Del rapto a la pesca milagrosa
Breve historia del secuestro en Colombia
Un aspecto que llama la atención en los reportes iniciales de prensa sobre las mal denominadas pescas milagrosas, es la alta participación de extranjeros en algunos de los incidentes. “Veinte personas, entre ellas cinco extranjeros secuestrados en la vía Bogotá-Villavicencio .. son algunos de los casos ocurridos en los últimos siete meses”. “Por lo menos catorce personas, entre ellas tres extranjeros, fueron secuestradas ayer por la guerrilla en tres acciones ejecutadas en Antioquia y Caldas”. “Dos extranjeros, uno de nacionalidad suiza y otro argentina, se encuentran entre las ocho personas secuestradas por la guerrilla durante el fin de semana en los departamentos de Magdalena y Bolívar”. La proporción de extranjeros en estos casos, que alcanza el 25%, es considerable si se tiene en cuenta que, dentro del total de víctimas, su participación ha estado debajo del 2% [1]. Thomas Hargrove fue el único secuestrado por las FARC en el retén en que cayó en 1994. De acuerdo con los datos de Fondelibertad, en los años 98 y 99 la proporción de extranjeros en los secuestros masivos alcanzó a ser casi el 5%, pero se redujo a partir del 2000.
Además, el año en que se consolida la práctica se señala en los medios un incremento en el plagio de foráneos [2]. En realidad, la proporción de extranjeros en los secuestros en retenes fue superior a la de los plagios selectivos únicamente durante 1998 y 1999. Así, el término utilizado para los secuestros masivos adquiere un nuevo sentido, y es el de tratar de pescar en las carreteras a las que siguen siendo las víctimas más apetecibles del secuestro: los extranjeros o los empleados de multinacionales. Un incidente anecdótico revela bien lo atractivos que resultan ser los extranjeros para la guerrilla.”Aún está reciente el secuestro de un grupo de mariachis de Bucaramanga, a los que los guerrilleros del frente “Ramón Gilberto Barbosa” del Epl se llevaron porque a alguien se le ocurrió decir que eran mexicanos” [3].
Un punto que vale la pena recordar es que los secuestros indiscriminados se vieron precedidos por varios años de retenes subversivos en las carreteras, con fines tan variados como el saboteo del tránsito, el incendio de vehículos, e incluso el graffiti móvil. “En inmediaciones de El Playón, en el sitio conocido como Contadero el grupo guerrillero (ELN) estableció un retén durante más de cuatro horas y retuvo los vehículos que viajaban hacia la Costa Atlántica, pintándolos con consignas alusivas a la subversión”. “El Valle del Patía permanece incomunicado desde el fin de semana por vía terrestre, ante las amenazas de la guerrilla contra los transportadores. Los subversivos montaron un retén el pasado sábado en el sitio La Planada, entre Balboa y Don Alonso, en donde pintaron los vehículos con letreros alusivos a sus movimientos y anunciaron la parálisis de transporte” [4].
Al parecer, la localización de estos retenes no siempre fue aleatoria sino que se podría asociar con áreas de operación de compañías extranjeras (Pax Christi 2002 p. 76). En forma similar al burgués con finca de recreo que se acerca al área rural de operación de la guerrilla, las compañías del sector primario, o las de construcción y reparación de infraestructura, constituyen víctimas óptimas para el secuestro y la extorsión. Tan deseables que han sido buscadas más allá de las fronteras. “En un hecho inusual en Ecuador, un grupo fuertemente armado, presumiblemente la guerrilla colombiana según las primeras hipótesis, secuestró a 13 extranjeros en una carretera en la provincia amazónica de Sucumbíos” [5]. Los no nacionales han sido motivo de conflicto entre grupos armados que pretenden dominar la respectiva zona de operación y controlar los arreglos con las compañías. Tal sería el trasfondo del secuestro y posterior asesinato por parte de las FARC de los tres indigenistas norteamericanos.”Algunas personas con información confidencial dicen que Occidental (Oxy) llegó a un acuerdo con las FARC (frente Samoré) gracias al cual la compañía podía comenzar la exploración de petróleo en una región entre Arauca y Boyacá. Las comunidades indígenas U´wa, a quienes pertenece este territorio, se opusieron a la posible explotación en su territorio sagrado. El ELN apoyó la resistencia de las comunidades U´wa, alegando que ellos controlaban el área. Con el fin de proteger su negocio petrolero, las FARC mataron en el 2000 a los enviados del ELN que fueron a hablar sobre el hecho que las FARC estaban operando en su área de influencia”. Los estadounidenses secuestrados también defendían a los U´wa. (Pax Christi 2002 p. 83).
Desde la perspectiva de una empresa que se instala en un área rural es difícil imaginar un mensaje más contundente sobre la capacidad de dominio de un grupo armado en una región que el bloqueo por varias horas, o aún días, de una carretera mediante el establecimiento de un retén. Con este tipo de acción se marca con nitidez un territorio y se señala que quien lo establece está en capacidad de ejercer el poder y cobrar tributos. En este contexto, no parece fortuito que el incidente con el cual se inauguraba la era de la pesca milagrosa ocurriera en la carretera Bogotá-Villavicencio, en cuya construcción habían estado involucradas tres compañías extranjeras que, previamente, habían sido víctimas de extorsión y secuestro de algunos de sus empleados. La constructora brasileña Andrade Gutierrez, al no querer pagar una vacuna a las FARC enfrentó el secuestro de dos de sus ingenieros en 1996. Luego de un pago de U$ 1.8 Millones el frente 53 que los mantenía cautivos exigió un segundo pago, que la compañía hizo. Posteriormente esta irregularidad fue transmitida al Secretariado de las FARC. Como represalia el frente 53 voló la planta de asfalto, las plantas de trituración y otras instalaciones. Las pérdidas obligaron a la firma a suspender el trabajo. Un ingeniero francés de la compañía italiana Grandi Labori, responsable de otro tramo de la carretera también fue secuestrado. (Pax Christi 2002 p. 82).
Un grupo que controla una región atraído por la presencia de compañías extranjeras demuestra primero su poder –y pone a prueba la capacidad de reacción del Estado- estableciendo retenes para luego, como un simple co-producto de esa presencia, permitir que sus efectivos más jóvenes jueguen a la pesca milagrosa . Casi seis años antes del primer secuestro masivo de las FARC en la vía Bogotá-Villavicencio, las FARC habían dado muestras contundentes de su poder en la zona. ``Nos dijeron que iban a durar seis días, que el automóvil que se moviera sería quemado, que ellos sabían en dónde encontrarnos si se iban y que en seis días recogiéramos las llaves de los carros en el restaurante''. El testimonio es de uno de los 300 conductores que ayer, a las 4 de la madrugada, quedaron bloqueados en la vía Cáqueza-Villavicencio después de que un comando de las FARC taponara, por 12 horas, la carretera que comunica a los Llanos Orientales con Bogotá [6].
El atractivo que siguen ejerciendo los empleados de compañías extranjeras sobre los secuestradores no es tan sólo el resultado de los aparentes bolsillos sin fondo de sus activos líquidos. Parte del efecto tendría que ver con el uso cada vez más extendido de las pólizas de seguro antisecuestro y el recurso a negociadores profesionales, innovación reciente que ha permitido sofisticar al máximo el manejo financiero de los rescates y, paralelamente, lubricar la actividad del secuestro. De acuerdo con Pax Christi , “la mayoría de los ejecutivos extranjeros de alto perfil que trabajan en América Latina están cubiertos por este tipo de seguro. De los gerentes locales empleados por inversionistas extranjeros, se estima que cerca del 50% está asegurado también … y el porcentaje de extranjeros asegurados en Colombia es mucho mayor que el mencionado”. (Pax Christi 2002 pp. 100 y 103).
Una opaca maraña de intereses de compañías aseguradoras internacionales, con ramificaciones que alcanzan apéndices del mercado internacional de armas estarían, aquí literalmente, jugando a la pesca milagrosa con los secuestradores colombianos. La esencia del juego consiste, para las compañías extranjeras, en esconder, o mimetizar, a sus peces gordos asegurados, y para los secuestradores en tratar de pescarlos . No sobra aclarar que el argumento que se expone a continuación es una simple conjetura, un puro juego conceptual -imposible de corroborar dada la opacidad de la industria - pero que puede ser útil para entender el otro juego, el de la pesca de pólizas.
Uno, a dos de las partes involucradas en el juego –los que se podrían denominar los intermediarios institucionalizados (II) y los secuestradores (S)- les conviene que la actividad del secuestro se mantenga. Dos, a las compañías extranjeras (Cx) les resulta provechoso disminuir las medidas de vigilancia armada para prevenir los incidentes de secuestro en las áreas rurales ((i) por lo inocuas e incluso contraproducentes que pueden resultar en zonas controladas por organizaciones armadas poderosas, (ii) por lo costosas en términos políticos o de imagen si se recurre privadamente a servicios militares o paramilitares y (iii) por el riesgo de secuestro inherente en la contratación de agentes privados de seguridad. En este contexto sí que resulta aplicable el principio de que es mejor una solución negociada a una alternativa militar). Tres, bajo las premisas anteriores, tanto a II, como a S, como a las Cx les conviene realizar el tránsito del secuestro hacia la extorsión. Este es un tema recurrente en la literatura de formación de Estado y en la historia militar. El soberano depredador con intereses de largo plazo tiene incentivos para transformarse en cobrador de tributos continuos y predecibles, arreglo que también es conveniente para quien los paga, pues los difiere en el tiempo y los asimila a un costo de su actividad sin ponerla en peligro. Cuatro, como las mismas compañías vendedoras de seguro antisecuestro lo aceptan, dichas pólizas, cuando se sabe que han sido tomadas, aumentan la probabilidad de un plagio. De acuerdo con una vocera de una de estas compañías, la Hiscox (Lloyd´s) “si se convierte de conocimiento público el hecho que una persona tiene seguro antisecuestro, se da por supuesto que esta persona tiene más probabilidades de convertirse en objeto de este delito”. (Citada por Pax Christi 2002 p. 96). Lo cual permite inferir que, cinco, los S prefieren víctimas aseguradas a víctimas no cubiertas. “Los secuestradores saben que la captura de estas víctimas (aseguradas) les garantiza el pago de una suma considerable por el rescate”. (Ibid. p. 100). Seis, para una Cx que ha decidido asegurarse, es claro que una política de pólizas que no cubra a la totalidad de sus empleados –por lo menos en ciertas categoría básicas como nacionales/extranjeros, o ejecutivos/operarios- es inocua puesto que la dejaría expuesta al riesgo de enfrentar una negociación de secuestro, que es precisamente lo que, al asegurarse, ha mostrado querer evitar. De hecho, con la disculpa del necesario anonimato que se debe guardar al tomar una póliza “las empresas generalmente no aseguran a la persona natural sino al cargo que detenta la persona”. (Ibid. p. 96). Guardadas proporciones, una Cx que tomara un seguro tan sólo para sus altos ejecutivos sería tan insensata como una familia que asegurara al jefe del hogar dejando por fuera de la póliza a los hijos. Por eso las primas que se venden a particulares cubren por lo general a la familia entera. En síntesis, se puede plantear que en la ampliación del seguro antisecuestro hacia el cubrimiento de la totalidad de los empleados convergen los intereses de las compañías extranjeras, de los secuestradores y, por supuesto, de los intermediarios institucionalizados de la industria. Es por lo tanto razonable predecir que hacia allá converge el mercado. Y, paralelamente, a inducir a las empresas aseguradas a incluir en las pólizas a la categoría de empleados que aún están por fuera del esquema y, a aquellas empresas que no lo han hecho, a participar en el juego.
La facultad que muestra esta sofisticada industria para estratificar a los empleados de acuerdo con la póliza que se paga por ellos, y los correspondientes rescates diferenciales en caso de un siniestro, no sería más que una funesta prolongación del principio del pago de acuerdo a la productividad marginal. Y la capacidad para extender las leyes del mercado a la actividad del secuestro estaría sustentada en la acumulación de información sobre casos en distintas partes del mundo y, por esa vía, por el establecimiento de niveles de tarifas de acuerdo con los cargos. No es fortuito que, en este turbio mercado, cada compañía aseguradora maneje sus casos siempre con los mismos negociadores. “Hiscox utiliza los servicios del Control Risks Group, CRG; AIG, los de Kroll; y Chubb, los del grupo Ackerman .. El consorcio PIA-Nassau Europa, ofrece a su vez serviciso de seguros que están ligados con Corporate Risk international”. (Pax Christi 2002 p. 97).
Tampoco parece casualidad que en esa nueva actividad financiera las negociaciones de pago de rescate funcionen de manera particularmente fluida. A pesar de todo el misterio que rodea estas pólizas, para los secuestradores una señal de que una determinada víctima está asegurada es que la negociación cae inmediatamente bajo la responsabilidad de un experto extranjero. Este negociador a su vez, puede aferrarse a una tarifa predeterminada, a una especie de precio de mercado que no da mayor margen para el regateo. La pretensión, por parte de los intermediarios institucionalizados, de que la facilidad con que se resuelven esos casos es el simple resultado de la capacidad negociadora de los expertos (Pax Christi 2002) es poco convincente.
Como ventajas secundarias para las compañías estaría la mayor facilidad de descontar tributariamente los pagos de pólizas que los de rescates o extorsión. Algunos tributaristas consultados señalan que la DIAN no reconoce deducciones por pago de secuestros ni de extorsiones. Incluso se sabe de algunos contribuyentes que les han rechazado deducciones por gastos corrientes de seguridad personal, como guardaespaldas, etc. con el argumento de que no son directamente necesarios para el desarrollo de la actividad productiva y por lo tanto no deben afectar el ingreso fiscal de la compañía. El pago de un seguro antisecuestro, que puede estar incluido en una póliza global, debe enfrentar menos reticencias, sobre todo ahora que tales pólizas han vuelto a ser legales.
Lo que resulta asombroso es que para tratar de romper esa insólita maraña de negocios situados en la frontera de lo criminal, con negociadores ya institucionalizados, se siga insistiendo en hacer entrar en razón a los guerreros y, simultáneamente, se allane cada vez más el camino legal a las finanzas del negocio. Insólitamente, la Ley 733 de 2002 derogó del Código Penal la prohibición de las pólizas antisecuestro y el pago a negociadores. “Lo curioso es que la norma se cayó silenciosamente en el último debate, con un mico embutido en el último artículo que dispone la vigencia de la ley. Según varias fuentes consultadas por SEMANA, aseguradores presionaron duro para que se les permitiera actuar abiertamente en Colombia, por entonces, en 2001, un "atractivo mercado" de 10 secuestros diarios en promedio” [7].
[1] El Tiempo, Noviembre 14 de 1998, Febrero 21 y Marzo 8 de 1999,
[2] Semana, Octubre 5 de 1998.
[3] El Tiempo, Noviembre 14 de 1998.
[4] El Tiempo, Febrero 8 de 1991 y Octubre 29 de 1992.
[5] El Tiempo, Septiembre 13 de 1999
[6] El Tiempo, Octubre 21 de 1992.
[7] Ver “Secuestros Inc.” Semana Nº 1119, Octubre 12 2003. Ver también la columna de opinión de Salud Hernández-Mora en la que señala, sorprendida, cómo el mismo responsable de este “mico” propone meses más tarde la congelación de bienes de los secuestrados. “El Alzheimer de Vargas Lleras”. El Tiempo, Septiembre 27 de 2003