuanto a la noción más vaga e imprecisa de criminalidad, la fuente de información más confiable al respecto, las encuestas de victimización, muestran dos tendencias: un incremento de los delitos entre 1985 y 1995 y un uso creciente de la violencia, tanto en los ataques contra las personas como en los atentados contra la propiedad. Así, en forma contraria al postulado básico de la tesis de la violence-au-vol, el de una especie de sustitución entre los ataques a las personas y los delitos contra la propiedad, en Colombia se habría dado en las últimas dos décadas un incremento paralelo en ambos tipos de conductas. En forma similar a lo que está ocurriendo con la violencia, un aspecto que vale la pena destacar de la evolución reciente del crimen en el país es que su mayor incidencia se ha dado acompañada de una creciente incapacidad del aparato estatal para controlar el fenómeno y aún para registrarlo.
Son varios los síntomas, adicionales al aumento en la violencia y el crimen, tales como la privatización y criminalización de la justicia, o los cada vez más frecuentes incidentes de masacres con crueldad extrema y barbarie, que invitarían a pensar que lo que se dió en Colombia en las últimas dos décadas fué un "proceso descivilizante", una especie de marcha atrás en las tendencias de largo plazo hacia la modernización, racionalización y pacificación de las costumbres y las relaciones interpersonales.
Tal visión parece inapropiada, por dos razones. Primero, porque el incremento de la violencia homicida y la criminalidad se dió en forma simultánea con un sostenido crecimiento económico, con la ampliación de los mercados, con un aumento en la cobertura de la educación y, en general, con el mejoramiento de casi todos los indicadores sociales [89]. Dados los evidentes síntomas de progreso económico y social, no son claras las razones para pensar que los colombianos se tornaron más conflictivos o más propensos a resolver sus conflictos recurriendo a la violencia. Segundo, porque la única información disponible sobre la evolución de la violencia interpersonal generalizada -las denuncias por lesiones personales- sugiere, por el contrario, un continuo descenso desde principios de los ochentas. De acuerdo con estas cifras, el colombiano promedio sería hoy más "civilizado", menos propenso a la violencia, que el de hace veinte años [90]. Alguna evidencia disponible para Bogotá, aunque de manera indirecta, apunta en la misma dirección. Está en primer lugar el bajísimo reporte, dentro de unas entrevistas realizadas en sectores de estrato popular en Bogotá, de incidentes de violencia callejera diferente de los robos o los atracos. Son en extremo escasas en estos relatos de experiencias personales de violencia, las alusiones a las riñas o a la solución violenta de conflictos con terceros. Está en segundo término el cambio que según este mismo estudio [91], se ha dado en los niveles de tolerancia con la violencia doméstica, hacia un mayor rechazo de estas prácticas. En el hogar, las nuevas generaciones parecen ser menos violentas que las de hace dos o tres décadas. No hay ninguna razón para pensar que la cada vez menor aceptación de los castigos corporales en la esfera doméstica se hubiera dado con una creciente tolerancia del recurso a la violencia para resolver los conflictos con otros ciudadanos. Lo que parece haber ocurrido en el país, en forma paralela al progreso económico, social y cultural -que según los historiadores, se ha dado generalmente acompañado de una pacificación de las costumbres- es la consolidación, durante las últimas dos décadas, de unos pocos, muy pocos [92], agentes violentos con un gran poder, ante los cuales el ciudadano común se siente amenazado, inerme y desprotegido.
La noción general del "proceso civilizante" de Elías sugiere para Colombia una lectura diferente para la relación entre la violencia instrumental ejercida por organizaciones armadas poderosas y la violencia rutinaria y cotidiana. Los guerreros no surgen, como lo supone implícitamente el diagnóstico predominante en Colombia, de los problemas de intolerancia entre los ciudadanos. Evitando la pregunta clave -el por qué surgieron en Colombia tan variados guerreros [93]- parecería que la causalidad es en la otra vía: el accionar prolongado de los actores violentos exitosos puede llegar a ser un factor determinante del deterioro de las costumbres y los hábitos ciudadanos, por un lado, y de la evolución de la criminalidad, por el otro [94]. En la teoría de Elias hay un elemento evolutivo importante, que tiene que ver con la progresiva adaptación de los individuos al entorno predominante. En Europa la cortesía y la pacificación de los hábitos se fueron fortaleciendo mientras constituían rasgos que facilitaban el ascenso social. Se imitaba a la élite. Este proceso fué pacificador en la medida en que las élites fueron reduciendo su recurso a la violencia. En la misma línea de argumentación, si existe una élite violenta, o si los violentos se transforman en élites, es probable que el proceso de cambio social se oriente hacia un mayor uso de la violencia. Mientras que la violencia sea un mecanismo exitoso de acumulación de riqueza o de poder, tiene buenas posibilidades de ser imitado por los más emprendedores, y perpetuarse.
Uno de los aspectos más paradójicos alrededor de la violencia colombiana es el de la capacidad que han tenido tanto las clases dirigentes como algunos intelectuales para, por un lado, autoconvencerse de la relativa independencia entre las "distintas violencias" y, por otro lado, para desvirtuar la naturaleza del fenómeno. Tal vez la falla más protuberante del diagnóstico tradicional sobre la violencia, y de las medidas de política orientadas a su control -como las restricciones a la venta de alcohol, o los planes de desarme- ha sido el afán por generalizar, sin mayor sustento empírico, ciertas conductas que, de acuerdo con la información disponible, parecen focalizadas en unos pocos, poquísimos, actores violentos. A pesar de los diferentes tipos de evidencia, el país se resiste a reconocer que en las últimas dos décadas ha estado asistiendo a una prolongada guerra contra y entre distintas organizaciones armadas. Se sigue pensando que la llamada delincuencia común y el conflicto armado son asuntos marginales y totalmente aislados y se insiste en la noción de que el bulto de la violencia colombiana es un fenómeno, cotidiano y natural, de la vida colectiva. Se supone que es algo irracional, sin ganadores.
Hay una idea, muy simple, de Norbert Elias que puede ayudar a entender esta paradoja. Cuando los seres humanos sienten menguada su capacidad para controlar cualquier conjunto de eventos, se da una tendencia natural a pensar que tales eventos tienen un alto componente emocional; y entre más emotiva se torna la visión de los problemas, mayor es la incapacidad para formular modelos adecuados y realistas de esos problemas. Así, ante las limitaciones del establecimiento colombiano para entender, y con mayor razón para controlar, a los principales actores violentos se volcó el diagnóstico hacia lo emotivo, lo irracional, lo idealizado. Una de las sociedades que en mayor medida se distingue a nivel mundial por el poder y la variedad de sus organizaciones armadas se destaca también por la importancia que le presta, en el diagnóstico de la violencia y en las políticas públicas para enfrentarla [95], a cuestiones como las riñas, el alcohol, o las enfermedades mentales [96].
4 - SUGERENCIAS PARA AVANZAR EN LA MEDICION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Para avanzar en el diagnóstico de la violencia colombiana parece indispensable reconocer que se está en guerra, saber cual es la dimensión de esa guerra, tratar de identificar y entender a sus actores, afinar la medición que se tiene sobre su presencia, y analizar sus interrelaciones con la criminalidad, y con "las otras violencias" [97].
Como primera sugerencia, parece pertinente impedir que se deteriore la capacidad institucional para contar y registrar los muertos que está dejando la guerra. La información disponible para Colombia muestra la importancia que tienen las instancias ajenas al conflicto para el dimensionamiento de la violencia [98]. En este sentido, parece necesario conservar y aún fortalecer la presencia de organismos como la Cruz Roja, con larga tradición de neutralidad, para no perder la dimensión del problema. También parece conveniente fortalecer la función puramente estadística de Medicina Legal. Para esto se requiere moverse en la dirección de independizarla del sistema judicial. Este es un factor de vulnerabilidad de la información sobre la violencia que podría reducirse separando sus funciones de registro estadístico de sus labores de soporte a las investigaciones criminales.
Para la criminalidad no homicida, parecería conveniente descargar a los organismos de seguridad y justicia de su responsabilidad de registro estadístico de los incidentes criminales para transferirla a una instancia ajena a los procesos judiciales, a la evaluación del desempeño de tales organismos, y al conflicto. Son evidentes en las cifras las interferencias perversas que se están dando en la actualidad entre las labores estadísticas -la simple tarea de registrar lo que ocurre- que son indispensables para el diseño y la puesta en marcha de políticas realistas, y la responsabilidad judicial de aclarar los crímenes y capturar a los agresores.
En forma independiente de los procesos judiciales se debe mejorar la base de información sobre los delitos, los ataques personales, las víctimas, las circunstancias que rodean los incidentes y, sobretodo, sobre los agresores. La evidencia disponible muestra que los colombianos tienen valiosa información sobre el crimen y la violencia, pero que no la transmiten a las autoridades, entre otros factores, por los altos costos que implica la judicialización de los incidentes [99]. Es en este contexto que vale la pena destacar la importancia de las encuestas de victimización.
Las encuestas de victimización, que para la mayoría de los incidentes constituyen la única fuente de información disponible sobre la llamada criminalidad real, presentan algunas características que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar tales encuestas parecen ser útiles para las conductas delictivas y para las agresiones menos graves, más frecuentes y con menor tendencia a ser puestas en conocimiento de las autoridades. Para los incidentes más graves, como los homicidios o los secuestros, estas encuestas presentan serios inconvenientes [100]. Una segunda característica de las encuestas de victimización que se han realizado en Colombia es la de su naturaleza esencialmente urbana. Por tratarse de módulos de la encuesta nacional de hogares, diseñada para la medición de las variables del mercado laboral, han estado circunscritas a sólo once de las ciudades colombianas. La poca información disponible en el país para el resto de los municipios [101] sugiere que la violencia y la inseguridad en Colombia están lejos de ser problemas exclusivos de las grandes urbes. Una tercera característica de la información de criminalidad basada en encuestas tiene que ver con que el reporte de incidentes es en extremo sensible a la forma como se hacen las preguntas. No es difícil argumentar, por ejemplo, que asuntos como el maltrato familiar o las lesiones personales hayan quedado sub-representados por tratarse de encuestas con énfasis en las acciones de la delincuencia. El cuarto aspecto que se debe tener en cuenta es que tampoco parece ser este un mecanismo de medición que pueda considerarse independiente de la intensidad fenómeno que se quiere medir. Sería ingenuo desconocer que en algunas zonas del país la presencia de actores armados ha afectado casi todos los mecanismos tradicionales de recolección de información oficial -registros, encuestas, censos-. Si esta interferencia parece ya corriente aún en asuntos que se podría pensar son totalmente ajenos al conflicto [102] difícil no pensar en la reticencia de las organizaciones armadas que operan en un territorio para que allí se indague sobre la incidencia de conductas criminales. La última anotación que parece pertinente hacer sobre la medición de la criminalidad a través de las encuestas de victimización es que, hasta el momento en Colombia, se han dejado de lado los incidentes delictivos que afectan al sector empresarial y productivo [103] .
Estas características de las encuestas que se han realizado en el país llevan de manera directa a ciertas recomendaciones. Parece urgente la realización de una encuesta de victimización con cubrimiento nacional, que abarque tanto el sector rural como el urbano y en dónde se superen las limitaciones para el dimensionamiento de la violencia doméstica o entre conocidos. Para los incidentes de rara ocurrencia, como el homicidio o el secuestro, se puede pensar en ampliar el período de referencia de uno a diez o más años. Si bien de esta manera no se avanza en la medición de la incidencia, se puede captar el conocimiento que los familiares de las víctimas tienen sobre estos incidentes. También resulta indispensable, sobretodo si se quiere avanzar en la medición de los costos de la violencia, realizar una encuesta de victimización a las empresas.
Por último, parece conveniente afinar la medición que se tiene sobre la presencia de las distintas organizaciones armadas en el territorio nacional. Parecería útil explorar nuevas fuentes que, aunque ajenas al conflicto, tienen la peculiaridad de ver afectadas sus actividades cotidianas por la presencia de las organizaciones armadas. En forma adicional a los hogares, que también tienen sobre el particular información que podría ser sistematizada, se podrían explorar fuentes como las empresas encuestadoras [104], los sacerdotes, las regionales de Medicina Legal, los médicos que reportan a tales regionales, y los gremios empresariales que tienen sus actividades en distintas zonas del país.
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[1] "Incertidumbre sobre masacre en Mapiripán". El Tiempo, Julio 22 de 1997
[2] Vale la pena mencionar las áreas de la situación delictiva colombiana con enormes limitaciones de información que no serán analizadas en este trabajo. Está en primer lugar el problema de la corrupción administrativa que es tal vez el campo para el cual son mayores las deficiencias al nivel más elemental de medición. Están en segundo término las actividades relacionadas con la producción y el tráfico de drogas. (ver Steiner [1997] o Thoumi [1994]). Tampoco se analiza la información sobre presencia de organizaciones armadas (Echandía [1998]), sobre delincuencia juvenil , ni sobre violencia intra-familiar.
[3] Ver por ejemplo Spierenburg [1996] pags 63 a 105.
[4] Un análisis de las tasas de homicidio colombianas desde el siglo pasado, incluyendo el período de la llamada Violencia Política se encuentra en Gaitán [1994]. La discusión sobre las fuentes que se utilizaron para construír esas series se encuentra en Gaitán [1997].
[5] Tanto las estadísticas vitales como las de justicia están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos de Medicina Legal que, como se verá más adelante constituyen en la actualidad una valiosa fuente de información son bastante recientes y no alcanzan a constituír una serie histórica.
[6] En promedio, las defunciones por homicidio de las estadísticas vitales han sido iguales al 95.7% de las denuncias registradas por la Policía. La correlación entre ambas series es de 0.99. Para 1994, último año disponible de ambas fuentes, las cifras coinciden.
[8] Aunque algunos analistas, en forma un tanto apresurada, atribuyen la caída a políticas públicas exitosas, es difícil de compartir tal optimismo. No existe hasta el momento una explicación convincente para el quiebre del año 91.
[9] Al momento de escribir este informe no se conocen aún los datos para 1997. No es arriesgado pensar en la posibilidad de un incremento de las tasas de homicidios con relación a 1996.
[10] Esta estimación la realizó Giovanni Romero. Se empleó la técnica desarrollada por Hill (1987) que permite estimar, partiendo de tablas de vida modelo, las muertes ocurridas en un período intercensal.
[11] Este cifra es ligeramente inferior a la calculada en otros estudios, como Flórez y Mendez (1995) dónde se estima el subregistro en un 20%.
[12] En opinión de algunos demógrafos consultados, en condiciones normales cabe esperar que el homicidio presente un sub-registro inferior al de las otras causas de defunción por tratarse de un incidente que interesa a varias instancias estatales. Para situaciones extremas, como la de un país en guerra, puede argumentarse que es precisamente el homicidio el incidente con mayor número de agentes, o con agentes más poderosos, interesados en que no se registre.
[13] La fuente más utilizada para los homicidios son los anuarios de la Organización Mundial de la Salud. Cuadros con estas cifras se pueden ver en Trujillo y Badel (1998) o en Gaviria [1997].
[14] Como Amsterdam, cuya tasa en el siglo XV era de 50, descendió a 20 en el siglo XVI y ya era inferior a 8 cien años más tarde. En Estocolmo en el siglo XV era de 42. (Johnson y Monkkonen [1996] pág 9). En Inglaterra era de 20 en 1200 y para fines de la Edad Media ya había descendido a 15. (Spierenburg [1996] pág 64). Sharpe [1996] estima en 110 la tasa de homicidios de la ciudad de Oxford en el siglo XIV, pero en Bristol, un siglo antes era tan sólo de 5. En Bergen, Noruega, reconocida como una ciudad particularmente conflictiva, centro de comercio internacional, con una población de alta movilidad, de distintas nacionalidades y con diversos grupos étnicos, se calcula en 83 la tasa de homicidios hacia 1560. (Osterberg [1996] pág 45).
[15] Tal es el término -the civilizing process- que, de la obra de Norbert Elias, han adoptado varios historiadores del crimen para referirse al cambio secular en las costumbres y los hábitos de los europeos que, entre otros factores, se dió acompañado de una continua y sostenida pacificación.
[17] En Colombia se conoce como sumario la etapa investigativa, o de instrucción, de cualquier proceso penal. Hasta 1991 esta etapa era responsabilidad de los llamados jueces de instrucción criminal y en la actualidad la llevan a cabo los fiscales. Es posterior a la denuncia y anterior al juicio penal, que ya se lleva a cabo bajo la responsabilidad de un juez.
[18] No he podido entender -ni he recibido de varios penalistas consultados una explicación satisfactoria- por qué el número de sumarios por homicidio fué durante varios años muy superior al de los homicidios reportados por la Policía. La posibilidad de que se abrieran varios sumarios para investigar a varios presuntos autores de un mismo homicidio debe descartarse pues no ha sido esta una práctica común del sistema penal colombiano. La diferencia es tan grande que permite pensar en un problema de doble conteo en las estadísticas judiciales.
[19] Cuando, por medio del Decreto 050 de 1987, se decidió limitar la apertura de sumario a los casos en los cuales hubiera un "sindicado conocido". Esta reforma vino a formalizar una de las peculiaridades de la justicia penal colombiana: la de darle prioridad en la investigación a los incidentes criminales que precisamente menos investigación requieren.
[21] De las 160 mil muertes violentas intencionales que, según la información de la Policía Nacional, hubo en el país entre 1990 y 1995 un poco más de 113 mil, o sea el 71% del total, ocurrieron en alguno de los municipios cubiertos por ML.
[22] Este ha sido el criterio que, según los funcionarios de Medicina Legal consultados, ha sido determinante en las decisiones de apertura de oficinas regionales en los últimos años.
[23] En Colombia, un médico legista no puede, por iniciativa propia, practicar una necropcia. Tal acción debe ser solicitada por las autoridades con función de Policía Judicial.
[24] Se estima un modelo Logit cuya variable dependiente (ML) toma el valor 1 si existe regional y 0 en caso contrario y se encuentra que el coeficiente significativo es el de las preliminares (P_VIP) (en términos per cápita) y no el de la tasa de homicidios (TH) :
LOGIT // Dependent Variable is ML
Sample: 1 1052
Included observations: 1037
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C -2.286094 0.119562 -19.12052 0.0000
TH 0.000134 0.000335 0.398280 0.6905
P_VIP 0.000925 0.000206 4.488250 0.0000
[25] No son escasos en Colombia los testimonios que muestran el interés de las organizaciones armadas por ocultar las muertes violentas, propias o ajenas. De acuerdo con el relato de un campesino de la región del Atrato, "si a uno lo matan, el cadáver desaparece en medio del monte o de los ríos, porque los paramilitares y la guerrilla no dejan recoger a nadie el cuerpo de ninguna persona para darle digna sepultura. Al que lo haga también lo matan ... Esa gente piensa que así demuestra poder". Giraldo, Abad y Pérez [1997] pag 100. En el momento de escribir este informe no se sabe aún el número de las bajas ni del ejército, ni de la guerrilla, que resultaron de los enfrentamientos en el Billar, Caquetá a principios de Marzo. Se habla de entre 30 y 80 muertos. Ya en 1988 la guerrilla se cuidaba de no dejar contar sus muertos en combate. De acuerdo con el testimonio de un ex-guerrillero, luego del asalto a la base de Saisa en Córdoba, se hicieron grandes esfuerzos para ocultar los 20 guerrilleros caídos en el enfrentamiento. "Cuando ya estábamos fuera de peligro, llegamos a un sitio y a los muertos que llevábamos les hicimos una fosa común. Esa fosa quedó anónima por seguridad y nunca se le dice a nadie dónde queda, ni a los familiares". Ver "Las Bajas Ocultas de la Guerrilla". EL Tiempo Marzo 10 de 1998, pág 3A. En 1989, en la finca "La 60", propiedad de un conocido esmeraldero, fué hallada una fosa común con 50 hombres. Ver "Víctor Carranza" en La Nota Económica No 10, 1998, pág 15. El problema no es exclusivo de las zonas rurales y apartadas, sino que depende básicamente del poder de las organizaciones armadas en una región. Un funcionario de la Cruz Roja me relató el caso de un cura párroco asesinado recientemente por la guerrilla en un municipio al oriente de Bogotá, y cuyo cadáver permaneció tres días en la calle pues nadie se atrevía a hacer nada. Fue necesario que la Cruz Roja lo recogiera. En la misma dirección apuntaría el problema de las "desapariciones", cuya magnitud real, o cuyos verdaderos responsables son un verdadero misterio.
[26] Consciente de este problema, y teniendo en cuenta lo reportado por los médicos en las zonas de alto conflicto, Medicina Legal está tratando de poner en marcha un sistema de información para corregir los sub-registros.
[27] Para el Perú, por ejemplo, se han calculado en cerca del 50% las discrepancias entre las cifras oficiales de defunciones y los datos calculados a partir de los censos. Para Lima las diferencias entre el número de homicidios reportado por el Ministerio de Salud y la cifra de homicidios denunciados es de 1 a 6. En El Salvador se han encontrado diferencias de 1 a 3 entre los datos de homicidios reportados por la Policía y la Fiscalía General de la República que a su vez presentan discrepanias superiores al 60% con los datos calculados a partir de la información censal. Ver al respecto los trabajos del proyecto "La Violencia en Ameerica Latina. Dimensionamiento y políticas de control" financiado por el BID. Ver los relatos sobre la búsqueda de cerca de 40 mil desaparecidos y las exhumaciones de fosas clandestinas en Guatemala en "La Muerte Secuestrada" El País, Madrid, Junio 22 de 1997. Ver también Zwi [1996].
[28] Homicidios, suicidios, muertes accidentales, indeterminadas, neonatales y naturales.
[29] Aún para Ciudad de México, que tiene unos niveles bastante bajos de violencia homicida, quienes han examinado en detalle las fichas de los médicos legistas no rechazan la posibilidad de problemas de clasificación asociados con "presiones institucionales". Para Colombia, no deja de parecer extraño que un 75% de las variaciones en las tasas de muertes accidentales, un 62% en las de homicidios y un 59% en las de muertes naturales se expliquen en función de las demás causales de muerte. Tampoco parece fácil de justificar el efecto, estadísticamente significativo, que muestran las tasas de homicidio sobre las muertes accidentales y los suicidios.
[30] Es conveniente tener en cuenta que el limitado desempeño de la justicia penal en su tarea de aclarar los homicidios -en Colombia se aclaran menos del 5%- impone serias limitaciones en términos del diagnóstico de las cuasas de la violencia homicida.
[31] De varias personas que defienden en Colombia la existencia de un estrecha asociación entre alcohol y violencia homicida he recibido la misma respuesta a la pregunta sobre la base para asegurar que existe tal asociación: la alta alcoholemia en las víctimas. Un alto consumo de alcohol en las víctimas puede explicarse con varios escenarios diferentes a la típica riña entre amigos que surge como consecuencia del exceso de alcohol. Es claro que aún para los homicidios cometidos por profesionales, los establecimientos públicos en donde se vende licor constituyen un escenario muy favorable para sorprender a las víctimas y encontrarlas en una situación de relativa indefensión.
[32] Ver Rubio, Mauricio (1997a).
[33] En los lugares con niveles críticos de violencia hay una completa ignorancia alrededor de cerca del 80% de los homicidios. Ver Rubio (1997b)
[34] Se estima una regresión del número de homicidios de medicina legal (ML) como función del número de homicidios reportados por la Policía (PN) y se obtiene :
LS // Dependent Variable is PN - Number of observations: 124
VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
ML 0.9313780 0.0119085 78.210953 0.000
R-squared 0.978549 Mean of dependent 145.1048
Adjusted R-squared 0.978549 S.D. of dependent 490.4933
S.E. of regression 71.83817 Sum of squared resid 634768.9
[35] La capacidad de la violencia colombiana para persistir y "auto-reproducirse" se puede captar por varias vías. En primer lugar, por la altísima asociación entre el número de muertes en un municipio en un año determinado y el número de muertes en ese mismo lugar en el año anterior. Para los 100 municipios con mayor número de muertes en el período 90-95 las correlaciones entre los datos de dos años consecutivos son siempre superiores al 90%. La segunda característica de estas correlaciones entre los datos municipales de dos períodos es que decrecen con el paso del tiempo. En la actualidad, el mejor predictor de la violencia en un municipio colombiano es el número de homicidios observado en ese mismo municipio en el año inmediatamente anterior. Ver Rubio (1997b)
[36] Se puede pensar en dos tipos de explicación. La primera sería la de problemas serios en la calidad de los datos. En ese sentido vale la pena señalar otra peculiaridad de los datos de homicidios de la Policía Nacional para este departamento y es la diferencia entre la suma de los datos por municipios y el total para el departamento, incluyendo a Medellín, que suministra la misma Policía. Otra posibilidad sería la de un factor subyacente conjunto, como por ejemplo una saturación natural de las tasas cuando alcanzan ciertos niveles.
[37] Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira y Pasto.
[38] En las Encuestas de Hogares Nº 72 de 1991 (ENH 72) y en la Nº 90 de 1995 (ENH 90). En la ENH 72 no se incluyeron Ibagué ni Montería . En la ENH 50 se entrevistaron 21.400 hogares, en las ENH 72 y ENH 90 la muestra fué de 17.203 y de 21.130 hogares respectivamente.
[39] Entre 1985 y 1991, disminuyó en cerca de 10 puntos la importancia de los delitos económicos en la criminalidad global. Para 1995 su participación aumentó nuevamente pero de todas maneras fué inferior a la observada en el 85.
[40] Tanto en 1985 como en 1995 se les hizo a los hogares la misma pregunta inicial: "Usted o alguno de los miembros de este hogar ha sido víctima de la delincuencia durante el último año ?". En 1991 la pregunta era diferente: "Usted o alguno de los miembros de este hogar ha sido afectado por hechos violentos o por delitos en el último año ? ". Es fácil pensar que en ese año los incidentes no violentos contra la propiedad hayan podido quedar con un menor reporte. En segundo término, en el año 91 esta pregunta sobre victimización venía precedida de varias preguntas sobre muertes violentas, problemas en los barrios, derechos humanos, abuso de los organismos de seguridad y cambio de domicilio por razones de violencia que se puede pensar desviaban la atención del encuestado hacia los incidentes con violencia. Por último, en 1985, se hizo enseguida la pregunta "de qué delitos han sido víctimas" dejando tres espacios abiertos para responder. En el 91 la pregunta similar dejaba dos espacios con 12 alternativas cerradas de delitos.
[41] La alta participación de los atracos dentro de los atentados a la propiedad en el año 91, superior a la de las otras encuestas tendería a corroborar la inquietud planteada en la nota anterior en el sentido que la manera como se hicieron las preguntas en el 91 pudo sesgar las respuestas hacia un sub-reporte de los incidentes no violentos.
[42] La primera pregunta del módulo del 91 era "en el último año algún miembro de este hogar ha muerto violentamente por: accidente de tránsito, con arma de fuego, con arma cortopunzante, en actos terroristas, otra muerte violenta".
[43] En particular, cuando se piensa que algunas lesiones personales pueden ser el resultado de riñas o discusiones entre amigos, parientes o conocidos, la forma como se introduce el módulo de victimización, haciendo referencia a los problemas ocasionados por la delincuencia en el último año, puede desviar la atención hacia los ataques ocasionados por extraños y dejar de lado un buen número de incidentes.
[44] Una exposición de los problemas de estimación a partir de muestras en estos casos se encuentra en Lilienfield y Stolley [1994] Foundations of Epidemiology, Oxford University Press. Para calcular intervalos de confianza para eventos de rara ocurrencia, como las muertes intencionales, es necesario utilizar una disribución de Poisson, en lugar de la tradicional curva normal. Para ilustrar la gran incertidumbre que se da en el cálculo de las tasas se puede señalar que, de acuerdo con una tabla reproducida en la obra ya citada, el intervalo de confianza del 95% para la tasa de homicidios de 1991 a partir de los datos de la encuesta de hogares, que en una muestra de 17.203 encuestas, reportaron la ocurrencia de 30 homicidios, sería de 117 a 249 homicidios por 100 mil habitantes.
[45] Es conveniente señalar que estas serían las cotas inferiores de las tasas, suponiendo que los hogares que reportaron ser víctimas de algún incidente criminal lo fueron una sóla vez. La información disponible permite suponer que esta es una cifra conservadora. Una encuesta realizada en tres ciudades colombianas en 1997 muestra que los hogares que han sido víctimas de atentados contra su propiedad reportan la ocurrrencia de múltiples incidentes, desde 1 hasta 18, con un promedio de 2.5. Esta cifra es superior en Bogotá (3.1) que en Medellín (2.2) o Barranquilla (2.1). Ver Rubio [1997].
[46] El resto de los títulos del código penal : Delitos contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad, contra la familia, contra la seguridad pública, contra la integridad moral y otros títulos participan únicamente en el 4% de los hechos delictivos informados por los hogares.
[47] Ni siquiera se puede hablar de una mayor o menor tendencia hacia la violencia, que se presente de manera uniforme entre ciudades. No se perciben, por ejemplo, síntomas de una relación positiva entre la letalidad de los atentados contra la vida y la tendencia a utilizar la violencia en los delitos económicos.
[50] La incidencia del temor a las represalias como factor para no denunciar ha seguido, en las tres encuestas realizadas desde 1985, una evolución similar a la de la tasa de homicidios en el país. Ver Rubio (1997a)
[51] Como ya se mencionó, la tasa de criminalidad que se calcula con las encuestas de victimización es conservadora en el sentido que algunos hogares han podido ser víctimas, en al año anterior a la encuesta, de más de un hecho criminal. Así el número de denuncias podría también estar subestimado.
[52] Ver una discusión de este punto en Rubio (1996).
[53] Para las encuestas de 1991 y 1995 no se dispone de información sobre los montos envueltos en los ataques a la propiedad.
[54] Esta hipótesis es consistente con la experiencia internacional que muestra, para distintos países, cambios importantes en los sistemas de registro de la policía . Ver Economist [1994].
[55] El número de efectivos diferentes de agentes operativos de la Policía explica el 96% de las variaciones en los delitos contra la propiedad registrados en los 33 departamentos del país en 1992. Una explicación alternativa, y más preocupante, para esta asociación positiva entre los delitos económicos registrados y el personal de la Policía, se desvirtúa parcialmente con la observación de que el número de agentes operativos está menos correlacionado con la criminalidad.
[57] Esta es la hipótesis que se plantea en Trujillo y Badel [1998] quienes destacan la creciente importancia, para el monto promedio de los atentados contra el patrimonio, del robo de vehículos.
[59] Si se piensa que el grueso de la violencia se origina en los problemas cotidianos de convivencia entre los ciudadanos, los homicidios serían básicamente las riñas y peleas que "se salen de las manos". En tal caso cabría esperar una asociación positiva entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales, o sea las riñas y discusiones que no alcanzaron a ser letales. Si se piensa por el contrario en dos tipos de violencia que se han venido sustituyendo, como por ejemplo al pasar de un escenario dominado por las riñas a otro dominado por la guerra, sería razonable esperar una correlación negativa entre estas dos variables.
[60] Ver por ejemplo Beltrán [1997] o Rubio [1998]. En ambos casos, basados en el análisis de casos juzgados, se encuentra que la violencia que llega a la justicia es precisamente la de las riñas, la cotidiana. En Rubio [1998] se encuentra que más del 95% de los homicidas que fueron llamados a juicio, en una muestra aleatoria de sentencias penales, venían identificados desde el momento de la denuncia.
[61] Gaitán (1997) señala que la cifra de denuncias por lesiones personales está en extremo contaminada por los cambios en el procedimiento penal a partir de 1980. A pesar de lo anterior, la tendencia a la baja parece significativa.
[62] De acuerdo con Gaitán [1997] este argumento, pieza clave de las recomendaciones de desarme, fué propuesto inicialmente por Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán para explicar las caídas en lesiones personales en Cali en forma paralela al aumento en los homicidios.
[63] Rubio (1996).
[64] Estas cifras corresponden a las llamadas investigaciones "preliminares" o "previas" que, en principio deben guardar una relación muy estracha con las de denuncias. Para facilitar la presentación, en esta sección se utilizará el término denuncia para referirse a estas preliminares.
[65] En el año anterior, se habían abierto 140 mil sumarios en los cuales la participación de los "otros títulos" era un poco inferior (42%). Vale la pena anotar que los reportes de 1994 corresponden a 998 municipios o sea que entre el 94 y el 95 los juzgados y unidades de fiscalía de 166 municipios dejaron de enviar sus cifras al DANE.
[66] Si se aceptara que estas ciudades son representativas del resto de los municipios del país se tendría, con base en la relación observada entre denuncias y delitos, que en Colombia se cometen anualmente cerca de 1.8 millones de delitos de los cuales un poco más de un 1.2 millones son atentados contra la propiedad y ciento diez mil son ataques a la vida. En términos de tasas de criminalidad, se tendrían cerca de 3800 delitos económicos pcmh y 500 atentados a la vida pcmh.
[67] Por títulos del Código Penal Colombiano.
[68] La categoría que mejor se explica como función de las otras es la de los delitos contra la vida (42% de la varianza) que a su vez es la que tiene un efecto más significativo sobre las demás.
[69] Al tratar de explicar las tasas de sumarios de cada categoría en función de las otras, se observa (1) un alto poder explicativo de la categoría "otros títulos" sobre todas las demás -es la categoría que mejor se explica en función de las otras- y (2) la existencia asociaciones negativas entre los sumarios de ciertas categoríasEn particular los sumarios que se abren por delitos contra el patrimonio muestran una correlación negativa con aquellos contra la libertad individual, y viceversa. Esto se podría interpretar como cierto grado de especialización, por municipios, en las labores de investigación de los distintos tipos delictivos.
[70] Unicamente el 32% de la variaciones, entre municipios, en el número total de sumarios per-cápita que se abrieron en 1995 se explican por el total de casos penales que se denunciaron ante la justicia para investigarlos.
[71] Ver al respecto Rubio (1997a).
[72] Vale la pena aclarar que este sub-registro se da en la etapa de investigación preliminar, anterior al sumario, cuyas cifras en principio deberían ser muy similares a las de denuncias.
[73] Se encuentra que, en efecto la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno de violencia no judicializada se incrementa en forma significativa con la presencia de guerrilla, narcotráfico o grupos paramilitares en los municipios. Además, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores armados la probabilidad de violencia no judicializada es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al 35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al 3%, 7% y 11% respectivamente. El cálculo de estas probabilidades se basa en la estimación de un modelo Logit dónde la variable dicótoma dependiente es la Violencia No Judicializada (VNJ) y las independientes son la presencia o no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio. Ver Rubio (1997a)
[75] Retomando nociones freudianas sobre los vínculos entre las pasiones y la agresión, Elias plantea que los impulsos, tanto afectivos como agresivos fueron sujetos a restricciones cada vez mayores de este proceso general de civilización. Ver Elías [1994], o Fletcher [1997]. Para una síntesis del debate entre las dos teorías, con referencia a los casos de distintas comunidades europeas, ver Johnson y Monkkonen [1996].
[76] Aunque parece claro que para Elias la noción de violencia era siempre referida a la fuerza que atenta contra la integridad física de las personas, y su interés por los robos y otras formas de violencia contra las cosas fué mínimo (Fletcher [1997] págs 47 a 54), el concepto del proceso civilizante si abarca todos los elementos del comportamiento humano que se fueron pacificando y haciendo más corteses. Es por esta razón que fué extendido a conductas criminales distintas a la violencia física.
[77] Ver los distintos artículos en Johnson y Monkkonen [1996].
[78] El prototipo de la muerte impulsiva sería el de una riña en un establecimiento público que, en medio del consumo de alcohol, se sale de las manos. Esta es, al parecer, la situación que más desvela a las autoridades colombianas preocupadas por controlar la violencia.
[79] Spierenburg [1996] págs 70 y 71. Traducción propia.
[80] "Both the rirtual and impulsive violence of the past centuries often had a disctinct community character. The first derived its meaning from being understood by all participants and the second was closely associated with daily sociability. Killer and victim often were residents of the same local community. In a populous place they might be strangers to each other, but they ussually belonged to the settled population. Homicides were public events, at the center of community life." Spierenburg [1996] pág 71.
[81] "También las Cruzadas influyeron sobre esta criminalidad, fomentándola, pues vióse lo expuestos que estaban sus miembros, por su origen y su condición, a todas las tentaciones criminales". Radbruch y Gwinner [1955] pág 42.
[82] Se ha encontrado que, en el siglo XIV, el crimen aumentó en forma significativa durante las treguas, cuando las compañías militares se desbandaban temporalmente y los soldados se encontraban desempleados. Hanawalt, Barbara (1979), Crime and Conflit in English Communities, 1300-1348. Cambridge, Mass. citado por Cohen [1996].
[83] "Not only did the war refugees and victims turn to theft and brigandage in order to survive, but, more significantly, the young people trainees in warfare and legalized violence turned to organized crime with the cessation of hostilities. This was undoubtely the case with the Free Companies that ranged all over southern France even after the end of the war, holding everyone, Pope and cardinals not exempt, to ransom". Cohen [1996] pág 110.
[85] Ver análisis regionales sobre el Líbano, Kurdistan, Afghanistan, Bosnia, Liberia, Mozambique y Perú en Jean y Rufin [1996].
[86] Ver Cruz, José Miguel (Coordinador) (1997). "La Violencia en El Salvador en los Noventa". Proyecto Red de Centros de Investigación. BID. Versión Preliminar. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública.
[87] Un caso bastante llamativo es el del funcionamiento de la justicia en París en el siglo XV: mientras las bandas de criminales azotaban el campo sin que sus actuaciones quedaran siquiera registradas, y la práctica del secuestro y la extorsión eran comunes, los tribunales parisinos se preocupaban por hacer cumplir las ordenanzas municipales. "The most common reason, after brawling, for getting arrested in 1488 was the infraction of city ordinances. Walking abroad after curfew, especially if drunk, carrying weapons, playing dice in public on a feast day or on a workday, wearing forbidden clothing, even swimming in the Seine -all these acts earned their perpetrators a night in the cells and a fine". Cohen [1996] pág 121.
[88] "... serious violence today is concentrated in "unpacified islands". Nineteenth-century national societies in Europe were particularly homogeneous. By contrast, the greater differentiation prevailing in the late twentieth century has led to the appearence of small islands within these societies where the pacification once guaranteed by thes state has crumbled to some extent." Spierenbrug [1996] pág 94.
[89] Ver por ejemplo, Clavijo Sergio (1994) "Desempeño de los indicadores sociales en Colombia" en Coyuntura Social Nº 11 Nov.
[90] Los datos de corte transversal tienden a corroborar esta impresión: las localidades con mayor incidencia de lesiones personales no son las más desarrolladas.
[92] No sobra recordar que aún bajo el supuesto, en extremo conservador, que cada uno de los homicidios que anualmente ocurren en Colombia es cometido por un autor diferente, el número total de homicidas sería inferior al 0.1% de la población.
[93] Una buena discusión acerca de los factores que facilitaron en Colombia la consolidación de las organizaciones del narcotráfico se encuentra en Thoumi. Fuera de los guiones tradicionales de la injusticia social, que explican muy poco, no conozco un esfuerzo similar para explicar la persistencia de las organizaciones subversivas en el país.
[94] El análisis de las interrelaciones entre las organizaciones armadas y la delincuencia apenas se inicia en el país. Ver al respecto distintos documentos de trabajo de Paz Pública, Universidad de los Andes.
[95] Es interesante destacar las diferencias tan sutanciales de enfoque que existen entre los dos primeros proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo para problemas de violencia en América Latina, en Colombia y en el Uruguay. El proyecto para Colombia está orientado a los problemas de convivencia. El del Uruguay -país con una tasa de homicidios diez veces inferior a la colombiana- hace énfasis en la prevención del delito y en el fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia. Ponencias presentadas por los representantes de cada país en la Reunión del BID en Cartagena, Marzo de 1998.
[96] Ver por ejemplo Londoño, Juan Luis (1996) "Violencia, Psychis y Capital Social - Notas Sobre América Latina y Colombia" Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Desarrollo Económico- Bogotá
[97] Un excelente esfuerzo por entender los vasos comunicantes entre la violencia doméstica y la de la calle se encuentra en Jimeno y Roldán (1997).
[98] Como ya se señaló, la sóla presencia de Medicina Legal en una zona determina la calidad de la información sobre la violencia y se puede pensar que alcanza a neutralizar la influencia que los agentes armados tienen sobre tal información. Un dato revelador acerca de la importancia del tercero neutral que saca a la luz pública lo que realmente está ocurriendo en una región la constituye el hecho que para los colombianos, sobretodo en las zonas de alta violencia, el personaje cuya presencia los hace sentir más seguros no es un policía, ni un militar, ni un fiscal o juez, ni otra autoridad estatal sino un funcionario de la Cruz Roja . Cuéllar (1997)
[99] Un dato muy diciente es el alto número de llamadas telefónicas -se estima en más de 10 mil- que diariamente recibe el Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Nacional en Bogotá. Tan valiosa fuente de información -gente que muchas veces en forma anónima llama a contar la ocurrencia de incidentes- está muy sub-utilizada.
[100] El primero, que ya se señaló, tiene que ver con la dificultad de estimar con una confiabilidad razonable la incidencia de fenómenos de rara ocurrencia. Para tener un estimativo de la tasa de homicidios colombiana con un error del 10% sería necesaria una muestra del orden de los 500 mil hogares, tamaño que resulta poco viable. El segundo tiene que ver con la posibilidad, cuando se pregunta al encuestado si alguien de su hogar sufrió un atentado en un período determinado, de un reporte múltiple del mismo incidente por parte de varios miembros de una familia..
[101] En particular las encuestas de calidad de vida, una encuesta de la zona cafetera y la versión colombiana del World Values Survey realizada en 60 municipios.
[102] Los funcionarios del DANE reconocen las dificultades que se presentaron en 1991 en algunos barrios de Medellín para la realización de la ENH. Las firmas encuestadoras con las que he discutido este tema dan por descontadas tres cosas : (1) que en buena parte del territorio nacional hay que pedir permisos no oficiales para realizar encuestas y que es necesario tener contactos para obtenerlos; (2) que hay ciertos temas que es mejor no tratar en las encuestas y (3) que en algunas zonas sencillamente no se pueden emprender tales tareas. Un caso diciente sobre la dificultad que impone para el levantamiento de información directa la presencia de los actores armados es el de los tres ingenieros agrónomos que realizaban una encuesta para el DANE, fueron "retenidos" por la guerrilla en Julio de 1997 y cuyos restos, al parecer, fueron hallados varios meses después. Ver El Tiempo, Septiembre 24 de 1997, pág 6A.
[103] El grueso de las encuestas disponibles se han hecho a los hogares. Un esfuerzo exploratorio para captar lo que pasa con las empresas muestra que en la actualidad los ataques criminales constituyen un problema importante para el sector productivo colombiano. En 1995, el 31.4% de las empresas -de una muestra de 256 firmas de sectores no-transables en la ciudad de Bogotá- fueron víctimas de un robo, el 27.3% de robos internos, el 18.3% de atracos, el 16.7% de estafas, el 13.6% de actos violentos, el 13.1% de amenazas, el 12.5% de solicitudes de soborno, el 8.6% de actos de piratería, el 4.0% de extorsión y el 2.8% de secuestro. Rubio (1996a)
[104] Por la interacción que he podido tener con algunos de ellos, es claro que quienes hacen encuestas en Colombia tienen un conocimiento preciso, actualizado y más afinado que el simple "si o no hay presencia". En esta categoría cabrían cerca de 75 ex-funcionarios del DANE que anualmente visitan una o dos veces todos los municipios del país recopilando las estadísticas de los juzgados y unidades de Fiscalía.
* Profesor-Investigador. CEDE y Paz Pública - Universidad de los Andes.
La mayor parte de este trabajo se hizo dentro del estudio "La Violencia en Colombia - Dimensionamiento y Políticas de Control" financiado y realizado en el marco del Proyecto Red de Centros de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se agradecen los comentarios de los participantes en los seminarios de dicho proyecto. Las interpretaciones, opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y el contenido del documento no compromete ni al BID ni a la Universidad de los Andes.
Email : mrubio@uniandes.edu.co
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