Siguiendo a Gary Becker, que simplemente relanzó a las ideas de Cesar Beccaria los economistas han tratado de colonizar la criminología. Hasta qué punto la disciplina económica ha contribuido a mejorar el conocimiento que se tiene sobre las complejas relaciones entre el crimen, la violencia y la economía es el tema de este ensayo. Se pretende hacer un balance entre los aportes de la disciplina a la comprensión del fenómeno y sus más notorias limitaciones. Fuera de esta introducción, el trabajo está dividido en dos secciones. En la primera se hace una breve síntesis de lo que se sabe sobre la violencia en Colombia, se analizan los vacíos que existen en materia del diagnóstico y se hace un inventario de las limitaciones teóricas y prácticas que presenta la disciplina económica para entender las causas de la violencia y el crimen. En la segunda se hacen unas reflexiones sobre el papel que puede jugar la economía en el diseño y la evaluación de políticas públicas contra la violencia.
1 - LA VIOLENCIA COLOMBIANA
Una característica de la violencia es la de ser un área en dónde confluye el interés de profesiones muy disímiles. Se ha sugerido que la dedicación de una disciplina al estudio de ciertos fenómenos se determina por un proceso de competencia que depende del éxito que las otras disciplinas hayan tenido en responder las preguntas básicas alrededor de tales fenómenos. El gran abanico de profesiones actualmente interesadas por la violencia reflejaría entonces no sólo las limitaciones de los tratamientos tradicionales del problema sino un activo proceso de competencia por colonizar este campo.
El entendimiento actual de las causas de la violencia colombiana, bastante precario, muestra que esta competencia ha sido estéril. En el área de la etiología de la violencia -la comprensión de sus orígenes- los aportes de los economistas han sido modestos, como lo han sido, tomados aisladamente, los de cualquier otra disciplina. Parecería recomendable una nueva estrategia basada en la búsqueda de aproximaciones multidisciplinarias. En este contexto, más de cooperación que de competencia, en esta sección se ofrece una síntesis del estado del conocimiento sobre las causas de la violencia y se tratan de identificar tanto los alcances como las limitaciones de la disciplina económica para este diagnóstico.
1.2 - QUE SE SABE ?
La única expresión de la violencia colombiana para la cual se tiene una idea razonable sobre sus niveles actuales, que permite compararla con la de otras sociedades, o con la que se observaba en el pasado es la violencia homicida. Aunque para las conductas criminales diferentes del homicidio, como ya se señaló, hay síntomas de una incidencia creciente, el conocimiento que se tiene es limitado. Las distintas fuentes son contradictorias y datos confiables sobre lo que realmente ocurre sólo existen para las grandes urbes. En las ciudades intermedias, en los pequeños municipios y en el campo, sencillamente no se sabe que está pasando en materia de crimen. Para las demás manifestaciones de la violencia, como la agresión entre ciudadanos o el maltrato familiar, la evidencia es aún más débil. Los trabajos existentes son peculiares en el sentido que abundan en definiciones y referencias a la literatura extranjera pero son escasos en cifras sobre la incidencia del problema en Colombia. Algunos datos sugieren, en contra de lo que se cree, que la incidencia de este tipo de violencia sería inferior a la de hace dos o tres décadas y a la de buena parte de los países de América Latina en la actualidad.
Así, la única manifestación de la violencia colombiana sobre la cual se tiene información confiable en términos de magnitud, es precisamente aquella para la cual las explicaciones son más pobres. Por qué mueren violentamente tantos colombianos ? La respuesta satisfactoria a esta pregunta sigue siendo esquiva.
Los avances recientes en el diagnóstico han estado más orientados a desvirtuar ideas arraigadas que a proponer nuevas teorías. Son tres los elementos del discurso tradicional sobre la violencia colombiana que han sido cuestionados en los últimos años por los economistas. El primero es el de las llamadas "causas objetivas", o los determinantes socioeconómicos, de la violencia. El segundo es el de la poca relación entre las altas tasas de homicidio y las actividades criminales o el conflicto armado y, por defecto, el postulado de que el grueso de la violencia colombiana es el resultado de problemas generalizados de agresión y riñas entre los ciudadanos. El tercero es el planteamiento de que las sanciones penales son inocuas para disuadir a los violentos.
La idea de que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son la principal causa de la violencia, que por varias décadas ha hecho parte de la sabiduría convencional colombiana, no concuerda con la evidencia disponible. A nivel agregado, la tasa de homicidios colombiana presenta una evolución contraria a la que cabría esperar de acuerdo con este tipo de explicación: un aumento sostenido cuando todos los indicadores sociales mostraban signos de mejoría y una reducción cuando aparecieron síntomas de deterioro en materia de pobreza y distribución del ingreso. Regionalmente, los datos tampoco corroboran la idea de una asociación entre la mala situación social y la violencia. Los indicadores de pobreza de un municipio son un muy mal predictor de sus tasas de homicidio. Los testimonios, los relatos y las historias de vida tampoco le dan crédito a la visión tradicional de la pobreza como causa de las agresiones fatales. No hay ninguna evidencia que muestre que la gran masa de colombianos desposeídos es particularmente propensa a las conductas violentas. Por otro lado, son frecuentes las alusiones a criminales con mejor acceso a los recursos, y al poder, que el del colombiano promedio. La pobreza no ha sido condición suficiente, ni necesaria, para que una región presente altos índices de muertes intencionales, o para que un individuo que la padezca se convierta en homicida.
Otro elemento del diagnóstico oficial sobre la violencia reciente, bastante insólito, es aquel según el cual en Colombia -una de las sociedades más asediada por organizaciones criminales, con cerca de cuatro décadas de conflicto armado- el grueso de los homicidios son el resultado de la intolerancia y las fallas en la convivencia ciudadana. Sin mayor respaldo empírico, se impuso la noción de que, en algún momento a finales de los años setenta, por razones que siguen siendo un misterio, el colombiano promedio se tornó más agresivo, más conflictivo, más intolerante y más propenso a andar armado. Los avances que se han hecho en la recopilación de lo que saben las víctimas de la violencia, la asociación entre la historia de la violencia y la de las organizaciones armadas, la superposición de la geografía de la guerra con la de los homicidios, la agudización y degradación del conflicto, los cada vez más frecuentes reportes de matanzas colectivas y el reciente “mandato ciudadano por la paz”, dirigido a un conjunto bien definido de actores violentos, han puesto en evidencia la precariedad de esta parte del diagnóstico. Toda la evidencia disponible señala que en Colombia son más numerosas las víctimas de la guerra o de las actividades criminales que las de las riñas o los conflictos mal resueltos.
La categorización de los homicidas colombianos en una de estas dos casillas idealizadas -el individuo marginado inducido a la violencia por la injusticia social o el ciudadano común que, irracional, emotivo, o bajo los efectos del alcohol, elimina a su oponente en una discusión trivial- han contribuido a desdibujar el eventual rol de la institución universalmente asociada con el control del crimen y la violencia: el sistema penal de justicia.
Los datos colombianos muestran, en las últimas dos décadas, una asociación negativa entre la tasa de homicidios y el desempeño de la justicia penal. El análisis regional de las estadísticas judiciales tiende a corroborar la idea de una relación inversa entre el accionar de los actores violentos organizados y la labor de los policías, los fiscales y los jueces. El ambiente de intimidación y amenazas que existe en el país alrededor de los procesos judiciales, desde las denuncias hasta los fallos, las modificaciones que bajo chantaje ha sufrido el régimen penal colombiano en las últimas dos décadas y la monumental batalla que se libró en contra de la extradición, constituyen síntomas de que los actores violentos sí le prestan atención al funcionamiento de la justicia penal, que las sanciones los incomodan y que, en últimas, podrían servir para modificar sus comportamientos.
En la actualidad, las únicas dos variables que contribuyen a explicar las diferencias municipales en los niveles de violencia son justamente la presencia de organizaciones armadas y el desempeño en las labores de investigación criminal.
Fuera de estos tres elementos que empiezan a ser desvirtuados con los datos son varios los rasgos de la violencia colombiana que revela la información disponible. Está en primer lugar la gran variedad de actores, que permite pensar en una amplia gama de motivaciones para las conductas violentas. La vieja y tajante distinción entre el delincuente político, el rebelde, y el delincuente común ha sido desbordada por el sinnúmero de organizaciones armadas que, con distintos fines, operan en Colombia. Para complicar aún más las cosas, es amplia la evidencia sobre lo difusas y cambiantes que pueden ser las motivaciones de los violentos. Los rebeldes se criminalizan, los defensores del orden se asocian con los criminales, las partes en conflicto manifiestan objetivos comunes o cambian de bando y los delincuentes se politizan. Casi todas las mutaciones y transformaciones han mostrado ser factibles. En esta confusión parece haber un denominador común: en forma independiente de sus objetivos iniciales, cualquier actor violento exitoso puede acumular enorme riqueza y poder; jugar en algún momento, dentro de su territorio, un papel político determinante y estar en capacidad de imponer tributos, administrar justicia y reclutar mercenarios para consolidar su influencia. En algún momento, además, adoptará el discurso que legitime su accionar: su motivación ha sido siempre la búsqueda de una sociedad más justa.
Esta dinámica, que se deduce de las historias de vida de los violentos más prominentes durante las últimas dos décadas, es consistente con los síntomas ya señalados de debilitamiento de la justicia, con la desinformación acerca de lo que realmente ocurre en las áreas de influencia de las organizaciones armadas y con el hecho, evidente en los datos, que la violencia genera en los lugares a dónde llega condiciones favorables a su reproducción. Por otro lado, sirve para dar alguna luz acerca de un interrogante básico sobre la violencia colombiana que sigue sin respuesta. La precariedad de la información disponible sobre los homicidas no ha permitido aún dilucidar si se trata de un fenómeno que es responsabilidad de muchos agresores, como lo pretende la visión extrema que le asigna un papel primordial a los problemas de intolerancia entre todos los ciudadanos, o si se trata, por el contrario, de un fenómeno ocasionado por unos pocos actores violentos, reincidentes, y con un gran poder. La monopolización de los mercados ilegales, un idea recurrente en la literatura sobre mafias y crimen organizado, es más consistente con la evidencia colombiana que la noción de una sociedad en la que el ciudadano promedio es un criminal. Bajo esta perspectiva los violentos colombianos serían muy pocos, y este conjunto se reduciría aún más si se tuvieran en cuenta tan sólo los más pertinentes, los autores intelectuales de los homicidios.
1.2 - LOS APORTES DE LA ECONOMIA
Más allá de la labor de estimar los costos de la violencia, que es la parte en dónde se han concentrado los esfuerzos de los economistas colombianos [1], como aportes de la economía a la comprensión de la violencia en Colombia se deben destacar la orientación empírica de la disciplina, la búsqueda de nuevos cuerpos de teoría que den cuenta de lo que muestran los datos y, en particular, la formulación de modelos de comportamiento que permitan avanzar en la comprensión de los actores involucrados.
Una característica de los trabajos recientes sobre violencia, a la cual han contribuido tanto los economistas como los profesionales de la salud pública, ha sido el uso más intensivo de los datos y el progresivo abandono de los enfoques puramente deductivos.
El simple análisis de los datos agregados sobre violencia ha puesto en evidencia las limitaciones del diagnóstico predominante. Fuera del altísimo nivel de las tasas de homicidio durante la última década y la alta concentración geográfica, que ya se destacaron, aparecen con insistencia: una gran incapacidad de la justicia penal para investigarlas; una creciente desinformación alrededor del fenómeno; síntomas de subregistro al nivel más básico de contabilidad de las muertes; señales de sesgos en la clasificación de las defunciones y evidencia en el sentido que el misterio y la desinformación son proporcionales a los niveles de la violencia.
Estas peculiaridades de la situación colombiana permiten desafiar la noción de una violencia esencialmente impulsiva y rutinaria. El abismo que existe, tanto en número como en características, entre la violencia que se contabiliza y la que llega a los juzgados no es consistente con la idea de una violencia que surge de hábitos y costumbres generalizados entre los ciudadanos. Como tampoco lo son los esfuerzos por ocultar los cadáveres, el afán por alterar la clasificación de las defunciones o el temor a denunciar o hacer públicas las causas de los homicidios. Detrás de la desinformación y la intimidación hay claros síntomas de intencionalidad y de profesionalización de la violencia.
Así, el enfoque económico ha contribuido a fortalecer la idea que detrás de los actos de violencia hay individuos que toman decisiones, que buscan unos fines, que obtienen algún tipo de beneficio y cuyo comportamiento es necesario entender. Se ha revaluado el rígido esquema deductivo, heredado de pensadores del siglo pasado, de unos actores colectivos cuyas acciones están completamente determinadas por el entorno socioeconómico.
1.3 - LAS LIMITACIONES DEL ENFOQUE ECONOMICO
Los avances logrados por la disciplina económica en el estudio de la violencia no implican que por esta vía se estén ofreciendo ya respuestas satisfactorias a los interrogantes básicos. Son varias, e importantes, las dificultades que enfrenta el enfoque económico para estudiar la violencia. Las limitaciones se pueden agrupar en cuatro grandes rubros. El primero tiene que ver con los datos: con la escasa atención que la mayor parte de la profesión le presta a los problemas de recolección, o evaluación de la calidad, de la información, y con la mala capacidad para utilizar evidencia distinta de la estadística. El segundo tiene que ver con lo difícil que ha sido para la disciplina modelar los procesos históricos, las actividades no competitivas con rendimientos crecientes y los fenómenos de localización espacial. El tercer rubro se refiere a lo inadecuados que resultan, cuando se analizan las conductas violentas, algunos de los supuestos básicos del modelo de comportamiento de los agentes racionales. El último rubro tiene que ver con el escaso interés que ha mostrado la disciplina por desarrollar una teoría del comportamiento que tenga en cuenta las diferencias de género.
A pesar del buen dominio de la disciplina económica sobre los métodos cuantitativos, y de su capacidad para formalizar y contrastar hipótesis, no puede dejar de señalarse su mala capacidad para la labor, más artesanal, de auscultar directamente la realidad, de recoger la información. El punto de la disponibilidad y calidad de los datos es crítico para el crimen y la violencia por la marcada tendencia hacia el no registro de los incidentes. Son pocas las relaciones sociales tan rodeadas de misterio intencional. Por otro lado, porque para las agencias de seguridad y justicia se presenta un conflicto de intereses ante esta labor: como las cifras se utilizan para evaluar el desempeño de estas agencias hay claros incentivos para la desinformación. La mala calidad de los datos colombianos confirma estos temores.
Ante la precariedad de las estadísticas oficiales sobre crimen y violencia y ante la aversión de los economistas por otros tipos de evidencia, como los testimonios o las historias de vida, no sorprende su limitado aporte a la descripción de la violencia, para no hablar del análisis de sus causas.
El segundo conjunto de dificultades tiene que ver con algunas peculiaridades de la teoría económica que restringen su capacidad para analizar la violencia. Se debe mencionar, por ejemplo, la naturaleza esencialmente ahistórica del enfoque. El énfasis en las decisiones hacia adelante -en el margen- tiende, de partida, a negar la importancia del pasado. La situación colombiana muestra que a cualquier nivel -personal, local, regional o nacional- hay detrás de la violencia una historia que se debe tener en cuenta, y que debe ser investigada. Inevitablemente, la adopción del enfoque económico distorsiona la visión de la violencia. Generaliza entre los ciudadanos, caricaturizados con un agente típico sin memoria, las conductas de unos pocos individuos, u organizaciones, con un denso historial. Otra particularidad de la teoría económica que dificulta su aproximación a la violencia es la debilidad del tratamiento de la dimensión espacial. Para cualquier observador de la violencia colombiana, la geografía del conflicto, la influencia regional de ciertos actores, los territorios, son asuntos esenciales. El problema de la localización de las actividades en el espacio, la geografía económica, es algo que está, por el contrario, casi ausente del cuerpo de la teoría económica moderna. Otra dificultad teórica que vale la pena destacar es la del apego de la economía al paradigma de la competencia entre empresas sin grandes economías de escala. Para los economistas, han sido particularmente difíciles de modelar las situaciones de competencia imperfecta o los procesos de monopolización de ciertas actividades, sobretodo cuando los límites a esta tendencia son territoriales. Esta es, precisamente, la situación más corriente en el área de las actividades criminales: la progresiva concentración de recursos y de poder en unos pocos agentes que controlan territorios.
El tercer gran capítulo de las limitaciones de la economía para el análisis de la violencia tiene que ver con varios de los supuestos básicos del modelo de escogencia racional. Uno de los supuestos más debatibles de dicho modelo es el de los gustos, o preferencias, estables y homogéneos entre individuos. La costumbre de los economistas de utilizar en sus análisis la figura de un agente típico representativo distorsiona el estudio de ciertas conductas cuya distribución entre la población no es uniforme. La situación de una comunidad asediada por unos pocos criminales sencillamente no puede modelarse suponiendo que esto equivale, en el agregado, a que todos los ciudadanos son un poquito criminales. En algunos trabajos económicos sobre crimen se mencionan de manera tangencial cuestiones como las propensiones a incumplir la ley, las barreras morales, o la aversión al riesgo. Tales características de los individuos se toman como un dato exógeno y, en el mejor de los casos, se suponen normalmente distribuidas entre la población. La evidencia sobre los actores violentos en Colombia sugiere, por el contrario, una marcada dicotomía: hay homicidas, parecen ser muy pocos, y el grueso de la población sencillamente no es homicida, ni hace en forma permanente evaluaciones costo-beneficio para serlo.
El supuesto de las preferencias estables se torna aún más precario cuando se tiene en cuenta lo que sugieren diversos testimonios, en el sentido de que la violencia presenta características de comportamiento adictivo. No todos los homicidios que comete un individuo son equivalentes en términos de las barreras morales que deben franquearse. Son recurrentes las referencias al hecho de que la experiencia del primer homicidio es crítica y es radicalmente distinta a la de los subsiguientes. Es, en muchos casos, la único que presenta serios obstáculos internos. En el mismo sentido apunta la evidencia sobre los ritos de iniciación a los que son sometidos los asesinos a sueldo de las organizaciones criminales. El reclutamiento tiene casi siempre como requisito el haber asesinado a una persona bajo el supuesto que los siguientes homicidios no presentarán mayores trabas.
Estrechamente vinculada con el punto anterior, está la circunstancia de la economía como disciplina que estudia decisiones cotidianas y repetitivas para las cuales es razonable suponer que los agentes desarrollan habilidades de previsión de las consecuencias de sus acciones y de cálculo de los beneficios y costos asociados con cada una de ellas. En forma opuesta a este escenario idealizado, las historias de vida sobre criminales en Colombia muestran que las conductas violentas no concuerdan bien con la idea de una evaluación permanente de situaciones que se repiten sino con decisiones críticas que se toman pocas veces en la vida -ingresar a la guerrilla, traficar con droga, matar a alguien- y que definen patrones de vida. En muchas de estas decisiones críticas parece haber un gran componente emotivo e irracional -como el ánimo de venganza, el deseo de cambiar la sociedad, la presión de los amigos- que tampoco encaja bien en la figura de un exhaustivo cálculo de costos y beneficios. No es accidental que haya en ellas un ímpetu de juventud, contrario a la idea de decisiones maduras y calculadas. Además, una vez tomada la decisión parece generarse una dinámica, basada en la presión de grupo, o en las amenazas, o en fuerzas psicológicas, que hace difícil dar marcha atrás y determina las conductas posteriores a tal decisión.
Otro de los supuestos del modelo económico que resulta debatible para el estudio de la violencia es el de las preferencias exógenas. Lo que muestran con fuerza los datos colombianos es que la violencia y el crimen tienen una enorme capacidad para generar condiciones favorables a su reproducción. En forma contraria a los postulados básicos de la teoría económica del crimen, que supone unos individuos con una propensión a las conductas delictivas independiente del entorno social, la evidencia sugiere que la decisión de convertirse en criminal es sensible al entorno, y no simplemente en términos de las restricciones legales que la sociedad impone sobre los individuos, sino a nivel de las normas sociales que tales individuos consideran legítimas, internalizan y por ende incorporan a sus preferencias. Por otro lado, la experiencia colombiana muestra cómo aún el sistema judicial puede tornarse endógeno y amoldarse a los intereses de los criminales más poderosos.
Dentro de los innumerables factores de riesgo asociados con el crimen y la violencia hay un elemento que aparece en muchísimos estudios, no sólo en Colombia sino en todo el mundo, y en todas las épocas: se trata de un asunto entre hombres, y más específicamente entre varones jóvenes. Los avances recientes en el estudio de la agresión en otras especies, que muestran también marcadas diferencias por sexo y por edades, apuntan en la misma dirección. Así, de las ciencias biológicas viene con fuerza el argumento de que ciertos comportamientos tienen un claro componente masculino y que la violencia puede no ser algo exclusivamente social o cultural. De acuerdo con esta visión, los genes, el cerebro y las hormonas deben tener algo que ver en el hecho que la gran mayoría de los crímenes violentos sean cometidos por hombres en edad temprana. La economía, como las demás ciencias sociales, no parece aún preparada para manejar las diferencias de género y, en general, los determinantes biológicos del comportamiento.
Como limitación adicional de los economistas para aproximarse a un fenómeno como la violencia colombiana está el incipiente desarrollo que aún se observa en la comprensión de las instituciones, las “reglas del juego”. Aunque los economistas se han interesado recientemente por estos temas y el volumen de literatura es ya considerable, el conocimiento acerca de cómo surgen y evolucionan las instituciones es todavía incipiente. Ni siquiera para una de las instituciones más importantes de la teoría económica, la empresa, se tiene claridad acerca de su manera de operar, o de la lógica de su existencia. Otra institución particularmente apreciada por los economistas, el mercado, continúa siendo una construcción teórica, más normativa que positiva, sin mayor sustancia. Si esta ignorancia se da para arreglos institucionales que están en el centro de las preocupaciones de la disciplina, sería ingenuo pretender actualmente aportes significativos de la economía sobre las instituciones relacionadas con la guerra, la protección de los derechos, los atentados la propiedad, el cumplimiento de la ley, o las agresiones físicas o las amenazas.
Ante su mala capacidad para modelar las instituciones, los economistas normalmente las ignoran adoptando implícitamente el supuesto de que la calidad institucional es uniforme a lo largo del tiempo, o entre regiones.
2 - ECONOMIA, VIOLENCIA Y POLITICAS PUBLICAS
Fuera de las limitaciones en los datos, y en las teorías para analizarlos, existen en el área de la violencia varios elementos que hacen compleja la relación entre el diagnóstico y el diseño de políticas y entre estas últimas y su puesta en marcha. A continuación se discuten algunas de las particularidades del enfoque económico que hacen difícil tanto los lineamientos como la ejecución de las políticas contra la violencia.
Un aspecto de particular interés es el de la relación del economista con el soberano. El primer punto que se debe destacar es la ingenuidad con que tradicionalmente el primero ha supuesto que se comporta el segundo. Las caricaturas del planificador o el dictador benevolente con infinita información, idoneidad, sapiencia y buenas intenciones están siempre implícitas en los trabajos de los economistas. En últimas, el gobierno sigue siendo para la economía una caja negra -tan carente de sustancia como la empresa o el mercado- a la cual le entra información y de la cual salen políticas públicas con las que supuestamente se está maximizando algo parecido a una función de bienestar social. La capacidad para comprender las instituciones gubernamentales es particularmente débil en un campo como el control de la violencia en Colombia, en dónde confluyen organismos y entidades -fuerzas armadas, rama judicial, ONGs, presiones internacionales- tan variados como disímiles en cuanto a sus objetivos y a sus formas de operación. Ni siquiera de la piedra angular de las políticas públicas para los economistas, la búsqueda de la eficiencia, se puede afirmar que tenga un lugar destacado en la agenda de preocupaciones de tales instituciones.
Las instancias de intervención gubernamental familiares al economista casi siempre constituyen lo que Ronald Coase ha denominado ejercicios de economía de tablero: se supone que toda la información necesaria para la toma de decisiones está disponible y el economista, en el tablero, hace todo bajo el supuesto de que en el mundo real todo sucederá de la misma manera. No parece necesario profundizar en lo inadecuado que resulta este escenario en áreas tan complejas en materia de ejecución como el orden público, la seguridad, el respeto de los derechos humanos, la prevención del delito o la investigación criminal.
Un punto crítico es el relacionado con la presunción del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado. Cualquiera de las intervenciones que maneja la economía dan por descontado el poder coercitivo del Estado sobre todos los demás agentes. En situaciones extremas de violencia, como la colombiana, tal supuesto es en extremo dudoso. Así, la asesoría del economista al gobernante se complica, o se reduce al absurdo, cuando lo que se busca es quitarle recursos, o imponerle restricciones, a un agente sobre el cual no se tiene el suficiente poder coercitivo. La situación es aún más grave cuando se pierde claridad acerca de quien es el verdadero soberano.
A diferencia de otras áreas de la economía, o de la realidad social, en dónde la arquitectura de las políticas tiene a veces un gran valor agregado y el problema de la ejecución es relativamente simple, en el área del crimen y la violencia se da la situación contraria: resulta casi obvio saber qué se debe hacer y la gran dificultad radica en saber cómo hacerlo. Ante tal situación, los gobernantes, y los analistas, optan por extrañas alternativas, de fácil ejecución, que simplemente le hacen el quite al bulto del problema.
Desafortunadamente, las reservas en la capacidad del economista para asesorar al soberano en el diseño y ejecución de políticas contra la violencia, o en la búsqueda de la paz, no parecen exclusivas de esta disciplina. La falta de realismo en la visión de los gobernantes y la relación, que se supone automática, entre el diseño de las políticas y su satisfactoria ejecución, parecerían ser denominadores comunes a todas las ciencias sociales. Cada disciplina supone que existe el soberano que le gustaría que existiera y hace, desde el tablero, las recomendaciones que considera pertinentes. Es escasa la preocupación por la forma como tales acciones se llevarán a cabo. También es precario el esfuerzo que se hace por analizar con los eventuales ejecutores las posibilidades éxito de las políticas.
Un aspecto preocupante de las intervenciones que se han propuesto en Colombia en materia de violencia es que, en su mayoría, no han contado con el suficiente soporte empírico, o con una evaluación de su viabilidad. Se basan, por lo general, en las buenas intenciones.
Gran parte de las políticas recientes contra la violencia en Colombia han estado basadas en dos elementos contradictorios entre sí. Mientras que por un lado se afirma que el conflicto armado es responsable de un número reducido de muertes violentas y que, por defecto, el grueso de la violencia resulta de los problemas de convivencia entre ciudadanos, por el otro se recomienda, como gran prioridad para reducir la violencia, para encontrar la paz, la negociación con los grupos alzados en armas. El elemento de la violencia que ha sido ignorado tanto en términos de diagnóstico como de intervención es el de la criminalidad, fenómeno para el cual las recomendaciones no pasan de ser unos llamados genéricos a fortalecer la justicia o a la aplicación, también vaga y difusa, de medidas preventivas.
Para el conjunto de la literatura disponible en el país, parece haber una desafortunada relación inversa entre el aporte de los trabajos a la comprensión del problema de la violencia, su realismo, su contenido de información, por un lado, y las sugerencias de intervención por el otro. Los estudios que son ricos en evidencia, los que más se han aproximado a la observación directa son precisamente aquellos que reconocen la complejidad del problema, la precariedad del diagnóstico y por lo tanto son más tímidos en términos de recomendaciones de política. Por el contrario los trabajos más simplistas, los de naturaleza casi deductiva, son los más prolíficos en materia de posibles intervenciones.
No hay, dentro de los trabajos realizados hasta la fecha, ni siquiera dentro del creciente volumen de esfuerzos hechos por economistas, ninguno que presente una correspondencia entre la estimación de los costos sociales de la violencia y las prioridades de acción en materia de políticas.
REFERENCIAS
La literatura colombiana sobre violencia es ya tan copiosa que no existe un obra que ofrezca una visión global de los trabajos que se han hecho. Un catálogo bibliográfico para el período 1980-1998 ha sido publicado recientemente por FESCOL, CEREC y la Cámara Colombiana del Libro.
Para la descripción de la criminalidad urbana vale la pena referirse a los informes, publicados por el DANE o el Ministerio de Justicia, de las encuestas de victimización.
Sobre violencia no criminal los trabajos más completos, casi los únicos, son los de Klevens. Para ciertas regiones los de Jimeno y Roldán. Sobre costos de la violencia se pueden consultar los trabajos de Bejarano[1988,1998], Rubio [1995,1997] y Trujillo y Badel [1998]. Sobre la geografía de los actores armados ver, entre otros, los distintos documentos de trabajo de PAZ PUBLICA. El esfuerzo más exhaustivo de algún economista colombiano para entender las causas de la violencia homicida es el trabajo de Gaitán [1994].
El estado del arte en materia de la llamada teoría económica del crimen se encuentra en Ehrlich [1996], aun cuando la referencia clásica sigue siendo Becker [1968]. Un trabajo que refleja bien la euforia de los economistas en materia de su capacidad para asesorar al soberano en materia de políticas contra el crimen, y algo de su prepotencia, se encuentra en DiIulio [1996].
Becker G (1968) "Crime and Punishment : An Economic Approach" Journal of Political Economy
Bejarano, Jesús Antonio (1988). "Efectos de la violencia en la producción agropecuaria", Coyuntura Económica, Vol XVIII, Septiembre.
Bejarano, Jesús Antonio, Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Enrique León Queruz (1998). Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales. Bogotá: FONADE, Universidad Externado de Colombia.
DiIulio Jr, John J (1996) "Help Wanted : Economists, Crime and Public Policy" en Journal of Economic Perspectives Vol 10 No 1
Erlich Isaac (1996) "Crime, Punishment, and the Market for Offenses" en Journal of Economic Perspectives Vol 10 No 1
FESCOL-CEREC-CCL (1998). Libro, convivencia y paz. Catálogo Bibliográfico 1980-1998. Bogotá
Jimeno Myriam e Ismael Roldán (1996). Las sombras arbitrarias. Violencia y autoridad en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad Nacional.
___________________________ (1998). Violencia cotidiana en la sociedad rural. Bogotá: Fondo de Publicaciones Universidad Sergio Arboleda.
Klevens, Joanne (1997) "Lesiones de causa externa, factores de riesgo y medidas de prevención", Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
______________ (1997a). "Maltrato físico al menor. Factores de riesgo y medidas de prevención", Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
______________ (1998). "Violencia contra la mujer. Factores de riesgo y medidas de prevención". Bogotá: CEJ. Serie Criterios de Justicia.
Rubio, Mauricio (1995) "Crimen y Crecimiento en Colombia", Coyuntura Económica Vol XXV Nº 1
_____________(1997). "Los Costos de la Violencia en Colombia". Documento CEDE 97-07, Bogotá
_____________ (1998) “Costos de la violencia en Colombia. Estado actual del debate”. Informe presentado al Banco Mundial. Mimeo. Bogotá
Trujillo, Edgar y Martha Badel (1998). "Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996". Documento No 76, Archivos de Macroeconomía, Bogotá: DNP.