Del rapto a la pesca milagrosa
Breve historia del secuestro en Colombia
El monstruoso uso del plagio para obtener réditos políticos hecho por Escobar no es un incidente aislado en la historia del secuestro en Colombia. Se trata, por el contrario, de la caricatura, evidentemente extrema, de buena parte de los diálogos, negociaciones y procesos de paz que en las últimas dos décadas se han dado en el país con diversos grupos armados y que han estado inextricablemente ligados al secuestro. Con un secuestro se iniciaron, o con un secuestro acabaron, varios diálogos y esfuerzos por buscar la paz con los grupos armados. Por otro lado, a lo largo de tales procesos uno de los principales obstáculos ha sido el tema de los secuestros, importante fuente de inconsistencias y tal vez la mayor fuente de ilegitimidad de las negociaciones. El dilema básico que han enfrentado los distintos gobiernos ha sido la necesidad de rechazar y condenar públicamente la práctica del secuestro y, simultáneamente, mostrarse abiertos al diálogo con los autores de tal conducta.
La toma de la embajada de la República Dominicana por parte del M-19 fue percibida por sus miembros como el paso inicial y definitivo para los diálogos de los insurgentes con el Estado colombiano. “Cuando la oligarquía no puede solucionar el problema de la Embajada, el M-19 plantea por primera vez una propuesta de paz. Es cuando Jaime Bateman plantea “el problema de la Embajada lo resolvemos en cinco minutos, pero sentémonos a hablar de los problemas del país” … Por primera vez en Colombia, después de 25 años, la palabra paz, la palabra negociación vuelve a estar en la boca de los colombianos y es el movimiento armado el que levanta, desde posiciones de dignidad y desde posiciones de fortaleza el problema de la paz”. (Entrevista a Alvaro Fayad en Álape 1985) p. 332 ).
Es difícil desconocer la asociación entre este incidente y un giro en el tratamiento penal contemplado para los grupos subversivos. De acuerdo con el mismo Alvaro Fayad, parte integral de la negociación de la Embajada incluyó, además de la aceptación de una veeduría de Amnistía Internacional al Consejo de Guerra, “un llamado a la OEA para que el Comité de Derechos Humanos haga un juicio sobre Colombia” (Álape 1985 p. 332).
También se puede situar allí el inicio de sucesivas conversaciones con los grupos subversivos para la búsqueda de la paz. El 23 de Julio de 1980, o sea menos de tres meses después del desenlace de la toma de la Embajada (abril 27) el Gobierno Turbay, que dos años antes había expedido el severo y controvertido Estatuto de Seguridad, presentaba al Congreso un proyecto de Ley por el cual se concedía una primera amnistía condicional, que después de varios cambios y modificaciones condujo a la ley de Amnistía de la Administración Betancur (Ley 35 de Noviembre de 1982), que es la que abrió la puerta a los procesos de paz. También en la Administración Turbay se creó una primera Comisión de Paz. Esta comisión propuso una amnistía que cobijaría a los militantes del M-19 y “que se haría extensiva a los delitos conexos con la sedición (extorsión y secuestro)”. Después de discusiones con diferentes sectores políticos y militares, el presidente Turbay rechazó el proyecto por considerar que “contravenía ‘la conducta que el ejército ha observado durante los últimos cuatro años’” [1].
Uno de los puntos críticos para el reconocido fracaso de la propuesta inicial de amnistía de la administración Turbay –no se entregó ningún guerrillero- era que no abarcaba los llamados delitos atroces, como el secuestro. Al respecto es interesante un diálogo entre Jaime Bateman (JB) y la periodista Alexandra Pineda (AP) el mismo día en que se vencía el plazo para la amnistía de Turbay y el primero enviaba, con el popular presentador de TV Fernando González Pacheco, una exigencia de “amnistía general y son condiciones”. AP “le anoté que el presidente Turbay Ayala había reiterado, al reconocer el 20 de Julio la rotunda inoperancia de la ley de amnistía, que era preferible para el país soportar ese fracaso que haber sacrificado los valores morales de la Nación al perdonar los llamados delitos atroces, como el secuestro y la extorsión”. JB “Ellos los llaman delitos atroces y como tal los consideran pero son acciones inherentes a la guerra. La guerra se hace así”(Villamizar 1995 p. 131).
El gobierno de Belisario Betancur presentó un nuevo proyecto de amnistía, más amplia y con mayor respaldo político que la de los frustrados intentos anteriores. La ley 35 del 19 de noviembre de 1982, prescribía: Artículo 1. Concédese amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la presente ley. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, entiéndase por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos u ocultarlos.
Este nuevo esfuerzo, fue criticado en los medios por haber estimulado una escalada de la violencia y del secuestro. “Una de las críticas que se le han hecho al gobierno de Belisario Betancur es la de no haberse dotado con anticipación de los mecanismos legales y militares que permitieran enfrentar debidamente las consecuencias que previsiblemente se desprenderían de la amnistía. Se decía que una vez levantado el Estado de Sitio, y liberados antiguos combatientes guerrilleros de las cárceles, el país quedaría desarmado ante una nueva escalada de violencia. Esta efectivamente se dio, no sólo por parte de los grupos armados sino también, y en forma nunca antes vista, por parte de la más burda delincuencia común.” [2].
Tampoco fue bien acogido inicialmente por el M-19, básicamente porque insistían en que el tratamiento de los detenidos políticos era un asunto secundario. La reticencia del M-19 para acogerse a la amnistía de Betancur –que incluso habría sido discutida en Panamá entre Bateman y el ponente de la Ley, Germán Bula Hoyos (Villamizar 1995, p. 311)- se originaba en dos asuntos que posteriormente se volverían constantes como obstáculos para las negociaciones de paz: (i) la visión de que la paz debe entenderse como la búsqueda de soluciones a buena parte de los problemas del país y (ii) la percepción de que el poder militar –y paramilitar- está por fuera del control civil y atenta contra el diálogo. (Villamizar 1995). Como lo resume Palacios (2001, p.44) “Para el M-19, la oferta no fue creíble. Sus dirigentes entendieron que Betancur quería ´robarse la bandera de la paz´”.
De todas maneras, la iniciativa sí permitió un acercamiento con las FARC. En los Acuerdos de la Uribe firmados con esta última agrupación se “condenaba y desautorizaba” el secuestro. De acuerdo con el Artículo 2, “las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas”.
Sin embargo, de manera sorprendente, en estos acuerdos se había evadido la discusión crítica de los secuestros ya realizados. En particular, no se había enfrentado adecuadamente la cuestión de la liberación de los secuestrados por parte de este grupo armado. “El tema (el secuestro) casi había dejado de debatirse hasta que se produjo la firma del pacto de La Uribe entre la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC. En ese momento, la opinión nacional empezó a entender que uno de los puntos más polémicos que debían entrar a discutirse era, precisamente, el de los secuestros. Si la reforma agraria era, para las instituciones y la clase dirigente, la piedra en el zapato de la paz, para las guerrillas, en especial para las FARC, lo eran los secuestros.” Semana, No. 113, julio 30 de 1984, “¿Dónde están los secuestrados?”. “La cuestión no sólo consistía en saber si las FARC y las otras fuerzas guerrilleras que eventualmente pudieran entrar a participar en la tregua, iban a soltar a sus secuestrados. El debate llegaba más lejos: había que establecer si el medio centenar de secuestrados atribuidos por el Ejército a los grupos guerrilleros estaban efectivamente en manos de ellos y, más específicamente, si los 31 atribuidos a las FARC habían sido en realidad raptados por esta fuerza” [3].
En 1984 se suscribieron acuerdos de tregua bilateral con las FARC, el M-19, el EPL y la Autodefensa Obrera (ADO). Aunque tales acuerdos implicaban alto al fuego por parte del las Fuerzas Armadas y el cese de ataques por parte de la guerrilla, el cumplimiento fue difícil. Hubo asesinatos de activistas, y campamentos guerrilleros fueron atacados. Por su parte, la subversión realizó tomas armadas de municipios y no cesaron los secuestros. El M-19 instaló campamentos de milicias urbanas en las principales ciudades. Así, en 1985 se rompieron los acuerdos con el M-19 y el EPL. Con las FARC se mantuvieron hasta 1987 [4].
De todas maneras, el ambiente de diálogo con la administración Betancur llevó a varios de los líderes de los grupos guerrilleros a rechazar públicamente este mecanismo. “[…] ya las FARC lo habían (condenado) hecho, desde marzo del 83, llamándolo "método impropio de revolucionarios"; el EPL, que llegó a las negociaciones de tregua manteniendo en su poder a un número no determinado de secuestrados y se jactó de ello por boca de Oscar William Calvo explicando que eran "sólo ricos", los dejó en libertad y ahora asegura haber abandonado esa fuente de financiamiento. El M-19, en su conferencia de Los Robles, condenó el secuestro y pidió la liberación de los secuestrados, y así lo reiteró su enviado Carlos Alonso Lucio en la reunión de balance del Diálogo Nacional celebrada en Bogotá el 21 de febrero. Sólo el ELN, que no ha firmado los pactos de la tregua, sigue ufanándose de practicar secuestros en diversas regiones del país. Y otro tanto hace el frente Ricardo Franco, disidencia de las FARC, especialmente en el Valle y en el Cauca” [5].
Tal tipo de declaraciones, se dio en medio del marcado incremento que se percibía en el número de secuestros. Su estrategia de paz (la de Betancur) ha determinado, en 1984 y el primer trimestre de 1985, una sustantiva disminución de los enfrentamientos armados en la mayor parte del país pero simultáneamente se ha presentado un dramático incremento del secuestro y la extorsión”. (Entrevista con Luis Carlos Galán en Álape 1985, p. 436). Esto llevó a situaciones extrañas como la división interna de los grupos armados por motivo de dicha práctica . “Los temores de la Comisión no eran infundados. El Estado Mayor había hecho esa condena sin consultar a las bases, o sea a cada uno de los frentes que, según fuentes militares, deben recolectar cada año alrededor de 140 millones de pesos para la financiación del movimiento. De ser esto cierto, los frentes de las FARC no podían estar muy contentos con la condena al secuestro hecha por su Estado Mayor, ya que está claro que esa actividad ha sido durante años uno de los principales métodos de financiación de las FARC … De ahí que el (grupo disidente) de Ricardo Franco, que ha condenado a muerte a Jacobo Arenas, miembro del Estado Mayor, se haya dedicado al secuestro, como un medio para sabotear, a nombre de las FARC, el proceso de paz.. [6].
También se dio un incremento en los casos de autoría dudosa, o cruzada, entendida como la situación en la cual el grupo autor de un secuestro busca hacerlo aparecer como realizado por otro grupo. Un caso digno de mención es el del plagio de Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente. “Un grupo de compañeros … realizan la retención de Jaime Betancur. .. Estaba planteado retener a un dirigente político de reconocimiento nacional al que la población le tuviese especial afecto, y eliminar ese personaje y luego hacer aparecer ese hecho ante el pueblo como una acción realizada por la derecha porque consideraba esa persona peligrosa por sus inclinaciones a favorecer a los sectores más desprotegidos” (Testimonio de Gabino, líder del ELN en Medina 1996 p. 149).
Paralelamente, la consolidación de los delincuentes comunes como autores de secuestros. “Este grupo disidente (Ricardo Franco) opera en Bogotá, Cauca y el Valle y, según informes obtenidos por SEMANA, suele utilizar delincuentes comunes a sueldo para apoyar sus acciones” [7]. Atrás quedaban las épocas de los plagios reivindicados públicamente; el misterio se instalaba en la naciente industria. El complejo, y poco discutido, tema de la autoría de los secuestros en las estadísticas oficiales se analiza en otra parte. Por el momento vale la pena transcribir el comentario de Gabriel García Márquez cuando empezaba a hacerse protuberante el lío de los secuestros misteriosos –en términos de autor y de motivación- que tenían como notorio antecedente el caso de Gloria Lara de Echeverri [8]. “Hay grupos guerrilleros que han secuestrado durante la tregua y dicen que no secuestran. Hay grupos que no han secuestrado y los militares dicen que sí secuestran … Con todas las comisiones, subcomisiones, delegados, subdelegados, amigos que ayudan, gente que hace los mandados, guerrilleros que quieren hablar, guerrilleros que no son guerrilleros, sino delincuentes comunes, delincuentes comunes que no son delincuentes comunes sino guerrilleros (y esta es una confusión no sólo deliberada, sino estimulada por poderosos enemigos de la paz). Ya no se sabe realmente quién está manejando la paz, ni en qué punto está”. (Entrevista a García Márquez en Álape 1985, p. 572)
En 1985 se volvió a proponer un indulto que esta vez excluía los delitos del secuestro y la extorsión: la Ley de indulto Nº 49 del 4 de julio de 1985 . Artículo 1. Autorízase al Presidente de la República para que, con base en las facultades que le confiere el ordinal cuarto del artículo 119 de la Constitución, conceda indultos con sujeción a las siguientes reglas: 1. El indulto sólo podrá cobijar a los condenados mediante sentencia ejecutoriada por los delitos de rebelión, sedición y asonada. 2. El indulto podrá extenderse a los delitos conexos con los anteriores, por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos, con excepción del secuestro, la extorsión, los delitos tipificados en el decreto extraordinario 1188 de 1974 (estupefacientes) y el homicidio fuera de combate, si se hubiere cometido con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación.
Teniendo en cuenta el carácter generalizado del secuestro por parte de los grupos guerrilleros, no se hicieron esperar las críticas desde el proyecto de ley que excluía a la gran mayoría de guerrilleros. “La exclusión del secuestro, dice Oscar William Calvo del EPL, vuelve inocuo el indulto para todos y cada uno de los miembros de su grupo, empezando por él, que declaró en la puerta del Palacio de Nariño, y ante la televisión, que e EPL mantenía secuestrados. ‘Yo tendría que arreglar mi mochila e irme p'al monte’: dice Calvo” [9].
La asociación entre los diálogos de paz y los secuestros es nítida en el M-19, por ejemplo, al complicarse la negociación de lo que se había iniciado como un claro secuestro económico, el de Camila Michelsen. Para este incidente, como es común, existía también una justificación política: como una retaliación a la muerte de Iván Marino y una especie de juicio a su padre, el banquero Jaime Michelsen “quien en su bancarrota había estafado a los ahorradores y puesto en crisis al sistema financiero del país … Luego de la crisis, Michelsen huyó. Estaba fuera del país y no daba señas de querer negociar ni enfrentar la situación. Este hecho era el fundamento político de la operación” (Grabe 2001 pp. 248 y 318). Así, se buscó darle a la liberación la connotación del inicio de un gran diálogo nacional. Con la liberación se planteaba “la necesidad de paz y diálogo, proponíamos treinta nombres de personas conocidas, para que iniciaran conversaciones entre las fuerzas institucionales, sociales, políticas, no institucionales en busca de una solución a la crisis. Entre las personas propuestas figuraban un locutor deportivo, artistas, empresarios, demócratas, sacerdotes, periodistas, exmilitares, ecologistas, políticos, deportistas, el exprocurador … y la propia Camila” (Grabe 2001 p. 320). Posteriormente, fue el plagio del líder conservador Alvaro Gómez lo que permitió retomar las conversaciones que se habían interrumpido de manera tajante con otra captura de rehenes, la toma del Palacio de Justicia. Aunque la versión oficial de estos eventos pretende minimizar la asociación entre el secuestro de Gómez y el reinicio de las negociaciones con el M-19 es claro que allí hubo algo más que una coincidencia en las fechas de los eventos. Al interior del M-19 parece claro que este fue un punto de quiebre. “ Existe una discusión en torno a lo que marcó nuestro paso hacia la paz: si fue la tragedia del Palacio de justicia o la retención de Alvaro Gómez. A mi manera de ver, lo ocurrido en Palacio mostró los límites; lo de Álvaro Gómez significó abrir el camino” (Grabe 2001 p. 330). Paradójicamente, el incidente hacía parte de la nueva estrategia de “guerra a la oligarquía” pero fue claro que abrió dos vías de acercamiento: con el llamado establecimiento a través de la familia y los amigos de una persona muy influyente, y con el mismo gobierno. Para este último, aunque incómodo con el riesgo de “confundir el diálogo con la guerrilla con un regateo sobre el pago de un rescate” el plagio y posterior liberación de Álvaro Gómez “restableció un nuevo aire para un proyecto de paz con un renovado interés” (Pardo 1996, p. 91)
La decisión de marginarse de este nuevo proceso de paz correspondió esta vez a las FARC, y no estuvo exenta de “acciones armadas encubiertas”, incluyendo secuestros, orientadas a sabotear las conversaciones. Pardo (1996, p. 136) relata el caso de un ganadero secuestrado por las FARC cerca de Purificación, con todo el montaje necesario para hacerlo aparecer como una acción del M-19 susceptible de dañar las conversaciones.
Luego del ataque militar a Casa Verde, el santuario de las FARC, y de su ausencia, con el ELN, en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, a finales de Abril 30 de 1991 una delegación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) irrumpió en la sede de la embajada Venezolana en Colombia. El 3 de Junio siguiente se reiniciaban los diálogos entre el gobierno y la CGSB en Caracas [10]. La reanudación de las negociaciones en Tlaxcala, en marzo de 1992, se rompió con otro secuestro, el del ex ministro Argelino Durán Quintero.
El largo y tortuoso proceso de paz del gobierno Pastrana se inició, tanto con las FARC como con el ELN, con sendos secuestros ocurridos en las postrimerías de la administración anterior. La propuesta de la Convención Nacional de Paz -que conduciría al pre acuerdo de Viana firmado por el ELN con la administración Samper en Madrid y al Acuerdo de Puerta del Cielo- se lanzó con la liberación de dos funconarios internacionales enviados por la OEA como observadores de la elecciones de Octubre de 1997. Los antecedentes del proceso de paz con las FARC, y el establecimiento de una zona de despeje, se pueden situar en agosto de 1996 con la toma de la base militar de las Delicias y la retención de 60 militares por el Bloque Sur. Luego de capturar otro grupo de rehenes –10 infantes de marina en el Chocó- es cuando las FARC plantean como requisito para iniciar la negociación sobre los rehenes el despeje militar de una zona al sur del país.
Los fallidos esfuerzos de diálogo con el ELN, y luego las más avanzadas negociaciones con las FARC, que incluyeron una zona de despeje, terminaron abruptamente con dos plagios. Pocas horas después del secuestro, el 20 de Febrero de 2002, del avión de Aires y del dirigente político Jorge Eduardo Gechem Turbay el presidente Pastrana anunciaba que “hoy mismo voy a romper el proceso con las FARC”. Terminaba la zona de despeje, se autorizaba la entrada de las Fuerzas Armadas al Caguán, se derogaba el estatus político a las FARC y se solicitaba a la Fiscalía la reactivación de las órdenes de captura contra sus líderes. “Usted, Marulanda (Tirofijo), ha convertido la zona de despeje en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas y en un depósito de dinamita y carros robados”, declaraba después en la TV [11]. Tres años antes, el proceso estuvo a punto de romperse por el secuestro y posterior asesinato de tres indigenistas norteamericanos [12] . Por otra parte, es a raíz del secuestro colectivo de la Iglesia de la María, en Cali, pero sobre todo al saber que se cobraría rescate monetario por la liberación de los secuestrados, que el gobierno Pastrana decide romper el diálogo con el ELN; retiró el reconocimiento político y advirtió a los países amigos que “cualquier contacto que se tenga con el ELN supondrá una relación con un grupo terrorista” [13].
La asociación entre los diálogos y los secuestros está tan consolidada en el país que tal tipo de incidentes se toman a veces en los medios como indicios inequívocos de paz. “El secuestro de monseñor José de Jesús Quintero alienta los primeros esfuerzos de pacificación de la zona” [14].
Fuera de esta perversa asociación que, en Colombia, ha configurado al plagio como una eficaz disculpa para sentarse o pararse de las mesas de negociación, un punto aún más delicado de manejar lo constituye el dilema moral, insoluble, de dialogar con grupos que, simultáneamente, mantienen civiles secuestrados [15].
El desarrollo de las conversaciones de las FARC con el gobierno Pastrana, por ejemplo, estuvo permanentemente contaminado por incidentes de secuestro. Como señala Otty Patiño, ex-dirigente del M-19, en una de sus columnas: “La mayoría de los crímenes de las Farc que debilitaron gravemente el proceso ocurrieron fuera de la zona de despeje: el secuestro y muerte de los misioneros norteamericanos en la zona limítrofe con Venezuela, el secuestro colectivo de los residentes de un edificio en Neiva, el secuestro y muerte de la Cacica en el departamento del Cesar, el secuestro y muerte de varias personas en la carretera Pasto-Tumaco, poco después de haber pactado la suspensión de los secuestros colectivos. Y la gota que rebosó la copa: el aparatoso secuestro del senador Gechen Turbay en un avión comercial. El hecho más grave que ocurrió en las inmediaciones de la zona de distensión fue la masacre aleve de la familia Turbay Cote, hecho que estuvo precedido por el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote. De modo que fue el secuestro, no el despeje, lo que mató el proceso con las Farc. Si Pastrana hubiese clausurado las negociaciones declarando la imposibilidad de adelantar un proceso de paz en medio del secuestro, esa verdad oficial hubiese sido más real y más útil” [16].
Para tragarse ese sapo ha sido necesario que las partes recurran al cinismo, que puede ser burdo: “en el momento no tenemos civiles en nuestro poder” afirmaba en Septiembre de 1999 el Mono Jojoy [17]; “las FARC, por principio, están en contra del secuestro” declaró ante la prensa internacional Raúl Reyes Reyes [18]. Pero también ha sido elaborado, como en las declaraciones de Antonio García explicando el mensaje que se quería lanzar a la sociedad con los secuestros masivos del avión de Bucaramanga y La María en Cali. “era un momento de fuertes matanzas, los paramilitares … sólo respondían con el aniquilamiento físico, y el ELN, con sus operaciones militares (los secuestros), enviaba el mensaje subliminal de que podía actuar por tierra, agua y aire sin una sola víctima mortal. Nuestro comportamiento es ético” [19].
También puede dar lugar a embarazosas contradicciones. Al respecto una de las mayores muestras de incoherencia se dio cuando, al romper las negociaciones con el ELN por el hecho que el secuestro de La María no era político sino también económico, un periodista le pregunta a Andrés Pastrana por qué seguía en conversaciones con las FARC que aún mantenían rehenes pidiendo un rescate monetario, ante lo cual Pastrana tiene que responder que la gravedad radica en que “fueron calificados como secuestros con propósitos políticos al comienzo y que luego se han convertido en secuestros con propósitos extorsivos” [20].
A veces se ha fingido ignorar el problema, callándolo. Entre Octubre de 1999 y Junio de 2000 la “Mesa de Negociación gobierno Colombiano - Farc-Ep” expide 18 comunicados, con un total de cerca de 13 mil palabras en los cuales no se menciona ni una sola vez la palabra secuestro (ni plagio, ni retención, ni rescate, ni rehén, ni víctima). Por el contrario, en 26 oportunidades se hace referencia a los cultivos ilícitos, 9 a la coca, 45 al desarrollo y 51 a la paz. Después de estos comunicados se alude tangencialmente al tema en un “Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP para el intercambio de enfermos” en dónde tampoco se utiliza el desafortunado término sino que se habla “de los soldados y policías en poder de las FARC EP”. Ni siquiera en la “Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia” que contiene “Reformas a la Justicia, lucha contra la Corrupción y el Narcotráfico” se introduce el vocablo. El término secuestro aparece solamente en la “Recomendación de la Comisión de Personalidades a la Mesa de Diálogo y Negociación” abogando por el cese de la práctica pero de manera protegida: “El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las FARC-EP, estudiará mecanismos de financiación que permitan atender a las necesidades de subsistencia de los combatientes de la insurgencia durante el período de tregua”. Como respuesta a esa recomendación, en el “Acuerdo de San Francisco de la Sombra para concretar y consolidar el proceso de paz “, firmado por ambas partes, el gobierno reitera su condena y las FARC “expresan y ratifican que las denominadas "pescas milagrosas" en las vías, no hacen parte de su política. En ese sentido, las FARC darán las instrucciones a todos sus integrantes de no realizar este tipo de actividades”.
En cualquier caso, no se puede desconocer el efecto corrosivo que estas actitudes, provocadas por el tema del secuestro, han tenido sobre el desarrollo y la legitimidad de los procesos. Al respecto, se puede especular que uno de los elementos que contribuyó a que las negociaciones con el M-19 condujeran a la firma de un acuerdo de paz y a su reincorporación a la vida civil es que, cuando estas se dieron, este grupo subversivo era el que menos había entrado en la dinámica explosiva del secuestro (Gráfica 3).
Gráfica 3
Poco después de su tránsito de la actividad urbana a la rural, a principios de los ochenta, hubo un debate público sobre si el M-19 mantenía en su poder varios secuestrados. “Nosotros el año pasado (1981) no hicimos un solo secuestro. Camacho Leyva ha dicho que hicimos 26 secuestros el año pasado. Eso es mentira. Ahora, ¿quién los hace? Nosotros no lo sabemos porque eso se salió de nuestras manos” [21]. Un tiempo después, Gabriel García Márquez (GGM) en entrevista a Arturo Álape (AA) avala la idea de que los militares le adjudicaron secuestros al M-19. “GGM ¿Qué se hicieron los secuestradores que los militares fueron a buscar a Corinto? AA ¿Quién mintió ahí? GGM Los militares. Y el gobierno les creyó cuando dijeron que el M-19 tenía secuestrados allá. ¿Ahora, mintieron de buena o de mala fe? Eso no lo sabremos nunca”. (Álape 1985 p. 572).
Son varias las razones para pensar que tal práctica, al menos en su dimensión económica, perdió progresivamente relevancia para dicho grupo. Uno, había una importante acumulación de recursos de mega secuestros anteriores. Al respecto se puede señalar la impresión de una guerrilla boyante que expresa la periodista María Jimena Duzán, secuestrada por el M-19 para entrevistar a Bateman en el campamento a principios del 82: “la conclusión que saco es que al menos en estos momentos están en una muy buena situación financiera. Todo ese derroche de plata y de dólares …” . Esta observación la corrobora el mismo Bateman: “nosotros tenemos millones de dólares de secuestros de la oligarquía y de personajes de empresas transnacionales” [22].
Dos, la especialidad del M-19 eran precisamente los plagios grandes, en esencia urbanos. Tres, la alternativa del secuestro rural no sólo era ajena a su repertorio de habilidades sino que ya se tenía entonces la experiencia del ELN sobre los efectos políticamente perversos del apoyo financiero exclusivamente rural. Además, se localizaron en áreas campesinas pobres y escasas en familias urbanas visitantes o empresas con recursos. Cuatro, los repetidos y fallidos esfuerzos por obtener contribuciones forzosas de los narcos, que ratifican la vocación del M-19 por los peces muy grandes, habían terminado desastrosamente. No es arriesgado pensar que la traumática experiencia con el MAS habría producido un durable escarmiento. Sobre todo si, como pensaban los del M-19, el MAS había activado los procedimientos de guerra sucia por parte de miembros de los organismos de seguridad y puesto en evidencia la falta de capacidad, o de voluntad, para controlarlos.
Cinco, al parecer los dirigentes del grupo vetaron repetidamente el secuestro de industriales nacionales o campesinos adinerados cuando no hubiese adicionalmente una justificación política. De acuerdo con un ex miembro de esta organización, en 1978 el M-19 contaba con grupos pequeños móviles, uno de los cuales secuestró en Icononzo, Tolima, un rico campesino. Al ser informado Jaime Bateman habría condenado el secuestro y se habría sancionado al grupo por haber hecho el plagio sin preia autorización [23].
Por último, es posible que de haber recurrido a la siguiente cantera de personas susceptibles de ser secuestradas, la clase media nacional, de manera masiva se hubiesen multiplicado las situaciones incómodas para un grupo que contaba con varios dirigentes cercanos a las víctimas. En ese sentido son bastante reveladores dos episodios de las memorias de Vera Grabe. “Al regreso de Alemania, me enteré de que los compas acababan de secuestrar al gerente de Indupalma… Descubrí que la esposa de Ferreira era compañera mía de la facultad , y cada vez que la veía, temía delatarme porque sentía que se me subían los colores a la cara”. El segundo es el drama humano que según ella representó para varios de los miembros del grupo el prolongado cautiverio de Camila Michelsen. “Un compañero que la cuidaba se enamoró de ella … Revolución sí, secuestros no ... El secuestro no se puede humanizar, me decía alguien a quien le correspondió durante un tiempo esa ardua tarea … la parte más dura: el cuidado del pescado… el drama de la secuestrada era insostenible … Entró una compañera a hablar con ella. Regresó muy conmovida de ver cómo Camila había organizado su espacio, como una casa”. (Grabe 2001 pp. 83, 318 y 320.) El hecho de que varios de los miembros, en distintos niveles, de una organización que por esa época ya estaba curtida en la guerra siguieran mostrando capacidad de empatía con los cautivos contrasta drásticamente con la actitud de los secuestradores duros que, por el contrario, lograron sofisticar al máximo la técnica para deshumanizar al enemigo prisionero. “Ahí tuvo (un secuestrado) en sus manos, en un rato de descuido de los guerrilleros (Farc), un cuaderno de colegio forrado en plástico azul, marcado "Empresa Ganadera Colombia". Cada página era la ficha técnica de un cliente, con su nombre y teléfono, sus datos” [24].
Aunque esta proximidad con la burguesía pudo darse también en otros grupos subversivos, la vacuna contra la empatía con las víctimas –el fuerte adoctrinamiento- estuvo menos desarrollado en el M-19.
Para finalizar la argumentación en contra de la naturaleza esencialmente económica de la actividad vale la pena mencionar, como ejemplo reciente de un plagio que puede tener importantes repercusiones sobre futuros procesos de paz, y de nuevo en forma totalmente independiente de si se exige o no un rescate, es el de los tres norteamericanos secuestrados por las FARC en febrero de 2003 tras la caída de la avioneta en que viajaban. Aunque la tendencia hacia la desnarcotización de la agenda norteamericana en materia de seguridad en Colombia y la definición del secuestro como prioridad de la lucha antiterrorista se había dado antes [25]. “Estamos solicitando apoyo adicional del Gobierno de Estados Unidos para ayudar a combatir otra parte del nexo de la actividad ilegal en Colombia, el secuestro. Esperamos proporcionar apoyo adicional a las unidades anti-secuestro o Gaula. Ayudaremos a mejorar y normalizar los equipos de protección y comunicaciones así como a proporcionar capacitación especializada en todos los aspectos de respuesta a las crisis. El programa fortalecerá la capacidad del Gobierno colombiano para investigar los casos de secuestro y extorsión; establecerá un centro de operaciones para compartir la inteligencia e información; y formará un grupo de trabajo para investigar y enjuiciar a los culpables de secuestro y extorsión” [26].
[1] Semana, No. 2, junio 14 de 1982, “Carlos Lleras: Misión Imposible”.
[2] Semana, No.54, junio 13 de 1983 “De la industria del secuestro a la industria de la delación”
[3] Semana, No. 113, julio 30 de 1984, “¿Dónde están los secuestrados?”
[4] Villarraga, Alvaro (2001). “Cesar el fuego para ambientar la Paz” en caja de Herramientas Nº 81.
[5] Semana, No. 147, marzo 25 de 1985, “El secuestro nuestro de cada día”.
[6] Semana, No. 113, julio 30 de 1984, “¿Dónde están los secuestrados?”
[7] Semana, No. 113, julio 30 de 1984, “¿Dónde están los secuestrados?”
[8] Semana, No. 11. agosto 16 de 1982, “Gloria Lara ¿por qué?
[9] Semana, No. 156, mayo 27 de 1985, “La papa caliente del indulto”.
[10] Cronologia Fariana en http://www.geocities.com/guerrillasenlatinoamerica/cronologiafariana.htm
[11] “La suerte está echada” suplemento especial Revista Cambio, Nº 453, Febrero 25 de 2002.
[12] “Jaque a la paz”. Semana, Marzo 8 de 1999
[13] El País, Junio 3 de 1999
[14] Cambio, Agosto 30 de 1999. Énfasis propios.
[15] “El secuestro es uno de los temas más difíciles de tratar en las negociaciones”. Declaraciones de Raúl Reyes, El País, Mayo 10 de 1999.
[16] “Verdades oficiales” El Tiempo, Abril 27 de 2003
[17] Semana, Octubre 5 de 1999
[18] El País, Mayo 10 de 1999
[19] El País, Junio 10 de 2000.
[20] Semana, Junio 21 de 1999.
[21] Entrevista a Jaime Bateman. El Espectador, Marzo 9 de 1982
[22] El Espectador, Marzo 7 y 10 de 1981. “Nueve días en poder de la guerrilla” 2 y 4.
[23] Comunicación personal
[24] Relato de un secuestrado, Álvaro Sierra, El Tiempo, Mayo 2 de 2001
[25] El Tiempo, Diciembre 4 de 2003
[26] Discurso de la Embajadora de los EEUU en Cartagena, el 24 de octubre del 2001.
[27] Archivos del Departamento de Estado http://usinfo.state.gov/admin/011/lef205.htm.