Una característica de la violencia es la de ser un área en cuyo estudio confluye el interés de profesiones muy disímiles. Acerca de cómo se determinan los campos de estudio de las distintas ciencias sociales se ha sugerido que la dedicación de los profesionales de una disciplina al estudio de ciertos fenómenos se determina por un proceso de competencia que, a su vez, depende del éxito que las otras disciplinas hayan tenido en responder las preguntas básicas alrededor del fenómeno [1].
La diversa gama de profesiones actualmente interesadas en Colombia por la violencia reflejaría entonces no sólo las limitaciones de los tratamientos tradicionales del problema sino un activo proceso de competencia por colonizar este campo del conocimiento.
Cada una de las disciplinas envueltas en el estudio de la violencia tiene interpretaciones, y visiones del mundo, muy distintas. Las diferencias no son despreciables, ni superficiales. Por ejemplo, el modelo de escogencia racional, la herramienta teórica básica de los economistas, no goza de popularidad ni aceptación entre los sociólogos, o los juristas [2]. Aún el concepto de racionalidad que maneja la economía -relevante en términos de los resultados que produce- es diferente de la racionalidad de las otras ciencias sociales, en particular de la psicología -que tiene que ver con los procedimientos que emplean los individuos para tomar las decisiones- [3].
Cada visión tiene implicaciones diferentes, a veces opuestas, en términos de las políticas públicas. Se ha señalado como, a través de la historia, y entre sociedades, existe siempre una gran consistencia entre la manera como se explican los fenómenos criminales y las propuestas para enfrentarlos [4]. En Colombia, por ejemplo, las políticas contra la violencia adoptadas por los últimos gobiernos estuvieron en buena parte determinadas por el diagnóstico hecho por los llamados violentólogos a finales de los ochentas [5]. En el programa de convivencia ciudadana de la capital se percibe, fuera de la herencia de los violentólogos [6], la influencia de los profesionales de la salud pública y de la psiquiatría.
La competencia que se establece entre las disciplinas no tiene entonces como único objetivo la colonización de un segmento del conocimiento. Más tenaz parece ser la lucha por captar la atención del soberano, por seducirlo con un diagnóstico, para que se adopten las políticas públicas acordes con las visiones de cada disciplina.
Para el tema de la violencia, esta competencia parece estéril. Una visión global del fenómeno sobrepasa, con creces, la capacidad actual de cualquiera de las disciplinas envueltas en su estudio. Parecería más recomendable coordinar y complementar esfuerzos que tengan como punto de partida común el trabajo empírico. Nada reemplaza el esfuerzo sistemático por observar la realidad, sobretodo en un área tan rodeada de prejuicios, mitos y misterio como la violencia colombiana [7].
La búsqueda de datos, la recopilación de información, no es neutra conceptualmente. Las visiones del mundo determinan los datos que se consideran pertinentes acerca de la realidad [8]. En estos procesos puede también presentarse cierta competencia entre las distintas disciplinas, pero es claro que hay un mayor margen para el trabajo conjunto. Así, en lugar de poner a competir las teorías de las distintas disciplinas para convencer al soberano de un diagnóstico, de una visión del mundo y de unas soluciones definitivas contra la violencia parece útil encausarlas previamente en la tarea, más modesta, de salir a buscar los datos necesarios para entender lo que está ocurriendo y poder posteriormente contrastar las teorías.
Es en este contexto que se quiere presentar este trabajo, con el cual se pretende complementar, no sustituir, los avances realizados por otras disciplinas sobre la violencia colombiana, con el objetivo último de señalar áreas de investigación indispensables para contrastar hipótesis y evaluar las acciones públicas contra la violencia. Vale la pena entonces tratar de identificar lo que pueden ser los aportes de la economía a la comprensión del fenómeno y, sobretodo, de sus consecuencias. Conviene a su vez empezar por señalar las limitaciones más evidentes de la economía tradicional para el análisis de la violencia.
En forma contraria a su predicamento de disciplina fundamentalmente empírica, buena parte de la economía que realmente se practica es más deductiva que inductiva. Muy convencidos de la bondad del esquema del agente racional maximizador los economistas parecen a veces más interesados en amoldar la realidad a tal esquema que en tratar de entender esa realidad [9]. Parece conveniente reconocer, de partida, que para la interpretación de una violencia tan generalizada como la colombiana el enfoque económico tradicional es deficiente [10]. El desafío que presenta la violencia a varios de los supuestos del modelo de agente racional es tan importante y variado [11] que una discusión al respecto sobrepasa el alcance de este trabajo.
Una segunda limitación de la teoría económica para aproximarse al análisis de la violencia es la de su naturaleza esencialmente ahistórica. Aunque la sucesión de equilibrios familiares a la teoría económica hace referencia al paso del tiempo, esto nada tiene que ver con la historia [12]. El énfasis de la economía en las decisiones que se toman en el margen tiende, por el contrario, a negar la importancia del pasado. Resulta difícil pensar que el esquema de agentes representativos que saltan sin memoria de un equilibrio a otro sea el más indicado para entender a cabalidad algo tan cargado de historia como la violencia colombiana.
Aunque la teoría económica se ha interesado recientemente por las instituciones y el volumen de literatura relacionada con estos temas es ya considerable, el conocimiento acerca de cómo y porqué surgen o evolucionan las reglas del juego en una sociedad es todavía incipiente. Ni siquiera para una de las instituciones más importantes de la teoría económica, la empresa, se tiene actualmente claridad acerca de su manera de operar, o de la lógica de su existencia [13]. Otra institución particularmente apreciada por los economistas, el mercado, continúa siendo una construcción teórica, más normativa que positiva, sin mayor sustancia [14]. Si esta ignorancia se da para arreglos institucionales que están en el centro de las preocupaciones de la disciplina, sería ingenuo pretender aportes significativos de la economía acerca de las instituciones que rodean, o que se ven afectadas por, los asesinatos, los secuestros o las amenazas. O las que surgen de la guerra.
Un aspecto particularmente sensible es el de la disciplina económica como soporte de las políticas públicas o, dicho en otros términos, el de la relación del economista con el soberano. A pesar de la importancia económica de este, el tercer agente, es sorprendente la simplicidad con que tradicionalmente la disciplina lo ha analizado. La precariedad del modelo económico de comportamiento de los agentes del estado es notoria. La economía ni siquiera ha llegado al punto de establecer diferencias entre el soberano que legisla, el que ejecuta y el que juzga [15]. Las caricaturas del planificador o el dictador benevolente con infinita información, idoneidad y sapiencia siguen siendo predominantes, y se empezaron a considerar limitadas y ajenas a la realidad hace tan sólo unos años. Se han logrado avances ampliando el modelo del agente racional a los funcionarios públicos electos que responden a los incentivos de un mercado de votos y a los agentes que tienen mejor información que el principal. Pero en últimas el soberano sigue siendo para la economía una caja negra -tan carente de sustancia como la empresa o el mercado- a la cual le entra información y de la cual salen políticas públicas con las que supuestamente se está maximizando algo parecido a una función de bienestar social. Este esquema de análisis de las instituciones gubernamentales parece particularmente débil en el campo del control de la violencia, en dónde confluyen organismos e instituciones -como las fuerzas armadas, la rama judicial, las mafias, las ONGs, las presiones internacionales- tan variados como disímiles en cuanto a sus objetivos y a sus formas de operación. Es precisamente para las agencias estatales relacionadas con la defensa y la seguridad, para las que se puede considerar que el conocimiento, no sólo económico sino académico, sobre sus objetivos, su organización, sus formas de operación, sus relaciones con el resto del sector público, es más pobre.
En la situación típica de intervención que maneja la economía, el soberano es un agente bien informado sobre el estado del mundo y de alguna manera restringido, por sus preferencias o por los votos, por el interés público. Difícil imaginar algo tan alejado de la realidad como este supuesto en el área de la violencia colombiana, en dónde abundan los mitos y la desinformación y, además, el soberano, sobretodo a nivel local, está sometido a múltiples amenazas y presiones que poco tienen que ver con las preferencias del ciudadano común.
Con el soberano, el economista mantiene una relación peculiar : lo asesora, generalmente, sobre lo que debe dejar de hacer. En contra de la que parece ser la inclinación natural del soberano -gobernar, mandar, legislar, regular, intervenir, gastar y, en últimas, aferrarse al poder- lo que el economista le sugiere normalmente a este, a diferencia de otras disciplinas más inclinadas a la intervención, es que deje actuar los mercados y que sólo los intervenga para corregir las fallas. En el área de la violencia, la posición asesora del economista parece ser, precisamente, la opuesta al tradicional laisser faire y puede por lo tanto pensarse que existen deficiencias serias en su entrenamiento, orientado más al dejar de hacer que al hágase.
De todas maneras, las instancias de intervención gubernamental familiares a los economistas casi siempre constituyen lo que Ronald Coase ha denominado ejercicios de economía de tablero : se supone que toda la información necesaria para la toma de decisiones está disponible y el profesor, en el tablero, hace todo, bajo el supuesto que en el mundo real todo se hará de la misma manera [16]. Difícil imaginar algo más improcedente, e impopular entre los operadores de las políticas, que estos ejercicios de tablero en áreas como el orden público, la erradicación de cultivos ilícitos o el control de pandillas juveniles.
Todavía en el campo de la relación del economista con el soberano, un punto particularmente crítico, y que pone de presente las limitaciones de la economía tradicional para abordar un problema de la magnitud del de la violencia en Colombia, es el relacionado con el monopolio de la coerción en cabeza del estado. Ya en los escritos de Adam Smith, a finales del siglo XVIII, se daba por descontado que el soberano mantenía pleno control sobre la fuerza. Desde entonces la economía neoclásica continuó suponiendo que todos los soberanos son de estirpe anglosajona. Todas y cada una de las intervenciones estatales que maneja la economía presuponen el poder coercitivo del estado sobre los demás agentes. La redistribución de los recursos, por ejemplo, no se da en forma natural, y por lo tanto debe ser coercitiva. Hay relativo consenso en que la solución de una falla de mercado es equivalente a la imposición de una asignación de recursos cooperativa [17] para la cual se requiere, también, de un estado con total poder coercitivo. En las situaciones extremas de violencia, como la colombiana, el supuesto del monopolio de la fuerza en cabeza del estado pierde vigencia. Así, la tarea del economista de aconsejar al soberano se complica o se reduce al absurdo cuando lo que se busca es controlar o quitarle recursos, o imponerle soluciones cooperativas, a unos agentes sobre los cuales el soberano no tiene poder coercitivo [18]. La situación es aún peor cuando se pierde claridad acerca de quien es el verdadero soberano.
Dejando atrás las limitaciones de la disciplina económica tradicional para abordar el estudio de la violencia, vale la pena enumerar sus ventajas, que también son numerosas. Conviene empezar por las más evidentes y unánimemente aceptadas.
Se debe mencionar, en primer lugar, el buen dominio que tiene la economía sobre los métodos cuantitativos. En términos de la capacidad para formalizar y operacionalizar hipótesis que puedan ser contrastadas empíricamente la disciplina económica tiene claramente el liderazgo entre las ciencias sociales.
Lamentablemente no puede decirse lo mismo acerca de la labor, más artesanal, de auscultar directamente la realidad, de recoger la información. El economista normalmente practica la econometría tomando y confiando en los datos que recopila y sistematiza un tercero, por lo general una agencia estatal. De nuevo, la adecuada práctica de la economía depende de la idoneidad del soberano, esta vez en su función de recopilador de estadísticas [19].
Este aspecto, el de la disponibilidad y la calidad de la información es bastante crítico en el campo del crimen y la violencia por dos razones. En primer lugar porque los agentes envueltos en esta clase de intercambios normalmente tienen el mayor interés en que no se registren oficialmente los incidentes. Por otro lado, porque las agencias estatales tradicionalmente encargadas de este registro -los organismos de seguridad, o la rama judicial- no son neutras ante esta labor. Como las cifras sobre crimen o violencia se pueden utilizar como indicadores del desempeño de estas agencias hay, por el contrario, incentivos para la desinformación.
Una limitación del instrumental estadístico como herramienta de soporte para la toma de decisiones en áreas interdisciplinarias como la violencia es la que resulta de no ser este un lenguaje compartido por todas las disciplinas involucradas en su estudio, o entendido por el soberano. Para el economista un argumento técnico basado en un modelo econométrico sofisticado puede ser útil para convencer al soberano en áreas, como por ejemplo la política monetaria, que no sólo son resorte exclusivo de la disciplina sino en las cuales el soberano relevante, probablemente un economista, es sensible a tal tipo de discurso. En el área de la violencia parece arriesgado presuponer que quienes toman las decisiones entienden, o les interesan, tales argumentos.
El segundo posible gran aporte de la economía al estudio de la violencia tiene que ver con la vocación de esta disciplina por el cálculo de los costos. Probablemente una de las contribuciones intelectuales más importantes de la disciplina económica al análisis de los fenómenos sociales ha sido la consideración sistemática de todas las oportunidades alternativas. El concepto del costo de oportunidad, uno de los grandes aportes de la economía, tiene dos componentes. Uno tiene que ver con la conveniencia de ir más allá de los pagos, o costos contables, como factores determinantes de las decisiones. El segundo, la consideración de todas las alternativas, hace énfasis en la conveniencia de adoptar una visión global de las relaciones y de sus posibles repercusiones en otras esferas [20].
En el ámbito del cálculo de los costos como elemento de soporte para la adopción de políticas se pueden distinguir dos instancias. La más elemental, que consiste simplemente en dar una señal de alarma sobre los costos sociales de algún fenómeno y sugerir -desde el tablero- que se haga algo al respecto, se basa por lo general en el inventario de las oportunidades perdidas, en aproximaciones burdas a los órdenes de magnitud y en la identificación de los sectores más afectados. La segunda instancia, bastante más sofisticada, es la relacionada con el análisis costo-beneficio de las distintas opciones de acción pública. Es probable que la principal razón por la cual otras disciplinas solicitan en la actualidad la colaboración de un economista sea la aplicación de las técnicas de costo-beneficio. Sinembargo, en el área de la violencia, la correcta utilización de estas metodologías, también conocidas como de evaluación de proyectos, se enfrenta con inconvenientes prácticos que las hacen casi inaplicables [21].
Ante las dificultades para los análisis costo-beneficio rigurosos, ha aparecido en el país una degeneración de estas técnicas, bastante riesgosa, que se podría caricaturizar de la siguiente manera : el economista se encarga de calcular el costo social de un problema, por ejemplo como proporción del PIB, enciende unas señales de alarma acerca de la necesidad de hacer algo al respecto y queda flotando en el ambiente la idea de que el soberano puede gastar hasta el equivalente de ese monto para tratar de arreglar el problema. El asunto en cuestión se convierte entonces en una disculpa para que las diversas agencias estatales que se consideran aludidas demanden recursos. Tal es el riesgo que se corre en la actualidad en el área de la violencia en el país. El potencial de gasto público que se deriva de las teorías en boga para controlar la violencia es enorme.
Una complicación adicional puede surgir si para el mayor gasto público el soberano debe recaudar nuevos tributos. Sólo cuando el soberano cuenta con un proyecto creíble de acción pública se puede anticipar que no se presentará oposición importante por parte de los contribuyentes. No parecería ser este el caso para el control de la violencia en Colombia. En esta área, por el contrario, el escepticismo de quienes tributan acerca de la capacidad estatal para alcanzar resultados es tan precario que en la última década se ha dado una proliferación de las soluciones privadas a los problemas de inseguridad.
De todas maneras, cuando el estado del arte se encuentra en este punto intermedio en el que ya se han activado las señales de alarma acerca de la necesidad de acción pública ante un problema pero aún no se tiene la capacidad de llevar a cabo un análisis costo-beneficio en forma rigurosa, la economía puede ser útil para ayudar a establecer prioridades de acción pública. Sobretodo por el gran esfuerzo conceptual que históricamente ha hecho esta disciplina por establecer los límites entre lo privado y lo público. En forma más elaborada que otras ciencias sociales la economía puede ofrecer criterios para saber si, ante una determinada situación, es socialmente más eficiente la intervención pública que la libre interacción de los agentes privados. Así, ante un presupuesto estatal limitado que implique la necesidad de optar, en forma excluyente, por dos alternativas de acción pública el economista puede recomendar que se opte por una de ellas con base en el criterio de que la opción alternativa es una acción que se puede privatizar con un menor impacto sobre la eficiencia [22]. Es posible que la importancia que, por ejemplo, le otorgan los economistas a la justicia penal en el control de la violencia surja de consideraciones de este tipo. Una cosa, sinembargo, es la frontera teórica o normativa entre lo privado y lo público y otra distinta la que se puede dar en la realidad. En el área de dos de los bienes públicos por excelencia, la seguridad y la justicia, que para el economista están muy relacionados con el control de la violencia, lo que se observa en el país está bastante alejado no sólo de lo que dice cualquier libro de texto sino de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades desarrolladas. En forma contraria a lo que debería estar pasando, se está dando en Colombia una progresiva y generalizada privatización en el suministro de tales bienes públicos. Así, la recomendación económica más elemental, que el soberano sea quien garantice la seguridad y administre la justicia, aparece en el país totalmente desvirtuada por los hechos.
El haber señalado las limitaciones que presenta la teoría económica para el análisis de la violencia no se debe tomar, ni mucho menos, como una invitación para abandonar la búsqueda de teorías económicas que permitan aproximarse al fenómeno. O para ignorar por completo aquellas basadas en el supuesto de escogencia racional. Los modelos, o caricaturas de la realidad, que maneja la economía, si bien son inadecuados para incorporar todos los matices de interrelaciones sociales tan complejas como la violencia, pueden ser extremadamente útiles para aproximarse al problema, o para desafiar las teorías existentes. Precisamente por su simplicidad los modelos económicos ayudan a organizar el análisis y la recolección de información en forma tal que se puedan contrastar hipótesis y se obtengan sugerencias de acción pública. Gracias a la manía de los economistas por plantear y contrastar modelos se han logrado en los últimos años considerables avances en el diagnóstico de la violencia colombiana. En particular es bastante sólida la evidencia empírica que se ha ofrecido en contra de las aproximaciones tradicionales acerca de las relaciones entre el entorno socioeconómico y la violencia. Varios ejercicios econométricos -realizados tanto a partir de la evolución de las muertes violentas en Colombia en las últimas dos décadas, como con base en su estructura espacial en la actualidad- permiten ahora desafiar la noción, tan arraigada en nuestro medio, que la pobreza, la inequidad, la falta de educación y de oportunidades son los factores que determinan la violencia [23]. Estos trabajos también han contribuído a fortalecer la idea de que la justicia penal juega algún papel en el control de la violencia.
Ante la tarea de avanzar en la generación de conocimiento y en la elaboración de modelos explicativos de la violencia que permitan orientar y hacer más efectiva la acción estatal se pueden plantear, para la disciplina económica, dos estrategias. La primera consiste en enriquecer el enfoque económico, haciendo más complejo y realista el modelo, con base en los elementos más pertinentes del diagnóstico de las otras disciplinas sociales. La segunda consiste en suministrarle a las otras disciplinas esas pocas "verdades simples pero valiosas que la economía puede ofrecer" [24] para que complementen su diagnóstico y se avance en la dirección de encontrar puntos de acuerdo en términos de las políticas públicas. Si se tiene en cuenta que la tradición colombiana en materia de control de la violencia ha sido la de un soberano asesorado por disciplinas no sólo lejanas a la economía, sino contrarias a sus postulados básicos, esta segunda estrategia es particularmente importante. Parece indispensable que los economistas salgan a predicar las pocas verdades de las cuales están convencidos desde Adam Smith y que, además, han recibido un sólido respaldo empírico. Una de esas verdades es que, en buena medida, la gente escoge su ocupación con base en los ingresos. La otra es que existe una relación negativa entre el precio y la cantidad demandada. Como argumenta Coase, el economista debe salir a transmitir su habilidad para detectar esas realidades, aunque aparezcan disfrazadas en variados empaques. "El castigo, por ejemplo, se puede ver como el precio del crimen. Un economista no entrará a debatir si aumentar el castigo reducirá el crimen : simplemente tratará de responder la pregunta, en cuanto ?" [25].
El problema es que, ante la progresiva sofisticación y formalización de sus herramientas, los economistas colombianos parecen cada vez más interesados en discutir, entre ellos, los asuntos sobre los cuales todavía se sabe muy poco mientras que, simultáneamente, dejan abandonadas a su suerte esas dos o tres verdades económicas tan simples que no se necesita ser economista para entenderlas. Y que son las que precisamente brillan por su ausencia en la discusión de las políticas públicas [26]. En el área del control de la violencia en Colombia los economistas no han logrado convencer al soberano, y a un buen número de disciplinas a su alrededor, de uno de sus postulados básicos : que los incentivos afectan los comportamientos y que las sanciones, como incentivos negativos, contribuyen a controlar ciertas conductas. Por el contrario, se dejó afianzar la idea de que para hacer cumplir la ley las sanciones son inoficiosas.
[1] Coase (1994)
[2] Ver una excelente síntesis del debate entre el enfoque de escogencia racional, el modelo del "homo economicus", y las explicaciones sociológicas del comportamiento en Vanberg (1994)
[3] Se habla entonces de la racionalidad sustantiva de la economía versus la racionalidad procedimental de la psicología. Ver por ejemplo Herbert Simon "Rationality in Psychology and Economics" en Hogarth R & Melvin Reder (1987)
[4] Miller (1973) " Ideology and Criminal Justice Policy : Some current Issues" Journal of Criminal Law and Criminology citado por Barlow (1995)
[5] ver Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995)
[6] Sobretodo en lo relacionado con el diagnóstico de que el grueso de la violencia lo constituyen los muertos de la calle, los de las riñas, los de la intolerancia.
[7] Refiriéndose a su campo, la economía industrial, Ronald Coase hace las siguientes anotaciones que parecen muy pertinentes para un área como la violencia colombiana. "What we need is more empirical work... an inspired theoretician might do as well without such empirical work, but my own feeling is that the inspiration is most likely to come through the stimulus provided by the patterns, puzzles and anomalies revealed by the systematic gathering of data, particularly when the prime need is to break our existing habits of thought" Coase, Ronald (1990), 71
[8] "The road from scientific law to scientific measurement can rarely be traveled in the reverse direction. To discover quantitative regularity one must normally know what regularity one is seeking and one's instruments must be designed accordingly " Thomas Khun (1977) "The Function of Measurement in Modern Physical Science" citado por Coase (1994)
[9] Francisco Thoumi, uno de esos pocos economistas colombianos que simultáneamente conoce la teoría económica y reconoce sus limitaciones, señala con buen sentido que cuando a alguien se le enseña a manejar muy bien un martillo, y usa con éxito esa herramienta, pero sólo esa, corre el riesgo de acabar viéndole a todos los problemas cara de puntilla.
[10] Pretender que, por ejemplo, los innumerables enfrentamientos armados que se están dando actualmente en Colombia son el resultado de un análisis detallado de todas las posibles alternativas de acción por parte de individuos racionales que tratan de maximizar su bienestar individual es una explicación bastante pobre. Lo mismo puede decirse acerca de la aplicación del modelo a todos los colombianos que insisten en resolver sus conflictos sin recurrir a las armas.
[11] Se puede mencionar la noción misma del equilibrio, esencial en el análisis económico, o el supuesto del intercambio libre y consensual, o el del agente representativo que actúa en una situación repetitiva y de competencia, o la noción de perfecta información, o la de las preferencias estables y exógenas, o el supuesto de que los agentes entienden a cabalidad el entorno bajo el cual toman las decisiones.
[12] "To be willing to limit the aspirations of economic science to the study of the steady states of adaptive processes is presumably to view vast realms of apparent rapid change as either unimportant or illusory; it is to join with the writer of Ecclesiastes in maintening that "there is no new thing under the sun". .. It is the appearance of stability that is illusory; just look a little closer or wait a little longer" Sidney Winter (1987) "Comments on Arrow and on Lucas" en Hogarth & Reder (1987)
[13] La empresa sigue siendo una caja negra a la cual entra el "input" y de dónde sale el "output" de acuerdo con criterios de optimización que son ajenos aún al lenguaje de los empresarios.
[14] "Even more surprising, given economists' interest in the pricing system, is the neglect of the market or more specifically the institutional arrangements which govern the process of exchange.. .The ex-communist countries are advised to move to a market economy, and their leaders wish to do so, but without the appropiate institutions no market economy of any significance is possible. If we knew more about our own economy, we would be in a better position to advise them" Coase (1994)
[15] Para no hablar de agentes del soberano tan disímiles como un maestro, un policía, o un fiscal y para los cuales el aspecto del comportamiento que el economista considera relevante es, en el caso más realista, la información que le ocultan al soberano.
[16] "He fixes prices, imposes taxes, and distrbutes subsidies (on the blackboard) to promote the general welfare. But there is no counterpart to the teacher within the real economic system. There is no one who is entrusted with the task that is performed on the blackboard. In the back of the teacher's mind (and sometimes in the front of it) there is, no doubt, the thought that in the real world the government would fill the role he plays. But there is no single entity within the government which regulates economic activity in detail, carefully adjusting what is done in one place to accord with what is done elsewhere" Coase (1990)
[17] Que solucione el llamado dilema del prisionero al cual se pueden asimilar, en últimas, todas las situaciones en que falla el mercado. El dilema del prisionero es la caricatura más aceptada acerca del problema que frecuentemente se presenta entre la búsqueda del beneficio individual y el bienestar colectivo y que se soluciona con la adopción de soluciones cooperativas. Estas soluciones se logran estableciendo una norma, y sancionando a quien la incumple, o por medio de contratos privados para los que también se requiere de un tercer agente que los haga respetar. El desafío tradicional a la noción de que se requiere de un tercer agente para corregir una falla de mercado es, en el caso de las externalidades, el llamado Teorema de Coase : sin costos de transacción los agentes envueltos en el conflicto negociarán la solución socialmente eficiente. Aún en este caso se requiere de un estado, con poder coercitivo, que defina y proteja los derechos de propiedad y haga cumplir los contratos. Ver por ejemplo Coleman (1990)
[18] Es en este contexto que se debe entender el escaso debate económico que se ha dado en Colombia alrededor de, por ejemplo, la evasión tributaria por contrabando o en los mercados grises como las esmeraldas y el juego del chance, o las transferencias fiscales que acaban en las arcas de la guerrilla.
[19] El punto de la disponibilidad de cifras, que suena trivial, es relevante para entender las áreas sociales que, en últimas, han acaparado la atención de los economistas colombianos. Parece claro que la carencia de estadísticas oficiales ha tenido en el país como efecto el abandono de ciertos temas por parte de la disciplina. No de otra manera se explica el marcado desinterés por asuntos de clara naturaleza económica, como el narcotráfico, pero que, por su carácter ilegal, no aparecen en los registros estatales. Tampoco de otra manera se explica la sobre oferta de estudios monetarios y sobre inflación. Dada la limitada capacidad de la economía para observar la realidad con elementos distintos de la estadística oficial, si al soberano no le interesa un fenómeno, o lo considera ilegal, para el economista ese fenómeno parece no existir. Tal podría ser el caso de la violencia en Colombia. En la tarea, también artesanal, de examinar y eventualmente corregir la calidad de la información es también muy deficiente la formación del economista, que tendría mucho que aprender de otras disciplinas, como la demografía o la epidemiología.
[20] Hay dos elementos del enfoque de costos de los economistas que han sido criticados por los psicólogos (1) El énfasis puesto en los costos marginales, o sea la supuesta irrelevancia de los costos históricos Thaler (1987) y (2) la noción que las preferencias dependen tan sólo de las diferencias relevantes entre opciones y no de la denominación de estas diferencias. Tversky y Kahneman (1987)
[21] Los principales obstáculos para la aplicación de las metodologías de costo/beneficio serían : (1) un marco conceptual bastante restrictivo -como la disponiblidad de un modelo que permita predecir el efecto total de los proyectos-, (2) las enormes dificultades de cálculo -como el de los precios sombra- y, (3) de nuevo, la supuesta existencia de un planificador idóneo, dispuesto someter a evaluación todas las alternativas disponibles y perfectamente informado acerca del estado del mundo, antes y después de los proyectos, y acerca de la función de bienestar social. "One could imagine a planner who is endowed with information on the working of the entire economy and well informed about possible projects who could calculate the level of social welfare associated with any possible course of action ... Private agents behave systematically, in response to a vector of signals summarising all the relevant variables affecting their behaviour. Thus, given the vector of signals, called the environment, one knows exactly how a private agent will respond e.g. his net demands or supplies and his level of utility or profit" Dreze y Stern (1987)
[22] Lo anterior no implica que se considere más deseable, o más necesaria para la comunidad, una de las dos alternativas. Si un gobierno local, por ejemplo, tiene fondos suficientes únicamente para fabricar alimentos o para el alumbrado público la recomendación del economista, que el gobierno provea el alumbrado público, no significa que se considere la producción de alimentos menos importante. Se basa en la predicción que algún empresario fabricará los alimentos mientras que el alumbrado público si no lo provee el gobierno no será ofrecido por ningún empresario privado.
[23] ver por ejemplo Gaitán (1994), Montenegro y Posada (1995), Yepes (1997)
[24] Coase (1994)
[25] Coase (1994). Traducción propia.
[26] En Colombia lo que ha logrado la economía en la tarea de convencer al soberano, o a las otras disciplinas, o a los medios de comunicación, o a la opinión pública, de las ideas básicas y elementales de la disciplina es deplorable. No se ha podido, por ejemplo, vender la idea de que los mecanismos de precios son más eficientes que los racionamientos. Tampoco se ha podido convencer a nadie por fuera del gremio que la búsqueda de eficiencia, o la recomendación de dejar actuar los mercados, no es un complot contra los pobres. Nadie cree que si el estado no cobra por ciertos servicios, como la seguridad o la justicia, el suministro será deficiente.