La demanda por servicios de justicia

En las encuestas a los hogares
Informe de Investigación
Corporación Excelencia en la Justicia

Por Mauricio Rubio

Para analizar los factores que, a nivel de los hogares colombianos, afectan la demanda por servicios de justicia es conveniente hacer referencia a dos instancias. Se deben, en primer lugar, estudiar los elementos que contribuyen a que un ciudadano se vea envuelto en un litigio para, una vez conocidos estos factores, entrar a analizar aquellos que  afectan la decisión de acudir o no a las autoridades para resolver tal litigio. En otros términos se debe analizar por separado la “litiogiosidad real” para luego hacer lo propio con la que se judicializa. Tal ejercicio se debe hacer para las distintas esferas –civiles y penales- .

A continuación se resumen los resultados de esta labor realizada con base en:

-       El módulo de victimización de la Encuesta de Hogares de 1995

-       Una encuesta de percepciones sobre la justicia realizada en Bogotá, Medellín y Barranquilla

-       Una encuesta de victimización realizada en Bogotá.

A - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE 1995

A.1 - CONFLICTOS  CIVILES : “PROBLEMAS JURIDICOS EN NEGOCIOS”

En el año anterior a la encuesta un 2.52% de los hogares reportaron la incidencia de algún conflicto “de negocios” [1].

Aunque entre los diferentes estratos socio-económicos se observan, como se aprecia en la Gráfica, diferencias  importantes en términos de la incidencia de los litigios –desde un poco más del 1.5% en el estrato bajo hasta casi el 4% en el medio- es difícil percibir una relación uniforme y lineal entre el estrato y la conflictividad: en el nivel más bajo se observa la segunda incidencia, después de la del estrato medio.  

Posiblemente asociado con el nivel de ingreso pero claramente relacionado con la litigiosidad, se puede señalar el nivel educativo del jefe del hogar como elemento que contribuye  a explicar las diferentes incidencias de los conflictos en los negocios. En efecto, y como se aprecia en la Gráfica, aquellos hogares en los cuales el jefe ha alcanzado un nivel de educación superior a la secundaria presentan una proporción de hogares que reportan conflictos en los negocios cerca de un punto superior a la observada en las familias en las que el jefe no tiene ni siquiera una educación primaria.

Otras dos características del jefe del hogar implican diferencias en términos de si se reporta o no la ocurrencia de algún conflicto en los negocios: la edad y el género.

En efecto, y como se observa en la Gráfica, en cualquier rango de edades del jefe del hogar es mayor la incidencia de conflictos en los negocios entre los hombres que entre las mujeres.

Para los primeros, por otro lado, es más nítido el efecto, positivo, de la edad sobre la litigiosidad que para las segundas para quienes, por otro lado, el “pico” de conflictividad se da un poco más tarde.

Un aspecto que resulta interesante de señalar es que el reporte de conflictos en los negocios está positivamente relacionado con el de conflictos en las otras dos áreas consideradas en la encuesta –familia, laboral- e inclusive con el hecho de haber sido víctima de algún ataque criminal. Como se aprecia en la Gráfica, mientras entre quienes

aceptaron haber tenido controversias familiares la incidencia de conflictos en los negocios es del 8.2%, entre aquellos hogares que no reportan litigios con la familia tal cifra se reduce al 2.3%. Otro tanto ocurre en el ámbito laboral: la diferencia en la incidencia de conflictos en los negocios entre quienes reportan litigios laborales y quienes no lo hacen es casi de siete puntos. Lo que más sorprende es que aún el haber sufrido un ataque criminal durante el último año aparece positivamente asociado con la incidencia de litigios en los negocios. Las víctimas de algún delito presentan mayor incidencia de conflictos en negocios (5%) que quienes no han sido víctimas (1.8%).

Estas asociaciones permiten varias lecturas. Se puede pensar en primer lugar que existen lugares más conflictivos que otros, en todos los ámbitos. En ese sentido apunta el hecho que, a nivel agregado por ciudades, se ha detectado una correlación positiva en la litigiosidad en las distintas esferas legales, incluyendo la penal [2]. En la misma dirección apunta el hecho, señalado más adelante, que existen tres o cuatro municipios particularmente propensos a los conflictos. Así, en ciertos lugares, los derechos, en general, estarían menos bien definidos y/o protegidos que en los demás.

Hay sin embargo otra interpretación. Se puede plantear que existen ciudadanos, hogares, más conflictivos que otros, en todos los ámbitos de los derechos. O, lo que es equivalente, ciudadanos más conscientes de sus derechos -y por lo tanto más sensibles a calificar de conflictivas ciertas situaciones- que otros individuos. A favor de esta interpretación  se puede señalar el hecho que no es despreciable el número de ciudadanos que en la encuesta reportaron dos, tres o hasta cuatro litigios, en las distintas áreas, y que al aumentar el número de conflictos reportados aumenta, como se observa en la Gráfica, la incidencia de controversias en los negocios. Mientras que entre los individuos que no mencionaron conflictos laborales, o de familia, ni haber sido víctimas de algún ataque criminal la incidencia de controversias en los negocios es inferior al 2%, entre quienes reportan uno, dos o tres problemas adicionales tal cifra sube al 5%, 11% y 50%.

La tercera lectura estaría relacionada con el número de abogados al que los miembros de un hogar, o los ciudadanos de una localidad, pueden tener acceso. Teniendo en cuenta que, como ya se señaló, la manera como se hizo la pregunta en la encuesta –se hacía referencia a los problemas jurídicos que afectaron a los hogares- pudo centrar la atención en los litigios que ya habían alcanzado la etapa de ser discutidos o consultados con abogados, es razonable pensar que aquellos hogares que han acudido a los servicios de un litigante en cierto ámbito sean más propensos a discutir con él diferencias que surjan en otras áreas y reportar tales consultas en la encuesta como problemas jurídicos con mayor facilidad que quienes no tuvieron contacto alguno con abogados.

Hay otra información en la encuesta que tiende a corroborar tanto la idea  de que existen ciertos ambientes más propensos a conflictos que otros como, sobretodo, aquella según la cual algunos ciudadanos, son más sensibles a la violación de cualquier tipo de sus derechos, o son más conflictivos. Esta información tiene que ver con la referencia a los “problemas del barrio” que afectan a quienes responden la encuesta. Una de las preguntas del módulo de la ENH que aquí se analiza está orientada a indagar sobre la existencia de diez tipos de “problemas de barrio”  [3].

Se observa que entre quienes reportan la existencia de algún problema, la incidencia de conflictos en los negocios (2.9%) es más del doble de la que se da entre quienes consideran que sus barrios están libres de estos inconvenientes (1.3%). Aún más, a medida que aumenta el número de problemas que se piensa afligen el vecindario va creciendo la incidencia de los conflictos en los negocios. En efecto, como se observa en la Gráfica,  entre los ciudadanos que viven en barrios asediados por múltiples problemas, ocho o más de los considerados en la encuesta –o que “ven problemas por todo lado”- la incidencia de conflictos en los negocios (7.1%)  es casi siete veces superior a las de quienes consideran que su barrio está libre de estas molestias.

Tan determinante como los distintos elementos ya señalados sobre la incidencia de conflictos en los negocios, y tal vez más, parece ser el lugar geográfico en donde habita el hogar. La conflictividad presenta marcadas peculiaridades regionales pues las diferencias, entre ciudades, en la incidencia de conflictos son, como se aprecia en la Gráfica, muy importantes.

Mientras que, por ejemplo, en Pereira, cerca del 11% de los hogares de la encuesta reportaron la ocurrencia de algún conflicto en los negocios, localidades  como Bogotá, o Medellín o Manizales tal porcentaje apenas bordea el 1%. O sea que se dan  diferencias hasta de 1 a 10 entre localidades.

El análisis simultáneo de los factores que se acaban de presentar arroja los siguientes resultados [4]:

-       A pesar de filtrar por los distintos elementos considerados (características del jefe del hogar, problemas del barrio, reporte de otros conflictos) persiste un componente local muy marcado. Las diferencias son tan abismales que “todo lo demás constante” el reporte de un conflicto de negocios en Pereira es once veces más probable que en ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla. Bucaramanga, Pasto y Cali presentan, a su vez, un riesgo cerca de tres veces superiores al del resto de ciudades. Estos efecto locales-regionales son los más significativos en términos estadísticos.

-       El segundo elemento que en mayor medida contribuye a discriminar a los hogares que enfrentaron un conflicto en los negocios de aquellos que no lo tuvieron es, extrañamente, el haber sido víctima de algún ataque criminal. Los coeficientes estimados son tales que las víctimas de delitos presentan un “riesgo” de enfrentar conflictos en los negocios cerca del doble de quienes no han sido atacados por un delincuente. Es difícil encontrar una explicación satisfactoria para este efecto, que aparece estadísticamente muy significativo. En lo único que se puede pensar es en una especie de sensibilización hacia la violación de los derechos que se daría como resultado de los ataques criminales y que haría que un mismo incidente pase a ser reportado como “problema jurídico”.

-       La misma línea de argumentación se puede aplicar a otros dos resultados, también estadísticamente significativos: la asociación positiva entre los conflictos en los negocios y el número de “problemas de barrio” que se reportan y, por otro lado, la relación, también positiva, entre los litigios comerciales y los conflictos laborales o de familia. En este último caso se puede complementar la explicación con la cuestión del acceso a los abogados. El hecho que la ocurrencia de litigios en el trabajo o en la familia multiplique por cerca de dos la probabilidad de reportar conflictos en los negocios  puede ser el resultado de un mayor contacto con abogados, aún a nivel de consulta o asesoría, que transforma en “problemas jurídicos” algunos incidentes que para otros ciudadanos con menor contacto con profesionales del derecho no alcanzan tal categoría.  

-       De manera menos tajante, pero aún significativa, algunas características del jefe del hogar parecen afectar la posibilidad de verse envuelto en un litigio de negocios. En particular, el ser hombre, mayor, de estrato alto y con estudios superiores afecta positivamente la probabilidad de un conflicto de tipo comercial. 

El monto promedio de las controversias en el ámbito de los negocios es importante, $12.7 Millones.  Este alto valor se explica por una distribución muy irregular, cuya desviación estándar es superior a los $30 Millones. Un número reducido de conflictos (el 11%) con un valor muy alto (superior a los $ 100 millones) coexisten con un importante número (el 41%) con valor bastante reducido (inferior a $ 100 mil). 

Es conveniente señalar que la totalidad de las personas que reportaron la ocurrencia de un “problema jurídico” en los negocios lograron cuantificar el monto, en pesos, envuelto en la controversia. Este hecho tiende a corroborar la inquietud ya señalada en el sentido que la manera como se hizo la pregunta en la encuestas, si se tuvieron o no “problemas jurídicos” en el último año, pudo centrar la atención en aquellos conflictos en una etapa avanzada, relativamente elaborados, tanto como para poder cuantificar las sumas económicas envueltas en ellos. Así, es razonable pensar que, entre los conflictos reportados, podrían primar los litigios en una etapa pre-judicial, en los cuales ya podrían estar jugando algún papel de importancia los abogados.

Como cabría esperar, se percibe un efecto del estrato económico de los hogares sobre el monto de los conflictos que enfrentan. A pesar de lo anterior, y como se observa en la Gráfica, la asociación no es del todo lineal. Aunque en el estrato más bajo el monto promedio envuelto en los litigios es menos de la tercera parte del que se reporta en el estrato más alto, las mayores sumas se observan en el estrato medio.

Algo que sugieren los datos es la posibilidad de una relación inversa entre la incidencia de conflictos y los montos envueltos en los mismos. Como se observa en la Gráfica, los casos regionales atípicos, en términos del alto reporte de conflictos, como  Pereira y Bucaramanga, también parecen ser atípicos en términos de los montos envueltos en las controversias, pero esta vez por lo bajos.

Algo similar puede decirse cuando se agrupan los datos con otros criterios, como por ejemplo el número de “problemas de barrio” que se mencionan. A nivel de los cerca de treinta municipios de las once áreas metropolitanas incluidas en la muestra, parecería haber, como se aprecia en la Gráfica, una asociación inversa entre la incidencia de los conflictos y los montos en controversia.

Lo que esto sugiere es que el término “problema jurídico” al cual se alude en la encuesta puede ser interpretado de diversas maneras, dependiendo de la localidad, o del haberse visto envuelto en otro tipo de litigios. Se debe entonces destacar la importancia, al indagar por la incidencia de “conflictos civiles”, de hacer referencia a un mismo incidente, muy específico, que permita hacer comparaciones que no estén parcialmente viciadas por las diferentes interpretaciones que se le dan al vocablo con el cual se hace referencia a un conflicto genérico.

La observación anterior se corrobora con el ejercicio de limitar, en la estimación del efecto conjunto de todos los factores, la muestra a los conflictos por encima de cierto monto. Lo que se observa es que a medida que se sube la cota de los conflictos que se incluyen pierden importancia relativa las peculiaridades locales.

A.2 - LOS CONFLICTOS CIVILES QUE SE JUDICIALIZAN

Una vez analizados los factores que contribuyen a explicar las diferencias en lo que podría denominarse la “litigiosidad real” vale la pena indagar acerca de los elementos que determinan cual es la proporción de los conflictos que los ciudadanos buscan resolver en los juzgados.

Para el total de la muestra, se observa que en un poco más de uno de cada tres conflictos civiles (el 35%) se busca una solución ante la justicia. La segunda opción es, como se aprecia en la gráfica, el “arreglo directo” (29%), seguida por “no hacer nada” (20%). En menos del 5% de los casos se busca conciliación o arbitraje.

La tendencia a resolver los conflictos de negocios ante un juez parece depender, en primer lugar del nivel educativo del jefe del hogar. Como se puede apreciar en la Gráfica, entre quienes tienen estudios superiores la tendencia a judicializar sus discrepancias en los negocios (48%) es casi el doble de la de quienes no alcanzan la primaria como máximo nivel de su educación.

Un segundo factor que cabe esperar tenga algún efecto sobre la decisión de acudir a la justicia es la suma envuelta en los litigios. Dadas las características de la justicia civil en Colombia, en dónde los procesos judiciales enfrentan un fenómeno de considerable congestión que implica por ende demoras para su solución, la relación entre el monto de un litigio y la decisión de judicializarlo no es del todo clara a priori. Si bien es cierto que los conflictos por sumas pequeñas no justifican, por los costos que ello implica, tramitarlos ante la justicia, para los litigios con sumas considerables en juego, la demora puede fácilmente tornarse el costo más significativo. La información de la encuesta tiende a corroborar esta idea de una tendencia a judicializar inicialmente creciente con el ingreso pero decreciente en los rangos más altos. Como se observa en la Gráfica el rango para las sumas envueltas en el cual es más probable que un litigio se ventile ante un juez es entre uno y diez millones de pesos. Por encima de este valor, la proporción de conflictos judicializados se asimila a la que se observa en los casos inferiores a un millón. Claramente, en el rango más bajo la fracción de casos que llegan a la justicia es la menor: uno de cada cuatro.

Analizados los datos desde otra perspectiva, se encuentra que el valor promedio de los litigios que se judicializan es superior al de aquellos que terminan por otras vías, como el arreglo directo, la conciliación o el arbitramento. Lo que resulta difícil de explicar, es que, como se observa en la Gráfica, los conflictos que envuelven sumas promedio menores son aquellos que terminaron con conciliación o arbitraje.

Un aspecto interesante en términos de su contribución a explicar la decisión de judicializar un litigio civil es el relacionado con la experiencia que se tiene ante instancias judiciales de otro tipo [5]. Claramente, y como se observa en la Gráfica, los usuarios de la justicia, en otras áreas, tienen una mayor tendencia a judicializar sus litigios de negocios que aquellos ciudadanos que están más alejados de los estrados judiciales en las demás esferas. 

Mientras que entre quienes reportan haber acudido a un juzgado laboral para ventilar un pleito se reporta un nivel de judicialización de los conflictos de negocios cercano al 90%, entre quienes no se acercaron a la justicia laboral el porcentaje no difiere del promedio. A entre quienes reportan haber tenido un conflicto laboral, pero no llevado ante la justicia, la proporción de conflictos de negocios llevados ante los jueces es de uno de cada tres.

Quienes llevaron controversias de familia ante un juzgado también presentan una mayor tendencia a recurrir a la justicia (54.2%) para los litigios civiles que aquellos que no lo hicieron (34.6%). El sólo hecho de haber puesto una denuncia por un ataque criminal parece afectar la decisión de recurrir a la justicia para resolver diferencias en los negocios.

Para esta tendencia hacia el uso simultáneo de la justicia en las distintas áreas del derecho se pueden ofrecer varias explicaciones. Está en primer lugar algo en las líneas que, como para cualquier otro servicio, la gente aprende a utilizar el servicio de justicia, y que este aprendizaje sería fácil trasladarlo de un área a otra del derecho. Así habría ciudadanos iniciados en el arte de litigar que, todo lo demás constante, muestran mayor tendencia a recurrir a los juzgados para dirimir sus controversias con terceros. Lo que sería interesante estudiar es cual es la jurisdicción que en mayor medida sirve de inducción a los servicios de justicia. Una parte sustancial de este aprendizaje del litigio judicial es, sin lugar a dudas, el contacto con los abogados. Si, como ya se vio, el sólo hecho de reportar la incidencia de un conflicto en alguna área del derecho parece incentivar el reporte de controversias en otros campos, y que este fenómeno se puede explicar por la cercanía con los abogados, con mayor razón se puede pensar que unos buenos inductores, entrenadores, en el arte de litigar ante los juzgados son precisamente quienes derivan sus ingresos de este oficio.

Otra explicación compatible con lo que se observa es que podría haber diferencias personales, propensiones individuales a acudir a la justicia. La decisión de llevar ante la justicia un conflicto, el ánimo de buscar una instancia oficial de autoridad para dirimirlo haría parte de las preferencias de ciertos individuos que, ante cualquier tipo de controversia, se inclinarían por esta alternativa de solución. Algo así como una cuestión de principios en cuanto a la manera como se debe enfrentar un litigio. En ese sentido apunta el hecho que, ante una situación hipotética (“en caso de verse afectado por un hecho violento ¿ ante qué autoridades estaría dispuesto a acudir ?”) entre quienes manifiestan una mayor inclinación por las soluciones judiciales –quienes responden que irían ante un fiscal o un juez-  se observa una mayor inclinación por la judicialización de los conflictos de negocios (51.6%) que entre quienes optarían por otro tipo de solución (34.5%). Que esta mayor inclinación a utilizar la justicia sea una “regla de comportamiento” que se adquiere cuando se es joven, o algo que se aprende a raíz de una experiencia, o por vivir rodeado de gente con una inclinación similar, es algo que no se puede saber a partir de los datos de la encuesta.

Lo que parece claro es que existen ciertos “ambientes” con mayor tendencia al litigio que otros y que, en forma similar, existen entornos más propensos a la solución de los conflictos en los juzgados. Tal es la lectura que se le puede dar a la Gráfica dónde se observa que, según las localidades, la proporción de conflictos que se llevan a los juzgados puede variar entre uno de cada cinco (en Pereira o Pasto) hasta cuatro de cada cinco (en Manizales).

Lo que no debe dejar de señalarse es que aquellas áreas metropolitanas en las cuales se judicializa una menor proporción de conflictos son precisamente aquellas que presentan una mayor incidencia de litigios. Y viceversa: las ciudades más conflictivas son aquellas con menor propensión a resolver los litigios judicialmente.

Esta relación entre la incidencia de los conflictos y la tendencia a judicializarlos es, como se aprecia en la Gráfica, bastante estrecha. Se puede interpretar de varias maneras.

Es posible argumentar, como ya se señaló, que parte de esta asociación se deba a la imprecisión del término “problema jurídico” al cual estaba referida la pregunta en la encuesta. En un lugar como Pereira tal término se ha podido interpretar de un modo muy amplio, de forma tal que se incluyeron en la respuesta pequeños litigios, con montos bajos y de los cuales sólo una baja proporción se judicializó. En el otro extremo, en una ciudad como Manizales un sentido diferente del término habría llevado a hacer alusión únicamente a cuestiones más graves, por sumas importantes y en una etapa más avanzada en el proceso de judicialización.

Otra lectura para esta asociación negativa entre la incidencia de los conflictos y su grado de  judicialización puede hacerse a partir de una característica secular de la justicia en Colombia: la congestión de los despachos judiciales [6]. Cuando se piensa que el fenómeno de la congestión implica una restricción, por limitación de capacidad, en el número de conflictos que se pueden resolver por la vía judicial, es fácil imaginar que al alcanzarse este límite, para los conflictos adicionales tendrán que buscarse otras vías de arreglo. De esta manera, a mayor litigiosidad, la proporción de los conflictos que se judicializan disminuirá paulatinamente. Aún más, puede argumentarse que entre más estrecha sea esta relación negativa entre el volumen  de conflictos y la proporción de los que se llevan a la justicia más seria debe ser la restricción cuantitativa, la congestión, que afecta el sistema judicial. En este sentido lo que los datos de la encuesta sugieren es que un factor que puede estar contribuyendo a la desjudicialización de los conflictos en las ciudades colombianas es la congestión de los despachos, y que este problema parece ser bastante serio en el ámbito de los negocios.

El análisis del efecto conjunto de los elementos que se acaban de exponer sobre la decisión de buscar  ante un juzgado la solución de un conflicto en los negocios arroja los siguientes resultados [7]:

-       En términos generales son más signifcativos los efectos que ayudan a discriminar entre quienes han tenido un conflicto y quienes no lo han tenido que los de los factores que permiten separar, dentro del primer grupo, a quienes deciden acudir a la justicia de los que optan por otras vías. Dicho en otros términos, parece más fácil de explicar y predecir la litigiosidad que, dados unos niveles de litigiosidad, la tendencia a hacer uso de la justicia.

-       En  la discriminación de los usuarios de la justicia, priman las peculiaridades locales. Dados unos niveles de conflictividad, en ciertas ciudades se recurre menos a la justicia que en otras.

-       A nivel de los individuos, parece haber diferentes “propensiones” a acudir a la justicia. El haber tenido un juicio laboral, por ejemplo, multiplica por más de diez la probabilidad de llevar a juicio un litigio en los negocios. El haber llegado hasta juicio en un pleito de familia multiplica esta probabilidad por más de dos. Los datos disponibles no permiten identificar cual es el eslabón inicial en esta cadena de aprendizaje.

-       La vocación por las soluciones judiciales, que se manifiestan ante una situación hipotética de violencia, también sirven para explicar la decisión de judicializar o no un conflicto de negocios.

-       La tendencia a acudir a las autoridades oficiales para solucionar problemas en otros ámbitos es otro de los factores que ayuda a discriminar a los usuarios de la justicia del resto de ciudadanos que enfrentan conflictos. Parece haber individuos que, en todas las esferas, son más propensos a las soluciones “oficiales” que otros. Aún algo tan trivial como vivir en un vecindario en dónde para solucionar los “problemas de barrio” se recurrió a las autoridades –en lugar de contratar vigilancia privada, organizar al vecindario, adquirir armas o cambiar de residencia- constituye un elemento que ayuda a explicar la decisión de acudir a la justicia.

-       En forma menos significativa, el nivel educativo del jefe del hogar contribuye a explicar las diferencias entre los ciudadanos que, ante un conflicto acuden a la justicia de aquellos que no lo hacen. El tener educación superior multiplica por un poco menos de dos la probabilidad de judicializar un conflicto.

-       También en el límite de lo que se puede considerar un efecto estadísticamente significativo (94%)  se encuentra que los montos monetarios envueltos en los litigios aumentan la probabilidad de judicializar conflictos en los negocios.

-       Un factor que, de acuerdo con los datos de la encuesta, parece no afectar la decisión de ir a juicio es el estrato económico. Este resultado va en contra vía con una idea bastante arraigada en el país: que algunos ciudadanos de bajos recursos no pueden, por esta razón, tener acceso a la justicia. Lo que sugieren los datos es que, una vez se filtra por el efecto que tienen los montos en disputa, la condición económica de las partes no parece ser un factor determinante en la decisión de ir a juicio.

Dadas las dificultades que se señalaron en la medición de la incidencia de litigios, medición que se muestra en exceso sensible a la manera, ambigua, como se hizo la pregunta en la encuesta y dado que, en la práctica, es poco lo que se sabe en otros municipios del país acerca de la ocurrencia real  de conflictos, vale la pena un esfuerzo por analizar los factores que -haciendo caso omiso de esta conflictividad real, o sea suponiéndola constante- permiten discriminar a un usuario de la justicia de un individuo que no es usuario. Para esto se hace una estimación similar a la que se acaba de exponer pero sin limitar la muestra a los hogares que reportaron haber enfrentado un litigio. Simplemente se comparan las personas que en la encuesta manifestaron haber llevado a la justicia un conflicto de negocios con aquellas que no lo hicieron y se estima el impacto de los factores que ayudan a discriminarlas. En principio, se trató de incluir únicamente variables sobre las cuales se puede tener alguna idea sin necesidad de realizar encuestas. De esta manera, por los signos de los coeficientes, se podría eventualmente analizar las diferencias en la demanda por servicios de justicia civil entre dos localidades, comparando tanto algunas características de esas localidades como las de un individuo típico que habite en ellas. Este ejercicio arroja los siguientes resultados  [8]:

-       las comunidades con alta incidencia de hogares que solicitaron servicios de un juzgado de familia o laboral presentan una demanda por servicios de justicia civil varias veces superior a la de aquellas comunidades con baja incidencia de este tipo de juicios [9]. Los datos de la encuesta sugieren que la “entrada” a los servicios de justicia se da por la jurisdicción de familia. 

-       Un alto número de denuncias por ataques criminales es un buen predictor de la demanda por servicios de justicia civil. La probabilidad de que una persona que haya puesto una denuncia penal acuda a la justicia civil es casi tres veces superior a la de aquellas que no han puesto en conocimiento de las autoridades los delitos que los han afectado, o que no han sido afectadas por estos incidentes.

-       En los barrios “problemáticos” (presencia de pandillas, venta de drogas, conflictos entre vecinos …) es mayor la demanda por servicios de justicia civil, sobretodo en aquellos en que los ciudadanos tienden a recurrir a las autoridades para resolver tales problemas. 

-       En los lugares en donde predominan los hombres como jefe de hogar, y en donde estos jefes tienen un alto nivel educativo, hay una mayor tendencia a acudir a la justicia civil.

A.3 - LAS VICTIMAS DE ATAQUES CRIMINALES [10]

El análisis agregado, por ciudades, de los datos de la encuesta, muestra marcadas diferencias en la incidencia de ataques criminales según las regiones del país [11]. Son muy pocos los elementos disponibles en la encuesta para poder explicar estas diferencias tan marcadas en los niveles de criminalidad de las ciudades incluidas en la muestra. Tales niveles son los que, en últimas, determinan la probabilidad de que un habitante, en alguna de esas ciudades, sea víctima de un ataque criminal. Por otro lado, no es mucha la información que se tiene en la encuesta acerca de las medidas de prevención, o seguridad, que toman los ciudadanos para evitar ser víctimas de algún ataque.

Lo que sigue es por lo tanto un esfuerzo breve, y muy limitado por la información disponible, para tratar de encontrar los factores que, dados unos niveles de criminalidad, determinan la probabilidad de ser víctima de algún ataque. Así, los niveles uniformes de criminalidad se “simulan” especificando variables dicótomas para cada una de las localidades incluidas en la muestra. Con este artificio se reconoce que existen diferencias en las tasas de criminalidad y, aunque se considera que esas tasas son determinantes, no se busca explicarlas. Se toman como un dato. El otro elemento que se deja por fuera del análisis en esta sección es el de la relación, ya señalada, entre el ser víctima de un delito y el enfrentar conflictos en otros ámbitos como los negocios, la familia, o el trabajo.

Ha sido tradicional en la literatura sobre crimen la división entre los delitos contra la propiedad y los ataques contra las personas [12]. Por esta razón, vale la pena una división de las víctimas en dos categorías: las víctimas de los crímenes contra el patrimonio económico  y las víctimas de los crímenes contra la “vida e integridad de las personas”.

Del total de la muestra se encuentra que 252 hogares, un poco más del 1%, fueron víctimas de delitos contra la vida. El análisis simultáneo de los elementos que inciden en la probabilidad de ser víctima de una ataque contra las personas arroja los siguientes resultados [13]:

-       Los hogares de estrato bajo tienen una mayor propensión  a ser víctimas de homicidios y lesiones personales que los hogares de clase media y alta.  Estos resultados son consistentes con un buen número de estudios que señalan que la violencia colombiana está afectando, ante todo, a las clases populares.

-       Las personas con una educación universitaria tienen menos propensión a ser víctimas de ataques a la vida que aquellas con sólo educación secundaria. Es probable que las personas con educación superior afecten sus hábitos de desplazamiento, eviten los sitios peligrosos o tomen mayores medidas de precaución.

-       En términos de ciudades se encuentra que Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y  Pasto  presentan una incidencia mayor de víctimas de este tipo de delitos que la capital caso base de Bogotá. Bucaramanga y Barranquilla y Medellín aparecen como las ciudades con una mayor incidencia de víctimas.

Para los delitos contra el patrimonio la situación cambia considerablemente [14]. En primer lugar, el total de víctimas es mucho mayor (3267, o sea un poco más del 15%).

-       Los hogares de estrato bajo  tienen menos propensión a ser victimizados que los hogares de estrato medio y alto

-       Las personas con un nivel educativo de solo primaria tienen menos propensión a ser víctimas de este tipo de delitos que las personas con una educación secundaria o universitaria. Este efecto se da de manera adicional al efecto del estrato.

-       Los hogares en Cali presentan una propensión mayor a sufrir delitos contra el patrimonio que en ciudades como Bogotá.  Lo contrario sucede en ciudades como Medellín  y Barranquilla donde la propensión es menor que en Bogotá o que en ciudades más pequeñas como Pereira  o Manizales.

-       El caso de Medellín es muy particular ya que los hogares presentan una alta probabilidad de sufrir crímenes contra la vida, pero una baja probabilidad de ser víctimas de crímenes contra el patrimonio; parte de la explicación radica en la existencia de pandillas o grupos de milicias que ejercen control sobre ciertas zonas de la ciudad y que cumplen funciones de vigilancia, y ajusticiamiento. Este tipo de dinámica ha sido documentada con diversos testimonios [15]. De acuerdo al Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, las Milicias Populares, por ejemplo, “son la organización popular más numerosa de Medellín y no se puede desconocer”, las milicias reconocen haber dado muerte a 150 personas (desechables, vendedores de droga, delincuentes comunes).

A.4 - DENUNCIAS DE LOS HOGARES

La denuncia de un incidente criminal es, en principio, un deber de todo ciudadano colombiano. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal en su artículo 25 : “Todo habitante del territorio colombiano mayor de 18 años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y deban investigarse de oficio.  El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que debe investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello ; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente.”

El enfoque económico que en ocasiones se utiliza para explicar la decisión de acudir a las autoridades para resolver un litigio postula que si los costos de denunciar son menores que el valor esperado de poner una denuncia, el individuo denunciará el delito, de lo contrario se abstendrá y tomará otro tipo de decisión. Desafortunadamente, la cuantificación de estos beneficios y costos está lejos de poder realizarse.

En realidad es poco lo que se sabe acerca de los factores que, a nivel individual, afectan esa decisión y es probable que aun se esté lejos de poder formular en encuestas las preguntas adecuadas para resolver este interrogante. Como ya se señaló, existen, por un lado, marcadas diferencias regionales, que podrían tomarse como indicadores de costumbres, o hábitos, o elementos culturales que inciden en esa decisión. Parece, por otro lado, haber elementos comunes a la decisión de acudir a la justicia en cualquiera de los ámbitos del derecho. Las personas iniciadas, en cualquier tipo de juicio, parecen más propensas a acudir posteriormente ante los jueces para dirimir otros tipos de conflictos, incluyendo los penales.

Sólo  una tercera parte, o menos, de los delitos cometidos en el país son denunciados. Se sabe que el fenómeno de la subdenuncia está ligado a las percepciones negativas que los hogares tienen sobre la justicia y sobre los aparatos del Estado, al igual que al temor ante represalias por parte de los sindicados. 

De los datos de la encuesta de hogares se deduce que el estrato económico de las víctimas no difiere mucho entre las que sí denunciaron y las que no lo hicieron ya que la composición es muy similar. A pesar de lo anterior, entre los no denunciantes, el porcentaje de víctimas de estrato bajo aumenta (28%) y para las víctimas que sí denunciaron el porcentaje de personas de estrato alto aumenta (11%). 

En cuanto a la educación de las víctimas se encuentra que, al igual que para el estrato, existen composiciones similares; pero curiosamente, en el rubro de los que no denuncian los universitarios tienen una mayor participación que en el que sí denuncian. Las víctimas con una educación primaria y secundaria tienen una participación muy similar en el rubro de los que sí denuncian (41%), y en el de las víctimas que no denuncian (36% y 42% respectivamente).

Al analizar  el nivel de denuncia por ciudades se obtiene lo siguiente:  la ciudad donde existe un mayor porcentaje de hogares que sí denuncian los delitos es Montería con el 47% de delitos denunciados, le  sigue Medellín con el 42%. En el otro extremo se encuentran las ciudades con altos porcentajes de no denuncia, como Cali con el 75% de delitos no denunciados, seguido de Pasto con un porcentaje del 72%. 

El caso de Medellín es notorio porque siendo la ciudad más violenta del país, y una de las menos afectadas por los atentados contra el patrimonio, presenta patrones de denuncia muy distintos dependiendo del tipo de incidente que afectó a la víctima.   

En esta ciudad las tasas más altas de subdenuncia la presentan los crímenes contra el patrimonio económico seguido por otros delitos contra la vida que no incluyen el homicidio; por otro lado las tasas más altas de denuncia se presentan en términos del delito de secuestro seguido de otros contra la libertad y en tercer lugar el homicidio.  A la luz de lo expuesto con anterioridad con respecto a los mecanismos de justicia privada que funcionan en esta ciudad estos resultados son congruentes, ya que delitos contra el patrimonio no tienen mucha incidencia en esta ciudad y en caso de que afectaran a los hogares éstos prefieren recurrir a otros mecanismos de suministro de justicia.

Del total de crímenes denunciados por los hogares, de acuerdo a la encuesta, el 85% fueron contra el patrimonio económico, el 9% fueron crímenes como las lesiones personales y el aborto y el 3% de los delitos denunciados fueron homicidios.

Del total de crímenes que no fueron denunciados el 94% fueron crímenes contra el patrimonio, el 7% fueron crímenes contra la libertad y el 2% fueron homicidios.

Si se toman los delitos reportados por los hogares de forma individual, se tiene que el mayor porcentaje de denuncias reportadas para un delito lo tienen los delitos contra la familia (inasistencia alimentaria), seguido por delitos que contra la libertad y los delitos contra la vida.

Para crímenes sexuales el 63% de los hogares prefirieron no denunciar. Una posible explicación radica en la naturaleza del delito que tiene connotaciones para la víctima que con frecuencia se encuentra traumatizada, temerosa y avergonzada de contar su experiencia y percibe que probablemente sufrirá una segunda victimización al revivir tan traumática experiencia.

Del total de crímenes contra el patrimonio económico reportados en la encuesta solo el 28% es denunciado, se pueden sugerir varias explicaciones para este fenómeno.  En primer lugar es lógico pensar que muchos de los delitos contra el patrimonio económico reportados por los hogares no serán denunciados al ser de baja poca cuantía, otros no serán denunciados debido a que no se conocía al autor y se da por hecho que las autoridades no pueden hacer nada al respecto.  Sin embargo existe un pequeño porcentaje de estos delitos que llega a conocimiento de las autoridades por la existencia de consecuencias económicos de hacer o no hacer la denuncia (robo de vehículos, de tarjetas de crédito, de mercancía asegurada, etc...).

Teniendo en cuenta todos estos factores que influyen sobre la decisión de los hogares de acudir a las autoridades para elevar una denuncia, se puede realizar un análisis multivariado. Se encuentra que [16]:

-       La decisión de denunciar depende negativamente del estrato bajo: los hogares de estrato bajo denuncia menos que los de estrato medio o alto.

-       Desde el punto de vista educativo se encuentra que el hecho de que el jefe de hogar tenga educación universitaria afecta positivamente. Se puede pensar que tanto el estrato como la educación superior, a la cual solo una minoría de los colombianos tiene acceso, es un indicador de mayores ingresos. La educación por su parte puede implicar mejores conocimientos sobre los derechos como ciudadanos o un mayor contacto con abogados.  De acuerdo con la encuesta, del total de hogares con educación universitaria que fueron víctimas de un delito, el 37.17% lo denunciaron.

-       Por ciudades se observa que la ciudad de Cali presenta el mayor porcentaje de no denuncia (75%). El hecho de vivir en Montería, por el contrario, afecta de forma positiva la decisión de denunciar. En Cali, la alta incidencia de crímenes sexuales, homicidios y otros crímenes contra la vida pueden desincentivar a los hogares en su decisión de entablar una denuncia.

-       Los delitos contra la familia  afectan positivamente la tendencia a denunciar. Conductas como la inasistencia alimentaria o la violencia familiar tiene mayor probabilidad de llegar a conocimiento de las autoridades probablemente por el hecho que se trata de delitos con sindicado conocido, que no requieren mayor esfuerzo investigativo por parte de las autoridades para ser juzgados. En el caso de la inasistencia por alimentos, la denuncia implica además ciertas prerrogativas. Cuando  una madre denunciar al padre de su hijo por inasistencia, no solo puede embargarse hasta el 50% del salario del padre [17], sino que además esto lo obliga a reconocer al hijo como heredero. Para la violencia familiar aparece también un alto grado de denuncia, ya que del total de delitos de violencia familiar reportados en la encuesta el 84.62% fueron denunciados. Este alto porcentaje se puede explicar por una asociación positiva entre la tendencia a denunciar y a reportar este tipo de incidentes en una encuesta.

-       El homicidio (simple, agravado o culposo) afecta de forma positiva la probabilidad de denuncia.

-       El que el delito sea el secuestro también aumenta la probabilidad de que se recurra a las autoridades.

A.5 - LAS RAZONES PARA NO DENUNCIAR

El 69% de los encuestados, víctimas de algún tipo de delito, no lo denunciaron ante ninguna autoridad. Al indagar acerca de las razones por las cuales no se denunció, las víctimas respondieron que por falta de pruebas en un 36%, seguido por “inoperancia de la justicia” en un 23% , temor ante las represalias con el 11.5% y desconocimiento del autor con un 9.7%. En términos generales la decisión de no denunciar tiene cierta relación con las características de los hogares.  Del total de hogares de estrato bajo víctimas de un delito y que no interpusieron una denuncia,  el 36% aludieron falta de pruebas, el 22% por inoperancia de la justicia y el 14% por temor ante las represalias.  Los hogares de estrato medio respondieron de forma muy similar al anterior mientras que el 42% de los hogares de estrato alto manifestaron  no haber denunciado debido a la inoperancia de la justicia, seguido en un 29% por la falta de pruebas en contra del sindicado.

Las dos primeras razones tienen relación directa con la desconfianza que tienen los hogares en el sistema judicial. Se siente que al no tener pruebas que inculpen al sindicado y que le faciliten la labor a los organismos estatales, el caso no va a tener un trámite exitoso, ni una solución efectiva.

La decisión de no denunciar por falta de pruebas no parece pertinente en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga  y Cali, pero es decisiva en Manizales y Pasto.

La tercera razón para no denunciar es el temor ante las represalias. El hecho de que los hogares no denuncien por temor ante las represalias está influenciado de forma positiva si el hogar vive en ciudades como Medellín, Cali, Pasto y los municipios aledaños a la ciudad de Medellín como Envigado. Esto resultados muestran que en ciudades con altas tasas de violencia homicida  (el 25% del total de homicidios y el 44% de los secuestros se cometieron en Medellín) la gente obviamente teme por sus vidas y más teniendo en cuenta que el grueso de esta violencia es perpetrada por agentes sobre los cuales el Estado no tiene ningún tipo de control y no provee protección. En términos de características de los hogares se encuentra que los hogares con una educación primaria tienen una mayor propensión a no denunciar debido al temor, mientras que en los hogares con educación universitaria esta razón es menos determinante. En efecto, el 54% de los hogares que respondieron no haber denunciado por temor ante las represalias tenían tan educación primaria mientras que solo el 9.32% que respondieron de igual forma tenían una educación universitaria.  No parece razonable argumentar que la educación tenga un efecto directo sobre el temor. Se puede plantear que aquellos hogares con menor educación, tienen menos capacidades económicas, menos posibilidades de protección y acceso a servicios legales y son más susceptibles a ser intimidados por diversas organizaciones criminales. 

Ciertos delitos despiertan mayor temor a ser denunciados. Tal es el caso del homicidio, y otros crímenes contra la vida. 

La decisión de no denunciar un crimen puede ser consecuencia directa de una mala experiencia por parte de la víctima en un primer acercamiento al sistema judicial o a cualquier tipo de autoridad.  El individuo puede verse frustrado ante la acción lenta y poco efectiva del sistema judicial o puede ser nuevamente victimizado debido a la negligencia de las autoridades policivas o la fiscalía. El 33% de los hogares víctimas interpusieron sus denuncias ante una inspección de policía,  un 24% ante la unidad de policía, el 10% ante un CAI, el 8.8% ante la Fiscalía y solo un 3.54% ante un juzgado.  Si se tiene en cuenta la situación socioeconómica de los hogares se encuentra que los hogares de clase media presentan la mayor proporción de denuncias ante las instancias policiacas.

B - ENCUESTA REALIZADA EN BOGOTA, MEDELLIN Y BARRANQUILLA [18]

B.1 – CONFLICTOS NO PENALES

El  5.9% de quienes respondieron la encuesta manifestaron haber tenido conflictos relacionados con herencias. La incidencia de los problemas por herencias aumenta con el nivel económico de los hogares (4.7% en el estrato bajo, 5.9% en el medio y 7.5% en el alto) y, por el contrario, es mayor en el nivel más bajo de educación (7.6% entre quienes tienen sólo primaria y 5.2% entre los universitarios). Las mujeres reportan un porcentaje ligeramente superior (6.7%) al de los hombres (4.8%).

Tres de cada cuatro de los encuestados están o han estado casados. Entre estos, un 14.3% manifestaron haber sido agredidos alguna vez por el cónyuge. La incidencia de la agresión conyugal es mucho menor en Barranquilla (8%) que en Medellín (16.9%) o Bogotá (17.7%), decrece con el estrato económico (17.1% en el bajo, 14.8% en el medio y 6.6% en el alto) y con el nivel educativo (19.4%, 13.6% y 8.4%), y es tres veces mayor entre las mujeres (20.3%) que entre los hombres (6.8%).

Uno de cada cinco de quienes han estado casados se ha separado. Para los demás conflictos conyugales, la incidencia reportada es bastante baja: guarda de los hijos (3.5%), asistencia alimentaria (5.6%), reconocimiento de hijos (2.2%), agresión de padres a los hijos (1.4%), abuso sexual (0.2%) y otros (2.6%).

La incidencia de las separaciones es prácticamente idéntica por ciudades, disminuye ligeramente con el estrato (22.8% en el bajo, 20.4% en el medio y 15.3% en el alto) y lo hace en forma aún más leve con el nivel educativo. Los conflictos por separaciones no parecen independientes de los problemas de maltrato conyugal, o por lo menos del reporte de estos últimos. Mientras que entre las personas que manifestaron haberse separado un 40.5% señaló haber sufrido una agresión conyugal, entre los no separados esta cifra es apenas del 7.6%. La correlación entre los dos tipos de conflictos es del 40%. 

Los problemas de asistencia alimentaria no presentan diferencias importantes por ciudades, dependen negativamente del estrato (8.7% en el bajo, 5.2% en el medio y 2.7% en el bajo), casi no se afectan con el nivel educativo, y son mucho más mencionados por  las mujeres (8.3%) que por los hombres (2.1%).

En síntesis, uno de cada cuatro de los encuestados (25.7%) reporta la ocurrencia de algún tipo de conflicto de naturaleza familiar. El análisis simultáneo de los factores que afectan la incidencia de este tipo de conflictos arroja los siguientes resultados [19]:

-       La conflictividad en el ámbito familiar está negativamente asociada con el estrato socio económico. A medida que aumenta el estrato disminuye la incidencia de problemas como herencias, separaciones, agresiones, asistencia familiar etc…

-       El paso del tiempo aumenta la probabilidad de este tipo de conflictos. Las personas mayores reportan un mayor número de conflictos que las personas jóvenes.

-       Los conflictos de tipo familiar son reportados más frecuentemente por las mujeres que por los hombres. Lo anterior no sorprende pues varios de los incidentes que se incluyeron en esta categoría –como la agresión, o la inasistencia alimentaria, o el reconocimiento de hijos- las víctimas son generalmente mujeres .

-       El mayor nivel educativo, y en particular el alcanzar una educación más allá de la secundaria, tiende a disminuir la probabilidad  de los conflictos en el ámbito familiar.

-       El haber tenido un contrato de arriendo, como arrendador  o inquilino, aumenta la incidencia de conflictos familiares. Se puede pensar que el sólo hecho de establecer los términos de un contrato de alquiler induce a una toma de conciencia, o a un mayor conocimiento, del marco legal, aprendizaje que se expande luego a otras áreas.

-       Se corrobora la idea de que existen ciertos “ambientes” , en este caso familiares, más conflictivos que otros. En primer lugar, el hecho de contar con parientes que hayan llevado algún litigio a un juzgado, aumenta la incidencia de conflictos de tipo familiar. Por otro lado, el reporte de conflictos con la familia está positivamente asociado con el reporte de conflictos en otras esferas: con los vecinos, con arrendadores, por deudas, y con establecimientos privados. En particular, entre quienes reportaron conflictos con los vecinos o con establecimientos privados, la incidencia de problemas de tipo familiar es un 70% superior a la observada entre quienes no reportaron tal tipo de incidentes.

-       Ciertas opiniones, con respecto a la ley y a la manera como esta se cumple ayudan a explicar las diferencias en materia de conflictos familiares. En particular, el manifestar acuerdo con la idea de que es válido “robar por hambre” está positivamente asociado con el reporte de litigios familiares. Por el contrario, el estar de acuerdo con la afirmación que en “Colombia siempre se evaden las leyes”, está negativamente asociado con la existencia de conflictos en la familia. En cierta medida, los datos muestran una asociación positiva entre la conflictividad  y el apego a la ley.

-       En forma adicional a los efectos anteriores, se observa un componente regional significativo. Tanto Medellín como Barranquilla presentan una incidencia menor de conflictos de tipo familiar que la capital del país.

Los conflictos con los vecinos tienen, todos, una incidencia inferior al 5% entre los encuestados. El problema más mencionado es el de los "insultos graves" seguido por el de los "ruidos". El primero no presenta diferencias importantes por ciudades y aparece como un problema con mayor incidencia en el estrato bajo (8.3%) que en el alto (3.2%). Las diferencias por nivel educativo son bajas. El problema de ruidos es más mencionado en Bogotá (5.2%) que en Barranquilla (4%) o Medellín (3%). Su incidencia aumenta con el estrato (2.9% en el bajo contra 7.9% en el alto) y con el nivel educativo (1.5%, 4%, 6.8%). Parece afectar por igual a los hombres que a las mujeres y su reporte no depende de la edad del encuestado.

Los conflictos derivados de insultos son los que aparecen con mayor frecuencia mencionados como "los más importantes" (24%) seguidos por los problemas de ruido (17.4%) y los de agresiones (13.4%). 

Los conflictos con los vecinos parecen más frecuentes en  Barranquilla que en Bogotá o Medellín, muestran una caída importante al pasar del estrato bajo al medio y, extrañamente, aumentan un poco con el nivel educativo del jefe del hogar.

En total un 13.9% de los encuestados reportó algún tipo de discrepancia con sus vecinos. El análisis simultáneo de los elementos que afectan la incidencia de conflictos con los vecinos arroja los siguientes resultados [20]:

-       Nuevamente se observa una asociación negativa entre la conflictividad y el estrato socio-económico. A medida que aumenta el estrato, se incrementa el reporte de incidentes con los vecinos.

-        Se corrobora la idea de ciertos ambientes más conflictivos que otros. En este caso, el reporte de conflictos con los vecinos está positivamente asociado con el de conflictos de familia, de deudas y con establecimientos privados (centros educativos, médicos, comercio y otras entidades). También se observa que entre quienes cuentan con parientes que han acudido a la justicia es mayor el reporte de conflictos con los vecinos. Es difícil en este caso establecer algún tipo de relación de causalidad entre estos fenómenos que en principio tienen poco que ver. Lo que puede sugerirse es que ciertas personas, al enfrentar un conflicto en cualquier área, se tornan más sensibles a los atentados contra sus derechos en los demás ámbitos.

-       El hecho de haber sido víctima de un ataque criminal aumenta la probabilidad de reportar la ocurrencia de conflictos en el vecindario. A esta asociación, nuevamente, se le pueden dar dos lecturas.  La primera sería la existencia de lugares en donde el “desorden” se da en varios ámbitos del derecho: los lugares en donde no existe mayor respeto entre vecinos (por problemas de ruidos, basuras, linderos, insultos etc …) serían más propicios para los ataques  criminales. En el otro sentido, la gente que ha sido víctima de algún delito puede tornarse más desconfiada y hasta sensible a las actuaciones de sus vecinos y reportar como conflicto ciertas conductas que en un ámbito menos inseguro pasarían desapercibidas.

-       La influencia de guerrilla reportada en la encuesta  está positivamente asociada con los niveles de conflictividad entre vecinos. Este resultado va en contra vía de la idea, relativamente difundida en el país, de la subversión como autoridad paralela en los barrios que contribuye al orden social. Sugiere por el contrario que la presencia de tales grupos puede estar asociada con una menor  influencia de la autoridad oficial y, por esta vía, con mayores niveles de conflicto entre los vecinos de un barrio.

-       A diferencia de lo que se observaba para los conflictos de familia, las opiniones de los ciudadanos acerca de la ley y la manera como se cumple no parecen afectar la ocurrencia de los problemas con los vecinos.

-       En forma un tanto sorprendente se observa que estos conflictos de barrio presentan menos peculiaridades regionales que los de familia. No se observan diferencias sistemáticas entre Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Sólo un 4.5% de los encuestados manifiesta haber tenido problemas con algún establecimiento educativo. La incidencia de conflictos es similar con los establecimientos públicos o los privados; es ligeramente superior en Bogotá (6.0%) que en Barranquilla (4.2%) o Medellín (3.3%); disminuye un poco con el estrato económico (6.9%, 4.0% y 3.8%); no depende del nivel educativo del encuestado y es un poco mayor la reportada por las mujeres (5.3%) que por los hombres (3.6%). El conflicto con establecimientos educativos más mencionado, y el considerado más grave, es el reajuste de matrículas, seguido por los problemas de rendimiento académico y el maltrato de profesores.

Un 10% de los encuestados manifiesta haber tenido conflictos por la adquisición de productos defectuosos o servicios mal prestados. La ciudad en dónde este tipo de incidente es más recurrente es Barranquilla (12.1%) seguida de Bogotá (10.0%) y Medellín (8.0%). El reporte de tales problemas aumenta en forma marcada con el nivel educativo : 3.5% para los encuestados con educación primaria, 9.3% para aquellos con secundaria y 18.4% para los universitarios. Es un conflicto más mencionado por los hombres (11.9%) que por las mujeres (8.5%). Las relaciones con compañías privadas más problemáticas son con los talleres de reparación de automóviles, con los vendedores y comerciantes y con las empresas de medicina prepagada. No sólo son las más frecuentes sino las consideradas más graves.

Un poco más del 12% de los encuestados  reportaron algún incidente con un establecimiento privado (compañías de seguros, agencias de viajes, constructoras, bancos, eps,  etc… ). Al analizar  los factores que contribuyen a explicar la incidencia de este tipo de conflictos, se obtuvieron los siguientes resultados [21]:

-       Un elemento que contribuye a discriminar entre  quienes han tenido discrepancias con entidades privadas y quienes no reportan tal tipo de conflicto es el nivel educativo. El tener un título universitario multiplica por cerca de dos la probabilidad de ocurrencia de tales incidentes. Aunque de manerta menos significativa, el reporte de estos incidentes está positivamente asociado con el estrato. Si se piensa que el reporte de conflictos con establecimientos privados refleja, en alguna medida, lo que podría denominarse el grado de conciencia en los derechos del consumidor la conclusión que se deriva es que este es un asunto que se aprende con el paso por la universidad. Especulativamente se puede plantear, dada la asociación tanto con el estrato como con los estudios universitarios, que la gente que ha viajado al extranjero es la que toma conciencia de sus derechos como consumidor.

-       El reporte de este tipo de incidente es mayor en el género masculino. Esta asociación se puede interpretar de dos maneras. O bien la “conciencia de consumidor” está más desarrollada entre los hombres que entre las mujeres. O, alternativamente, los establecimientos privados tratan mejor  a las  mujeres que a los hombres. La probabilidad de conflictos con entidades privadas es cerca de un 50% mayor entre los hombres.

-       De nuevo se observa una asociación significativa entre la conflictividad en los diferentes ámbitos. En este caso parece corroborarse la idea de que una mayor conciencia de los derechos –como consumidor, como miembro de familia, como vecino- y por ende de las violaciones a los mismos implica un mayor reporte de conflictos alrededor de esos derechos, en todas las áreas

-       Como cabría esperar hay una alta asociación entre los conflictos con las entidades públicas y aquellos con las compañías privadas. Aún más, el haber tenido problemas con entidades públicas es el elemento que mejor ayuda a discriminar a quienes han tenido conflictos con compañías privadas. El haber tenido alguna discrepancia con quienes prestan servicios estatales multiplica por más de seis la probabilidad de un litigio con empresas privadas.

-       No aparecen diferencias significativas por ciudades en la incidencia de este tipo de conflictos.

Con entidades del sector público los conflictos considerados graves presentan una mayor incidencia (16%) que aquellos con las compañías privadas . Entre estas relaciones, las más problemáticas son con las empresas de servicios públicos y en particular con las empresas de acueducto. Aunque , como ya se señaló, el haber tenido discrepancias con entidades públicas es un elemento determinante de la incidencia de conflictos con empresas privadas, los elementos que contribuyen a explicar la incidencia de conflictos no son los mismos en uno y otro caso. Así, la figura del “usuario problemático” de un servicio público no la definen los mismos parámetros que la de “consumidor conflictivo” de los bienes y servicios privados. En particular  [22]:

-       Tanto el estrato como el nivel educativo de los ciudadanos pierden importancia como determinantes de la incidencia de conflictos cuando se trata de empresas públicas.

-       Los conflictos en otras áreas de las relaciones también pierden en este caso la importancia que habían mostrado como factores que ayudan a explicar la incidencia de otro tipo de conflictos. Los únicos  incidentes en otras áreas que mantienen su poder  explicativo sobre la probabilidad de ocurrencia de un conflicto con empresas estatales son las discrepancias con compañías privadas y los incidentes de no pago de deudas.

-       Se presentan marcadas diferencias regionales. En Medellín, pero sobretodo, en Barranquilla, hay un mayor reporte de conflictos con empresas de servicios.

 El 14.6% de los encuestados reportaron haber tenido conflictos por deudas que no les han sido pagadas [23]. Para este tipo de conflicto el punto que más llama la atención es que la incidencia es mayor entre las personas con educación universitaria que entre aquellos con un menor nivel educativo [24]. Si, como parece razonable suponer, los ciudadanos hacen negocios o le prestan plata a personas de su mismo nivel de educación, lo que este resultado sugeriría es que el no pagar deudas es algo que los colombianos estarían aprendiendo al educarse. Por lo demás, se conserva el patrón de una asociación entre este y otros tipos de conflictos.

De las personas que respondieron estar, o haber estado, empleadas, un 10.9% manifestaron haber tenido algún conflicto con su patrón. El análisis simultáneo de los factores que los afecta muestra que los conflictos laborales  [25]:

-       Dependen negativamente del estrato pero están poco asociados con el nivel educativo de las personas.

-       Están negativamente asociados con la edad de las personas que responden la encuesta pero no se ven afectados por el género. Si se piensa que las personas de mayor edad han trabajado  un mayor número de años y, aún así, la edad repercute negativamente en el reporte de conflictos laborales, se puede decir que tal tipo de litigios ha tendido a aumentar con el tiempo.

-       Están positivamente asociados con el reporte de conflictos familiares y de deudas no pagadas.

-       Es mayor la incidencia en Medellín que en Bogotá y Barranquilla.

En síntesis, de todos los conflictos no penales que enfrentan los ciudadanos en estas tres ciudades, los más recurrentes parecen ser aquellos de la órbita familiar seguidos de las discrepancias con el sector público. Le siguen en orden de importancia los problemas de deudas, la agresión conyugal, los conflictos con los vecinos y los inconvenientes con compañías privadas.

Una segunda manera de mirar esta “demanda potencial” por servicios de justicia consiste en agregarla de acuerdo a las distintas jurisdicciones a las que, en caso de judicialización, se llevarían los conflictos. Se obtiene así, como se aprecia en la Gráfica que un poco más de uno de cada tres de los conflictos  no penales  reportados en esta encuesta  atañen a la jurisdicción civil, un 22% a la de familia, un poco más del 15% conducirían, para su solución judicial, a una acción de tutela, un porcentaje similar constituye problemas de “inspección de policía” y uno de cada diez llevarían a un juzgado laboral.

Con esta categorización en mente vale la pena un esfuerzo por analizar las características de los usuarios potenciales de la justicia civil, tratando de identificar los elementos que ayudan a discriminarlos del resto de ciudadanos  [26].

La incidencia de los conflictos en las áreas no penales consideradas hasta este punto no está concentrada en unos pocos hogares. Cerca del 60% de los hogares de la muestra manifestaron haber enfrentado algún tipo de conflicto. Además, no son escasos los hogares que reportan más de un caso.

De todas maneras, parece haber "ambientes" más conflictivos que otros. Se destaca en particular Barranquilla con una incidencia de conflictos cerca de diez puntos superior a la de Bogotá o Medellín y, además, con un número promedio de conflictos [27] superior al de Bogotá y sobretodo al de Medellín. El perfil de la conflictividad por estrato económico es curioso: al subir de estrato disminuye la incidencia pero tiende a aumentar el número promedio de conflictos. Por nivel educativo, y en forma sorprendente para quienes esperan reducir con mayor educación la conflictividad de los colombianos, se observa que la mayor educación, y sobretodo el paso de la secundaria a la universidad por parte del jefe del hogar, aumenta tanto la incidencia de los conflictos como el número de casos por hogar.

El análisis simultáneo de los elementos que afectan la incidencia de conflictos de naturaleza civil –básicamente problemas de herencias, conflictos de arriendo, no pago de deudas, diferencias con establecimientos privados- muestra que la “demanda potencial” por servicios de justicia civil depende de  [28]:

-       En forma positiva del estrato socio económico y, sobretodo, del nivel educativo. Las personas con educación superior presentan una probabilidad de reporte de conflictos cerca del 50% superior a la de quienes no han pasado del bachillerato.  Ni el género ni la edad de las personas parecen afectar la incidencia de conflictos de naturaleza civil.

-       En una especie de “círculo vicioso” de conflictividad, se reitera la idea de que la gente que vive en ambientes conflictivos –en la familia, el barrio o el trabajo- tiende a reportar más conflictos civiles. Así, la pregunta crítica está orientada a saber cual es la “puerta de entrada” a este mundo de los conflictos. Los datos de la encuesta sugieren dos posibles portales. El primero es el de la relación arrendador/inquilino.  El simple hecho de haber sido parte en un contrato de alquiler de vivienda aumenta en un 50% la probabilidad de enfrentar conflictos de tipo civil. El segundo portal es el de las discrepancias laborales y de familia. En ambos casos, las estimaciones realizadas sugieren que estos litigios surgen con mayor probabilidad en los niveles  bajos del estrato socio-económico. Así, si se supone que los hogares  se mueven en el mundo de las relaciones civiles y comerciales mejorando si situación económica es razonable postular que enfrentan primero este tipo de conflictos.

-       Reforzando la idea de ciertos ambientes más conflictivos que otros persiste el efecto, como elemento que contribuye a la conflictividad, de estar en contacto con familiares que hayan acudido a la justicia. Un ciudadano que tenga un pariente con experiencia en los juzgados presenta una probabilidad de reportar conflictos civiles 50% mayor que la de un ciudadano que no tenga, a través de su familia, este tipo de experiencia.

-       El haber sido víctima de un ataque criminal contribuye a la mayor incidencia de conflictos de tipo civil. Quienes han sido atacados por la delincuencia presentan una probabilidad de reportar conflictos civiles cerca del doble de quienes no han sido víctimas. Esta asociación permite dos lecturas. La primera es, de nuevo, la de ciertos ambientes más desordenados que otros, en todos los ámbitos. La segunda es la de una especie de sensibilización que hace que un atentado contra los derechos, en cualquier ámbito, implique una mayor tendencia a calificar de conflictivas   ciertas situaciones.

-       Un punto adicional a favor del argumento de ciertos “ambientes” más desordenados que otros lo constituye el hecho que las opiniones acerca de la necesidad de respetar la ley son un elemento que ayuda a distinguir a los ciudadanos conflictivos de aquellos que no lo son. El mostrarse de acuerdo con la opinión acerca de la conveniencia de obedecer  siempre la ley es un factor que reduce la probabilidad de reporte de conflictos civiles.

B.2 – LAS SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS NO PENALES

Un poco más de uno de cada cinco de los conflictos por herencias (22.6%0 terminaron en un juzgado.  Entre quienes manifestaron haber tenido este tipo de conflicto, la solución preferida fue la consulta con un abogado (más del 40% de las respuestas como primera opción) seguida del acuerdo entre hermanos. La judicialización del conflicto fue la alternativa más mencionada como segunda opción. Entre quienes no optaron por judicializar el conflicto un 49% manifiestan que estarían dispuestos a hacerlo. Ante un conflicto hipotético sobre herencias las prioridades para las eventuales soluciones difieren de las adoptadas por quienes se han visto enfrentados en la realidad a tal situación. Como primera opción predomina la solución amigable entre hermanos, como segunda opción la consulta con un abogado y la judicialización aparece mencionada como tercera opción.  Vale la pena observar que, para los conflictos de herencias, la alternativa de la judicialización aparece más relevante en los casos reales que ante el conflicto hipotético.

Para la agresión conyugal la proporción de casos llevados ante la justicia es bastante reducida: cerca de uno de cada veinte. Entre los cónyuges agredidos la respuesta predominante como primera opción es la "no hacer nada". De nuevo, ante el caso hipotético de una agresión conyugal que implique hospitalización las soluciones difieren de las que se adoptaron en realidad. Además, dependen en forma sustancial del género de quien responde. En particular, el acudir a las autoridades de Policía o judiciales, aparece como una alternativa más mencionada por las mujeres que por los hombres y más recurrente que la observada en los casos reales.

Para los problemas con el vecindario la tendencia a dirimirlos ante la justicia es aún menor (4%). Entre las alternativas explícitas en la encuesta, la reacción más mencionada como primera opción para solucionar los conflictos con los vecinos fue la del arreglo amigable seguida de una queja ante la policía. Un 43% de los encuestados respondió que de no haber resuelto el caso de esa manera estaría dispuesto a acudir ante un juez.  Esta disposición a judicializar es mayor en Barranquilla (51.1%) que en Medellín (47.5%) que en Bogotá (34.2%);  depende muy poco del estrato; aumenta con el nivel educativo (38%, 44% y 48%) y es más alta entre los hombres (49%) que entre las mujeres (39%).  Ante la eventualidad de un vecino que monta un negocio que causa ruido e incomoda mucho se observa, de nuevo, que el acudir a las autoridades aparece como una opción más recurrida que las que se adoptan ante los conflictos reales.

Igualmente reducida (3%-4%) es la tendencia a judicializar conflictos con entidades privadas, por productos defectuosos o con establecimientos educativos. Ante el conflicto hipotético de un hijo golpeado por un profesor la alternativa de solución más mencionada es la queja ante el Ministerio de Educación (33.8%) seguida de una tutela (22.0%) y un acuerdo con las directivas del establecimiento o con el profesor (20.6%). Para los productos defectuosos entre las soluciones adoptadas sobresale el acuerdo con el vendedor como primera opción y el no hacer nada. Sólo el 2% de los perjudicados llevó el caso ante la justicia o ante un abogado. Ante la pregunta de si se estaría dispuesto a acudir ante un juez un 35% de los encuestados respondió afirmativamente. Esta respuesta es mucho mayor en Medellín (49%) que en Barranquilla (36%) o Bogotá (21%); es dos veces más frecuente en el estrato bajo (43%) que en el alto (21%); no se ve afectada por el nivel educativo y los hombres se muestran más dispuestos (43%) que las mujeres (25%). Enfrentados ante un eventual conflicto de esta naturaleza [29] la oficialización del conflicto -ante la justicia o con un abogado o ante una asociación de consumidores- aparece como una alternativa más recurrente que la que se dio en la realidad. 

En forma consistente con la observación que la justicia civil colombiana está primordialmente dedicada al cobro de deudas [30] se encuentra que los problemas originados en el no pago de obligaciones presentan no sólo una alta tendencia a ser resueltos ante un juzgado (14%)  sino, además, una altísima “intención” de llevarlos ante la justicia.  Aunque una de las principales soluciones adoptadas para solucionar el conflicto fue el acuerdo directo con el deudor, la disposición a judicializar este tipo de conflictos [31] es significativa (38%). Es superior en Barranquilla (42% contra 35% en Bogotá o Medellín); aumenta levemente con el estrato pero no con el nivel educativo y es mayor entre las mujeres (40%) que entre los hombres (35%). Ante la eventualidad de alguien que, debiéndole bastante dinero, se atrasara en los pagos, las soluciones que se adoptarían serían, en su orden, un acuerdo con el deudor, la consulta con un abogado y llevar el caso ante un juez.

Para los conflictos laborales, la judicialización (18%) también es importante. La solución más recurrida al conflicto fue el acuerdo con el patrón. Ante un conflicto laboral hipotético -atraso de más de un mes sin justificación- también la solución predominante es el acuerdo con el patrón.

Para los conflictos con instituciones, tanto privadas como públicas, las reacciones son similares : en primer lugar acudir a algún superior y en segundo lugar no hacer nada. La judicialización de este tipo de casos [32] es prácticamente inexistente.

Paradójicamente, puesto que se trata de los casos en los cuales se esperaría mayor posibilidad de arreglos amigables en el ámbito familiar, los mayores niveles de judicialización se observan para los asuntos conyugales y las herencias. Le siguen en importancia los líos laborales y, después de las deudas, los problemas con arrendadores.

Una alternativa para estudiar los factores que distinguen a los usuarios de la justicia del resto de los ciudadanos a partir de los datos de la encuesta de percepciones es utilizar una pregunta, muy general, acerca de si se han tenido, o se tienen, pleitos en algún juzgado [33].

Un 14% de las personas encuestadas aceptó tener o haber tenido algún caso ante un juzgado. Entre los que respondieron negativamente, un 11% respondió que alguno de sus familiares lo tenía.

La incidencia de usuarios de la justicia presenta diferencias regionales.  Como se observa en la Gráfica el porcentaje de personas que reportaron haber tenido un pleito en un juzgado es menor en Barranquilla (11.9%) que en Medellín (15.1%) o Bogotá (16.2%).

También en Barranquilla la proporción de quienes tienen más de un caso ante los juzgados (15.9% de quienes tienen un pleito) es menor que en Medellín (19.1%) o Bogotá (19%). El mismo patrón por ciudades se aplica para los usuarios indirectos, aquellos con casos de familiares ante los juzgados. Así, aparece una proporción mayor de litigantes frecuentes en Bogotá que en Medellín  o que en Barranquilla. Por estratos, los litigantes frecuentes se presentan más en los estratos bajos de la población.

El haber reportado familiares  involucrados en juicios aparece estrechamente relacionado con el haber tenido pleitos. Como se aprecia en la Gráfica mientras que quienes respondieron que sus familiares han tenido un pleito  reportan una incidencia de juicios del 39.6% entre quienes no tienen  familiares  usuarios de la justicia tal porcentaje se reduce al 11.4%. Esta asociación puede interpretarse como evidencia adicional de la existencia de ciertos ambientes, en este caso familiares, más conflictivos de otros: el ser usuario de la justicia parecería ser algo que se aprende, y se enseña, dentro de ciertos círculos cercanos.

Otra de las características que distingue a los usuarios de la justicia parece ser su nivel educativo. A medida que aumenta la educación es mayor, como se observa en la Gráfica, el reporte de incidentes llevados ante un juzgado.

El análisis simultáneo de los factores que afectan la “demanda efectiva” por servicios de justicia arroja los siguientes resultados  [34] :

-       Como cabe esperar, en forma casi tautológica, hay una asociación positiva entre el número de casos llevados a juicio y el reporte de conflictos de distinto tipo. Dicho de otra manera, la demanda “efectiva” por justicia depende, entre otros factores, de la demanda “potencial”.   A pesar de lo obvio que parece este resultado, los datos muestran que ciertos conflictos contribuyen más a la demanda por justicia que otros. En particular, y corroborando un poco la idea que la “entrada” al mundo de la litigiosidad se da en el ámbito laboral y, sobretodo, el de familia, se observa que los conflictos que en mayor medida contribuyen a discriminar los usuarios de la justicia son precisamente los que se dan en estas dos esferas. Las personas que reportan incidentes de tipo familiar presentan una probabilidad de acudir a la justicia 2.5 veces superior a la de los ciudadanos que no reportan tal tipo de problemas.

-       El tener parientes que hayan litigado en un juzgado es un elemento que también contribuye, y de manera significativa, a caracterizar a los usuarios de la justicia. Quienes reportan un pariente que haya llevado un caso ante la justicia presentan una probabilidad cinco veces superior de ser usuarios, ellos mismos, de la justicia que quienes no cuentan con parientes envueltos en litigios. Aquí, fuera de la ya varias veces mencionada noción de los “ambientes” litigiosos, es difícil no pensar en los contactos con los abogados que se transmiten a través de redes familiares. Lo que los datos muestran  es que cuando un miembro cualquiera de una familia ha ventilado algún pleito en un juzgado, esta experiencia se transmite muy fácilmente dentro de su círculo de parientes. Un factor determinante de este “contagio” se podría estar dando a través del contacto que , en este tipo de experiencias, se establece con los abogados litigantes.

-       El género, la edad, y el nivel educativo son factores que ayudan a explicar la demanda efectiva por justicia. Dado un nivel de conflictividad, “ceteris paribus”, los hombres mayores, con buen nivel educativo, son más propensos a acudir ante la justicia que las mujeres jóvenes con sólo educación primaria.

-       Fuera de estos efectos que se acaban de describir, persiste un factor regional. De las tres ciudades consideradas en la encuesta, los barranquilleros son los menos propensos a ventilar sus conflictos en los juzgados.

B.3 - LA INSEGURIDAD Y LAS DENUNCIAS [35] 

Un 58% de los hogares encuestados han sido víctimas, alguna vez, de un ataque contra su propiedad (robos o atracos en la calle, en sus residencias o en sus trabajos). La incidencia es mayor en el estrato alto (65.4%) que en el medio o bajo (57%); depende del nivel educativo del jefe del hogar, siendo mucho mayor para los universitarios (71.3%) que para los que tienen secundaria (57.7%) o sólo primaria (46.6%). Los hogares que han sido víctimas de atentados contra su propiedad reportan la ocurrrencia de múltiples incidentes, desde 1 hasta 18, con un promedio de 2.5. El número promedio de ataques por hogar aumenta con el estrato (2.1 en el bajo, 2.5 en el medio y 2.9 en el alto) y con el nivel educativo (de 2.0 a 3.0).

Entre los atentados contra la propiedad sobresalen aquellos con recurso a la violencia, los atracos, que constituyen el 78.9% de los incidentes contra el patrimonio que se reportaron. La relación entre ataques violentos y no violentos a la propiedad es similar en las tres ciudades, siendo particularmente alta en Medellín, en dónde por cada atentado no violento se presentan cuatro ataques con violencia. En el estrato alto esta relación es menor, pero sigue siendo superior a dos a uno.  El 51.2% de los hogares han sido víctimas de un atraco. El perfil de la incidencia por estratos y niveles educativos es similar al que se señaló para el total de atentados a la propiedad.

Dentro de los ataques violentos contra la propiedad la mayor incidencia la presenta el atraco callejero, que ha afectado al 46.3% de los hogares. La incidencia del atraco en sitios públicos es mayor en Bogotá (60%) que en Medellín (42.3%) o Barranquilla (37%); es relativamente independiente del estrato, pero depende del nivel educativo, siendo mayor su incidencia entre quienes tienen sólo primaria (65.6%) [36]. Las mujeres reportan más incidentes de este tipo (57.5%) que los hombres (49.2%) [37]. Las otras modalidades de atraco -a la residencia, en el trabajo, de un vehículo-  también presentan particularidades,  tanto por ciudades como por estrato económico .

El segundo delito más reportado es el robo en la residencia con una incidencia del 18%. Su incidencia es mayor en el estrato alto (20.6%) que en el medio o bajo (12%) y entre quienes tienen estudios superiores (19.9%). 

Cuatro de cada cien hogares de la muestra han sido víctimas de un homicidio y el 1% de un secuestro.

No es despreciable la proporción de hogares encuestados que han sido víctimas de más de un atraco callejero. Para el robo en residencia también hay hogares que han sido víctimas repetidas.  Los hogares que han sido víctimas de un atraco lo han sido entre 1 y 15 veces, con un promedio de 2.2. Para el robo a las residencias, los hogares víctimas han sido atacados un  promedio de 1.5 veces. 

Para los ataques contra las personas [38] el perfil que se observa para su incidencia tanto por ciudades como por estratos, como por nivel educativo, es muy similar al que se señaló para los atentados a la propiedad. Dentro de los ataques contra las personas el grueso (77%) lo constituyen los llamados delitos "contra la vida e integridad de las personas", entre los cuales la mayor parte (80%) son las lesiones personales. 

De los delitos reportados en las encuestas, la proporción que fue puesta en conocimiento de las autoridades por medio de una denuncia varía considerablemente dependiendo del tipo de incidente. Un 64% de los hogares víctimas de un homicidio pusieron la respectiva denuncia. Por ciudades, Medellín se destaca por ser el sitio en dónde menos del 40% de los homicidios reportados fueron puestos en conocimiento de las autoridades por parte de las víctimas.

Para el delito más frecuente, el atraco callejero, la proporción de incidentes denunciados es bastante baja, inferior al 16%. La tendencia a acudir a las autoridades para denunciar el atraco callejero depende positivamente tanto del estrato (12.7% en el bajo, 15.5% en el medio y 22.1% en el alto) como del nivel educativo (10.5% para primaria y 20% para universitarios).

Estos promedios esconden algunas características que conviene señalar. Está en primer lugar el hecho que el grueso de los hogares (79%) no denunciaron ninguno de los atracos que sufrieron. Hay sin embargo un porcentaje no despreciable (12.4%) de hogares que denunciaron todos los atracos de los que fueron víctimas. En el intermedio aparece el resto de los hogares, que denuncian unos casos y otros no. La proporción de hogares que nunca han denunciado un atraco callejero parece negativamente asociada con el estrato (83.2% en el bajo contra 71.4% en el alto) y aún más con el nivel educativo (87.1% primaria 72.8% universidad).

Dejando de lado aquellos hogares que nunca acudieron a la justicia es interesante observar cómo, entre el número de atracos que sufre un hogar y el porcentaje de estos atracos que se denuncia existe una asociación negativa (correlación de -0.7). Una historia compatible con esta observación  es que los hogares denuncian los primeros incidentes pero después dejan de hacerlo. En efecto, no todos los hogares que aparecen denunciando el 100% de los atracos han sufrido sólo un incidente. Hay hogares victimizados repetidamente que insisten en poner en conocimiento de las autoridades tales hechos, pero entre los hogares con muy alta incidencia de atracos, más de cinco, empieza a bajar la proporción de incidentes que se denuncian. La proporción de hogares que siempre han denunciado los atracos callejeros aumenta con el estrato (de 10.1% en el bajo a 19.1% en el alto) y con el nivel educativo del jefe del hogar (de 8.6% entre quienes tienen sólo primaria a 15.5% entre los que tienen estudios universitarios).

En síntesis, agrupando todos estos factores, y analizando cuales de ellos son los que en mayor medida contribuyen a discriminar los hogares que siempre acuden a las autoridades para denunciar los atracos callejeros de aquellos que nunca lo hacen , se encuentra [39] que el nivel educativo es la variable que más afecta y en particular lo que más contribuye es el paso de la secundaria a la universidad por parte del jefe del hogar.

Para el robo a la residencia, con una tasa promedio de denuncia del 34%, se repite, en forma más marcada el perfil bimodal de la tendencia a denunciar. En efecto, para este tipo de incidente, y aún dentro de los hogares que lo han sufrido más de una vez, se observa una proporción importante (26.8%) de los hogares que los denuncian todos.

Por lo general, la proporción de los delitos que se denuncian no parece depender de la gravedad de los crímenes. Sorprende bastante, por ejemplo, que conductas como el homicidio o el secuestro presenten una tasa de denuncia más baja que asuntos como el robo de automóviles, que son los que en mayor medida son puestos en conocimiento de las autoridades. Lo anterior permite pensar que un factor que puede estar afectando la decisión de denunciar sea el que tal acción sea un requisito para el cobro de seguros. 

Los atentados contra la propiedad reportados implicaron una pérdida promedio ligeramente inferior  a 9.5 Salarios Mínimos Mensuales (SMM). Cuando se introduce esta variable como factor explicativo en la decisión de denunciar o no la ocurrencia de un atentado contra la propiedad se encuentra un efecto positivo y estadísticamente significativo. Aún  más, el efecto de la educación, que se había visto que contribuía a discriminar los denunciantes pierde su relevancia [40].  

Cuando, para el incidente considerado por ellos como el más grave los hogares víctimas no pusieron la respectiva denuncia, las razón más aludida para no hacerlo fue el no conocer a los culpables.

El temor a las represalias como razón para no denunciar se menciona en el 6.3% de los casos. Para Medellín esta es la segunda razón en importancia, con una incidencia del 9.3%.

La eventualidad de un atraco a mano armada [41] es considerada por la gran mayoría de los encuestados (86%) como un evento  probable o muy probable. La proporción de encuestados que dicen que pondrían una denuncia ante la eventualidad de un atraco es bastante mayor (49%) que la proporción de denuncias efectivamente puestas ante tal tipo de incidente (15%). Por ciudades y por niveles educativos, a pesar de esta diferencia, el perfil de las respuestas ante el caso hipotético es similar al de la proporción de atracos callejeros efectivamente denunciados. Por estratos la situación es diferente. En el estrato bajo se manifiesta una disponibilidad mayor que en el estrato alto para denunciar pero un porcentaje efectivo de denuncias inferior.

Uno de cada cuatro de los hogares encuestados reportó haberse visto afectado, alguna vez en la vida, por el homicidio de alguien cercano (amigos, vecinos, compañeros de trabajo..). Medellín es la ciudad en dónde es mayor este porcentaje (31%), que parece depender negativamente del estrato. Una alta proporción, cerca del 80%, de quienes se han visto afectados por alguna muerte violenta manifiesta tener una idea acerca de las circunstancias bajo las cuales esta ocurrió, y el 40% manifiestan saber algo acerca de los responsables. Por ciudades el conocimiento sobre las circunstancias, y sobretodo acerca de los autores de los homicidios, parece estar inversamente relacionado con la incidencia de la violencia sobre los hogares. En Barranquilla, donde hay menos hogares afectados por la violencia se tienen más ideas acerca de los homicidas que en Bogotá, o Medellín, ciudades en dónde un mayor número de hogares se considera afectado por un homicidio  [42].

En el 84% de los casos reportados, la gente se ha formado una opinión clara acerca de "cual fue la principal razón para que ocurriera este homicidio". La principal causal reportada por los hogares es, de lejos, el atraco, mencionado en más del 25% de los casos, seguido por la venganza, un ajuste de cuentas y una discusión. El atraco como causa de los homicidios es importante sobretodo en Bogotá (en dónde un 37% de los hogares lo menciona, contra un 16% en Medellín y un 19% en Barranquilla) y en el estrato alto de ingresos (38%).  Teniendo en cuenta que el número de atracos reportados por los hogares también varía por ciudades, si se aceptaran como causales de homicidio las basadas en la opinión de los hogares víctimas [43] la probabilidad de morir en un atraco en Bogotá sería un 50% más alta que en Medellín o Barranquilla, y estaría situada entre el 1% y el 2% [44].

Agrupando estas razones se tendría que, en opinión de los afectados, el 26% de los homicidios ocurrieron por efecto de la llamada delincuencia común  y un poco menos del 30% por lo que se podrían denominar mecanismos de justicia privada. Menos del 15% podrían ser atribuibles a problemas de convivencia  y únicamente el 6% estarían asociados con trago o consumo de droga.

La delincuencia y la justicia privada parecen competir, tanto por ciudades como por estratos, como causales predominantes de los homicidios que se van sustituyendo.

Como ya se mencionó, un porcentaje significativo (38%) de los afectados "tiene alguna idea acerca de quienes fueron los responsables del homicidio". La justicia penal, por su parte, parece tener bastante menos información acerca de los hechos y de los responsables de las muertes violentas.

Las manifestaciones de los hogares acerca del trámite penal del homicidio que los afectó puede ser utilizada para construir algunos indicadores muy sencillos de desempeño de la justicia en su tarea de aclarar, juzgar y condenar los homicidios. De acuerdo con la información de esta encuesta, la probabilidad de que un homicidio -en Bogotá, Medellín y Barranquilla- sea investigado es del 18%, que el autor sea capturado es del 12%, que el caso llegue a juicio del 8% y que sea condenado del 6%. Es interesante observar cómo estos estimativos parecen razonables y, además, consistentes con los realizados con metodologías completamente distintas [45].

Lo primero que llama la atención es las grandes diferencias, por ciudades, en la efectividad de la justicia. Mientras que en Barranquilla se investiga casi uno de cada tres homicidios, en Bogotá la cifra baja a uno en cinco y en Medellín no se llega ni a uno en diez. Las capturas son casi tres veces superiores en Barranquilla que en Medellín y las condenas son más del doble. Nótese como la efectividad de la justicia, en estas tres ciudades, es inversamente proporcional a la incidencia de la violencia sobre los hogares.

El perfil por estratos muestra que la baja capacidad investigativa no depende del nivel económico de las víctimas. Para las etapas posteriores de los procesos, si parece haber una relación negativa entre el nivel económico de la víctima y la capacidad de la justicia penal para adelantar su labor. Aceptando, como parece razonable, que un efecto del estrato económico sobre el desarrollo de los procesos es el gasto en abogados, el hecho que al aumentar el estrato disminuya la efectividad de la justicia invita, especulativamente, a abandonar la idea de homicidios predominantemente inter-estrato, o sea cometidos sobre víctimas del estrato alto por agresores de estrato bajo. En tal caso uno esperaría una relación del estrato con la efectividad de la justicia contraria a la observada. Así, lo que sugieren estos datos es la posibilidad de una violencia intra-estrato : la víctima y el agresor son del mismo nivel económico. De ser así, en los estratos altos los abogados defensores estarían jugando un papel importante para evitar juicios y condenas. 

Un cruce interesante que permite la encuesta es el del conocimiento de los hogares acerca de si un homicidio fue investigado, juzgado y condenado con las causales percibidas de los homicidios, agrupadas en grandes categorías como delincuencia, justicia privada y trago-drogas. Se observa que lo que podría denominarse el interés de la justicia por los homicidios no es independiente ni del tipo de homicidio ni de la etapa del respectivo proceso penal. Así, mientras que un 78% de la violencia delincuencial no despierta el interés de los fiscales, puesto que no es investigada, para las muertes por justicia privada el porcentaje es mayor, del 87%. Para los asuntos de convivencia el desinterés es menor, puesto que sólo se dejan sin investigar el 64% de los casos. Aunque a medida que avanzan los procesos se van filtrando un número menor de todas las categorías de casos, para cierto tipo de violencia, como la de los ajusticiamientos, el filtro es más fuerte, de tal manera que solo un 2% de incidentes de esta naturaleza llegan a la etapa del juicio.

Otra manera de captar este mismo fenómeno es a través de la "composición", por tipo de homicidio, de la violencia en las distintas etapas de los procesos. Lo que se observa son grandes diferencias entre la violencia que sufren los hogares y  aquella de la que se encarga la Fiscalía, y posteriormente los juzgados. A nivel de los homicidios que afectaron a los hogares, las causales predominantes son la delincuencia y los mecanismos de justicia privada, con un 37% de participación cada uno, seguidos por los problemas de convivencia, con el 18%, y los asuntos de alcohol o droga con el 8%. Entre los homicidios que, de acuerdo con los encuestados, se sabe que fueron investigados la participación de los casos de delincuencia se mantiene en el 37% pero los casos de justicia privada se han reducido al 23%, para abrirle paso a los asuntos de convivencia, que suben al 30%. Así, dentro del gran número de casos que la justicia penal no investiga, la causal predominante se vuelve la justicia privada.

Para los casos que, también de acuerdo con las respuestas de los hogares, se tiene conocimiento de una condena la participación de los homicidios por razones como venganzas, ajustes de cuentas y ajusticiamientos se ha reducido al 11%, mientras que los asuntos de celos, enemistades y discusiones han alcanzado el 42%.

Existe otro cruce de variables pertinente con base en la encuesta y es aquel entre las percepciones acerca de los procesos penales por homicidio y la presencia de guerrilla y otros grupos armados en los barrios.

Lo que muestran los datos de la encuesta es que la influencia, percibida por los hogares, de grupos armados en un barrio si parece estar afectando la suerte que corren los homicidios -reportados por los habitantes de ese barrio- en materia de investigación. Mientras que entre los habitantes que opinan que en su barrio no hay presencia ni de la guerrilla ni de otros grupos armados cerca del 20% responde que el homicidio que los afectó fue investigado, entre aquellos que manifiestan vivir en un barrio bajo la influencia de la guerrilla este porcentaje baja al 10%. Entre los que creen estar en una localidad con influencia de otros grupos armados, tal fracción es del 14%. En forma independiente de la naturaleza del agente armado que se percibe opera en un barrio, la presencia del primero de ellos reduce del 20% al 15% la fracción de los homicidios que las autoridades investigan mientras que la del segundo la baja del 15% al 9%. Visto en el otro sentido este efecto, mientras que entre los  hogares que manifestaron que el homicidio que los había afectado no había sido investigado la proporción de quienes piensan que en su barrio no opera la guerrilla es del 81.5% (7.3% piensa que si), entre aquellos que dicen saber que el homicidio si fué investigado la fracción que vive en un barrio donde cree no que actúa la guerrilla es del 88.8% (3.7% piensa que si).

La influencia de los agentes armados sobre los procesos penales, como los perciben los ciudadanos, no se limita a alterar la etapa investigativa. También se sugiere un efecto sobre las detenciones, los juicios y las condenas.

C - ENCUESTA REALIZADA EN BOGOTA

C.1 – INSEGURIDAD FUERA DE LA CASA

Al 9.8% de los encuestados, les robaron dinero o algún bien en la calle y sin recurso a la violencia. La incidencia de estos robos es cerca de tres veces mayor en el estrato bajo que en el alto, afecta más a los hombres que a los mujeres y se da más que todo entre los jóvenes [46].  En el total de la muestra se reportaron un total de 0.109 incidentes de robo no violento en la calle por persona, que equivale a una tasa, “alguna vez”, de 10900 por cien mil habitantes. Con relación al año en el cual ocurrió el robo, es interesante observar que según estas respuestas los robos en las calles bogotanas, han venido aumentando en forma sostenida con el paso del tiempo.

El grueso de los ataques no violentos a la propiedad fuera de la casa ocurren en la vía pública. Más de las dos terceras partes de los casos reportados ocurrieron en la calle.. Le siguen en orden de importancia los lugares públicos distintos de los expendios de licor, los vehículos de transporte y el lugar de  trabajo o estudio.

En cuanto al valor calculado del robo, se tiene que el promedio, en salarios mínimos mensuales (SMM), fue de 3.5. La mayoría de los incidentes (el 59.2%) fueron por un valor inferior a un SMM. Sorprende un poco que el valor promedio reportado para el robo no sufra variaciones significativas de acuerdo con el estrato económico. Mientras que en el estrato bajo es de 3.6 SMM, en el medio es de 3.2 y en el alto de 4.5 SMM. Teniendo en cuenta que los ingresos promedios mensuales en el estrato alto son cerca de seis veces superiores a los del estrato bajo se llega a la lamentable conclusión que los estratos populares están pagando un costo bastante mayor, relativo a su ingreso, que los grupos más ricos de la población. En efecto mientras que en el estrato bajo el valor calculado del robo constituye, en promedio cerca del 257% de los ingresos mensuales del hogar, en el estrato alto esta cifra alcanza apenas el 70%.

 Con respecto a los posibles responsables del robo, aunque la mayoría de los encuestados respondieron tener sospechas de delincuentes comunes, un desalentador 9% manifiesta que los autores fueron amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Frente a la pregunta de si se pidió ayuda a la policía al enterarse del robo,  se tiene que solo el 16.7% de las víctimas lo hizo. En algún grado, los hombres solicitan más la ayuda de la policía (21%) que las mujeres (10%). Por estratos, se encuentra, aunque de manera leve, una mayor tendencia a acudir a la Policía en el estrato bajo (21.9%) que en el medio (13.0%) o el alto (11.1%).

Con relación a la pregunta del porqué no se solicitó ayuda a la policía,  la principal razón aducida es  la “falta de pruebas”. Se corrobora así, desde la base,  esa extraña peculiaridad del sistema penal colombiano al cual no acuden los ciudadanos justamente cuando más se necesita de su labor de aclarar las conductas delictivas.

Desde el punto de vista de las características de los robos en la calle [47], el único factor que afecta el que se pida ayuda a la policía, aunque de manera muy poco significativa, es el valor de los objetos robados  [48].

Tan solo el 10.2% de las personas encuestadas respondieron haber puesto una denuncia formal ante el incidente de robo sin violencia fuera de su casa.  No todas las personas que pidieron ayuda a la Policía terminan denunciando formalmente los robos. Tan sólo una tercera parte  de las personas que, ante un robo, pidieron ayuda a la Policía terminaron poniendo una denuncia formal. A su vez, sólo la mitad de las personas que pusieron una denuncia pidieron ayuda previamente a la Policía..

De todas maneras, el haber pedido ayuda a la policía es casi el único de los factores que ayuda a explicar la tendencia de los ciudadanos a denunciar los ataques no violentos a la propiedad que ocurren en la calle. El otro factor que contribuye a la explicación es el valor de los bienes robados [49].

El 70% de las  personas que pusieron la denuncia lo hicieron ante la policía. En el 40%  de los casos se identificaron los posibles responsables del robo. 

Frente a la pregunta de cual fue la principal razón para no colocar la denuncia, se encontró, de nuevo que la principal razón para no hacerlo era que “no sabía quienes eran los responsables” razón aducida en el  57% de los casos.

Con respecto a la pregunta de si los responsables del robo fueron detenidos, tan sólo una de las 96 víctimas respondió afirmativamente. En ninguno de los casos fueron condenados los responsables. En el 11.5% de los casos se recuperó lo robado.

El atraco callejero presenta una incidencia ligeramente superior a la del robo sin violencia en la calle. El 10.6% de las personas de la encuesta reportan haber sido víctimas, alguna vez, de un ataque a mano armada en la vía pública. Tanto el perfil como la incidencia de este delito por estratos y por género es muy similar al del robo sin violencia. A pesar de la observación anterior, no se puede afirmar que las víctimas de uno y otro ataque sean las mismas. La correlación entre una y otra variable es apenas de 0.2%. El 19.1% de las personas de la muestra han sufrido alguno de estos dos ataques y únicamente el 1.3% de las personas encuestadas han sido víctimas de ambos tipos de delito.

El total de casos de atraco reportados equivale a una tasa, “alguna vez”, ligeramente superior a los 11000 incidentes por 100 mil habitantes.

Casi la totalidad de los atracos ocurrieron en la vía pública. Dos de cada tres de los atracos reportados ocurrieron entre semana.

El valor estimado de los bienes perdidos en un atraco fuera de la casa es de 3.4 salarios mínimos mensuales (SMM). En este caso, y contrariamente a lo observado para el robo en la calle, el monto de las pérdidas está no sólo positivamente asociado con el ingreso sino que lo está de manera “progresiva”: mientras que en el estrato bajo el valor estimado promedio es de 0.9 SMM, en el medio dicho valor aumenta a 3.0 SMM y en el estrato alto alcanza un valor de 19.3 SMM. Muy pocas personas (2%) reportan haber sufrido pérdidas adicionales a lo que le robaron. El porcentaje de víctimas de atraco callejero que tenían asegurados los bienes también es muy bajo (3.6%).

La gran mayoría de las víctimas (88.2%) manifiesta que nunca antes había visto a quienes lo atacaron, el 10.9% dice que los conocía de vista y una de las personas asegura que conocía personalmente a sus victimarios. El grueso de los atracos callejeros son cometidos por grupos de menos de cuatro atacantes. El 80% de las víctimas respondió positivamente a la pregunta de si “eran jóvenes en su mayoría”. En un alto porcentaje de los casos (90.9%) los atacantes eran sólo hombres  y también en una elevada proporción (87.3%) se trataba de individuos que no estaban tomados.

En más de dos de cada tres de los atracos reportados la víctima fue amenazada con un arma cortopunzante. Unicamente en el 19% de los casos el atraco fue perpetrado con un arma de fuego. El 15.5% de las víctimas manifiesta haber puesto resistencia. Sólo una de las 95 víctimas acepta que estaba armado cuando lo atracaron y el 14.6% manifiesta haber resultado herido por efecto del atraco. A pesar de lo anterior, un impresionante 81.8% de las víctimas considera que su vida estuvo en peligro.

Como cabría esperar, el hecho de ofrecer resistencia a los agresores afecta positiva y significativamente la probabilidad de resultar herido a raíz de un atraco. El otro factor que atenta contra la integridad de las víctimas es el tamaño y la composición del grupo atacante. Con relación a este último factor, los resultados sugieren que los atracos perpetrados por más de un agresor son más peligrosos. Además, el hecho de que entre los agresores no haya ninguna mujer, jugaría un papel determinante en la posibilidad de que la víctima resulte herida [50]. Sorprendentemente, la utilización de un arma de fuego para el atraco no parece afectar el desenlace en términos de la integridad de la víctima. Como tampoco parece alterarlo el que los agresores estén o no tomados.

El 70% de las personas que sufrieron un atraco considera que sus atacantes eran delincuentes ocasionales. El 30% restante cree, por el contrario, que se trataba de un grupo organizado. El 11.8% de las víctimas sospecha que entre quienes lo atracaron había miembros de una organización armada ilegal. Entre estos, casi todas las sospechas (92.3%) recaen sobre las “milicias, bandas y pandillas juveniles” y el resto, un caso entre trece, sobre la guerrilla.

El 20.9% de las víctimas pidió ayuda a la policía al ser atracado fuera de su casa. No se presentan, para este tipo de ataques, diferencias importantes entre hombres y mujeres a la hora de solicitar ayuda a la Policía. Por estratos, sin embargo, si se observan marcadas discrepancias. Mientras que en el estrato bajo únicamente el 16% de las personas atracadas se acercaron a la policía para pedir ayuda, en el estrato medio dicho porcentaje ya sube al 21% y en el estrato alto alcanza el 44%.

Con relación a la pregunta del porqué no se solicitó ayuda a la policía, nuevamente aparece como principal razón, señalada en el 67.8% de los casos, la falta de pruebas, seguida por el temor a las represalias (10.3%).

Desde el punto de vista de las características de los atracos callejeros, los factores que afectan la decisión de los ciudadanos de acudir a la policía tienen que ver con que la víctima haya resultado herida y que el atraco haya ocurrido durante la noche, factor que incrementa la tendencia a acudir a la Policía. El valor de los bienes perdidos también muestra un efecto  significativo [51]. El tener los bienes asegurados parece tener influencia [52] en la decisión de contar con la policía

Vale la pena destacar el hecho que, ante un ataque violento a la propiedad, los ciudadanos buscan a las autoridades sobretodo cuando se ha atentado contra su integridad personal. La observación anterior se corrobora si se tiene en cuenta que entre los ciudadanos de la muestra, ninguno de los que consideran que a raíz del atraco su vida no corrió ningún peligro recurrió a las autoridades después del incidente [53]. Lo que los resultados anteriores sugieren, que tiene bastante sentido, es que la protección de la vida es más pertinente, como función de la policía, que la de la propiedad.

Aunque la tasa de denuncias para los atracos callejeros es superior a la de los  robos no violentos en la vía pública, todavía se puede considerar relativamente baja. Unicamente el 12.7% de las víctimas pusieron una denuncia formal a raíz del atraco. Las mujeres tienden a poner más denuncias que los hombres (17.6% contra 8.5% de los casos) y, de nuevo, al aumentar el estrato económico se observa una mayor tendencia a recurrir a la justicia. Mientras que en el estrato bajo el porcentaje de atracos que se denunciaron fue del 8%, en el medio tal cifra sube al 15.7% y en el alto llega al 22.2%.

Menos de la mitad de las personas que pidieron ayuda a la Policía terminaron denunciando formalmente los atracos.  Sin embargo, la mayoría de quienes pusieron una denuncia habían acudido previamente a la policía solicitando ayuda.

De todas maneras, el haber pedido ayuda a la policía es, de nuevo, uno de los factores que contribuye a explicar la tendencia de los ciudadanos a denunciar los ataques violentos a la propiedad que ocurren en la calle. Además de este, que parece un simple paso previo a la denuncia, son dos los elementos que ayudan a explicar el deseo de los ciudadanos de promover un proceso penal ante un atraco callejero: el primero es el haber resultado herido a raíz del incidente  y el segundo es el valor de los bienes perdidos en el atraco [54].

Más de la mitad (57%) de las denuncias por atraco fueron puestas ante la policía. En menos del 10% de los casos se identificaron, en tales denuncias, los posibles responsables del atraco. En menos del 7% de las denuncias reportadas se contó con la asesoría de un abogado. Frente a la pregunta de cual fue la principal razón para no denunciar el atraco, se encontraron como principales razones el “no sabía quienes eran los responsables” (52.3%) y el “creyó que poner una denuncia no servía para nada” con el 7.9%.

Con respecto a la pregunta de si los responsables del atraco fueron detenidos, tan sólo una de las 110 víctimas respondió afirmativamente. En ninguno de los casos fueron condenados los responsables. En el 3.6% de los casos se recuperó lo perdido en el atraco.

En síntesis, los factores que afectan la probabilidad de ser víctima de un ataque criminal, violento o no violento, fuera del lugar de residencia son los siguientes [55]:

-       el tomar precauciones especiales cuando se sale a la calle, que esta positivamente asociado con la probabilidad de sufrir un ataque [56]. Este resultado paradójico se puede explicar por una causalidad en la otra dirección: el haber sido víctima de algún ataque lleva a la gente a tomar precauciones en sus salidas. De todas maneras, los resultados sugieren que tales medidas son inocuas.

-       pertenecer al estrato bajo, que también está asociado con una mayor incidencia

-       utilizar el bus/buseta como elemento habitual de transporte. Los usuarios de transporte público son los más expuestos a este tipo de eventos

-       el ser mujer, que reduce la probabilidad de ser atacado

-       la edad, que también reduce esa probabilidad.

Sorprendentemente, el hecho de haber sufrido un ataque en la calle no tiene ningún efecto perceptible sobre la calificación que se le asigna a la probabilidad de ser atracado “mañana al salir de su casa” [57]. La estimación del riesgo de un atraco al llegar al sitio de trabajo se aumenta marginalmente por el hecho de haber sido víctima de un robo sin violencia, pero también parece insensible al hecho de haber sufrido un atraco callejero [58].

Más sorprendente aún resulta el hecho que el haber sido víctima de un atraco, aunque de manera marginal, reduce la valoración del riesgo de un atraco en el centro, que es la magnitud que se puede proponer  como la más adecuada para tratar de medir la valoración subjetiva de la inseguridad en Bogotá. Las personas que han sido atracadas consideran menos probable que esto les vuelva a suceder de lo que las personas que no han sufrido este tipo de ataque consideran que les puede ocurrir [59]. 

Por el contrario, la decisión de dejar de trabajar o estudiar a ciertas horas por temor de ser víctima de un ataque criminal si se ve afectada tanto por el haber sido víctima de un robo sin violencia en la calle como por haber sido atracado [60].

C.2 – INSEGURIDAD EN LA RESIDENCIA

Un 5.9% de las personas encuestadas manifestaron que, alguna vez, su casa había sido robada sin violencia. Los robos violentos, o atracos, a la residencia presentan una incidencia aún menor. Para los ataques sin violencia no se presentan grandes diferencias por estrato. Para el atraco sí parece haber una asociación positiva entre el estrato y la frecuencia de este tipo de incidentes. Las residencias susceptibles de ser atracadas parecen de acuerdo con los resultados de la encuesta, distintas de las que pueden ser robadas sin recurso a la violencia. En ninguno de los casos reportados en la encuesta se encuentra un ciudadano que haya sido víctima de un robo y de un atraco a su residencia [61]

Dada la manera como se hizo la pregunta, “alguna vez, en su casa, les han robado .. o han sido asaltados”, el hecho que las personas de mayor edad reporten un menor número de casos tiende a indicar que la incidencia de este tipo de ataques  ha aumentado con el tiempo. 

El número de casos reportados implica tasas de 1300 por cien mil habitantes (pcmh) para el atraco a la residencia y de 6700 pcmh para el robo residencial sin violencia.

El valor promedio de lo que se pierde en robos o atracos en el sitio de habitación es de 7.5 Salarios Mínimos Mensuales, siendo esta cifra ligeramente mayor en el estrato alto (14.4 SMM) que en el medio (5.1 SMM) o el bajo (9.2 SMM). Unicamente el 7.5% de las víctimas tenía los bienes asegurados.

Un poco más de la tercera parte de las personas atacadas en su hogar, el 35.3%, reporta haber pedido ayuda a la policía a raíz del robo o atraco. Aunque de manera muy poco significativa, tanto el valor de los bienes robados como el hecho de tenerlos asegurados ayudan a diferenciar quienes solicitan ayuda a la policía a raíz de un atraco de quienes no lo hacen.

El haber sufrido un ataque a la propiedad si altera la valoración subjetiva de la probabilidad que se vuelva a presentar un incidente de esta naturaleza [62]. A pesar de lo anterior, es interesante observar como, aún más determinante de esta valoración es la inseguridad que, en general, siente cada ciudadano [63]

De las diferentes características de la vivienda consideradas en la encuesta, las únicas que parecen tener un efecto sobre la probabilidad de sufrir un atraco en la residencia, reduciéndolo, son el vivir en un barrio de estrato bajo y el haber colocado rejas, chapas extras, muros o puertas de seguridad [64]. La disponibilidad de vigilancia privada no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de un atraco.

Dos factores alteran la probabilidad de ocurrencia de un robo sin violencia en el lugar de habitación: el contar con vigilancia privada, que reduce esta probabilidad y el tener servicio doméstico por días, que la aumenta [65].

C.3 – ATAQUES CONTRA LAS PERSONAS

El 2.5% de las personas encuestadas manifiestan haber sufrido, alguna vez, una agresión física. El 4.1%, a su vez, reportaron incidentes de agresión sufridos por miembros de la familia.

La incidencia de agresiones personales decrece con el estrato, es mayor entre  los hombres y se ha presentado, ante todo, entre quienes tienen hoy más de 18 años y menos de 24. Ninguna de las personas de la muestra reportó haber sufrido más de una agresión. Sorprende observar que son los jóvenes menores de 17 años quienes en mayor medida recuerdan incidentes de agresión física a sus familiares.

De acuerdo con lo reportado en la encuesta, la tasa de agresiones, alguna vez, sería de 24 mil casos por cada cien mil habitantes.

En el 72.6% de los casos, la víctima de agresión se encontraba en la calle,  un 8.1% se encontraba en la casa, un 6.5% se encontraba en un sitio público donde se vende licor, otro 6.5% se encontraba en otro sitio público, un 3.2% se encontraba en un vehículo de transporte y el 3.2% restante se encontraba en una carretera o en un camino.  Este patrón sufre algunas variaciones de acuerdo con el estrato socio económico.

De las víctimas de agresión se encuentra que el 25.7% eran menores de edad,  el 30.5% se encontraban entre los 18 y los 24 años de edad, el 38.1% se encontraba entre los 25 y los 45 años de edad y el 4.8% restante, se encontraba entre los 46 y los 50 años.

El 77.4% de las víctimas no estaban tomadas en el momento de la agresión. Así mismo, el 6.5% de las víctimas estaban armadas mientras que el 91.9% de ellas, no lo estaba.

Las víctimas consideran que en el 40.3% de los casos, había por parte de los agresores intención de matarlas. Así mismo las personas encuestadas respondieron que en el 77.4% de los casos, la vida de la víctima estuvo en peligro.  Por otro lado, se tiene que en el 8.1% de los casos, la víctima había recibido amenazas antes de la agresión.

En cuanto a las consecuencias de la agresión, se encuentra que al 43.5% no la pasó nada muy grave, el 32.3% tuvo una incapacidad temporal menor a treinta días, el 12.9% tuvo una incapacidad superior a los treinta días, el 9.7% resultó con una incapacidad física permanente, y el 1.6%  murió como consecuencia de la agresión.

Menos de la mitad de las víctimas, el 43.5%, acudió a una entidad médica hospitalaria para ser atendida después de la agresión.

Con relación a los gastos ocasionados por la agresión, se encuentran que en promedio, el gasto incurrido fue de 9.4 Salarios Mínimos Mensuales. Parecería haber una asociación positiva entre el estrato socio económico y los gastos ocasionados por la agresión física [66].

Con respecto a la pregunta sobre el carácter de la agresión, se encuentra que, de acuerdo con las víctimas, en el 46.8% de los casos se trataba de un atraco o un asalto, en el 27.4% fue el resultado de una riña discusión o pelea, en el 9.7% se trataba de un abuso de autoridad, en el 6.5% de maltrato familiar, en el 6.4% de un ajuste de cuentas, ajusticiamiento o venganza.

Aunque un poco menos del 15% de las agresiones reportadas fueron cometidas por un grupo de más de seis personas,  un porcentaje importante, una en cinco, son responsabilidad de un solo individuo.  El grueso de las agresiones las cometen grupos de entre dos y cuatro individuos.

La totalidad de las víctimas cree que los agresores actuaban por su propia cuenta, es decir que no estaban contratados por nadie.

El 30.6% de las víctimas respondió saber que el agresor había atacado anteriormente a otras personas.  Por otro lado, el 16.1% de las víctimas aseguró que su agresor tenía antecedentes penales o había estado en la cárcel.

En el 38.7% de los casos, después de la agresión, alguien fue y pidió ayuda a la policía.  Dentro de los factores que contribuyen a explicar la decisión de pedir o no ayuda a la policía a raíz de la agresión se pueden mencionar los siguientes [67] :

-       La gravedad de la agresión. Todos los indicadores de gravedad del ataque considerados en la encuesta –si la víctima considera que había intención de matarla, si su vida corrió peligro, la incapacidad a raíz de la lesión y el haber acudido a una entidad médica u hospitalaria-  no sólo están relacionados entre sí sino que contribuyen de manera más o menos significativa a explicar las diferencias entre quienes acuden a la policía y los que no. El que, en últimas, muestra un efecto más significativo, además de presentar la ventaja de ser una variable observable, y no una percepción, es el de haber recibido atención médica después de la agresión.

-       La edad de la víctima en el momento de la agresión. Las personas mayores tienden a acudir más a la policía que los jóvenes.

-       El que la víctima estuviera tomada, circunstancia que reduce la probabilidad de acudir a la Policía.

En los casos en donde no se pidió ayuda a la policía (59.7%), la principal razón aducida fue la “falta de pruebas” (35.1%). En cuanto a si se puso alguna denuncia formal, cerca de una de cada tres de las personas agredidas (el 29%) la puso. Entre quienes así lo hicieron, más de la mitad (55.6%) acudió a la policía, 22.2% a la fiscalía y el 16.7% ante un juzgado. Un 5.6% de las denuncias se hizo ante la procuraduría.

Un poco más de la mitad de quienes pidieron ayuda a la policía (58%) terminaron elevando una denuncia formal. Sin embargo, más de las tres cuartas partes de quienes acudieron a la justicia penal habían solicitado, previamente, ayuda a la policía. Así, el acudir a la policía aparece nuevamente como una especie de requisito previo a la denuncia [68]

Frente a la pregunta de si se identificaron los responsables de la agresión el 55.6% de las víctimas respondió afirmativamente. El 22.2% de las personas que llevaron su caso ante la justicia contó con la asesoría de un abogado.  Dentro de las principales razones para no haber colocado la denuncia se encontró, de nuevo, que las más mencionadas son el no saber quienes eran los responsables (37.2%) y el creer que poner una denuncia no servía para nada (30.2%).

Tan solo el 6.5% (4 de 65) de las víctimas de agresión física, sabe que los agresores fueron detenidos. En uno sólo de los casos reportados se sabe de una condena. En el 17.7% de los incidentes se reconoce algo de responsabilidad a la víctima al aceptar que provocó la agresión.  El 14.5% de las víctimas, ya habían sido agredidas anteriormente.

Los factores de riesgo asociados con la probabilidad de ser víctima de una agresión física se reducen a cuatro [69] : el ser soltero, que aumenta el riesgo, el vivir en estrato bajo que, aunque marginalmente, también aumenta el riesgo, el ser mujer, que hace menos probable un incidente como estos y el tener estudios de educación superior , que también reduce la probabilidad.

Tan solo 0.7% de las personas encuestadas reportan haber sido víctimas, alguna vez, de una amenaza, extorsión o chantaje. Se reportaron a su vez 14 casos, el 1.4% de la muestra, de incidentes de amenaza contra algún miembro de la familia.

La incidencia de  problemas de extorsión parece ser mayor en el estrato más alto, en dónde la frecuencia de casos reportados es más del doble que la observada en el estrato bajo [70].

La tercera parte de las víctimas menciona amenazas muy vagas pero cerca de la mitad hace alusión al boleteo y la extorsión. El 50% de las amenazas se hacen telefónicamente,  el 25% a través de intermediarios  y un 10% de forma directa.

La mitad de los encuestados fueron víctimas de amenazas de forma aislada y el porcentaje restante considera que se trataba de una amenaza continua. 

Las víctimas, en un 70%, respondieron que amenazaron con matarlo a él o a alguien cercano, mientras que el 20% afirma haber sido amenazado de secuestro. 

Ante las amenazas, el 65% no pidió ayuda a la policía y de este porcentaje el 39% por falta de pruebas o porque no sabían quienes eran los autores. 

El 31.6% de los encuestados denunció formalmente las amenazas.  Las autoridades ante las cuales se denunció la amenaza fueron 50% en la Policía, 33.3% en la Fiscalía y 16.7% ante un juzgado.  La principal razón para no acudir a las autoridades fue, de nuevo, la falta de pruebas.

En 3 de los 20 casos se identificaron los responsables de las amenazas per en ninguno de los casos hubo personas detenidas, ni condenadas.

ANEXO ESTADISTICO

ECUACION 1

logit Cnegocio estrato jefeH edad educaS Npbarrio Claboral Cfamilia delito pereira bmanga CALI PASTO, or

Logit Estimates                                         Number of obs =  20076

                                                        chi2(12)      = 601.38

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -2050.3588                             Pseudo R2     = 0.1279

------------------------------------------------------------------------------

Cnegocio | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

 estrato |   1.152343   .0595561      2.744   0.006       1.041333    1.275188

   jefeH |   1.382788    .161108      2.782   0.005       1.100481    1.737516

    edad |   1.006009   .0032611      1.848   0.065       .9996373    1.012421

  educaS |   1.344728   .1823954      2.184   0.029       1.030812    1.754241

Npbarrio |   1.176013   .0290914      6.554   0.000       1.120355    1.234435

Claboral |   1.716949   .3809116      2.437   0.015       1.111515     2.65216

Cfamilia |      2.165   .4062469      4.116   0.000       1.498773    3.127374

  delito |   2.167058   .2200658      7.616   0.000       1.775949    2.644298

 pereira |    11.1565   1.363484     19.736   0.000       8.780085     14.1761

  bmanga |     3.4226   .4838909      8.703   0.000       2.594253    4.515439

    CALI |   2.719106   .4144225      6.563   0.000       2.016942    3.665716

   PASTO |   2.919307    .533927      5.858   0.000       2.039854    4.177922

La variable dependiente toma Cnegocio el valor 1 si se tuvieron problemas jrrídicos en los negocios en el año anterior a la encuesta y 0 en caso contrario. Se explica en función del estrato (1 a 6), de si el jefe del hogar es hombre (jefeH) de la edad y la educación del jefe del hogar (variable dummy educaS que toma el valor 1 si el jefe tiene educación superior), del número de “problemas de barrio” que se reportan (Npbarrio), del reporte de conflictos laborales (Claboral) y de familia (Cfamilia), de haber sido víctima de algún delito y de variables dummy para las áreas metropolitanas de Pereira, Bmanga, Cali y Pasto. 

ECUACION 2

logit juezN educaS LMN juezL juezF juezHV denuncia  autoriPB pereira bmanga CALI PASTO, or

Logit Estimates                                         Number of obs =    475

                                                        chi2(11)      =  77.86

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -272.57459                             Pseudo R2     = 0.1250

------------------------------------------------------------------------------

   juezN | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

  educaS |   1.777936   .4879254      2.097   0.036       1.038288     3.04449

     LMN |   1.075799   .0422577      1.860   0.063       .9960838    1.161894

   juezL |   13.82104   15.29407      2.373   0.018       1.579861    120.9101

   juezF |   2.389851   1.113968      1.869   0.062       .9585289    5.958495

  juezHV |   2.243849   .9308041      1.948   0.051       .9951625    5.059331

denuncia |   1.897341   .6028456      2.016   0.044       1.017869    3.536708

autoriPB |   1.851777   .4189794      2.723   0.006       1.188495    2.885226

 pereira |   .2377088   .0688154     -4.963   0.000       .1347806    .4192407

  bmanga |   .2288947    .072882     -4.631   0.000       .1226325    .4272338

    CALI |   .3358958   .1108447     -3.306   0.001        .175918    .6413553

   PASTO |   .1998385   .0827054     -3.891   0.000       .0887974    .4497367

La muestra se limita a los hogares que reportaron un conflicto en los negocios durante el último año. La variable dependiente (juezN) toma el valor 1 si el caso se llevó ante la justicia y 0 en caso contrario. Se explica en función del nivel educativo del jefe del hogar, del logaritmo del monto envuelto en el conflicto (LMN), de si se ha judicializado un conflicto laboral (juezL), o un conflicto familiar (juezF) de cual sería la reacción si se enfrentara un hecho de violencia (juezHV variable dummy que toma el valor 1 si la respuesta es que acudiría a la Fiscalía o a algún juzgado) de si ha denunciado o no un delito del que ha sido vícima, de si en el sitio dónde vive recurrieron a las autoridades para arreglar los “problemas de barrio” (autoriPB) y de variables dummies para ciertas localidades.

ECUACION 3

logit juezN1 estrato jefeH educaS Npbarrio autoriPB juezL juezF denuncia, or

Logit Estimates                                         Number of obs =  20551

                                                        chi2(8)       = 119.15

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -972.42428                             Pseudo R2     = 0.0577

------------------------------------------------------------------------------

  juezN1 | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

 estrato |   1.244599   .1023578      2.661   0.008       1.059315     1.46229

   jefeH |   1.432967   .2785165      1.851   0.064       .9790244    2.097387

  educaS |   1.633368   .3266852      2.453   0.014       1.103666    2.417299

Npbarrio |   1.176261   .0460895      4.143   0.000       1.089308    1.270154

autoriPB |    1.42068   .2299634      2.169   0.030       1.034459    1.951098

   juezL |    5.76521   2.265594      4.458   0.000       2.668779    12.45425

   juezF |   5.871496   1.812926      5.733   0.000        3.20572    10.75405

denuncia |   2.622639    .540792      4.676   0.000       1.750731    3.928778

La variable dependiente (juezN1) toma el valor 1 si en alguien en el hogar acudió en el último año a un juzgado a tramitar un conflicto de negocios y cero en caso contrario. Se explica en función del estrato, del género y el nivel educativo del jefe del hogar, del número de “problemas de barrio”, de si se han llevado casos a los juzgados laborales, de familia y de si se han puesto denuncias por ataques criminales. 

ECUACION 4

Logit Estimates                                         Number of obs =  20551

                                                  chi2(9)             =  77.68

                                                     Prob > chi2      = 0.0000

Log Likelihood = -1320.7193                    Pseudo R2        = 0.0286

vicvida |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

   

    univ |  -.5345366   .2342879     -2.282   0.023      -.9937325   -.0753407

    bajo |   .2926265   .1368806      2.138   0.033       .0243455    .5609076

   cali1 |   .6786855   .2342873      2.897   0.004       .2194909     1.13788

    med1 |   .8590183   .1946921      4.412   0.000       .4774287    1.240608

    baq1 |   .9685002   .2036654      4.755   0.000       .5693233    1.367677

    buc1 |   1.166963   .2293376      5.088   0.000        .717469    1.616456

     per |   .6428767   .3185705      2.018   0.044         .01849    1.267263

     pas |   1.650433   .2192005      7.529   0.000       1.220808    2.080058

   _cons |  -4.989218   .1515858    -32.913   0.000       -5.28632   -4.692115

La variable dependiente (vicvida) toma el valor 1 si el año anterior a la encuesta algún miembro del hogar fue víctima de algún ataque contra la vida (homicidio o lesiones personales). En función del nivel educativo del jefe del hogar (primaria y univ), de si pertenece al estrato bajo y de dummies para las distintas ciudades.

ECUACION 5

Logit Estimates                                         Number of obs =  20551

                                                   chi2(11)           = 930.48

                                                     Prob > chi2      = 0.0000

Log Likelihood = -8535.2455                    Pseudo R2       = 0.0517

vicpat  |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

primaria |  -.2921396   .0420277     -6.951   0.000      -.3745125   -.2097668

    bajo |  -.2539976   .0456056     -5.569   0.000       -.343383   -.1646122

    med1 |  -1.180007   .0830148    -14.214   0.000      -1.342713   -1.017301

    baq1 |  -.0174908   .0643689     -0.272   0.786      -.1436515      .10867

    buc1 |   .7321694    .066418     11.024   0.000       .6019925    .8623462

    mont |  -1.009513    .146574     -6.887   0.000      -1.296793   -.7222336

  dosque |  -.5470856   .1761661     -3.106   0.002      -.8923647   -.2018064

     per |    .344061   .0844971      4.072   0.000       .1784498    .5096722

     pas |   .9864696   .0714913     13.798   0.000       .8463493     1.12659

     man |  -.2171722   .1034905     -2.098   0.036        -.42001   -.0143345

   _cons |  -1.472491   .0362852    -40.581   0.000      -1.543608   -1.40137

Variable dependiente (vicpat) toma el valor 1 si algún miembro del hogar fue víctima de un ataque contra la propiedad en le último año. En función del estrato y del nivel educativo.

ECUACION 6

Logit Estimates                                         Number of obs =   3713

                                                        chi2(13)      = 165.98

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -2222.0656                     Pseudo R2     = 0.0360

denuncia|      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

    bajo |  -.3389359   .0889283     -3.811   0.000      -.5132322   -.1646396

    univ |   .3223495   .0968116      3.330   0.001       .1326024    .5120967

    cali |   -.294058   .1295714     -2.269   0.023      -.5480132   -.0401028

     pas |  -.3769708   .1168373     -3.226   0.001      -.6059678   -.1479738

    mont |   .7896039   .2662141      2.966   0.003       .2678339    1.311374

    vill |   1.130186    .595929      1.897   0.058      -.0378136    2.298185

    giro |  -1.204534   .5355821     -2.249   0.025      -2.254255   -.1548119

  vifam1 |   2.812721   .5515146      5.100   0.000       1.731772     3.89367

     hom |   1.165083   .2425357      4.804   0.000       .6897218    1.640444

 otrvida |   .8032225   .1584784      5.068   0.000       .4926106    1.113834

    secu |   1.034992   .4791805      2.160   0.031       .0958151    1.974168

  otrlib |   1.557162    .342255      4.550   0.000       .8863546     2.22797

   otros |   .7896446   .2197998      3.593   0.000       .3588449    1.220444

   _cons |  -.8279372   .0526451    -15.727   0.000      -.9311197   -.7247548

ECUACION 7

logit cfamilia estrato edad1 hombre eduU juicioF arriendo cvecinos cARR cDEUDA cESTPRI  bquilla medellin op35 op39, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(14)      = 167.68

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -945.53544                             Pseudo R2     = 0.0814

cfamilia | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 estrato |   .8292762   .0578064     -2.686   0.007       .7233767    .9506791

   edad1 |    1.01222   .0044114      2.787   0.005       1.003611    1.020903

  hombre |   .5504389   .0654574     -5.021   0.000        .435999    .6949167

    eduU |    .732052   .1141076     -2.001   0.045       .5393392    .9936234

 juicioF |   1.413449   .2490772      1.964   0.050       1.000649    1.996542

arriendo |   1.290438   .1571641      2.094   0.036       1.016408    1.638347

cvecinos |   1.592841   .2503996      2.961   0.003       1.170472    2.167624

    cARR |   2.512007   .5584289      4.143   0.000       1.624783    3.883705

  cDEUDA |   1.652592    .253199      3.279   0.001       1.223912    2.231419

 cESTPRI |   2.006371    .327771      4.262   0.000       1.456648    2.763553

 bquilla |   .4251244   .0739243     -4.919   0.000       .3023443    .5977648

medellin |   .6926568   .0962294     -2.643   0.008       .5275484    .9094395

    op35 |    1.44894   .1782112      3.015   0.003       1.138564    1.843925

    op39 |   .7472511   .1123687     -1.938   0.053       .5565013    1.003384

La variable dependiente toma el valor 1 si se han tenido conflictos de tipo familiar y 0 en caso contrario. Se explica en funcion del esttrato, la edad, el género, nivel educativo, tener familiares que hayan tenido un juicio, haber tenido una relación de arriendo, reportar otros conflictos (con vecinos, de arriendos, por deudas, con establecimeintos privados) de dummies para Bquilla y Bogotá de algunas opiniones con relación a la ley.

ECUACION 8

logit cvecinos estrato juicioF cfamilia cDEUDA cESTPRI victima glla paras, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(8)       = 114.65

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -672.66434                             Pseudo R2     = 0.0785

cvecinos | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 estrato |   .8058215   .0558007     -3.118   0.002       .7035513     .922958

 juicioF |   1.916872   .3665826      3.403   0.001       1.317678     2.78854

cfamilia |   1.598381   .2406214      3.115   0.002       1.189981    2.146945

  cDEUDA |   2.529707    .419704      5.594   0.000       1.827457    3.501815

 cESTPRI |   1.487675   .2797583      2.112   0.035       1.029056    2.150686

 victima |   2.021454   .3321265      4.284   0.000       1.464909     2.78944

    glla |    1.76655   .5291329      1.900   0.057       .9821243    3.177499

   paras |   .3088858   .2432167     -1.492   0.136       .0660027    1.445554

Conflictos con los vecinos en función del estrato, familiares con juicio en algún juzgado, de otro tipo de conflictos (de familia, de deudas y con establecimientos privados) de haber sido víctima de algún ataque criminal y de la presencia de guerrilla y grupos paramilitares en el barrio.

ECUACION 9

logit cESTPRI estrato hombre eduU cfamilia cvecinos cARR cDEUDA cESTPUB, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(8)       = 183.96

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -589.08811                             Pseudo R2     = 0.1351

------------------------------------------------------------------------------

 cESTPRI | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

 estrato |   1.156213   .0856596      1.959   0.050       .9999432    1.336904

  hombre |   1.511416    .233557      2.673   0.008       1.116475    2.046063

    eduU |   1.684788   .2855059      3.078   0.002       1.208648    2.348501

cfamilia |   1.902063   .3170939      3.857   0.000       1.371894    2.637115

cvecinos |   1.476689   .2906198      1.981   0.048        1.00408     2.17175

    cARR |   1.948788   .5231162      2.486   0.013        1.15153    3.298025

  cDEUDA |   1.427679   .2722508      1.867   0.062       .9824514    2.074676

 cESTPUB |   6.038065   1.007976     10.771   0.000       4.353122    8.375191

La variable dependiente toma el valor 1 si se reportan conflictos con establecimientos privados

ECUACION 10

logit cESTPUB cDEUDA cESTPRI medellin bquilla, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(4)       = 291.69

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -646.77928                             Pseudo R2     = 0.1840

 cESTPUB | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 

  cDEUDA |   1.742527   .3211689      3.013   0.003       1.214206    2.500727

 cESTPRI |   5.965462   1.016767     10.479   0.000       4.271333    8.331531

medellin |   2.982195   .7054874      4.619   0.000        1.87573    4.741347

 bquilla |   9.849577   2.157224     10.444   0.000       6.411949    15.13022

La variable dependiente toma el valor 1 si se reportaron conflictos graves con entidades públicas.

ECUACION 11

logit cDEUDA eduU cfamilia cvecinos cARR cESTPRI medellin, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(6)       =  95.30

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -703.84796                             Pseudo R2     = 0.0634

cDEUDA | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

    eduU |   1.660615   .2523749      3.337   0.001       1.232838    2.236824

cfamilia |   1.696493   .2532551      3.541   0.000       1.266145    2.273111

cvecinos |   2.737341   .4467244      6.170   0.000       1.987997    3.769137

    cARR |   2.141015   .5106813      3.192   0.001       1.341493    3.417046

 cESTPRI |   1.576056   .2877462      2.492   0.013       1.101958    2.254128

medellin |   .7923306    .119663     -1.541   0.123       .5893216    1.065272

La variable dependiente toma el valor 1 si se han tenido problemas de no pago de deudas.

ECUACION 12

logit cLABORAL estrato edad1 juicioF  cDEUDA medellin, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1325

                                                        chi2(5)       =  49.42

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -430.75332                             Pseudo R2     = 0.0543

cLABORAL | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 estrato |   .7172108   .0695982     -3.425   0.001       .5929883    .8674561

   edad1 |    .980619   .0071733     -2.675   0.007       .9666598    .9947798

 juicioF |   2.292609    .528355      3.600   0.000       1.459359    3.601621

  cDEUDA |   2.211915     .47288      3.713   0.000       1.454763    3.363139

medellin |     1.7052   .3368665      2.701   0.007       1.157759    2.511495

La variable dependiente toma el valor 1 si se han tenido conflictos laborales. Se limita la muestra a quienes son o han sido empleados.

ECUACION 13

logit cCIVIL estrato eduU juicioF arriendo otroC victima medellin op38 otroGA

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(9)       = 229.72

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood =  -1041.906                             Pseudo R2     = 0.0993

  cCIVIL | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 estrato |    1.14504   .0612124      2.534   0.011       1.031137    1.271524

    eduU |   1.567005   .1958543      3.594   0.000       1.226541    2.001977

 juicioF |   1.535622   .2540451      2.593   0.010       1.110366    2.123746

arriendo |   1.545637    .170381      3.950   0.000       1.245307    1.918397

   otroC |   3.011334   .3293201     10.080   0.000       2.430364    3.731183

 victima |   1.894864   .2206588      5.489   0.000       1.508186    2.380681

medellin |   .6399464   .0771886     -3.701   0.000       .5052124    .8106123

    op38 |   .7183231   .0937539     -2.535   0.011       .5561897    .9277196

  otroGA |   1.549586   .1943602      3.492   0.000       1.211858    1.981433

ECUACION 14

logit juicio juicioF eduP hombre edadJ patron cCIVIL cFAM1 cLABORAL cTUTELA bquilla, or

Logit Estimates                                         Number of obs =   1807

                                                        chi2(10)      = 212.68

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood =  -638.0613                             Pseudo R2     = 0.1429

juicio | Odds Ratio   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 juicioF |    5.18604   .9473712      9.010   0.000       3.625274    7.418754

    eduP |   .5923521   .1112233     -2.789   0.005       .4099714    .8558668

  hombre |   1.488509   .2203104      2.688   0.007       1.113698    1.989462

   edadJ |    1.02145   .0057912      3.743   0.000       1.010162    1.032864

  patron |   .1205139   .1250069     -2.040   0.041       .0157798    .9203925

  cCIVIL |   2.058903   .3083836      4.822   0.000       1.535121      2.7614

   cFAM1 |   2.418529    .381706      5.596   0.000       1.775047    3.295284

cLABORAL |   2.093488   .4590227      3.370   0.001       1.362179    3.217413

 cTUTELA |   1.384566    .270449      1.666   0.096       .9441638    2.030392

 bquilla |   .6294725   .1082992     -2.690   0.007        .449293    .8819091

Haber tenido o no pleitos ante un juzgado (juicio) en función de tener familiares con experiencia ante la justicia, del nivel educativo (sólo primaria o más) del  género, de la edad (en el momento de iniciar el juicio para quienes han tenido pleitos y la actual para los otros), de la posición ocupacional, del reporte de conflictos en distintas áreas  y de una dummy para barranquilla.

ECUACION  15

. logit apROBO vrSMM

Logit Estimates                                         Number of obs =     93

                                                        chi2(1)       =   4.81

                                                        Prob > chi2   = 0.0284

Log Likelihood = -40.294668                             Pseudo R2     = 0.0563

  apROBO |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

   vrSMM |     .25354   .2190264      1.158   0.247      -.1757438    .6828238

   _cons |  -1.869346   .3627148     -5.154   0.000      -2.580254   -1.158438

El pedir ayuda a la policía  a raíz de un robo (aprobo) en funcion, del valor del robo (vrSMM).

ECUACION  16

logit dROBO apROBO vrSMM

Logit Estimates                                         Number of obs =     93

                                                        chi2(2)       =  10.51

                                                        Prob > chi2   = 0.0052

Log Likelihood = -26.486374                             Pseudo R2     = 0.1656

   dROBO |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

  apROBO |   1.565731   .7567692      2.069   0.039       .0824905    3.048971

   vrSMM |   .3324435   .2637404      1.260   0.207      -.1844783    .8493653

   _cons |   -2.98401   .5603932     -5.325   0.000      -4.082361    -1.88566

El poner una denuncia formal a raíz de un robo (dROBO) en función de haber pedido ayuda a la Policía  y del valor de la pérdida.

ECUACION 17

logit heridoAT resistAT unATR solohATR

Note: solohATR~=1 predicts failure perfectly

      solohATR dropped and 10 obs not used

Logit Estimates                                         Number of obs =    100

                                                        chi2(2)       =   6.93

                                                        Prob > chi2   = 0.0313

Log Likelihood = -40.503093                             Pseudo R2     = 0.0788

heridoAT |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

resistAT |   1.458981   .6229567      2.342   0.019        .238008    2.679953

   unATR |  -.9138733    .811154     -1.127   0.260      -2.503706    .6759592

   _cons |  -1.818505    .358651     -5.070   0.000      -2.521448   -1.115562

El resultar herido a raíz de un atraco (heridoAT) en función de el haber ofrecido resistencia  a los atracadores (resistAT), que  el atracador sea uno solo. La variable solohATR toma el valor 1 cuando los atracadores eran solo hombres.

ECUACION 18

logit apATR heridoAT aNOCHE vaSMM

Logit Estimates                                         Number of obs =    106

                                                        chi2(3)       =  19.68

                                                        Prob > chi2   = 0.0002

Log Likelihood = -44.292559                             Pseudo R2     = 0.1818

   apATR |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

heridoAT |   1.455712   .6712626      2.169   0.030       .1400613    2.771362

  aNOCHE |   .7057333   .5471111      1.290   0.197      -.3665847    1.778051

   vaSMM |   .1375359   .0659097      2.087   0.037       .0083554    .2667165

   _cons |  -2.254656   .4306305     -5.236   0.000      -3.098677   -1.410636

El pedir ayuda a la policía  después de un atraco callejero en (apATR) en función de que el atraco haya sido de noche (aNOCHE), que la víctima haya resultado herida (heridoAT) y del valor de los bienes perdidos (vaSMM).

ECUACION 19

logit dATR heridoAT apATR vaSMM

Logit Estimates                                         Number of obs =    106

                                                        chi2(3)       =  35.99

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -19.441654                             Pseudo R2     = 0.4807

    dATR |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

heridoAT |    2.25658   .9143677      2.468   0.014       .4644518    4.048707

   apATR |   1.984665   .8683513      2.286   0.022       .2827273    3.686602

   vaSMM |   .2219353   .1020372      2.175   0.030       .0219461    .4219246

   _cons |  -4.181655   .7932788     -5.271   0.000      -5.736453   -2.626857

El poner una denuncia formal después de un atraco (dATR) en función de el haber resultado herido (heridoAT), del haber pedido ayuda a la policía (apATR)  y del valor de lo que se perdió en el atraco (vaSMM).

ECUACION 20

logit ROBOfc edad mujer bajo bus precau3

Logit Estimates                                         Number of obs =    995

                                                        chi2(5)       =  44.83

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -464.19373                             Pseudo R2     = 0.0461

  ROBOfc |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

    edad |   -.015289    .006791     -2.251   0.024      -.0285991   -.0019788

   mujer |  -.3797467   .1660352     -2.287   0.022      -.7051697   -.0543237

    bajo |    .588615   .1690789      3.481   0.000       .2572266    .9200035

     bus |   .4637933   .1744351      2.659   0.008       .1219068    .8056797

 precau3 |   .6377846   .1665139      3.830   0.000       .3114234    .9641457

   _cons |  -1.649642   .2620868     -6.294   0.000      -2.163323   -1.135961

El haber sufrido un ataque (violento o no violento) fuera de la casa (ROBOfc), en función de la edad, el ser mujer, el utilizar el transporte público como medio habitual de transporte, y el tomar precauciones especiales en las salidas, de cualquier tipo, a la calle.

ECUACION 21

reg ROBOclle IIP ROBOfcv ROBOfcsv

Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     993

---------+------------------------------               F(  3,   989) =   55.44

   Model |  1492.29588     3  497.431962               Prob > F      =  0.0000

Residual |  8873.64571   989  8.97234146               R-squared     =  0.1440

---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1414

   Total |  10365.9416   992  10.4495379               Root MSE      =  2.9954

ROBOclle |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]

     IIP |   .4722095   .0366623     12.880   0.000       .4002647    .5441543

 ROBOfcv |   -.017437   .2871584     -0.061   0.952      -.5809468    .5460729

ROBOfcsv |  -.0250927   .2562375     -0.098   0.922      -.5279243    .4777388

   _cons |    2.39403   .3107637      7.704   0.000       1.784198    3.003862

Calificación subjetiva de la probabilidad  de sufrir “mañana, al salir de sus casa” un atraco, en función del Indice de Inseguridad Personal, y del haber sufrido un ataque, fuera de casa, violento (ROBOfcv) o no violento (ROBOfcsv).

ECUACION 22

reg ROBOtra IIP ROBOfcv ROBOfcsv

  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     914

---------+------------------------------               F(  3,   910) =   45.83

   Model |  1184.92692     3  394.975639               Prob > F      =  0.0000

Residual |  7842.24595   910  8.61785269               R-squared     =  0.1313

---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.1284

   Total |  9027.17287   913  9.88737444               Root MSE      =  2.9356

------------------------------------------------------------------------------

 ROBOtra |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

     IIP |   .4351738   .0375498     11.589   0.000       .3614795    .5088682

 ROBOfcv |   .1320818   .2801716      0.471   0.637      -.4177758    .6819394

ROBOfcsv |   .3721033   .2691315      1.383   0.167      -.1560872    .9002937

   _cons |   2.775501   .3167766      8.762   0.000       2.153803    3.397198

ECUACION 23

. reg IIP ROBOfcv ROBOfcsv

  Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     997

---------+------------------------------               F(  2,   994) =    0.90

   Model |  12.1399599     2  6.06997995               Prob > F      =  0.4066

Residual |  6699.33446   994   6.7397731               R-squared     =  0.0018

---------+------------------------------               Adj R-squared = -0.0002

   Total |  6711.47442   996  6.73842814               Root MSE      =  2.5961

------------------------------------------------------------------------------

     IIP |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]

---------+--------------------------------------------------------------------

 ROBOfcv |  -.3078659   .2446094     -1.259   0.208       -.787876    .1721442

ROBOfcsv |   .1039096   .2220194      0.468   0.640       -.331771    .5395902

   _cons |   7.984111   .0897599     88.950   0.000        7.80797    8.160252

ECUACION 24

logit DEJAtoe ROBOfcsv ROBOfcv IIP

Logit Estimates                                         Number of obs =    997

                                                        chi2(3)       =  24.82

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

Log Likelihood = -582.35341                             Pseudo R2     = 0.0209

 DEJAtoe |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

ROBOfcsv |   .5967616   .1898072      3.144   0.002       .2247464    .9687769

 ROBOfcv |   .5702513   .1961767      2.907   0.004       .1857521    .9547506

     IIP |   .0737936   .0291847      2.529   0.011       .0165926    .1309945

   _cons |  -1.661233   .2532185     -6.560   0.000      -2.157532   -1.164934

ECUACION 25

logit apROBOc  vROBOcsm  serROBOc

Logit Estimates                                         Number of obs =     65

                                                        chi2(2)       =   1.90

                                                        Prob > chi2   = 0.3871

Log Likelihood = -41.287555                             Pseudo R2     = 0.0225

 apROBOc |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

vROBOcsm |   .0114402   .0158428      0.722   0.470      -.0196111    .0424915

serROBOc |   1.016662   .9637328      1.055   0.291      -.8722193    2.905544

   _cons |   -.775554   .2980299     -2.602   0.009      -1.359682   -.1914261

El pedri ayuda a la Policía a raíz de un robo o atraco en la casa (apROBOc) en función del valor del robo (vROBOcsm) y de si los bienes estaban  asegurados o no.

ECUACION 26

reg ROBOcasa IIP ROBOcv ROBOcsv

Source |       SS       df       MS                  Number of obs =     991

---------+------------------------------               F(  3,   987) =   17.91

   Model |  571.859987     3  190.619996               Prob > F      =  0.0000

Residual |  10506.2228   987  10.6446026               R-squared     =  0.0516

---------+------------------------------               Adj R-squared =  0.0487

   Total |  11078.0827   990  11.1899826               Root MSE      =  3.2626

ROBOcasa |      Coef.   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]

     IIP |     .27858   .0398978      6.982   0.000       .2002857    .3568743

  ROBOcv |   1.766557   .9120414      1.937   0.053      -.0232058     3.55632

 ROBOcsv |   .4944681   .3323564      1.488   0.137      -.1577383    1.146675

   _cons |   2.955113   .3358894      8.798   0.000       2.295973    3.614252

La calificacion de la probabilidad de un robo en la casa (escala 1 a 10) en función del Indice de Inseguridad Personal (ver definición en el Documento de Trabajo # 3) y el haber sufrido un robo en la vivienda, violento (ROBOcv) o no violento (ROBOcsv).

ECUACION  27

logit ROBOcv bajo rejas

Logit Estimates                                         Number of obs =    997

                                                        chi2(2)       =   4.12

                                                        Prob > chi2   = 0.1276

Log Likelihood = -67.273805                             Pseudo R2     = 0.0297

  ROBOcv |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

    bajo |   -1.36593   .8016059     -1.704   0.088      -2.937048     .205189

   rejas |  -.7771858   .5979028     -1.300   0.194      -1.949054    .3946822

   _cons |  -3.477726    .505121     -6.885   0.000      -4.467745   -2.487707

El ser víctima d en ataque, con violencia, en la vivienda (ROBOcv) en función de pertenecer al estrato socio económico bajo y el contar con rejas en la vivienda.

ECUACION 28

logit ROBOcsv1 vigpri pordias

Logit Estimates                                         Number of obs =   1000

                                                        chi2(2)       =   8.73

                                                        Prob > chi2   = 0.0127

Log Likelihood = -219.84212                             Pseudo R2     = 0.0195

ROBOcsv1 |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

  vigpri |  -.8856138   .3192493     -2.774   0.006      -1.511331   -.2598968

 pordias |   .4177558   .3313445      1.261   0.207      -.2316676    1.067179

   _cons |   -2.56489   .1660353    -15.448   0.000      -2.890313   -2.239467

ECUACION 29

logit apAGR edadAGR vtAGR vidapel hospital

Logit Estimates                                         Number of obs =     61

                                                        chi2(4)       =  21.19

                                                        Prob > chi2   = 0.0003

Log Likelihood = -30.291934                             Pseudo R2     = 0.2591

   apAGR |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

 edadAGR |   .0598536   .0330862      1.809   0.070      -.0049942    .1247014

   vtAGR |  -1.188613   .7755656     -1.533   0.125      -2.708694    .3314674

 vidapel |   1.497775   .9088879      1.648   0.099      -.2836123    3.279163

hospital |   1.913114   .6637616      2.882   0.004       .6121648    3.214062

   _cons |  -3.192758    1.44203     -2.214   0.027      -6.019086   -.3664309

El acudir o no a la policía a raíz de un agresión física (apAGR) en función de la edad de la víctima (edadAGR), de si la víctima estaba tomada (vtAGR) de si se considera que la vida de la víctima estuvo en peligro (vidapel) y de si se acudió a laguna entidad médica u hospitalaria después de la agresión (hospital)

ECUACION 30

logit dAGR apAGR edadAGR vtAGR vidapel hospital

Logit Estimates                                         Number of obs =     60

                                                        chi2(5)       =  19.59

                                                        Prob > chi2   = 0.0015

Log Likelihood = -26.858907                             Pseudo R2     = 0.2672

    dAGR |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

   apAGR |    2.49676   .8545886      2.922   0.003       .8217973    4.171723

 edadAGR |  -.0017871   .0414608     -0.043   0.966      -.0830488    .0794746

   vtAGR |   .4683292   .8379641      0.559   0.576       -1.17405    2.110709

 vidapel |   1.619447   1.209402      1.339   0.181      -.7509363    3.989831

hospital |   -.034448   .7770279     -0.044   0.965      -1.557395    1.488499

   _cons |  -3.756967   1.681736     -2.234   0.025      -7.053109   -.4608259

El poner o no una denuncia formal (dAGR) como función del haber acudido a la policía y de las mismas variables de la ecuación anterior.

ECUACION 31

logit agresion mujer soltero sup bajo

Logit Estimates                                         Number of obs =   1000

                                                        chi2(4)       =  14.30

                                                        Prob > chi2   = 0.0064

Log Likelihood = -109.75906                             Pseudo R2     = 0.0611

agresion |      Coef.   Std. Err.       z     P>|z|       [95% Conf. Interval]

   mujer |  -.7646881   .4360911     -1.754   0.080      -1.619411    .0900347

 soltero |   1.171851   .5563173      2.106   0.035       .0814889    2.262213

     sup |  -.9076914   .6433903     -1.411   0.158      -2.168713    .3533305

    bajo |   .4626293   .4250698      1.088   0.276      -.3704923    1.295751

   _cons |  -4.222483   .6080273     -6.945   0.000      -5.414195   -3.030772

---

[1] La pregunta que se hizo fue la siguiente: “Ud o alguno de los miembros de su hogar ha tenido, en los negocios, problemas jurídicos en el ultimo año”. Es razonable pensar que la redacción de la pregunta, que se concentra en los problemas jurídicos tiende a hacer énfasis en los conflictos cerca de la judialización, con un alto nivel de vinculación de abogados.

[2] Ver Rubio (1996) ICC1

[3] Se consideran los siguientes : Accidentes de Tránsito, Conflictos entre vecinos, Violaciones, Presencia de pandillas, Expendio y/o consumo de drogas, Maltratos en los hogares, Hurto o robo de automotores, Atracos callejeros, Contaminación, Otros problemas

[4] Se estima un modelo Logit en el cual la variable dependiente toma el valor 1 si se reportaron problemas jurídicos en los negocios en el año anterior a la encuesta y 0 en caso contrario. Ver Ecuación 1 en el Anexo. Los coeficientes se presentan como “odd ratios”.

[5] Aunque en este contexto lo ideal sería saber si había experiencia previa ante un juzgado la información disponible en la encuesta sólo ofrece la posibilidad de tener en cuenta otras experiencias, ocurridas durante el mismo período, el año anterior a la encuesta.

[6]  Este argumento se había ofrecido en Rubio (1996) ICCC 1

[7] Se estima un modelo LOGIT tratando de discriminar, entre quienes reportaron haber enfrentado un conflicto judicial el último año, aquellos que lo llevaron ante la justicia de aquellos que optaron por vías alternativas. Ver Ecuación 2 en el Anexo.

[8] Ver Ecuación 3 en el anexo. Aunque la estimación se hizo a nivel de la unidad muestral de la ENH, el hogar las conclusiones se redactan haciendo referencia a una comunidad cuyos hogar típico presenta las características consideradas en la estimación.

[9] Para las personas que han tenido un pleito laboral o de familia la probabilidad de acudir a un juzgado civil para resolver es más de cinco veces superior a la de aquellas que no se han presentado ante jueces laborales o de familia.

[10] El trabajo estadístico y parte de la redacción de esta sección fue realizado por Lía Santis.

[11] Ver Rubio (1996) ICCC1

[12] Ver una revisión de la literatura y discusión sobre estos temas en Rubio (1998) CCM

[13] Ver Ecuación 4 en el anexo.

[14] Ver Ecuación 5.

[15] Ver por ejemplo los trabajos de la Corporación Región.

[16] Ver Ecuación 6

[17] De acuerdo al artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil.

[18] Una exposición detallada de los resultados de esta encuesta se encuentra en Rubio (1997) PCSLJ, de donde se ha tomado, en forma resumida, la parte descriptiva de esta sección.

[19] Se estima un modelo Logit en el cual la variable dependiente toma el valor 1 si se reporta algún incidente de esta naturaleza y cero en caso contrario. Ver Ecuación 7 en el anexo.

[20] Ecuación 8

[21] Ecuación 9

[22] Ecuación 10

[23] Es probable que la manera como se hizo la pregunta "ha tenido algún conflicto por deudas que no le han sido pagadas" subestima la incidencia del fenómeno "no pago de deudas". En otra encuesta realizada unos meses después a nivel nacional, ante la pregunta  de si "se vió afectado por el no pago de una deuda" el porcentaje de respuestas positivas fué del 32%.

[24] Ver Ecuación 11.

[25] Ecuación 12

[26] Para las jurisdicciones laboral y de familia, los ejercicios realizados atrás conservan vigencia. Ver Ecuaciones 7 y 12.

[27] Promedio calculado entre los hogares que reportaron alguno.

[28] Ver Ecuación 13.

[29] "Suponga que compra un televisor nuevo y al cabo de un mes se daña completamente. El comerciante que se lo vendió no acepta sus reclamos. Ud que haría ?"

[30] Ver Rubio (1997) CC

[31] Medida por el porcentaje de respuestas afirmativas a la pregunta "Si no hubiese resuelto el caso de esta manera, estaría dispuesto a acudir a un juez"

[32] La tutela para problemas con entidades públicas.

[33] La alternativa, más lógica en principio, de tratar de discriminar, para cada tipo de conflicto, aquellos ciudadanos que lo resolvieron ante la justicia de aquellos que adoptaron otras soluciones se enfrenta con un problema de tamaño de la muestra que impide hacer ejercicios estadísticos por separado.

[34] Ecuación 14.

[35] Para un análisis más detallado de la encuesta de Percepciones en lo relativo a los asuntos penales, ver Rubio (1997) PCSLJ, de dónde se toma, para esta sección, un resumen de los principales resultados.

[36] Contra (54.2%) para los de secundaria y (40.1%) para los universitarios.

[37] La manera como se hizo la pregunta "Ud o alguien de su hogar ... " no permite hacer inferencias acerca del género de las víctimas.

[38] Homicidio, lesiones personales, abuso sexual y secuestro.

[39] Con un modelo logit.

[40] Para corroborar esta afirmación se estimó un modelo de regresión en el cual la se tomó como variable dependiente  la proporción de atentados a la propiedad que, en cada hogar, fueron puestos en conocimiento de las autoridades y como  variables explicativas el nivel educativo (variable dummy = 1 si el jefe de hogar tiene grado universitario, 0 en caso contrario. Era esta la variable más relevante) y el monto estimado que se perdió. Alternativamente se estimó un modelo logit separando los hogares que nunca pusieron un denuncio de aquellos que siempre lo hicieron con las mismas variables explicativas. En ambos casos se encuentra que tiene un mayor poder explicativo el monto perdido en los incidentes que la educación.

[41] La pregunta que se hizo fué : " imagínese que mañana, al salir de su casa, una persona armada le pide que le entregue su dinero y sus objetos de valor" .

[42]  Con los datos de Medicina Legal por departamentos para 1996, se puede corroborar esta noción que entre mayores son los niveles de violencia, mayor es el misterio alrededor de los homicidios. Ver Paz Pública (1997) Universidad de los Andes, Carta # 1. 

[43] Suponiendo además que en las tres ciudades la relación entre el número de miembros del hogar y  los "amigos, vecinos y concidos" es la misma. El reporte sobre número de atracos hace alusión a los primeros, el de homicidos al segundo.

[44] Aplicando a los homicidios reportados en las preguntas sobre victimización las causales de victimización reportadas por los hogares para los homicidios sobre los cuales tienen una idea acerca de las circunstancias que los rodearon.

[45] Tomando por ejemplo el número anual de homicidios y las cifras de los procesos penales por homicidio en sus distintas etapas, se ha estimado, a nivel nacional, en cerca del 33% la proporción de homicidios que se investigan, en 20% la tasa de captura de sindicados, en 6% la proporción de casos que se juzgan y en 4% las condenas. Ver Rubio (1997) "Crimen sin Sumario" Doc Cede. Si se tiene en cuenta que alrededor de estos promedios se dan diferencias regionales, los estimativos aquí realizados con base en la encuesta parecen muy factibles.

[46] Para los incidentes de victimización son muy raros los casos en que una misma persona ha sufrido varios de ellos. Por lo tanto no se incluye la variable “No de veces” en las Gráficas.

[47] Teniendo en cuenta que son varios los ciudadanos que reportaron más de un incidente de robo, al considerar el conjunto de incidentes sería inadecuado tener en cuenta características de los ciudadanos puesto que aquellos que fueron víctimas múltiples recibirían una mayor ponderación y deformarían los resultados.

[48] Ver Ecuación 15 en el Anexo.

[49] Que tienen que ver con las características de los incidentes y no de las víctimas, por las razones aducidas en nota anterior. Ver Ecuación 16.

[50] Así lo sugiere el hecho que en ninguno de los atracos reportados en la muestra en el que haya habido participación de una mujer la víctima resultó herida. Por esta razón,  en la estimación del modelo logit la variable queda excluida en forma automática. Ver Ecuación 17

[51] Ver Ecuación 18

[52] En los dos casos que, en la muestra, se reportó que los bienes perdidos durante el atraco estaban asegurados las víctimas pidieron ayuda a la Policía. Por esta razón al estimarse el modelo logit la variable queda excluídapuesto que predice perfectamente uno de los valores de la variable dependiente.

[53] Por esta razón la estimación del modelo logit excluye automáticamente esta variable, que predice perfectamente uno de los valores de la variable dependiente. En esta oportunidad, sin embargo, por tratarse de un número importante de casos,  no es demasiado arriesgado argumentar que la variable en cuestión si tiene un efecto determinante.

[54] A pesar de que, como ya se vio,  un factor determinante en la tendencia de los ciudadanos a pedir ayuda a la policía después de un atraco es el haber resultado herido,  y que el haber solicitado ayuda es un buen predictor de la denuncia, al incluir ambas variables como elementos explicativos, el haber sufrido un atentado a la integridad continúa siendo un factor determinante en la decisión de elevar una denuncia. Ver Ecuación 19

[55] Ecuación 20

[56] Se consideraron en la calle tres tipos de precauciones: en los desplazamientos al estudio o trabajo, en las salidas a hacer compras o diligencias y en las salidas nocturnas. Lo que se encuentra es que estas variables están altamente correlacionadas entre sí. La gente que dice tomar precauciones lo hace siempre que sale.

[57] Ver ecuación 21.

[58] Ecuación 22

[59] Ecuación 23

[60] Ecuación 24

[61] Por otro lado, el bajo número de incidentes de atraco reportados (8 en total) impiden cualquier tipo de ejercicio estadístico que permita, entre otras, diferenciar los factores de riesgo de una y otra situación. Por esta razón, en el análisis que se presenta a continuación se agruparon ambos tipos de incidentes.

[62] Medida por la calificación de que tan probable considera el ciudadano que “mañana” entran a su residencia un grupo de personas aramdas a robarlo. Ecuación 26

[63] Y que, como se señaló en otro documento de trabajo, se mide por el Indice de Inseguridad Personal, construido con base en la valoración subjetiva de un ataque criminal en el centro de la ciudad.

[64] Ecuación 27

[65] Ecuación 28

[66] Asociación que no necesariamente significa que en los estrato altos las agresiones son más graves, sino que puede estar reflejando diferencias en los costos de los centros médicos a los que se acude.

[67] Ver Ecuación 29.

[68] En realidad, es el único factor que ayuda a explicar la tendencia a poner una denuncia. Los factores que contribuyen a discriminar a quienes solicitan ayuda de quienes no lo hacen no contribuyen a explicar las diferencias en la tendencia a denunciar.

[69] Ecuación 31

[70] Debido al bajo número de casos de extorsión contra las personas que respondían el cuestionario –la mayoría hace referencia a familiares de esas personas- no es posible analizar el perfil por género o por edad de las víctimas, como tampoco es posible analizar los ‘ factores de riesgo” de este tipo de incidente.