Mauricio Rubio
La penetración en España de la delincuencia transnacional organizada (DTO) se ha convertido en los últimos años en un motivo de preocupación, dando lugar a evaluaciones exageradas del fenómeno. Tras haber discutido brevemente la definición de la DTO, consideraremos el diagnóstico más común de su incidencia en España, para contrastarlo después con los datos disponibles.
Dos aspectos de la cuestión serán abordados en capítulos independientes. Por un lado el tráfico de drogas, que constituye el mayor negocio de la delincuencia organizada y por otro la prostitución, un fenómeno cuya magnitud en España y cuya vinculación con la delincuencia organizada parecen haberse exagerado.
En este capitulo nos centramos en tres temas: el blanqueo del dinero del crimen, la relación entre delincuencia organizada y el homicidio y el papel de los grupos delictivos en el tráfico ilegal de inmigrantes.
Definición de la DTO
A finales del año 2000, promovida por las Naciones Unidas, se firmó en Italia la Convención contra la DTO. Este acuerdo estuvo orientado no sólo a promover la cooperación en la lucha contra la criminalidad organizada sino, implícitamente, a “desnarcotizar” la visión del fenómeno.
Diversas consideraciones sirvieron de justificación para los esfuerzos conducentes a la firma de la Convención de Palermo. Por un lado, la percepción de que las organizaciones criminales locales como la mafia, las triadas o los carteles colombianos habían ampliado su área de operaciones para empezar a actuar a nivel transnacional, con un rango más amplio de actividades criminales, y con una mayor variedad de fuentes de ingresos. Hubo acuerdo para señalar que las nuevas organizaciones actúan a veces en forma de redes o asociadas con negocios legítimos. Además, se empezó a reconocer el crimen organizado como un atentado a la soberanía y a la democracia, como fuente de corrupción estatal y como una contaminación de la actividad económica.
La Convención firmada se aplica a cuatro conductas establecidas de manera específica y a cualquier delito grave entendido como aquel que conlleve una pena máxima de privación de la libertad de cuatro años o más. De cualquier manera, se requiere que el caso sea de naturaleza transnacional y que en él participe un grupo criminal organizado. La definición de un grupo delictivo organizado en la Convención requiere que tal grupo tenga al menos tres miembros que actúen de manera coordinada para cometer un crimen grave con el propósito de obtener beneficios financieros o materiales de otro tipo. El grupo debe además tener cierta organización interna o estructura y existir por algún tiempo antes o después de cometer el crimen en cuestión.
En forma consistente con los trabajos contemporáneos sobre mafias, en la Convención se abandona la pretensión de definir el crimen organizado a partir de las actividades ilegales específicas de cada posible grupo y se opta por hacer énfasis en los elementos comunes a la mayoría de organizaciones que, con diversos fines, encajan en un patrón típico de crimen organizado. En este sentido, se propuso que en las legislaciones nacionales se tipificaran como crímenes ciertas conductas que se consideran comunes a la delincuencia organizada en forma independiente de la especialidad criminal específica de cada organización. Estos cuatro delitos son (i) participación en grupos armados organizados, (ii) lavado de dinero, (iii) corrupción y (iv) obstrucción de la justicia.
El diagnóstico más común sobre la DTO en España
“Las mafias extranjeras desbordan a la policía. En España, han sido detectadas 474 bandas organizadas, un 30% más que el año pasado. Siete colombianos asesinados a tiros en dos semanas … Ajustes de cuentas, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, asaltos a polígonos industriales … La policía española se enfrenta a un fuerte incremento de la delincuencia organizada procedente de terceros países”. (El País, Septiembre 30 de 2001)
Esta referencia aparecida en un diario madrileño resume adecuadamente los principales elementos del diagnóstico que comúnmente se hace sobre el crimen organizado en España. Se señala como un fenómeno con una clara tendencia al aumento y a la diversificación de actividades durante los últimos años, asociado principalmente con delincuentes extranjeros que ocasionalmente recurren a formas extremas de violencia.
Las pocas referencias académicas sobre la DTO en España coinciden en lo esencial con ese diagnóstico. Los fenómenos de globalización y liberalización de los mercados, los desarrollos en la tecnología de las comunicaciones y, por otro lado, la caída de los regímenes comunistas habrían contribuido tanto a la implantación de diversos grupos provenientes de Europa del Este (Jaime-Jiménez et al 2000) en las costas españolas como a la ampliación de sus actividades hacia una verdadera “criminalidad multidisciplinar”. Así, la tradicional alianza entre los contrabandistas gallegos y los exportadores de cocaína colombianos, elemento característico de las primeras manifestaciones de la delincuencia organizada en España, habría dado paso a la implantación de las tríadas chinas, a los grupos marroquíes especializados en el contrabando de inmigrantes y, finalmente, a las mafias rusas dedicadas no sólo al tráfico de estupefacientes sino a la prostitución y al lavado de dinero.
Entre los factores que habrían facilitado la consolidación de las diversas mafias en España se menciona en primer lugar su posición estratégica tanto en las rutas de exportación de las drogas desde América Latina como en los flujos migratorios desde el norte de Africa hacia la Comunidad Europea. Para la oleada más reciente de grupos originarios de Europa del Este se señalan como factores de atracción razones tan variadas como la estabilidad política del país, la alta proporción de extranjeros en las costas y la estructura económica basada en la construcción y el turismo lo cual, junto con un sistema financiero desarrollado, proporciona ventajas para el blanqueo de activos. También se mencionan como elementos que habrían facilitado la implantación de la DTO en España algunas deficiencias legales e institucionales como la dispersión, fragmentación, la carencia de medios y la falta de independencia del sistema judicial (Jaime-Jiménez et. al. 2000) o, por otro lado, la alta participación de las actividades informales o sumergidas en la sociedad española, lo que también facilita el blanqueo de activos (Resa 1999).
La idea, difundida en los medios de comunicación e implícitamente aceptada por algunos analistas, de una DTO de origen esencialmente extranjero, no parece ser algo exclusivo al diagnóstico español. Es común que los nacionales de distintos países responsabilicen de las actividades criminales a individuos ajenos a su sociedad e incluso que se asimilen las mafias a una conspiración desde el exterior. A pesar de lo anterior, esta opinión no es unánime ni entre los analistas ni entre los organismos de seguridad españoles. Se señala, por ejemplo, que sólo una pequeña fracción de los individuos arrestados en España provienen de otros países (Resa 1999). Los informes oficiales, por su parte, reconocen que a pesar de la presencia de nacionalidades muy diversas en los grupos de delincuencia organizada el mayor número de miembros de tales grupos siguen siendo españoles.
Independientemente de la participación relativa que se les asigne frente a los nacionales españoles en el conjunto de actividades criminales organizadas, hay acuerdo en señalar la importancia de ciertos grupos específicos, como los de colombianos y marroquíes y, más recientemente, de las mafias rusas. Es interesante observar cómo una misma razón –la facilidad para pasar físicamente desapercibidos entre la población- se ofrece para explicar tanto la presencia de grupos de origen latinoamericano y del norte de Africa en las grandes ciudades españolas como la de las mafias de Europa del Este en las costas del Mediterráneo. Sin embargo, entre estos dos grupos se señala que los primeros, por su similitudes culturales, se integran fácilmente a la sociedad española mientras que los segundos se han instalado sin penetrar el tejido social pues tratan de permanecer aislados del entorno (Jaime-Jiménez et. al. 2000).
España y de blanqueo de capitales
En el diagnóstico más común sobre la DOT en España se han distinguido dos grandes períodos. Unas etapas iniciales asociadas con la venta de drogas provenientes de América Latina y, desde los años noventa, una nueva fase asociada con la caída del bloque soviético y con la instalación en la costa mediterránea de las nuevas mafias de Europa del Este, orientadas esencialmente al blanqueo de capitales. La estabilidad económica del país, el alto número de turistas extranjeros -que permite proteger identidades- una estructura económica basada en la construcción y el turismo –que facilita el blanqueo- , ciertos vacíos en la legislación, un sistema financiero moderno y la proximidad a paraísos financieros como Gibraltar habrían hecho de España uno de los países con una penetración más profunda del blanqueo de capitales (Jaime-Jiménez et. al. 2000).
Son varias las observaciones que se pueden hacer sobre este planteamiento. La primera es la confusión entre la presencia de mafiosos en los sitios turísticos –por motivos tan diversos como la búsqueda de refugio, la compra de bienes inmuebles, la inversión en negocios lícitos o el simple descanso estival- y el ejercicio de actividades criminales organizadas. La segunda es la falta de una visión comparada: en qué medida los supuestos factores de atracción de las mafias de Europa del Este son peculiares a España o, por el contrario, son elementos comunes a varios destinos turísticos del Mediterráneo. De hecho, las autoridades francesas también consideran que su país es un sitio usual de refugio de las mafias italianas y una región atractiva para la inversión por parte de grupos provenientes de Rusia (Europol 2001). La tercera observación es la carencia de criterios que permitan aproximarse a la magnitud del fenómeno del blanqueo de dinero, y a su dinámica en el tiempo.
Con el propósito de ofrecer una perspectiva comparada, y sugerir pautas en la dirección de cuantificar el fenómeno del blanqueo de capitales relevante para la seguridad, en esta sección se presentan las tipologías del blanqueo de dinero en España y, por otra parte, se resumen los principales resultados de un trabajo en dónde se analiza el origen, el destino y los montos de los principales flujos internacionales de lavado de dinero. No está de más hacer explícitas las ventajas de tratar de cuantificar la dimensión del fenómeno del blanqueo. En primer lugar porque es conveniente para la coordinación internacional de actuaciones contra la DTO tener claridad acerca de la magnitud diferencial del negocio delictivo en distintos lugares, que es lo que en últimas define el origen de los flujos de dinero que requieren ser blanqueados. En segundo término, porque una aproximación cuantitativa del fenómeno es indispensable para el diseño y evaluación de los esfuerzos contra el blanqueo. Por último, porque permite establecer prioridades a la hora de evaluar la incidencia de las distintas manifestaciones de la DTO y su impacto sobre la seguridad.
Tipologías del blanqueo
Desde el punto de vista de la seguridad, resulta conveniente distinguir el problema del ingreso en España de individuos con antecedentes penales –que atañe a la coordinación legislativa, la cooperación policial/judicial y los procedimientos de extradición- del ejercicio de actividades de delincuencia organizada dentro del territorio, que son los que afectan de manera directa la seguridad ciudadana. En el área del blanqueo de capitales, también parece pertinente establecer una distinción entre el momento en que el dinero negro producto de las actividades criminales se lava y, por otra parte, la cadena de movimientos que se puedan hacer después con los fondos ya incorporados al flujo regular de transferencias financieras. Tradicionalmente, se han señalado tres etapas en el proceso de blanqueo. La etapa inicial, o de colocación, se da cuando el producido de la delincuencia ingresa al sistema financiero. Normalmente esto se hace fraccionando el dinero ilegal en múltiples ingresos bancarios o mediante la compra de instrumentos financieros que se depositan en el extranjero. Una vez dentro del sistema se da una segunda etapa –el layering- en la cual, mediante la compra, venta y conversión de instrumentos de inversión, se hacen circular los fondos por la red bancaria mundial. Estas transferencias, que a veces se disfrazan como pagos por bienes o servicios, hacen uso intensivo de los llamados paraísos financieros. En la tercera etapa, de integración, los fondos entran en la economía legítima (FATF-GAFI 2001).
Partiendo de que la relación entre los movimientos de cantidades importantes de dinero en efectivo y las actividades de la delincuencia organizada se puede abordar la identificación de algunos de los procedimientos de blanqueo de capitales, reconociendo que tales operaciones se caracterizan por su capacidad de cambiar rápidamente ante las medidas de control, pasando a utilizar nuevos mecanismos o trasladándose a sectores o regiones donde la vigilancia ejercida es menor. A esta cuestión hay que sumarle la peculiaridad de los sistemas utilizados por los narcotraficantes ya que, aunque cada uno de estos procedimientos viene determinado por las necesidades específicas de los grupos concretos [1]. A pesar de lo anterior, se puede trazar un cuadro general para mostrar los sistemas más utilizados.
Los métodos más simples siguen siendo los más antiguos. Se puede considerar como paradigmático el transporte físico y clandestino de efectivo. Ahora bien, a pesar de su escasa complejidad también admite una serie de variantes, que van desde el ya proverbial transporte de efectivo en un vehículo, para colocar los capitales al otro lado de la frontera -los casos en los que el destino es Andorra son los más habituales-, hasta el traslado de dinero en avión, método empleado por los traficantes de cocaína para enviar capitales hacia Colombia.
Estos dos mecanismos también suelen combinarse con el empleo de los llamados pitufos, o sea agentes que, actuando de forma individual, convierten en casas de cambio o entidades financieras, moneda local a divisas. Existen empresas especializadas que, a cambio de llevar a cabo toda la operación, perciben una comisión sobre el total de lo trasladado. En este campo también intervienen agencias de viajes que, dada su posición privilegiada, se hacen cargo de toda la operación de cambio y salida de capitales.
Otros métodos dependen de la connivencia con personas integradas en sectores de actividad laboral diversos y con el empleo de técnicas variadas. Así, se observa la utilización de comisionistas-transportistas que operan entre los traficantes de la droga y los blanqueadores de sus beneficios; captación de empleados de entidades de crédito que participan en el proceso de blanqueo, percibiendo una comisión ; empleo de testaferros como titulares de cuentas instrumentales que dificultan la información sobre la actividad real desarrollada y transferencias al exterior a cuenta también de estos testaferros; declaración oficial de importación realizada por un no-residente.
Uno de los tipos de mayor interés son las denominadas sociedades instrumentales o sociedades pantalla que suelen emplearse para abrir cuentas en las que se ingresan cantidades en efectivo -el dinero procede en la mayor parte de los casos del tráfico de drogas-, que luego son transferidas a cuentas de otras sociedades abiertas en entidades bancarias de un paraíso fiscal o del extranjero, a veces con el pretexto de pagar importaciones que nunca se realizaron, facturas de compraventa y alquiler o sin indicar el motivo (SEPBLAC 1999). Por lo general, estas sociedades carecen de actividad real y todo su tráfico mercantil se centra en la apertura de cuentas en bancos para recibir dinero del exterior y transferirlo, inmediatamente, también al exterior. En ellas es muy característica la creación de una maraña de sociedades, cuentas y transferencias, con la finalidad de enmascarar el origen del dinero. En ocasiones, las empresas no son sólo instrumentales sino que también registran algún tipo de actividad mercantil real (SEPBLAC 1998).
Se puede citar el caso concreto de narcotraficantes de cocaína cuyos beneficios fueron invertidos en la creación de empresas o en la participación en otras ya existentes -en ramos tan dispares como la industria alimentaria, la limpieza, recogida de basuras y tratamiento de residuos; gestión inmobiliaria o agencias de viajes-, no para obtener rentabilidad sino con la finalidad de conseguir una tapadera que justificase la presencia en España de los integrantes del grupo -puesto que se trataba de suramericanos- y una infraestructura para obtener puestos de trabajo, permisos de residencia, oficinas, vehículos, etc. Estas compañías recibieron aportaciones de efectivo y transferencias bancarias, con las que lograron canalizar un porcentaje de los beneficios derivados de la venta de cocaína y también para llevar a cabo algunos pagos urgentes que debían ser realizados para atender las necesidades operativas del grupo (SEPBLAC 1998).
Asimismo, y debido a su número creciente en los últimos años, se pueden mencionar los entramados formados por empresas informáticas. Las importaciones que declaran son inexistentes, ya que si todas estas importaciones de material informático, que se vienen declarando a la Balanza de Pagos por la multitud de sociedades de este tipo que operan en nuestro país, fueran reales, existiría un claro conflicto, originado por las reclamaciones a la Administración de otras sociedades con actividad real, por competencia ilícita y desleal -ya que sus ventas serían más baratas al eludir la presión fiscal- . Como de tal conflicto no existe constancia, cabe deducir indicios de que se trata de sociedades inactivas y sin actividad real (SEPBLAC 1998).
Casos más infrecuentes son el canje de fichas de un casino por cheques; la recuperación de cheques expedidos por oficinas de cambio extranjeras en forma de pólizas de seguros de vida de prima única y elevada cuantía; la compra de billetes de lotería premiados (SEPBLAC 1999). Entre los ejemplos más llamativos se pueden mencionar las actividades de quienes se denominan como ciudadanos o representantes de países virtuales.
Una estimación de los lujos mundiales de lavado
Con base en la información disponible en diversas bases de datos internacionales, y a partir de una serie de supuestos, Walker (1998) propone un modelo para determinar las características y el monto de los flujos del dinero que anualmente se lava en el mundo. Se distinguen en su estudio dos categorías de países: por un lado los lugares generadores de fondos susceptibles de ser lavados, en montos que se suponen básicamente determinados por el tamaño de la actividad criminal y, por otro lado, los polos de atracción para el lavado. Para este último conjunto de países, se construye un índice de atracción, que depende de la legislación financiera -en particular de la existencia de secreto bancario- de la actitud de las autoridades hacia el lavado y de un indicador de corrupción. Se supone que el dinero producto del delito se blanquea una sola vez, bien sea en el país dónde se obtuvo bien sea en el extranjero. Las transferencias posteriores con ese dinero no se consideran operaciones de lavado, o sea que sólo se cuantifica como lavado la etapa de la colocación. Los flujos de capital entre países de una y otra categoría dependen de los fondos disponibles para ser lavados, del índice de atracción previamente señalado, de la distancia geográfica entre uno y otro país, de los elementos culturales comunes - étnicos o lingüísticos- entre lugar de origen y destino, del tamaño de la economía (mayor actividad equivale a mayor probabilidad de que una operación pase desapercibida) y de indicadores de corrupción o conflicto (puesto que quienes lavan dinero prefieren, como cualquier inversor, condiciones de seguridad y estabilidad para sus fondos). Con base en estos supuestos, se sugieren varias clasificaciones.
Con relación al índice de atracción para eventuales operaciones de lavado de dinero, y en contra de la apreciación según la cual la península es un poderoso imán para el producto del crimen a nivel mundial, España ocuparía el puesto 42, con un indicador equivalente a la séptima parte del de Luxemburgo, la sexta parte del de Suiza o EEUU, y un quinto el de los Países Bajos, Liechtenstein o la Ciudad del Vaticano. El Reino Unido sería cuatro veces más atractivo como destino y aún países como Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Bélgica, Italia o Francia serían, de acuerdo con este índice, lugares con mayor poder de atracción que España para los lavadores.
Bajo esta perspectiva internacional, incluso Gibraltar, cuya cercanía se menciona con frecuencia como uno de los factores determinantes de la elección de las costas españolas como lugar de operación de las mafias de Europa del Este, ocupa un modesto lugar en el ordenamiento internacional de los polos de atracción de capitales para el blanqueo.
Desde el punto de vista de la oferta de fondos susceptibles de ser blanqueados, o sea del tamaño del negocio delictivo, España ocuparía la posición número once, con una participación cercana al 2% del monto global de los dineros provenientes de actividades criminales. Esta participación es inferior al peso relativo de España en la economía mundial (3%). La disponibilidad de dinero negro en España sería equivalente al 7% de la cifra para los EEUU, país que supera ampliamente al segundo en la lista. Aún en el ámbito comunitario, el producto del delito en territorio español sería menor que el de Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
Basado en estas premisas, de oferta de fondos susceptibles de blanqueo con niveles diferenciales de atracción para esos dineros y, por otro lado, teniendo en cuenta los factores que pueden afectar las decisiones de quienes lavan dinero – como la distancia geográfica o cultural, el tamaño de las economías, la estabilidad política y los niveles de corrupción- estima Walker unos flujos de los recursos para el blanqueo que también se pueden ordenar por su magnitud relativa. En el contexto mundial, los fondos ilegales lavados en España ocuparían la vigésima posición con una participación de tan sólo el 1.2% del volumen total. Los dineros que se blanquean en territorio ibérico serían cerca del 6.5% de los que se lavan en los Estados Unidos, la cuarta parte de los que se dirigen a las Islas Caimán o Rusia, una tercera parte de lo que llega a Italia, y cerca de la mitad de los que terminan en Francia, Alemania o Suiza. Dentro de la Unión Europea, los Países Bajos, Austria y el Reino Unido también superarían a España como destino del blanqueo.
Una fracción significativa de los recursos que se lavan en los distintos países tienen un origen doméstico: son el producto del crimen en ese mismo país. De hecho, de acuerdo con este modelo, dentro de los seis flujos de lavado más grandes tan sólo el de los EEUU a las Islas Caimán implica transferencias de un país a otro. En términos de la magnitud de los flujos de blanqueo, España estaría en el decimotercer lugar , con montos inferiores a los observados al interior de países como EEUU, Rusia, Italia, China, Rumania, Francia y Alemania.
El grueso del blanqueo de capitales en España estaría constituido por dineros producto de la delincuencia dentro del territorio: menos de la quinta parte del capital que se lava sería de origen extranjero. A su vez, este monto correspondería a un poco más de la décima parte del negocio criminal doméstico. Es conveniente anotar que, de acuerdo con este modelo, casi la totalidad del producto criminal de Rusia se estaría blanqueando allá mismo, quedando unos excedentes para lavar en otros países del orden de tan sólo el 1% del total. De esta manera, los resultados de este ejercicio no sirven para corroborar la idea de unas mafias rusas que blanquean en el exterior, y en particular en España, el producto de sus actividades delictivas.
A nivel internacional, se ha reconocido que cualquier estrategia para controlar el blanqueo de capitales debe estar diseñada, para posteriormente ser evaluada, a partir de información estadística. En ese sentido, la Asamblea General de ICPO-Interpol reunida en Nueva Delhi en Octubre de 1997 recomendó a los países miembros [2] la recolección y publicación de datos referentes al número de reportes de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras, las consecuentes investigaciones y condenas, así como el número de casos en los cuales se incautaron bienes. A pesar de lo anterior, en la actualidad, el soporte estadístico sigue siendo precario y no permite hacer un diagnóstico detallado sobre la situación actual del fenómeno en España, su evolución reciente y sus perspectivas, ni tampoco evaluar con precisión los resultados del modelo presentado.
En términos generales, el orden de magnitud del volumen total de fondos blanqueados en el mundo que se deriva del modelo es similar a los cálculos propuestos por el FMI, que fluctúan entre el 2% y el 5% del PIB mundial (Quirk 1996). En forma consistente con los resultados del modelo, se puede señalar que España no aparece en la lista de países considerados paraísos financieros por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) –un grupo internacional creado por el G-7 en 1989 para combatir el blanqueo de capitales- en los cuales se estima que por concepto de narcotráfico se lavan anualmente cerca de 100 mil millones de dólares. Tampoco se menciona dentro del conjunto de paraísos fiscales de la OCDE.
Por otra parte, aunque en la relación de las cerca de cincuenta “jurisdicciones de interés prioritario” para el control del blanqueo de capitales publicada anualmente por el INCSR (International Narcotics Control Strategy Report) del gobierno norteamericano ha aparecido varias veces España, se puede decir que se trata de una lista que no ayuda mucho a diferenciar aquellas sociedades en las cuales el fenómeno es significativo, puesto que en ella aparece casi cualquier país en dónde exista evidencia de consumo, tráfico o producción de drogas y donde necesariamente ocurre algún tipo de blanqueo. Así, son varios los países europeos que se mencionan dentro de ese conjunto de sitios de interés prioritario.
Para resumir -fuera de la observación de que el soporte estadístico sobre el blanqueo de dinero, tanto en España como en el resto del mundo, es tan precario que no permite aún un diagnóstico sólido sobre el fenómeno, ni mucho menos sirve para definir las prioridades de acción de los organismos policiales - se pueden hacer algunos comentarios sobre la relación entre la DTO y el blanqueo de capitales en España.
El primero es que, aún en la etapa inicial de colocación, el blanqueo asociado con la DTO se confunde no sólo con cuestiones como la corrupción política y administrativa sino con asuntos que no atañen de manera directa la seguridad interior como la evasión fiscal, las actividades informales o las remesas de los trabajadores inmigrantes, que resultan muy pertinentes para el diagnóstico de la situación española. Aún limitándose al análisis de las actividades criminales, como se hace en el modelo de Walker, parece claro que el problema del lavado de dinero en España es más un asunto doméstico que una actividad de las mafias extranjeras. Si se tienen en cuenta todas las posibles fuentes de dinero B que existen en el país, la noción de España como una gran lavandería de activos de la DTO resulta aún más precaria. Este comentario se refuerza con distintos resultados del modelo de Walker según los cuales, en materia de blanqueo, España no ocupa un lugar destacado en el contexto internacional.
Con relación a la supuesta importancia de España como sitio de blanqueo de las mafias de Europa del Este, un segundo comentario es que tal actividad sería no sólo de poca magnitud sino que, además, estaría concentrada en la etapa de integración. Es corriente el planteamiento que los fondos extranjeros de origen ilegal llegan a la península después de pasar por Suiza, Gibraltar o Chipre pues se logra una “oportuna inversión en bienes legítimos que es la principal actividad de buena parte de los grupos delictivos internacionales que actúan en España” (Resa 2000). En un contexto como ese, sin embargo, las autoridades locales de policía no pueden tener más que un papel secundario de colaboración con los procesos judiciales originados en el extranjero.
El tercer comentario es que, recientemente, ha surgido evidencia en contra de la pertinencia de la secuencia colocación-layering-integración para la descripción de la manera como se realiza el lavado de capitales en la actualidad. Luego de constatar que, en forma contraria a lo que se observaba en los años ochenta, cuando el incremento en las actividades criminales implicaba un aumento en el número de transacciones en efectivo, las tendencias más recientes tienden a asociar la DTO con una menor demanda por medios de pago líquidos. Así, se habrían dado cambios significativos en los métodos de blanqueo que, progresivamente alejados del sistema bancario y el dinero en efectivo, estarían en la actualidad basados tanto en mecanismos más sofisticados –como los mercados financieros paralelos, débitos y créditos en cuasi-bancos virtuales e instrumentos no monetarios- como en el retorno a medios más primitivos de intercambio, como el trueque, por ejemplo de drogas por armas (Quirk 1996).
Violencia homicida y delincuencia organizada
El homicidio ha sido reconocido no sólo como uno de los síntomas más graves de inseguridad sino como aquel indicador para el cual las estadísticas son más confiables. Se trata de una conducta criminal homogénea que permite comparaciones regionales y a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de su registro es tal vez la única dimensión de la criminalidad que no depende de las denuncias, por ser un incidente particularmente difícil de ocultar, porque no denunciarlo acarrea inconvenientes legales y porque interesa a varias agencias estatales. Además existe relativo consenso en señalar una estrecha asociación entre la violencia y la presencia de criminalidad organizada en una sociedad. En particular, la evidencia internacional tiende a corroborar el hecho que el comercio ilícito de drogas, que sigue siendo reconocido como la actividad más característica de la DTO, aumenta la incidencia de muertes violentas intencionales.
Desde un punto de vista teórico, la distribución de drogas se asocia con la violencia porque los participantes en tal actividad, ante la imposibilidad de proteger legalmente los derechos de propiedad y los contratos recurren a la violencia y a las amenazas. La ilegalidad de las drogas hace que formas tradicionales de competencia como la publicidad o las estrategias de precios sean más difíciles de utilizar. En su lugar, la violencia es uno de las principales medios utilizados para dominar los mercados y expulsar a los competidores. También se ha argumentado que la presencia continua de este sector ilegal erosiona el respeto por la ley en los territorios en dónde operan los traficantes.
Empíricamente, la información disponible a nivel internacional y para ciertos países sugiere un vínculo causal entre el tráfico ilegal y los altos índices de violencia. En un estudio econométrico para explicar las diferencias en los niveles de violencia en una amplia gama de países se encuentra una asociación positiva, y estadísticamente significativa, entre las tasas de homicidio y los indicadores disponibles sobre tráfico de drogas (Fajnzylber et al 2000). En el mismo trabajo, por el contrario, se desvirtúa la asociación que normalmente se postula entre el mercado de drogas ilícitas y los atentados contra la propiedad.
En el mismo sentido, la experiencia de los Estados Unidos es bastante reveladora. Al analizar la serie de homicidios per cápita en los últimos 100 años se observan dos períodos durante los cuales se dieron niveles excepcionalmente altos: los años de la prohibición entre 1920 y principios de los años treinta, cuando la venta de alcohol se hizo ilegal y la década de los años ochenta cuando la venta de cocaína y de “crack” florecieron en el mercado americano.
Entre 1985 y 1991, las tasas de homicidio para hombres afroamericanos entre 18 y 24 años se triplicó, de acuerdo con los datos de la oficina de Estadísticas Judiciales de los EEUU. Se ha sugerido que estos homicidios estuvieron bastante concentrados entre los distribuidores de droga, mientras casi todos los demás segmentos de la población norteamericana mostraron durante ese período tasas de homicidio decrecientes. (Kennedy et. al. 1996, Levitt y Venkatesh 2000). La experiencia colombiana también sugiere una estrecha relación entre el tráfico de drogas y la violencia extrema. El período de mayor incremento en la tasa de homicidios, a principios de los años ochenta, coincide con la época durante la cual la exportación de cocaína se estaba expandiendo y distintos grupos luchaban por el control de los mercados.
Como hemos visto en un capítulo anterior, España tiene una tasa de homicidio relativamente baja. A pesar de ello, dentro de la península existen importantes diferencias regionales en cuanto a los niveles observados de violencia homicida. Aunque en números absolutos la mayor parte de las muertes violentas ocurren en las grandes urbes (más de la cuarta parte de los homicidios acaecidos en 1999 y el 2000 se dieron en las provincias de Madrid y Barcelona) existen provincias en dónde las tasas ya son significativas. Se destacan dos lugares, Ceuta y Melilla, que aunque con un número absoluto de muertes violentas muy bajo, muestran tasas por habitante varias veces superiores al promedio nacional y comparables a las de lugares considerandos violentos en el contexto internacional.
Un primer punto que se debe destacar es el de la persistencia en cuanto a la distribución regional de la violencia. La asociación que se observa entre las tasas de 1999 y las correspondientes al año 2000 es bastante estrecha. Así la tasa de homicidios en una provincia en un período es el elemento clave para predecir la tasa en esa misma provincia en el período subsiguiente.
Esta característica de la violencia homicida -unas marcadas diferencias regionales que persisten en el tiempo- ha sido reconocida en otras sociedades y se ha señalado como un síntoma de la asociación de la violencia con las actividades criminales organizadas (Rubio 1999).
Un patrón similar de concentración geográfica y persistencia se puede señalar para la actuación de los grupos de delincuencia organizada en el territorio español. De nuevo, se puede predecir la presencia de delincuencia organizada en una provincia en un período a partir del reporte de actividades del período anterior. Además, y como elemento que tiende a corroborar el efecto ya señalado de los mercados ilegales sobre la violencia, se percibe por distintas vías una asociación regional entre las tasas de homicidio y el crimen organizado. La correlación simple entre el número de grupos de delincuencia organizada detectados en el año 2000 por provincias (en términos per cápita) es del 63% con la misma cifra correspondiente al período anterior, del 63% con la tasa de homicidios del año 2000 y alcanza el 78% con la tasa de homicidios promedio para los años 1999 y 2000. Si se tiene en cuenta el efecto simultáneo de los dos elementos señalados –la persistencia regional de la delincuencia organizada y la asociación con la tasa de homicidios- se alcanzan a explicar las tres cuartas partes de las diferencias en el número de grupos que operaban en cada provincia en el 2000.
Los vínculos entre la violencia homicida y la dinámica de la delincuencia organizada pueden ser útiles para analizar algunos rasgos del fenómeno en España, y en particular, la nacionalidad de origen de ciertos grupos. Al respecto, un punto que vale la pena destacar es el de las características totalmente atípicas de las mafias rusas con relación a las de otras nacionalidades. A diferencia de ciertos grupos cuya importancia se destaca con frecuencia –como los colombianos o marroquíes- y para los cuales si se pueden detectar distintas trazas en los datos de muertes violentas, para los grupos rusos sorprende bastante la total independencia entre los indicadores de su presencia y la información de homicidios. En primer lugar tanto para los grupos españoles, como los colombianos y los marroquíes se observa que su actuación por provincias en el año 2000 se explica razonablemente bien a partir de la presencia en el 99 junto con la tasa de homicidios. Para los rusos, por el contrario, el perfil regional de su influencia en el año 2000 es totalmente independiente tanto de sus actuaciones por provincias en el período inmediatamente anterior como de los indicadores de violencia. Por otra parte, y también en forma contraria a lo que muestran los datos para colombianos o marroquíes, grupos para los cuales la proporción de homicidas dentro de la población residente en España de esas nacionalidades es varias veces superior a la media española, en los últimos años se reporta tan sólo un caso de un detenido por homicidio de nacionalidad rusa en el territorio español.
En el otro extremo, vale la pena señalar algunos grupos nacionales para los cuales se observa una discrepancia en sentido opuesto: altos niveles de violencia homicida y escasa mención en cuanto a su participación en actividades criminales organizadas. En ese sentido se debe señalar ante todo a los nacionales de Argelia y en menor medida a los del Libano y Polonia.
El tráfico de inmigrantes ilegales
A lo largo de la última década se ha dado un incremento de la inmigración ilegal a nivel mundial. Casi todos los países europeos aparecen como destinos atractivos para los inmigrantes. Para el ámbito comunitario, los principales lugares de origen de la inmigración ilegal son algunos países africanos, el sudeste asiático y Europa del Este. A pesar de la inestabilidad de las rutas, puesto que cada vez que se detecta y se controla una de ellas se da un desplazamiento hacia otra se han identificado cinco grandes patrones de movimiento: la ruta del Báltico, la de Europa del Este, la del Este del Mediterráneo, la del Norte del Africa, y la de los Balcanes.
Los vínculos entre la DTO y la inmigración son bastante recientes y, paradójicamente, se han visto fortalecidos al hacerse más eficaces los controles en las fronteras. Pero hay que destacar que aunque la organización del contrabando de inmigrantes parece ser una actividad rentable, no toda la inmigración ilegal se hace a través de intermediarios que buscan un beneficio económico puesto que una parte importante de los movimientos de personas la organizan familiares, amigos o conocidos de los inmigrantes.
La frecuencia con que se recurre a las vías irregulares para emigrar varía considerablemente tanto entre los distintos colectivos de emigrantes como entre los países de destino. Encuestas realizadas en algunos países de origen sugieren que, por ejemplo, los turcos recurren más a los movimientos irregulares (más de un caso en cinco) que los marroquíes o los originarios de Ghana (uno en diez). A su vez, encuestas en lugares de destino muestran que en ciertos países es mayor la proporción de quienes intentaron entrar o alargaron su estancia sin papeles. En España, dependiendo del lugar de origen, la proporción de irregularidad varía entre el 37% y el 51% sin contar a quienes rehusaron responder tal pregunta: entre el 15% y el 17% entraron a la península indocumentados y entre el 20% y el 36% prorrogaron su estancia más allá del tiempo permitido (Eurostat 2001)
En España se cuenta con una información útil para establecer la dimensión del fenómeno de la inmigración ilegal. A principios del año 2000 entraba en vigor una nueva ley de extranjería entre cuyas disposiciones se incluía un nuevo proceso de regularización de extranjeros, que se sumaba a otros anteriores de los años 1985, 1991 y 1996. A falta de datos alternativos sobre la inmigración irregular, las solicitudes de regularización pueden servir de indicador sobre el fenómeno. El primer punto que se puede destacar sobre esta cifra es el de su estrecha relación, tanto por nacionalidades como por provincias, con la de extranjeros previamente establecidos en España.
Esta asociación no sorprende. Es un hecho ampliamente reconocido que los inmigrantes, aún los ilegales, cuentan al desplazarse con redes de apoyo de coterráneos en los destinos. Encuestas realizadas entre migrantes señalan que los legales y los irregulares aducen las mismas razones para emigrar, se dirigen hacia los mismos países y cuentan para apoyar su decisión con redes familiares o de amistad. La principal fuente de información para el inmigrante, regular o irregular, sigue siendo, de lejos, la familia en el lugar de destino. Entre Marroquíes y Senegaleses que emigraron a España el 69% y el 59% respectivamente reportan haber contado con información suministrada por familiares radicados previamente en la península (Eurostat 2001).
Una manera de estimar el porcentaje de la población inmigrante que entra en España recurriendo a los servicios de la delincuencia organizada es a través de los datos sobre los motivos de irregularidad de algunos colectivos de inmigrantes en España. Una encuesta realizada entre marroquíes y senegaleses en España muestra que, entre los primeros, un 40% habían estado alguna vez en situación irregular. De estos, un 18% habían llegado al país indocumentados mientras que los demás, un 22%, habían prorrogado su estancia más allá de lo autorizado. Para los senegaleses, las cifras respectivas eran un 60% de inmigración irregular total, de los cuales el 25% por entrada sin documentos y el resto, el 35% por prolongación indebida de la estancia. Parece razonable argumentar que es ante todo entre los inmigrantes que ingresan al país sin documentos que cabe esperar un eventual vínculo con las actividades de la DTO.
A diferencia de las drogas, en donde detrás de casi la totalidad de las transacciones está siempre la DTO, una proporción importante de la inmigración ilegal es ajena a las actividades criminales. Una vez establecido que se trata de una actividad atraída por la demanda, y no empujada por la oferta, el segundo punto que sugiere la evidencia es que la demanda relevante es la que se da en los lugares de destino en España, y no en los países de origen. En otros términos, es mayor el efecto, tanto sobre la inmigración irregular como sobre la demanda por servicios de la DTO, de un grupo de inmigrantes de distintas nacionalidades radicados en una provincia que el de un grupo de igual magnitud de originarios de un mismo país y diseminados por todo el territorio español. Lo que estos resultados sugieren es que parece más determinante del flujo de extranjeros en situación irregular la demanda por trabajo por parte de los empleadores españoles que la acción de los grupos delictivos dedicados al tráfico de inmigrantes ilegales.