Una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común.
por
FEBRERO DE 1998
RESUMEN
En este trabajo se pretende mostrar que, en forma análoga a lo que ocurre en diversas áreas de la actividad social en dónde los límites entre lo privado y lo público son cada vez más difíciles de precisar, la línea que separa el delito común del delito político se ha tornado, o ha sido siempre, tenue y difusa.
Se argumenta que en el marco del conflicto colombiano existen estrechos vasos comunicantes entre las actuaciones políticas de los levantados en armas y las conductas delictivas, propias o de otros actores. Se señala cómo, paradójicamente, esta difusión de los límites entre los actos rebeldes y los criminales se ha visto facilitada por la creciente interferencia de los alzados en armas en el ejercicio de una de las funciones públicas por excelencia, la administración de justicia.
El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera se presentan y discuten los principales elementos conceptuales que tradicionalmente se han utilizado en el país para distinguir el delito político del delito común. En la segunda se ofrecen, a título de ejemplo, algunas ilustraciones de las variadas mezclas que presentan las actuaciones públicas y las conductas privadas de quienes actúan en Colombia al margen de la ley. En la tercera se analizan las relaciones entre el delito común y los grupos armados en los municipios colombianos y se trata de ilustrar la influencia de tales organizaciones sobre el desempeño de la justicia penal. Como conclusión se sugieren algunos puntos que, a nivel conceptual y metodológico, parece conveniente tener en cuenta para avanzar en el diagnóstico del conflicto colombiano y en la búsqueda de sus soluciones.
LAS TEORIAS Y SUS LIMITACIONES
Tradicionalmente en el país, se ha hecho un esfuerzo por diferenciar a los levantados en armas, y en particular a los grupos guerrilleros, de los delincuentes comunes. No son escasos quienes, en el otro extremo, buscan criminalizar cualquier actuación de las organizaciones armadas, desconociendo por completo sus objetivos políticos.
En términos de esta distinción entre el delito político y el común es conveniente referirse a dos niveles. Está en primer lugar la instancia explicativa, o positiva. A este nivel ha sido corriente postular que los delincuentes políticos se diferencian de los comunes, no necesariamente en sus acciones, sino básicamente en sus intenciones. Se considera que los segundos están motivados por la satisfacción, monetaria, de intereses personales. A los segundos se les reconoce una motivación social y altruísta [1]. Otra tipificación del delincuente político, más contrastable, es la del bandido social , sugerida por Hobsbawm [1965, 1991]. Se trata del individuo, de extracción popular, que se rebela contra el soberano injusto y que cuenta con un amplio apoyo entre las clases campesinas [2]. La tercera caracterización sería la del partisano, de Carl Schmitt [3], que presenta cuatro rasgos distintivos : el ser un combatiente irregular, el responder a una honda adhesión política, el tener una acentuada movilidad y, de nuevo, el tener un carácter telúrico, o sea una "íntima relación con una población y un territorio determinados" [4].
En un segundo nivel, el normativo o de recomendaciones de acción pública, la pertinencia de la distinción radica en la sugerencia de que sólo el delincuente político debe ser penalizado y que al rebelde se le debe dar un tratamiento privilegiado : con él se debe buscar, ante todo, la negociación [5]. Por distintas razones, se considera que la penalización de las acciones de los rebeldes es, no sólo inoperante [6], sino que puede llegar a ser contraproducente [7].
La recomendación de una salida negociada con los delincuentes políticos está por lo general basada en dos premisas. La primera es que se trata, efectivamente, de bandidos sociales que cuentan con unos objetivos altruístas, una amplia base popular y constituyen, en últimas, una manifestación adicional de las protestas y las luchas ciudadanas [8]. La segunda, más específica para el país, es que se ha llegado a una situación de virtual empate entre las fuerzas regulares y los rebeldes que hace imposible el sometimiento de estos últimos por la vía de la confrontación armada [9].
Una última consideración que abarca ambos niveles tiene que ver con la naturaleza de actores colectivos de los rebeldes [10].
Son varios los comentarios que, en el plano conceptual, suscita esta diferenciación que persiste en el país entre el rebelde y el delincuente. Está en primer lugar la escasa importancia que en este tipo de análisis se le da a la llamada criminalidad común. El trabajo teórico más comprehensivo sobre el tema, el de Orozco [1992], se concentra en la cuestión de si determinados actos de los rebeldes deben ser criminalizados o no, pero evita la discusión, pertinente para el país, de la participación de los alzados en armas en actos puramente delictivos [11]. Así, no se considera en dicho análisis la posibilidad de un rebelde que, amparado en tal situación, cometa otro tipo de crímenes [12]. El problema de las interrelaciones entre los rebeldes y los delincuentes comunes, organizados o no, tampoco ha recibido en estos trabajos la atención que amerita [13].
Un segundo aspecto, que dificulta una aproximación empírica al problema, es el de la aceptación de las intenciones como elemento clave de la diferenciación entre el delito político y el delito común. La convicción de un delincuente, las intenciones altruístas de cierto individuo o el ánimo egoista de otro pueden tener sentido en el marco de un juicio para valorar una conducta individual, pero son a nivel social cuestiones casi bizantinas.
El tercer punto que conviene comentar es el del supuesto, generalmente implícito, de que los organismos de seguridad del Estado y el sistema penal de justicia funcionan, de manera represiva, al servicio del establecimiento y en contra de las clases obreras o campesinas. Normalmente se descarta la posibilidad de que los policías o los militares puedan estar del lado de los principios democráticos, o de las clases populares, o que, corruptos o atemorizados, favorezcan unos intereses distintos a los de la clase capitalista. Por el contrario, los actos criminales de los miembros de las fuerzas armadas son no sólo concebibles sino que, además, parecen ser inevitables y se señalan como una de las causas de la agudización del conflicto. La noción de que la violencia oficial contra los sectores oprimidos es una condición inherente al capitalismo [14] y que los ejecutores de esa violencia son los organismos de seguridad del Estado es tal vez uno de los principales prejuicios -supuestos que se hacen sin ningún tipo de reserva o calificación- de los análisis de corte marxista y una de las nociones que más ha dificultado la adopción de políticas en materia de orden público en Colombia [15]. Es sorpredente el escaso esfuerzo investigativo que se le ha dedicado en el país a la verificación de estos planteamientos [16]. Algunas encuestas recientes revelan que la realidad colombiana no encaja muy bien dentro de los estereotipos de la violencia oficial [17].
Desde el punto de vista de lo que podría llamarse la filosofía de la penalización, la sugerencia de la negociación como única alternativa para enfrentar el delito político desconoce una función del encarcelamiento que alguna literatura considera fundamental : la de inhabilitar al infractor, o sea mantenerlo bajo supervisión de tal manera que no pueda seguir atentando contra los derechos de terceros [18]. Por otro lado, esa recomendación presupone una visión del sistema penal preocupada exclusivamente por los derechos del infractor [19]. No hay una consideración de los derechos de las víctimas ni de los costos económicos y sociales del delito político [20]. También se descarta la eventual función ejemplarizante sobre los infractores potenciales, políticos o comunes. El argumento de la ineficacia de la penalización con los alzados en armas podría ser válido para los individuos que ya tomaron la decisión de rebelarse [21] pero no tiene por qué generalizarse a quienes se encuentran en una situación de riesgo , a los rebeldes o criminales en potencia.
Un aspecto teórico fundamental que subyace en el diagnóstico corriente del conflicto armado colombiano, y en la discusión de sus soluciones, es el de la relevancia de los actores colectivos versus la de los agentes individuales . Aunque una discusión detallada de este punto sobrepasa el alcance de este trabajo, puesto que está inmersa en el profundo debate teórico entre dos concepciones alternativas y rivales del comportamiento, vale la pena hacer algunas anotaciones. Las visiones colectivistas e individualistas de la sociedad reflejan una diferencia esencial entre lo que podría denominarse la perspectiva sociológica clásica y el individualismo metodológico, cuyo modelo más representativo es el de la escogencia racional utilizado por la economía [22]. Un punto crítico de esta tensión entre la sociología y la economía surge del énfasis que cada disciplina le asigna, respectivamente, a las normas sociales y a la escogencia individual como determinantes del comportamiento. En últimas, la propuesta de considerar el delito político y el delito común como dos categorías analíticas diferentes tiene algo que ver con este debate : por lo general, se supone que los rebledes son actores colectivos cuya dinámica está determinada por las condiciones sociales mientras que para los delincuentes comunes se acepta la figura de actores que, de manera individual, responden a sus intereses particulares.
La consideración de los delincuentes políticos como un actor colectivo, recurrente en la literatura colombiana [23], es uno de los puntos más debatibles de esta aproximación. En primer lugar, porque desconoce elementos básicos de varios cuerpos de teoría en dónde, para las organizaciones, se sugiere siempre una distinción mínima entre los líderes y los seguidores [24]. Fuera de la carencia de esta distinción entre quien decide y quien recibe instrucciones -fundamental para grupos armados con una estructura vertical, jerárquica y militar- hay varios puntos oscuros en este planteamiento. Tanto la definición del delincuente por convicción de Radbruch, como la del bandido social de Hobsbawm hacen referencia a las características, individuales, de un personaje. No queda claro como, analíticamente, se da la transformación de este personaje individual en un actor colectivo. Ni cual es la relación del individuo rebelde con la organización subversiva [25]. Es fácil argumentar que cualquiera de las múltiples posibilidades concebibles para esta relación tiene implicaciones distintas en términos del tratamiento que se le debe dar a los miembros de dichas organizaciones. La definición de delincuente político aplicada no a un individuo sino a una organización se torna aún más frágil cuando se acepta la posibilidad de que en dicha organización algunos individuos cometan actos criminales [26].
Lo que resulta difícil de aceptar conceptualmente es la noción de que las condiciones socio-económicas y las instituciones de una sociedad -las llamadas causas objetivas- determinan tanto las acciones de las organizaciones como las conductas de sus líderes, como las de los militantes de base.
Por último, tanto el supuesto de que la subversión es una continuación natural de las luchas políticas de la población como el de la imposibilidad de una victoria militar del Estado sobre la subversión son cuestiones empíricas que deberían poder contrastarse, pero que no parece razonable adoptar como hipótesis de trabajo inmodificables [27].
En síntesis, las críticas a la tradicional categorización delito político-delito común se pueden resumir en dos puntos. El primero sería su excesivo apego a los rígidos esquemas de los pensadores del siglo pasado, y el no incorporar buena parte de los desarrollos teóricos que se han hecho en las ciencias sociales, sobretodo en lo relacionado con el modelo de escogencia racional, la teoría de las organizaciones y el análisis institucional. El segundo punto, que resulta paradójico tratándose de aproximaciones generalmente marxistas, es el de su deficiente adaptación a las condiciones actuales del país [28], que muestran serias discrepancias con las tipologías idealizadas, supuestamente universales, que se continúan utilizando [29]. Como se tratará de mostrar en las secciones siguientes son numerosos y variados los síntomas que aparecen en la realidad colombiana acerca de unas profundas interdependencias entre los rebeldes y los criminales. Insistir en categorizarlos de manera independiente es una vía que parece agotada y poco promisoria no sólo en el plano explicativo sino, con mayor razón, a nivel de la formulación de políticas. De manera alternativa, parece conveniente concentrar los esfuerzos en el análisis de las formas específicas en que las organizaciones subversivas interactúan y se entrelazan con el crimen en el país, y empezar a examinar cómo estas interrelaciones evolucionan en el tiempo o cambian entre las regiones, para de esta manera poderlas incorporar en nuevos esquemas teóricos. A continuación se hace un esfuerzo en esas líneas recurriendo a dos tipos de evidencia, la testimonial y la estadística. Posteriormente, y a manera de conclusión, se tratan de esbozar los elementos generales para un marco conceptual que, teniendo en cuenta el estado actual de la teoría, no riña con la realidad del conflicto armado colombiano.
GUERRILLA Y DELINCUENCIA EN COLOMBIA - ALGUNOS TESTIMONIOS [30]
Ha sido tradicional en Colombia reconocerle el carácter de delincuente político únicamente a los grupos guerrilleros y calificar de criminales a los militantes de las otras organizaciones armadas que operan en el país. Si el criterio para esta clasificación fuera la convicción, o las intenciones altruístas, de los actores podría decirse coloquialmente que, en la guerrilla, "ni son todos los que están, ni están todos los que son".
Sería necesario, en primer lugar, excluír de la categoría de delincuentes políticos a todos aquellos combatientes rasos que se vinculan a la guerrilla por razones pecuniarias, por falta de oportunidades de empleo, por lazos familiares, por el ánimo de venganza [31]... y con escasa formación, o conciencia, política [32]. Hay disponibles algunos testimonios de guerrilleros de base que son devastadores con los esquemas idealizados del rebelde como actor colectivo homogéneo y de gran compromiso político [33].
También habría que excluír de la categoría de rebeldes a quienes, una vez vinculados a la guerrilla, sufren un cambio en sus convicciones pero no pueden abandonar la organización temerosos de que se les juzgue y condene por desertores [34]. Para algunos de ellos, la convicción política sólo vino posteriormente, como resultado de experiencias traumáticas al interior de la organización [35]. En forma concordante con lo anterior, estudios realizados con miembros de grupos extremistas europeos muestran resultados que van en contravía de la tipificación de individuos con unidad de criterio e intenciones políticas y subrayan la importancia de las "fuerzas psicológicas" como determinantes de la dinámica de tales grupos [36]. Se ha planteado que el elemento fundamental de la toma de decisiones de las organizaciones al margen de la ley no son las realidades sociales y políticas externas al grupo sino el "clima psicológico" al interior del grupo [37]. Las características del ambiente en el cual se toman las decisiones -la ilusión de invulnerabilidad que lleva al excesivo optimismo, la presunción de moralidad, la percepción del enemigo como malvado, y la intolerancia interna hacia la crítica [38]- parecen llevar dentro del grupo a crecientes presiones para perpetuar la violencia y tomar decisiones cada vez más riesgosas [39].
En la definición de Schmitt del partisano, o la de Hobsbawm del bandido social, un aspecto fundamental es el de su aceptación popular, que tiene dos componentes. El primero es que la decisión de rebelarse surge como respuesta a una conducta considerada criminal por el soberano pero aceptada popularmente. Sus infracciones a la ley son aquellas que los sectores populares no consideran criminales, puesto que no les hacen daño sino que se perciben como de utilidad pública [40]. Con este criterio, sería necesario reconocer que en el país no todos los delincuentes políticos militan en los grupos guerrilleros [41]. El segundo componente del arraigo popular, en el cual se hace particular énfasis, es el de los suministros necesarios para la supervivencia del rebelde, que le son transferidos en forma voluntaria por la población campesina. Así, el bandido social es no sólo un resultado inevitable de la injusticia del tirano sino que, además, no roba sino que recibe bienes y ayuda de la comunidad en la cual actúa.
De los dos principales grupos guerrilleros colombianos, las FARC y el ELN, únicamente del primero de ellos se puede decir que surgió como una respuesta a las injusticias del régimen político colombiano. En sus inicios, las autodefensas campesinas lideradas por Manuel Marulanda Vélez, de dónde más tarde surgirían las FARC, fueron en efecto una reacción casi de supervivencia a la violencia oficial [42]. Las bases campesinas del ELN son más discutibles [43]. La falta de arraigo popular de los grupos guerrilleros colombianos en sus etapas de "emergencia y consolidación" ha sido reconocida por analistas de tales organizaciones [44]. Con relación al segundo punto del apoyo popular, el de las transferencias voluntarias y espontáneas hacia los rebeldes, ninguno de estos dos grupos parece encajar dentro de la tipología. Existen testimonios sobre cómo, en sus orígenes, los rebeldes que acompañaban a Marulanda y que luego constituirían las FARC robaban para su sustento [45]. Hacia fines de los setentas, al parecer seguía siendo escaso el apoyo campesino a las FARC [46]. Para el ELN, las historias de relaciones amigables con comunidades campesinas que los respaldan económicamente son tal vez más escasas [47] y hay reconocimiento explícito de que, en los años sesenta, el básico de la subsistencia del grupo habría sido el producto de asaltos y robos [48]. Se reportan, por el contrario, desde las épocas iniciales de la organización, incidentes que reflejan un escenario muy diferente al del bandido social de la literatura [49]. Posteriormente se ha llegado a situaciones de verdadero enfrentamiento con las comunidades [50].
Con lo anterior no se pretende negar de plano el "entronque" que puedan tener las organizaciones subversivas con ciertas comunidades. Se ha señalado cómo el resurgimiento del ELN luego de su derrota militar en Anorí estuvo en buena medida facilitado por el reconocimiento, dentro de la organización, de que unos buenos vínculos con la población campesina eran vitales para la supervivencia del grupo [51]. Esta reorientación hizo indispensable un cambio en la estrategia financiera, bajando la presión económica, que se reconoce era forzada [52], sobre los campesinos para trasladarla a los enemigos de clase, casi definidos como aquellas personas susceptibles de ser secuestradas. Una segunda fuente de apoyo popular, también bastante ajena al rebelde idealizado, fué la adopción por parte de la guerrilla de una de las prácticas más reprobables y criticadas de la clase política colombiana: el manejo de recursos públicos con fines privados [53]. De todas maneras, el problema de las relaciones entre los rebeldes colombianos y las comunidades es algo que está lejos de ser entendido a cabalidad y que requiere mucho más trabajo empírico [54].
La práctica del secuestro, reconocida y aceptada por la guerrilla como una forma de financiar la guerra desde hace tres décadas [55], es uno de los elementos de la realidad del conflicto colombiano que resulta más difícil de encajar en las tipologías idealizadas del rebelde, y que en mayor medida demuestra las estrechas interconexiones que se dan en el país entre el delito político y el delito común. Varios puntos llaman la atención sobre este fenómeno. Está en primer lugar lo fundamental que ha resultado esta actividad para la consolidación y expansión de los grupos subversivos colombianos. A diferencia del rebelde de texto, que vive de los campesinos con quienes comparte sus valores morales positivos, en la realidad colombiana los rebeldes viven de uno de los crímenes que más temor y daño personal puede causar. Está en segundo término la indiferencia de los teóricos de los rebeldes con relación a un fenómeno tan característico de los grupos nacionales. Este desinterés podría explicarse por dos aspectos. Primero, por las concesiones conceptuales que habría que hacer para tratar distinguir analíticamente, dentro de los secuestros extorsivos, un acto político de un acto criminal. Segundo, por la imposibilidad de ignorar, si se analiza con seriedad el secuestro, modelos de comportamiento tan típicamente individualistas como la negociación de un rescate.
Los argumentos orientados a la recomendación de no penalizar a los rebeldes, a la conveniencia de negociar con ellos, perderían mucha fuerza con tan sólo aceptar la realidad de unos rebeldes cuya solidez financiera depende en buena medida de esta práctica contra la cual tanto algunos teóricos [56], como la experiencia de las naciones civilizadas, como el más elemental sentido común sugieren la adopción de severas medidas punitivas.
Los practicantes de esta actividad han sugerido, en perfecta concordancia con el guión de las teorías, como diferencia entre el secuestro y la "retención con fines económicos" el hecho de que en el primero se busca satisfacer un interés personal mientras la segunda responde a intereses colectivos [57].
La carencia de un referente normativo exógeno, es decir no sujeto a la voluntad de los actores, le quita mucho piso a cualquier discusión sobre criminalización de la guerrilla. Los relatos de los rebeldes colombianos revelan la extrema maleabilidal del marco normativo al que han estado sometidos. En sus inicios el ELN, por ejemplo, parecía haber adoptado un estricto Código Guerrillero, que estaba escrito, y que fue fundamental para la justificación de los primeros fusilamientos [58]. Este código se complementaba con una especie de "derecho natural" [59]. Un marco normativo tan rígido pronto sería superado. Hay un relato interesante sobre el impacto que produjo en ese grupo primitivo de rebeldes el primer "acto de justicia", un fusilamiento, que se apartaba de los procedimientos establecidos en el Código Guerrillero [60]. Posteriormente, empiezan a aparecer conductas arbitrarias, y criminales, que se justifican a posteriori [61], reglas de comportamiento interno adecuadas a la personalidad del líder y que se salen de la esfera militar [62], ajusticiamientos por razones baladíes [63] y unas normas penales para los campesinos que responden simplemente a la situación coyuntural del grupo armado [64]. Cuando el ELN decide adoptar el secuestro como mecanismo de financiación recurre, para legitimar esa decisión, a la idea de una tradición establecida en América Latina [65]. Al parecer, tal decisión fué muy debatida al interior del grupo [66]. Se sugiere en el testimonio de uno de sus actuales líderes que aún ciertos elementos esenciales del discurso político habrían aparecido para justificar, a posteriori, actuaciones delictivas del grupo [67]. Algunos analistas [68] consideran que el "derecho guerrillero" ha evolucionado positivamente. En particular, que ha disminuído el rol determinante que tuvieron los líderes entre 1964 y 1974, que durante los noventas los fusilamientos han sido excepcionales y que tanto las bases guerrilleras como la población civil han endurecido y fortalecido su posición con relación al mando de la guerrilla [69]. Al aumentar la presencia regional -y reconociendo el hecho que en muchos lugares son la autoridad- los guerrilleros se habrían visto en la necesidad de avanzar en la elaboración de códigos y procedimientos [70].
Una segunda vía de interrelación entre los rebeldes y el crimen tiene que ver con las conductas que son aceptadas como inapropiadas, o delictivas, por ellos mismos. Entre estas conductas la más pertinente para Colombia sería la participación de la guerrilla en actividades relacionadas con el narcotráfico [71]. Con relación al secuestro, se ha señalado que algunos frentes guerrilleros, concientes del desprestigio social que genera esta práctica, han optado por "subcontratar la primera fase de los plagios -bandas comunes se encargan de secuestrar a las víctimas a cambio de un porcentaje del rescate- mientras la guerrilla se encarga del cautiverio y la extorsión" [72]. También entrarían en este grupo los incidentes delictivos al interior de los grupos [73]. Algunos testimonios señalan cómo las conductas de un líder pueden llevar a la "lumpenización" total de un grupo [74]. Un punto que vale la pena destacar es el del reconocimiento, por parte de los mismos guerrilleros, de los riesgos que para el grupo representan las tentaciones económicas de los agentes individuales [75]. Así, el rebelde real reconoce algo que los teóricos de los rebeldes pretenden ignorar.
Tanto los criterios sugeridos por Radruch y reportados por Orozco [1992] como los propuestos por este último para la definición del rebelde dependen de manera crítica de información que está sólo al alcance de los rebeldes y que puede ser fácilmente ocultada, distorsionada o manipulada [76]. Es notoria la idealización que en estas teorías se hace de los sistemas estatales de investigación criminal, sobretodo en lo relativo a su efectividad [77] y a su independencia de las organizaciones rebeldes. También es en exceso optimista, e irreal para Colombia, el supuesto implícito sobre la infinita capacidad que tiene el Estado para recopilar información sobre lo que realmente está ocurriendo [78]. La manipulación de la información por parte de los rebeldes puede hacerse con dos objetivos : ocultar incidentes que ocurrieron o hacer aparecer como reales hechos ficticios [79]. El caso que puede considerarse de extrema interferencia en los flujos de información se da cuando los rebeldes pretenden, mediante amenazas, controlar la opinión de algunos sectores [80].
La tercera vía de conexión entre los rebeldes y el crimen tiene que ver con sus reacciones a las conductas o conflictos entre terceros, o sea con su tarea de administrar justicia. En términos del debate sobre si, en sus territorios, la guerrilla controla la llamada delincuencia común o por el contrario la estimula, parece claro que los rebeldes están más a favor del primer escenario [81]. El problema que surge aquí, adicional al de la disponibilidad o calidad de la información es, de nuevo, el de la falta de un marco normativo externo a la voluntad, o arbitrariedad, de quien aplica la justicia. Cómo se define lo que constituye un delito en un territorio en dónde no opera la justicia oficial ? Parece claro en primer lugar que, en la lógica de los enemigos, la condena de un delincuente por parte de la justicia oficial equivale a su asimilación a la clase de los oprimidos del sistema y le otorga legitimidad al acto de liberarlo de tal condición [82]. También aparece como una posibilidad real el que un juez rebelde, de veras promiscuo, armado, omnipotente, y restringido únicamente por él mismo, pueda excederse [83].
Un aspecto interesante de la evidencia testimonial disponible es el de las múltiples interrelaciones entre la justicia guerrillera y la justicia oficial. De acuerdo con Molano [1997] los guerrilleros a veces apelan a los leguleyos locales, sobretodo para los problemas de linderos y una posibilidad que se contempla como sanción es la de remitir el caso a la otra justicia. También según él, en ocasiones los mismos miembros de la Policía acuden a la justicia guerrillera.
Aunque es probable que la influencia de los grupos guerrilleros sobre el sistema judicial y el régimen penal colombiano haya sido inferior a la ejercida por las organizaciones vinculadas al narcotráfico, también es cierto que se trata de un fenómeno que ha recibido menor atención y está menos bien documentado [84]. A pesar de lo anterior, no parece prudente ignorar este canal, probablemente el más nocivo, de interrelación entre el delito político y el delito común en Colombia [85].
La última vinculación que se puede señalar para Colombia entre las actuaciones políticas y las delictivas sería el llamado clientelismo armado, o sea la interferencia, mediante amenazas, en la asignación de recursos públicos con fines electorales o como mecanismo para lograr el apoyo popular [86]. Una vertiente aún más sorprendente de estas conductas es la relacionada con el sabotaje a la infraestructura petrolera, que se presenta siempre como un acto puro de rebelión, pero que en ocasiones no pasa de ser un buen arreglo económico entre los guerrilleros, los contratistas del sector público, los políticos locales, y la población que recibe empleo en las reparaciones [87].
En síntesis, los testimonios disponibles muestran para los rebeldes colombianos una realidad muy alejada de las tipologías idealizadas del actor colectivo que responde a la dinámica de la lucha de clases y está totalmente aislado del crimen. Una de las paradojas más interesantes de estas organizaciones, cuya ideología hace énfasis en la opresión y la dominación del Estado por la vía de la autoridad, es su estructura interna vertical, monolítica y autoritaria, en dónde se da en la práctica un enorme apego a la obediencia ciega e incondicional. Fuera de las ya mencionadas presiones psicológicas que llevarían a una dinámica perversa de escalamiento de la violencia y del enfrentamiento contra todo lo que no hace parte del grupo, parecería que las decisiones claves en estas organizaciones las toma un grupo reducido de individuos. En el pasado algunos de estos individuos tomaron decisiones que resultaron ser críticas para la evolución posterior del conflicto : participar o no en unas negociaciones de paz, independizarse de las fuentes internacionales de financiación, aliarse con el narcotráfico etc ... El punto que se quiere destacar aquí es que el análisis basado en la consideración exclusiva de actores colectivos puede ser insuficiente, y hasta inadecuado, para entender o predecir el desarrollo del conflicto. Son numerosos los testimonios de miembros y ex-miembros de las organizaciones subversivas colombianas que revelan situaciones en las que sus líderes -y detrás de ellos los combatientes rasos bajo su mando- hacen, literalmente, lo que les place, en forma independiente de que se trate de un acto político o de un crimen [88]. En este contexto, la separación tajante entre rebeldes políticos y delincuentes comunes parece demasiado fuerte, inocua, e irreal. Fuerte porque equivale a suponer que los miembros de los grupos subversivos son seres incorruptibles, que pertenecen a una casta superior a la de los humanos de dónde, en el mundo de los no rebeldes, surgen los criminales. Inocua porque en las zonas de influencia de los rebeldes, y al interior de los grupos armados, los límites de la criminalidad los definen las mismas organizaciones, o sus líderes, y es difícil no pensar que esta definición se hace de acuerdo con intereses privados o personales [89]. Irreal porque los vasos comunicantes y de retroalimentación entre unas y otras conductas son para Colombia numerosos y difíciles de ignorar. Lo que si parece ser una constante, es que esos mismos líderes rebeldes utilicen recurrentemente la retórica del determinismo de los fenómenos sociales para justificar tanto sus actuaciones públicas como sus desafueros privados.
AGENTES ARMADOS Y DELINCUENCIA - LOS DATOS DISPONIBLES [90]
El análisis estadístico de las relaciones entre la presencia de agentes armados y la delincuencia en Colombia se enfrenta, de partida, con un serio problema de información. En el país los datos sobre la llamada criminalidad real se limitan a las once ciudades cubiertas por la Encuesta Nacional de Hogares para las cuales se han realizado cuatro módulos de victimización. Para el resto del país las cifras sobre delincuencia se basan en los registros policiales, o del sistema judicial, que presentan dos inconvenientes. El primero es que dejan por fuera los incidentes criminales que no llegan a conocimiento de las autoridades. Se sabe además, de acuerdo con las encuestas de victimización, que la proporción de delitos que no se denuncian, la llamada criminalidad oculta, no sólo es alta sino que además varía significativamente por regiones, dependiendo de factores que aún no se conocen y que sólo recientemente se están empezando a investigar [91]. Algunos ejercicios estadísticos [92] sugieren que uno de esos factores puede ser, precisamente, la influencia de agentes armados. El segundo inconveniente de las cifras oficiales de delincuencia es que presentan problemas de confiabilidad que se podrían explicar o bien por las peculiaridades del sistema penal colombiano [93] o bien por el hecho, incontrovertible, que dado que estas cifras se utilizan para evaluar el desempeño de la organización responsable de su manejo, es razonable pensar en la posibilidad de sesgos sistemáticos en el registro. Un temor similar se puede expresar con respecto a la información disponible sobre presencia de agentes armados, información que no es independiente de los intereses de la organización responsable de su recopilación y divulgación. Una vez hechas estas salvedades vale la pena, de todas maneras, analizar lo que muestran las estadísticas, sobretodo las relacionadas con la violencia homicida, que es claramente la conducta criminal con menores problemas de registro.
Con las cifras judiciales agregadas a nivel nacional se puede identificar una asociación entre la violencia, medida por la tasa de homicidios, la presencia de grupos armados y varios de los indicadores de desempeño de la justicia penal. En las últimas dos décadas, la tasa de homicidios colombiana se multiplicó por más de cuatro. En forma paralela, se incrementó la influencia de las principales organizaciones armadas : guerrilla, narcotráfico y grupos paramilitares. En el mismo lapso, la capacidad del sistema penal para investigar los homicidios se redujo considerablemente [94].
Estas asociaciones permiten dos lecturas. La tradicional de una aproximación de escogencia racional sería que el mal desempeño de la justicia ha incentivado en Colombia los comportamientos violentos. En el otro sentido, se puede argumentar que uno de los factores que contribuyeron a la parálisis de la justicia penal colombiana fué, precisamente, la violencia y en particular la ejercida por los grupos armados.
Una particularidad de la justicia penal colombiana, que ha sido sugerida como explicación de su incapacidad actual para aclarar los homicidios, es su tendencia a ocuparse de los delitos inocuos y fáciles de resolver en detrimento de los más graves, los difíciles de investigar y aclarar . La investigación de los incidentes penales en Colombia, en la práctica, se limita a aquellos con "sindicado conocido" o sea a los delitos básicamente resueltos desde la denuncia por parte de las víctimas [95].
Por otro lado, los datos de las encuestas de victimización muestran cómo las actitudes y respuestas de los ciudadanos están contaminadas tanto por las deficiencias de la justicia penal, como por un ambiente de amenazas e intimidación. La sociedad colombiana se caracteriza no sólo por los altos niveles de violencia, sino por el hecho que los ciudadanos no cuentan con sus autoridades para buscar soluciones a los incidentes criminales [96].
Dentro de las razones aducidas por los hogares colombianos para no denunciar los delitos vale la pena resaltar la importancia de dos. La primera, peculiar y persistente en las tres encuestas de victimización, es la de la "falta de pruebas", que es sintomática de la forma como el sistema penal colombiano ha ido delegando en los ciudadanos la responsabilidad de aclarar los crímenes. La segunda es la del "temor a las represalias" que en la última década duplicó su participación en el conjunto de motivaciones de los hogares para no denunciar.
Del análisis de la información municipal para 1995, un primer punto que vale la pena destacar es que la presencia de agentes armados en los municipios afecta negativamente la calidad de la información sobre violencia homicida. Un indicador elemental de calidad de las estadísticas sobre muertes violentas se puede construír con base en las diferencias que se observan entre los datos de distintas fuentes. Para una fracción importante de los municipios colombianos, más del 25%, se observa un faltante en las cifras judiciales : los homicidios registrados por los médicos legistas, o por la Policía Nacional, superan la cifra reportada por el sistema judicial. La probabilidad de ocurrencia de este fenómeno de sub-registro judicial de la violencia se incrementa en forma significativa con la presencia de guerrilla, de narcotráfico o de grupos paramilitares en los municipios [97].
En los municipios dónde se presenta este fenómeno de sub-registro de homicidios, por lo general lugares violentos, se observa que las denuncias por habitante, en todas las categorías de delitos, son en promedio inferiores a las de los municipios en dónde las cifras judiciales son consistentes con las de las otras fuentes.
La asociación que se observa entre el sub-registro de muertes violentas, la presencia de agentes armados y los bajos niveles de denuncias se puede explicar de varias maneras que reflejan, todas, deficiencias en el funcionamiento de la justicia penal. Estas explicaciones son consistentes con un escenario bajo el cual los agentes armados venden servicios privados de protección, o de justicia.
Este fenómeno de desjudicialización de la violencia afecta no sólo los niveles de la criminalidad registrada en las denuncias sino que, además, distorsiona la percepción que se tiene sobre el efecto de los grupos armados sobre esa criminalidad [98].
La influencia de los agentes armados sobre las cifras judiciales no se limita a su impacto negativo sobre los delitos denunciados. También se percibe en los datos un efecto sobre el número de investigaciones que emprende el sistema judicial y sobre las prioridades de la justicia penal, que pueden aproximarse por la composición, por delitos, de las investigaciones. Es precisamente en los municipios menos violentos, o sin presencia de agentes armados, en dónde la participación de los atentados contra la vida dentro de los casos de los cuales se ocupa la justicia es mayor.
Así, en forma consistente con el escenario de unas organizaciones armadas poderosas que impiden que se investiguen los homicidios se encuentra una asociación negativa entre la violencia en los municipios y el interés del sistema judicial por aclarar los atentados contra la vida. También se encuentra que la presencia de más de un agente armado en un municipio tiene un efecto demoledor sobre las prioridades de la justicia, en contra de los delitos contra la vida [99].
Para resumir, el análisis de los datos sobre desempeño judicial, violencia homicida y presencia de los grupos armados en los municipios colombianos sugiere una historia interesante. El efecto inicial de los actores armados sobre el desempeño de la justicia penal colombiana se estaría dando a través de la alteración, en ciertos municipios violentos, en el conteo de los homicidios por parte de los fiscales y los jueces. La información disponible es bastante reveladora acerca de la génesis del misterio alrededor de las muertes violentas en el país : el sistema judicial. Los muertos empiezan a desaparecer de las estadísticas en las cifras que remiten los juzgados. Difícil pensar que si existe desinformación en cuanto al número de homicidios habrá alguna claridad acerca de las circunstancias en que ocurrieron las muertes, o acerca de los autores de esos crímenes.
Este primer desbalance entre lo que el sistema judicial registra y lo que realmente está ocurriendo estaría afectando las percepciones de los ciudadanos acerca de la justicia oficial y su voluntad para recurrir a ella para denunciar otro tipo de incidentes. El fenómeno de baja denuncia que se observa ante la presencia de agentes armados puede, en principio, darse en forma paralela con una reducción o con un incremento en la delincuencia. Los datos no son contundentes al respecto pero sugieren más un escenario de aumento en la criminalidad [100]. La presencia de más de un agente armado en una localidad tiene ya un efecto devastador sobre la justicia que parece convertirse entonces en una verdadera "justicia de guerra" bajo la cual el mayor número de muertes violentas conduce a un menor interés de la justicia por investigarlas, y mucho menos por aclararlas. En síntesis, los datos muestran que es por la desinformación alrededor de la violencia por donde parece iniciarse la influencia de los agentes armados sobre la justicia penal colombiana. A partir del momento en que la justicia, en sus estadísticas y seguramente en su desempeño, se empieza a alejar de la realidad se dan las condiciones para ese círculo vicioso de desinformación y oferta de servicios privados de protección en el que, nos dice la teoría, surgen y se consolidan las organizaciones armadas poderosas [101].
SUGERENCIAS PARA AVANZAR EN EL ANÁLISIS DE LOS REBELDES COLOMBIANOS
Para cualquiera que viva en Colombia, es evidente la diferencia que existe entre un delincuente común y un guerrillero. La sabiduría popular hace énfasis en el empaque [102], o en los modales [103]. Pero cabe mencionar otras discrepancias. El primero de estos personajes puede ser un infractor ocasional, actuar en forma independiente y no tener dentro de sus planes transformar la sociedad. El guerrillero claramente ha escogido un modo de vida, pertenece a una organización y, como tal, responde a las directrices de un plan, de un proyecto político, defendido por su grupo. Estas diferencias, observables y concretas, no parecen ser suficientes, sin embargo, para proponer un modelo de comportamiento específico para cada uno de estos personajes y muchísimo menos para sugerir que la ley les de un tratamiento diferencial. Discrepancias como estas, o aún más marcadas, se pueden observar, por ejemplo, entre un microempresario y un empleado de una multinacional. A nadie se le ocurriría por esto sugerir un tratamiento analítico, o judicial, para el microempresario y otro para los asalariados de las grandes empresas sobre la base de sus intenciones, de su convicción, o del hecho que ellos sí hacen parte de un proyecto empresarial, y eventualmente político, más ambicioso y los primeros enfrentan el desafío más banal de ganarse el sustento.
El diagnóstico del conflicto armado colombiano se ha quedado estancado en consideraciones idealistas, como la intención de los actores, que pensadores lúcidos de hace dos siglos ya habían sugerido superar [104]. Parece conveniente sacar la discusión del área de lo que cada uno, incluyendo los actores del conflicto, piensa sobre como debería ser el mundo para llevarla al plano de entender el mundo real y concreto que nos rodea. Mucho más con el propósito de suministrar elementos para tratar de mejorar el entendimiento que se tiene sobre los actores del conflicto colombiano que con el de sugerir salidas, se pueden hacer algunas sugerencias.
A nivel conceptual, la recomendación más general iría en las líneas de extender los avances que en las últimas décadas se han logrado en la comprensión de los comportamientos individuales y colectivos al análisis de quienes actúan al margen de la ley en Colombia.
Una sugerencia, típicamente económica, sería la de no seguir desconociendo los fundamentos de la teoría de la escogencia racional que, a pesar de sus grandes limitaciones, ha mostrado ser una herramienta útil para el análisis de un buen número de fenómenos sociales. Del modelo económico del comportamiento se han derivado unas pocas verdades básicas que parecen tener validez universal. Una de ellas es que los individuos escogen su ocupación buscando la satisfacción de sus intereses personales, por lo general un ingreso monetario. Una consecuencia agregada de esta proposición es que las actividades económicamente rentables tienden a persistir en una sociedad. Una segunda gran verdad de la economía es la llamada ley de la demanda : al incrementarse los precios, disminuye la cantidad demandada. Si se le quita a esta ley su disfraz monetario se puede reformular de manera más general : al aumentar lo que los individuos perciben como un costo para una conducta disminuye la incidencia de esa conducta. Los testimonios disponibles sobre los rebeldes colombianos permiten considerar razonable el supuesto de que ellos, como los delincuentes comunes, como el ciudadano del montón, también actúan con el propósito de satisfacer intereses particulares. La realidad colombiana parece además corroborar la impresión de que una vez la subversión, como cualquier otra organización armada, encuentra una buena fuente de ingresos económicos -secuestro, gramaje, impuestos a las petroleras, compra de tierras, venta de protección- tiende a conservarla, y a defenderla. Además, trata de adaptar su discurso político para hacer aparecer tal actividad como algo inevitable en su lucha por unos ideales superiores. También es sólida la evidencia a favor de la idea de que los esfuerzos por controlar las acciones de los rebeldes, cuando son efectivos, imponen mayores costos a esas acciones y por esa vía reducen su incidencia. No puede ser otra la lógica detrás de "todas las formas de lucha" que se han dado en el país en contra de cualquier medida tendiente a imponer un mayor control estatal sobre las actuaciones de los rebeldes.
Una segunda recomendación tiene que ver con la necesidad de conciliar, en un punto intermedio, el modelo de escogencia racional con la visión sociológica del mundo. En la vida real, los individuos parecen estar en un punto intermedio entre el agente racional de la economía y el actor, que sigue reglas o normas, típico de la sociología. Recientemente han aparecido esfuerzos en las líneas de conciliar estas visiones extremas rivales, proponiendo un modelo de comportamiento basado en actores que, con cierta racionalidad, adoptan, de manera cambiante, reglas y normas para algunas de sus conductas [105]. Esta literatura se insinúa particularmente útil para entender los actores del conflicto colombiano. Resulta difícil de digerir la visión económica simple y extrema que el rebelarse es algo así como una serie cotidiana de decisiones racionales que se toman luego de una evaluación exhaustiva de los costos y los beneficios de cada situación. Los testimonios disponibles muestran que el rebelarse se ajusta más al guión de ciertas decisiones críticas, que se toman una, o dos, pero no muchas veces en la vida, y que implican la adopción de unas reglas o normas -de compromiso, de obediencia- que determinan las conductas posteriores. Lo que tampoco parece razonable es, en el otro extremo, el modelo de la sociológica clásica según el cual el rebelarse no sería una decisión individual sino el resultado inevitable de una situación social. Tal visión también riñe con la evidencia : con la de los innumerables obreros y campesinos que han decidido aceptar el orden social sin rebelarse o con la de los rebeldes que han decidido dejar de serlo sin que se haya presentado una modificación de las causas objetivas.
En el mundo de los rebeldes colombianos, y en el de otros grupos armados, la decisión crítica, a nivel individual, parece ser la de unirse o no a un grupo armado [106]. Además, siendo realistas, cabe argumentar que el carácter político de una organización armada depende más de su poder relativo dentro de la sociedad que de las intenciones de sus miembros. Cualquier organización exitosa crece y se consolida y en ese proceso sus objetivos iniciales cambian. Existen empresas privadas, legales e ilegales, cuyo poder económico se transforma, a partir de un punto, en verdadero poder político [107]. Con cualquier organización armada suficientemente poderosa un Estado débil tendrá eventualmente que negociar. Así ha ocurrido en Colombia. En este contexto, se podría plantear una diferenciación de los delincuentes, pero no basada en las intenciones o la convicción de los actores sino : (1) en su decisión de organizarse o actuar por "cuenta propia" y (2) en el poder real de la organización. Parecería razonable reemplazar la dicotomía delito político-delito común por una, más observable, delito organizado-delito individual y, obviamente, adecuar tanto el análisis como las recomendaciones de acción pública a la realidad de cada organización.
Una vez se reconoce la posibilidad de que los individuos responden a incentivos, y que en alguna medida sus decisiones son racionales, parece conveniente profundizar en la comprensión de los mecanismos que agregan, en resultados colectivos, estas escogencias individuales. En otras palabras, se trata de reconocer, y empezar a investigar cómo, en el mundo al margen de la ley, se dan las interrelaciones entre los individuos, las organizaciones y las instituciones [108]. El estado del arte en términos de la comprensión del funcionamiento interno de las organizaciones, o del por qué ciertas actividades se realizan al interior de una organización y otras en mercados abiertos, es aún incipiente [109]. A pesar de lo anterior el aceptar que, tanto en las organizaciones como en los mercados, algunos individuos tienen un mayor poder decisorio que otros parece un supuesto realista y útil. Dentro de las organizaciones, la distinción entre el principal, que toma las decisiones, y el agente, que en principio sigue las instrucciones del principal, ha permitido una mejor comprensión de su dinámica [110]. Parece cada vez más claro que la estructura interna de las organizaciones está muy ligada a la definición de los derechos de propiedad, y a la manera como se protegen esos derechos .
La evidencia colombiana indica que, al interior de los grupos subversivos y de las demás organizaciones armadas [111], existe la figura del líder que juega un rol decisivo en la definición de las estrategias del grupo pero también existe la figura del asalariado, buena parte de cuyo comportamiento parecería fácil de explicar con herramientas económicas tradicionales [112]. En forma análoga a lo que ocurre en el ámbito empresarial, es poco lo que formalmente se sabe sobre los determinantes de la estructura interna de las organizaciones al margen de la ley. Habría un factor crítico relacionado con la propiedad de las armas [113]. También parece haber elementos familiares, de nepotismo, religiosos [114], de simpatías de clase [115], de grupos de presión o de simples golpes de suerte [116].
Para la economía ha sido útil reconocer que las instituciones -las reglas del juego- no son siempre exógenas, ni contractuales, ni eficientes, ni orientadas por el "bien público" sino que, por el contrario, son bastante sensibles a la dinámica de las organizaciones más poderosas -los jugadores exitosos bajo esas reglas del juego- que buscan amoldarlas a sus intereses [117]. Estas ideas parecen sugestivas para entender las organizaciones armadas en Colombia, y su relación con las instituciones estatales -como los organismos de seguridad, la justicia y el régimen penal- que pretenden controlar sus acciones. No se puede desconocer el hecho que las reglas del juego colombianas, en su sentido más general, son más favorables hoy para las organizaciones subversivas que las de hace dos o tres décadas, y que esta evolución institucional no ha sido independiente de los esfuerzos que, en diversos frentes, han hecho los grupos alzados en armas para acomodarlas a sus intereses. El avance más significativo de estas organizaciones en términos de supeditar las reglas del juego a sus objetivos, ha sido probablemente el virtual bloqueo que han alcanzado para las acciones judiciales en su contra. La evidencia tanto testimonial como estadística parece corroborar una nueva versión del viejo adagio colombiano que "la justicia es para los de ruana". Parecería que la justicia no toca a los alzados en armas, o que, por lo menos a los líderes, los trata en forma un tanto peculiar [118].
En casi todas las esferas de la realidad social, los límites entre lo privado y lo público se están redefiniendo [119]. Así, el viejo paradigma que separaba en forma tajante la función pública de las actividades privadas parece haber perdido vigencia. Hoy se acepta que el Estado siempre juega un papel determinante en la forma como se configuran y evolucionan los mercados, dinámica que a su vez determina el perfil específico de cada Estado [120]. Para las organizaciones que actúan al margen de la ley no son convincentes los argumentos para postular que allí si subsiste una línea nítida que separa lo público de lo privado. Por el contrario, la probabilidad de que esta interferencia ocurra parece mayor puesto que tales organizaciones, al enfrentar menos restricciones legales, cuentan con vías de acumulación de riqueza o de poder político más rápidas que las disponibles para las organizaciones restringidas por un marco legal. Además, en el ámbito interno, la estructura vertical y autoritaria de las organizaciones subversivas, también reforzada por la intimidación, y factores como la escasa rotación de los líderes, permiten sospechar la existencia de una gran simbiosis entre los objetivos de las organizaciones y los intereses personales de quienes las dirigen.
En síntesis, parece recomendable superar el paradigma basado en la dicotomía delito político-delito común y por, el contrario, reconocer que los grupos subversivos, al igual que cualquier otra organización armada con suficiente poder, siempre juegan un papel decisivo en los niveles de delincuencia y violencia puesto que, por un lado, definen dentro de su territorio una nueva legalidad, su propia legalidad, y por lo tanto determinan autónomamente los límites entre el crimen y las conductas aceptadas. Por otro lado, porque parece cada vez más claro que el delito común y el delito político, que se financia con el primero, se complementan y refuerzan mutuamente [121].
A nivel metodológico, vale la pena hacer dos recomendaciones. La primera sería la de darle prioridad en el análisis a lo que ocurre y se observa sobre lo que debería ser. Para el diagnóstico del conflicto armado colombiano, y con mayor razón para la búsqueda de sus soluciones, es indispensable avanzar en la línea de restarle importancia a lo que los individuos, o las organizaciones, dicen que hacen para concentrarse en averiguar qué es lo que hacen, y por qué lo hacen [122]. La segunda recomendación metodológica tiene que ver con la necesidad de abrirle campo a las teorías basadas, no en prejuicios y afirmaciones ideológicas, sino en hipótesis y proposiciones empíricamente contrastables.
La manera más adecuada de buscar, en las ciencias sociales, esa necesaria retroalimentación entre la teoría y la evidencia no es clara y requiere mucha imaginación. En términos de recomendaciones la mejor salida, para un novato en estas lides, consiste en recurrir a los consejos de un artesano que logró en ese sentido unos resultados satisfactorios :
"la verdad, observaba Karl Deutsh, reposa en la confluencia de flujos independientes de evidencia. El científico social prudente, como el inversionista inteligente, debe confiar en la diversificación para magnificar su fortaleza, y superar las limitaciones de cualquier instrumento particular... Para entender como funciona una institución -y con mayor razón, cómo distintas instituciones funcionan de manera distinta- recurrimos a una variedad de técnicas. Del antropólogo y el periodista serio tomamos la técnica de la observación de campo disciplinada y del estudio de caso. Esta inmersión afila nuestras intuiciones y provee innumerables pistas acerca de cómo funciona la institución y cómo se adapta a su entorno. Las ciencias sociales nos recuerdan, sinembargo, la diferencia entre intuición y evidencia. Las impresiones, no importa qué tan agudas, deben ser confirmadas, y nuestras especulaciones teóricas deben disciplinarse, con un cuidadoso conteo. Las técnicas cuantitativas pueden dar una señal de alerta cuando nuestras impresiones, basadas en uno o dos casos muy llamativos, son engañosas o no representativas. El análisis estadístico, también importante, al permitirnos comparar muchos casos diferentes al tiempo, frecuentemente revela patrones más sutiles, pero más importantes. Como con cualquier historia de detectives, resolver el misterio del desempeño institucional nos exige explorar el pasado. No somos historiadores de oficio, y nuestros esfuerzos en esta dirección son rudimentarios, pero para cualquier análisis institucional serio las herramientas del historiador son un complemento necesario de los métodos antropológicos y comportamentales" [123].
Por último, a nivel de las recomendaciones de acción pública, es poco lo que puede decir alguien sin mayor experiencia en el campo de la política del conflicto armado colombiano. Parece pertinente simplemente transmitir algunas sugerencias hechas por un analista con vocación empírica [124]. La decisión de negociar con los rebeldes es claramente una decisión política, que depende, no tanto de consideraciones teóricas, como de la evaluación de una situación específica. Es claro que si el aparato represivo del Estado no reacciona ante ninguna actuación de los rebeldes habrá una pérdida de confianza en tal aparato y algunos segmentos de la población buscarán sustitutos privados que pueden agravar el conflicto. Al respecto la evidencia colombiana es abrumadora. También es cierto que si la respuesta represiva es exagerada se pueden presentar problemas serios de pérdida de legitimidad. El balance negociación-represión adecuado es un problema práctico, no teórico. Es una respuesta a unas condiciones específicas. En todo caso, resulta indispensable evitar el ambiente de intimidación alrededor de las eventuales negociaciones. En últimas, la lucha contra los rebeldes por parte del Estado, más que una guerra militar es una guerra de inteligencia. Se debe tratar de evitar que crezca el número de simpatizantes que puedan ser reclutados. Se debe mostrar la conveniencia y la superioridad de los mecanismos democráticos tanto para tomar decisiones al interior de un grupo como para transformar la sociedad. Parece sensato mantener siempre procesos de paz en marcha, tratar de atraer a las negociaciones a los moderados con tendencias democráticas, pero aplicar sin titubeos la justicia penal a los más radicales, a los guerreros.
Los historiadores del crimen [125] le han dado creciente importancia a la idea de que el "proceso de civilización" europeo estuvo muy atado al desarrollo del control, por parte del Estado, de los impulsos individuales, que podían ser violentos. Este proceso se facilitó por "la transformación de la nobleza de una clase de caballeros armados (knights), en una clase de cortesanos" [126] y por el hecho de que los comportamientos impulsivos y violentos lentamente fueron controlados por los tribunales de los siglos XVI y XVII. Los señores de la guerra no abandonaron voluntariamente las armas, fueron sometidos por la justicia.
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Este ensayo fué preparado para el libro "La Violencia en la Sociedad Colombiana" editado por Myriam Jimeno y Fernando Cubides. Las interpretaciones, opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor.
Email : mrubio@uniandes.edu.co
[1] Iván Orozco [1992] retoma la idea del penalista alemán de principios de siglo Gustav Radruch, del delincuente por convicción, que se diferencia del delincuente común en que, mientras este último "reconoce la norma que infringe, el delincuente por convicción la combate en nombre de una norma superior". Orozco [1992] pag 37
[2] Hobsbawm distingue tres sub-categorías de bandidos sociales : el tipo Robin Hood, al cual "se le atribuyen todos los valores morales positivos del pueblo y todas sus modestas aspiraciones"; el Cangaceiro del Brasil, "que expresa sobre todo la capacidad de la gente del pueblo, gente humilde, de atemorizar a los más poderosos : es justiciero y vengador" y el tipo Haidukes de Turquía que representa "un elemento permanente de resistencia campesina contra los señores y el Estado". Hobsbawm [1991] pag 63.
[3] Ver Pizarro [1996]
[4] Ibid, pag 42.
[5] "Las formas dominantes de la violencia urbana en Colombia no son negociables, como sí lo es aquella generada por confrontaciones de aparatos armados en pugna por el control del Estado o el cambio del régimen político vigente en Colombia". Comisión de Estudios sobre la Violencia [1995] pag 71. "Lo que permite el diálogo es la consideración de delincuentes políticos que se les da a quienes se levantan en armas contra la nación en procura de objetivos sociales y políticos.. Eso establece un tipo de delincuente que es aquel con el cual, en determinadas circunstancias ... resulta viable conversar, negociar y llegar a acuerdos". Entrevista con Horacio Serpa, Consejero de Paz, La prensa 16 de Febrero de 1992. Ver también Orozco [1992] pag 19.
[6] En las líneas del pensamiento de Radbruch, Orozco opina que "tanto la función de castigar, como la de reeducar y aún la de amedrentar están fuera de lugar respecto de un hombre que no tiene conciencia de culpa y que no es susceptible, por ello, ni de arrependimiento ni de reeducación, y acaso de amedrentamiento". Orozco [1992] pag 37.
[7] "En lo que atañe a la función general preventiva dice el jurista alemán (Radbruch) que tal función se deforma, en el caso del delincuente por convicción, hasta el punto de que antes que amedrentamiento, produce mártires". Orozco [1992] pág 37.
[8] Este supuesto es crítico para la consideración de la ineficacia de la penalización aplicada a los rebeldes : "por lo menos en épocas de cambio, es decir, de falta de consenso social en torno a los valores fundamentales que deben informar el orden socio-político, el escalamiento de la criminalización del enemigo interior produce el efecto jurídicamente perverso de heroizarlo, de elevarlo en su dignidad y prestigio social" Ibid. pag 37-38
[9] "La búsqueda en Colombia de cualquiera de (las) .. opciones fundadas en una salida militar tendría tal costo nacional que son simplemente impensables". Comisión de Estudios sobre la Violencia [1995] pag 51.
[10] "La confrontación entre el Estado y las guerrillas ... no puede ser pensada sensatamente sino como una lucha entre actores colectivos". Orozco [1992].
[11] En forma tangencial en dicho trabajo apenas se menciona la dificultad de "clasificar" los asaltos a entidades y los actos de piratería terrestre. No aparece la discusión, que uno esperaría, del problema del secuestro de civiles. Poco convincente es la racionalización ofrecida de que actuaciones como la vacuna y el boleteo podrían llegar a considerarse -bajo la lógica de la guerra en la que se toman las bienes del enemigo- como unos "impuestos". Ibid. Pag 86.
[12] Una aproximación tan rígida equivaldría, en otro plano, a no reconocer la posibilidad de corrupción, o de violación de los derechos humanos, por parte de los funcionarios de las agencias de seguridad del Estado. En uno y otro caso, parece inadecuado no considerar en forma explícita el problema de los individuos que, repaldados por su situación armada, con la autoridad y el poder de intimidación que esto conlleva, puedan apartarse de los objetivos que manifiestan tener las organizaciones a las que pertenecen.
[13] Un análisis muy completo de las complejas interrelaciones que, en la época de La Violencia, se dieron entre las guerrillas liberales, las bandas armadas como los "pájaros" y los "chulavitas" al servicio de la clase política y del Estado, los movimientos campesinos de autodefensa y los llamados bandoleros se encuentra en Sánchez y Meertens [1994]. Para la época actual probablemente los mejores esfuerzos por describir ese continuo entre lo político y lo criminal en las actuaciones de los grupos armados son los trabajos realizados para Medellín por la Corporación Región.
[14] "Estamos insertos en el sistema capitalista, por naturaleza violento, ya que uno de sus fines inherentes consiste en imponer y mantener la relación social de dominación de unas naciones por otras y de unas clases sociales por otras". Guzmán [1991] pag 59.
[15] Es por ejemplo un punto que, sin mayor discusión ni evidencia empírica, se da por descontado en todas las discusiones sobre el otorgamiento de facultades de policía judicial al ejército.
[16] Cuando la justicia penal aclara menos del 5% de los homicidios que se cometen uno se sorprende al enterarse que ciertas ONG's manifiestan en sus informes ser capaces de identificar a los autores de la violencia. (ver por ejemplo los trabajos citados en Nemogá [1996]). Parecería que para "probar" la autoría de un incidente basta con que este encaje en alguno de los guiones pre-establecidos. Sorprende además la asimetría del argumento que tiende a considerar como ilegítimas, o abiertamente criminales, las actuaciones de las organizaciones armadas que defienden unos intereses y simultáneamente tiende a legitimar las de los grupos armados que defienden otros intereses. Lo que este prejuicio refleja es la naturaleza esencialmente normativa de tales análisis que parten de la premisa de que unos intereses son menos legítimos que otros.
[17] Sin desconocer la relevancia del problema de violación de los derechos humanos, relevante para el país, algunos datos muestran que en Colombia no es despreciable el porcentaje de hogares pobres que se sienten protegidos por la Policía o por las Fuerzas Armadas. Además, parece ser mayor la desconfianza hacia los organismos de seguridad del Estado en los estratos altos de ingresos. La incidencia de ataques criminales "con autoridades involucradas" reportados por los hogares parece aumentar con el ingreso. Por otro lado, tanto los guerrilleros como los paramilitares se perciben como un factor de inseguridad, aún en los estratos bajos. Tanto la consideración de la guerrilla como "la principal amenaza" como el acuerdo con las acciones revolucionarias, o con la afirmación que la principal prioridad del país en los próximos años es "la lucha anti-guerrillera" no parecen depender del nivel económico de los hogares. Por el contrario, el porcentaje de hogares que se manifiestan "de acuerdo con el statu-quo" es casi 2.5 veces superior en el nivel más majo de ingresos que en el mayor. Ver Cuéllar María Mercedes [1997]. Valores, Instituciones y Capital Social. Resultados preliminares publicados en la Revista Estrategia # 268.
[18] Ver por ejemplo Tanry y Farrington [1995], pág 249.
[19] "Cuando Franz von Liszt, hacia finales del siglo pasado y dentro del marco de su lucha por la reforma de la política criminal alemana, pudo decir del derecho penal que éste debía ser la carta magna del delincuente, resumió en con esa frase uno de los grandes logros de la cultura liberal en materia de derechos humanos". Orozco [1992] pág 43.
[20] El llamado enfoque de salud pública para el tratamiento de la violencia considera que esta afecta la salud de una comunidad y no sólo el orden de dicha comunidad. Ver Mark Moore, "Public Health and Criminal Justice Approaches to Prevention" en Tanry y Farrington [1995].
[21] Así lo sugiere un ex-miembro del ELN en sus memorias cuando, haciendo referencia a un grupo de integrantes del ELN detenidos en la cárcel Modelo de Bucaramanga comenta : "Todos estábamos compenetrados de un fervoroso espíritu solidario y la perspectiva de pasar muchos años en la cárcel no nos arredraba". Correa [1997] pág 66.
[22] La teoría de la escogencia racional -rational choice theory- constituye la columna vertebral de la economía anglosajona. Su principal postulado es la idea de que los individuos buscan satisfacer sus preferencias individuales, o maximizar su utilidad, y que de la interacción de tales individuos surgen situaciones de equilibrio que constituyen los resultados sociales -social outcomes-. Esta teoría del comportamiento ha sido extendida por los economistas a cuestiones tradicionalmente consideradas sociales, como la discriminación, el matrimonio, la religión o el crimen. Ver al respecto Tommasi y Ierulli [1995]. También ha sido adoptada por algunas vertientes de otras disciplinas como la sociología, o la ciencia política. Ver por ejemplo Coleman [1990].
[23] Ver Orozco [1992] o Comisión de Estudios sobre la Violencia [1995].
[24] O los principales y los agentes en la jerga económica. La economía le ha reconocido a la empresa una entidad propia pero se ha cuidado de distinguir analíticamente a los empresarios de los trabajadores. Para el pensamiento marxista esta distinción entre quien posee los medios de producción, el capitalista, y quien trabaja para él, el proletario, es fundamental.
[25] Se trata de la "clonación" de un rebelde inicial que cumple los requisitos de la convicción y de las intenciones altruístas ? Se trata de un rebelde con el poder suficiente para reclutar individuos totalmente maleables a los que transmite sus convicciones, sus intenciones, sus antecedentes y sus relaciones con la comunidad y que terminan agrupados en una organización totalmente homogénea ? Se trata de un grupo con una mayoría de rebeldes ? Se trata de un rebelde que simplemente contrata subordinados que no tienen convicciones ni intenciones propias sino que simplemente obedecen órdenes ?
[26] Se desvirtúa así el carácter político del individuo que aisladamente delinquió o queda comprometida toda la organización, como actor colectivo ? Cual es el conjunto de normas penales que restringe el comportamiento de los individuos que militan en una organización que rechaza el ordenamiento legal ? Es ese conjunto de normas aplicable tanto a los líderes como a los subordinados de esas organizaciones ? Quien define, para un guerrillero, lo que es un delito ?
[27] Peñate [1998] señala cómo, por ejemplo, la derrota militar del ELN en Anorí en 1974 desencadenó un número importante de deserciones que redujeron el grupo, en menos de un año, a casi una cuarta parte. Una encuesta realizada a mediados de 1997 muestra que la opinión sobre el empate entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas colombianas está lejos de ser unánime : 47% de los encuestados piensan que la guerrilla si puede ser derrotada militarmente. Por otro lado es mayor el porcentaje (37%) de quienes piensan que se debe "minimizar la guerrilla" antes de negociar que el de aquellos que piensan exclusivamente en la negociación. Por último únicamente el 9% de los encuestados opinan que la guerrilla no se ha podido derrotar por ser muy fuerte. Es mayor el porcentaje de quienes opinan que ha sido por "falta de voluntad política del gobierno" (32%), porque las "Fuerzas Armadas no tienen apoyo popular" (16%) o por la "falta de voluntad militar de las FFAA" (13%). Ver El Tiempo, Agosto 31 de 1997, pág 6A.
[28] Una notable excepción en este sentido es el trabajo de Pizarro [1996] en dónde realmente se hace un esfuerzo por establecer, para la guerrilla, categorías acordes con la realidad colombiana.
[29] En el campo de la economía política, una de las ideas claves del pensamiento de Marx, frecuentemente ignorada por los análisis marxistas, es la de su escepticismo, en contra de lo que proponían los economistas clásicos, asobre la universalidad de las leyes económicas. Por el contrario, Marx señalaba la importancia de la ideología en hacer aparecer ciertas relaciones económicas como naturales e inevitables.
[30] Esta sección se concentra en las relaciones entre la delincuencia y la guerrilla básicamente por tratarse del actor del conflicto para el cual se dispone de un mayor volumen de testimonios. El énfasis en las etapas iniciales de los grupos se hace para reforzar el punto que, aún en los tiempos en que se ha reconocido un mayor papel a las motivaciones políticas de la guerrilla, había interferencias entre la esfera pública y la privada. Cabe aclarar que los testimonios se ofrecen más a título de contra-ejemplo de ciertas situaciones descritas por las teorías que como evidencia de las situaciones contrarias.
[31] De acuerdo con Gabino no es descartable la idea que detrás del interés de Fabio Vásquez por organizar el ELN estaría el deseo de vengar la muerte de su padre. Medina [1996] pág 27.
[32] En el relato que Nicolás Rodríguez Bautista, 'Gabino', responsable militar del ELN le hace a Medina [1996] son recurrentes las referencias a los campesinos que se vincularon a una guerrilla, generalmente dirigida por los intelectuales, sin tener "el nivel para entender lo que era la plenitud de la vida política" y que simplemente ingresaron a una estructura vertical de mando. De la lectura de este relato queda la impresión de que la definición del rebelde sería aplicable, entre los guerrilleros colombianos, básicamente a los que antes de vincularse eran universitarios, sacerdotes, líderes sindicales o dirigentes campesinos. En las conversaciones con mis alumnos de la Universidad de los Andes que han tenido contacto directo con la guerrilla es frecuente la alusión a la motivación basada en la posición de respeto que se gana con las armas.
[33] Tal es el caso de Melisa, una joven de clase media que ingresa a la guerrilla básicamente para continuar los juegos con armas en los que la había iniciado su padre."El entrenamiento resultó muy aburrido. Por lo menos para mí, que esperaba algo que tuviera que ver con la guerra, con las armas, con el valor, con el misterio. Se trataba de correr por la orilla del camino durante toda la mañana y después, ya sudados, de discutir lo que llamaban "la situación concreta de la coyuntura" ... Para mí ese cuento era como de marcianos : ni entendía ni me importaba... Si no nos poníamos de acuerdo en cómo hacer un caldo, mucho menos en qué andábamos buscando juntos... Me ayudaba mucho dar conferencias, porque me obligaba a pensar y repensar por qué luchábamos. A veces caía en crisis al ver que los pobres y los ricos luchaban por lo mismo, por el dinero". Molano [1996] págs 128, 169 y 172.
[34] En efecto, el hecho de que la deserción se considere el delito más grave del Código Guerrillero hace en la práctica inaplicable el criterio de convicción a un miembro subordinado de la guerrilla. En Medina [1996] aparecen varios casos de fusilamientos y ajusticiamientos de quienes desertaron, lo intentaron, o despertaron sospechas en sus jefes que lo harían.
[35] Al respecto, hay un pasaje revelador en el relato de Correa, ex-eleno, que cuenta cómo su verdadero espíritu revolucionario sólo surgió como resultado de un extraño proceso psicológico que se dió en él luego de que trató de desertar, de que por tal razón fué juzgado y sentenciado a muerte y de que su condena no fué ejecutada, ni revocada, sino simplemente suspendida y sujeta a la posterior demostración de su "voluntad sincera de superación". Correa [1997] pags 135 y 136. En el testimonio de Gabino, quien anota que su espíritu revolucionario se fué fortaleciendo en la guerrilla, también se hace alusión a un juicio que se le hizo por "divisionismo" y a una condena de muerte que inexplicablemente no se ejecutó. "De todas maneras, para mi vida esa fue una de las experiencias más traumáticas que he tenido". Medina [1996] pág 177.
[36] En particular se ha encontrado : que la mentalidad de grupo que emerge se ve magnificada por el peligro externo, que la solidaridad de grupo la impone la situación de ilegalidad y que las extremas presiones para obedecer son una característica de la atmósfera interna del grupo. Normalmente, las dudas con respecto a la legitimidad de los objetivos son intolerables, el abandono del grupo es inaceptable y "la manera de deshacerse de las dudas es deshacerse de quienes dudan". Jerrold Post "Terrorist psycho-logic : Terrorist behavior as a product of psychological forces" en Reich [1990].
[37] Post, op cit. El testimonio de Gabino tiende a corroborar esta idea : "las reflexiones se reducían al tratamiento de los conflictos internos de la guerrilla, rara vez se iba más allá a tratar los problemas sociales, políticos.. ". Medina [1996] pág 183.
[38] Janis, I. Victims of Groupthinking, citado por Post en Reich [1990].
[39] Ibid.
[40] Es tal vez en ese sentido que las relaciones reales y concretas de los rebeldes con la sociedad colombiana se diferencian más de las míticas e ideológicas que contemplan las teorías.
[41] Entrarían en ese grupo varios narcotraficantes considerados como verdaderos benefactores por sus comunidades -para las cuales la venta de droga al exterior está lejos de ser una conducta reprobable- algunos grupos paramilitares y las milicias que en los centros urbanos ofrecen protección y otra serie de servicios a la comunidad. Ver por ejemplo Corporación Región [1997]. También vale la pena recoradr que a la fecha, no se sabe en el país del sepelio de algún rebelde que haya sido tan concurrido por el pueblo como lo fue el de Pablo Escobar.
[42] Ver al respecto Pizarro [1992].
[43] Aunque según Medardo Correa, ex-militante de este grupo, en sus orígenes había un esfuerzo explícito por constituír un movimiento a favor de los campesinos, aparecen en su relato repetidas alusiones a la desconfianza que el líder del grupo Fabio Vásquez les tenía a los campesinos. Por otro lado, y como detalle revelador de la total desvinculación de este grupo con la población que supuestamente defendían está la denominacion que los integrantes del grupo utilizaban, los ciudadanos, para diferenciarse de los campesinos. Correa [1997]
[44] "Nunca la clase obrera ni el campesinado, en cuanto tales, se sintieron representados por el movimiento guerrillero". Pizarro [1991] pág 395.
[45] Ejecutando acciones conjuntas con otros grupos, esos si criminales, que no tenían las intenciones correctas . "Hasta ese momento, los que andábamos con Marulanda no teníamos quedadero y vivíamos de parte en parte. En cambio, los Loaiza y los García vivían en las veredas y hasta en sus propias fincas, y sólo nos veíamos para hacer acciones conjuntas. Eso creó una diferencia grande, porque ellos querían sacar partido de cada operación, hacer botín para llevar a sus propias casas. Nosotros no teníamos para dónde cargar. Si le echábamos mano a una res era para comérnosla, no para echarla en el corral. Esta diferencia se fue agravando porque eran maneras distintas de mirar la guerra y sobre todo de hacerla". Molano [1996] pág 72.
[46] "Dormíamos en el destapado porque era un peligro confiar en la población civil; era poco amable y solidaria. Llegaba uno a las fincas y no le daban ni aguadepanela". Ibid, pág 118.
[47] De acuerdo con el testimonio de Gabino, sólamente en la región del Opón, después de la muerte de Camilo Torres, se dieron las bases para una buena relación del grupo con las comunidades campesinas. Según el mismo, esta relación fué fugaz y llevó, como reacción extrema a unos operativos militares en la zona, a una completa desvinculación y desconfianza en los campesinos. Ver Medina [1996].
[48] "... acciones como la de la Caja Agraria de Simacota y la expropiación de una nómina de Bucaramanga". Medina [1996], pág 102.
[49] Son reveladores por ejemplo, algunos pasajes del relato de Gabino sobre la toma de Simacota a principios de 1965. "En medio de la multitud que estábamos deteniendo, se nos fué una señora de las detenidas. Esa señora dio aviso al sargento de la policía ... Fabio y Rovira fueron los encargados de asaltar la Caja Agraria, de recuperar el dinero... Todo el mundo amontonado en una casita. Les hablábamos de la lucha, pero la gente sin entender. Pasó a ser mayor el número de campesinos retenidos que de guerrilleros, y empezó a generarnos eso una primera situación difícil". Ibid. pág 53.
[50] Uno de los casos más extremos es el del Carmen de Chucurí, municipio situado en la región dónde nació el ELN. El pueblo es tristemente célebre por las minas quiebrapatas que dejaron mutilados a cerca de 300 campesinos y que, según algunas versiones, fueron puestas por el ELN como represalia por la decisión de los pobladores de "rebelarse" contra la guerrilla. Este extraño escenario se complementa con acusaciones de que los campesinos, y algunos periodistas, son paramilitares y unas insólitas diligencias judiciales en dónde, según algunos habitantes del pueblo, había guerrilleros actuando como policías. Ver por ejemplo Peña [1997].
[51] Peñate [1998]
[52] "La forma vertical en que se trazaban las orientaciones o se hacían llamados al campesinado para que colaborara con la guerrilla, muchas veces infundía más temor que respeto" Carlos Medina. Violencia y Lucha Armada. Citado por Peñate [1998].
[53] Es lo que Peñate [1998] denomina el clientelismo armado y Bejarano et. al. [1997] las "técnicas de la delincuencia de cuello blanco" adoptadas por la guerrilla.
[54] Vásquez [1997] reporta, con sorpresa, el tratamiento radicalmente distinto que, en el municipio de la Calera recibían, por parte de las FARC, los habitantes de las veredas y los del pueblo. Un indicador, típicamente económico, pero medible, de aceptación de la guerrilla podría ser la variación en el precio de la tierra resultante de la entrada de un grupo a una zona. El mismo Vásquez reporta cómo, en ciertas veredas de la Calera, los precios se redujeron hasta el 30% de lo observado anteriormente.
[55] "Me parece importante reseñar que es a partir del 69 que la Organización comienza a hacer retenciones con fines económicos ... Esto ha sido muy cuestionado sobretodo últimamente. Nosotros tenemos una argumentación política que la hemos dado a conocer en varias ocasiones". Medina [1996] pág 103.
[56] Ver por ejemplo Shavell, Steven. "An economic analysis of threats and their illegality : blackmail, extortion, and robbery". University of Pennsylvania Law Review, Vol 141, 1993
[57] "Existe una diferencia entre el secuestro y la retención que es preciso aclarar : el secuestro es un acto, criminal, realizado por la delincuencia común que tiene por finalidad el interés personal de quienes cometen el delito; la retención fundamentalmente es una acción política, cuya finalidad está determinada por objetivos de bienestar colectivo, en el marco de un proyecto histórico de transformación social liderado por una organización revolucionaria". Medina [1996]. pag 236. Esta cómoda definición no sólo es difícilmente verificable sino que pone de presente, de nuevo, el gran componente normativo de tales enfoques. En el fondo, el carácter político de los delitos está muy ligado a la valoración de los objetivos del actor, bajo unos parámetros éticos que ese mismo actor, o el analista, arbitrariamente define a su acomodo, a veces ex-post, y de acuerdo con su ideología.
[58] "En el Código Guerrillero se contemplaba la deserción como una traición y, por lo tanto, quien desertara debía ser fusilado...Desertar es un delito y al que cae en este tipo de infracción grave se le aplica la pena máxima. Eso estaba establecido, legítimamente definido en las normas internas". Ibid. págs 68 y pag 90
[59] Que también es peculiar puesto que lo correcto depende fundamentalmente de la naturaleza del actor ".. había un grupo.. no se sabe hasta dónde tuvieran un entronque directo con el bandolerismo de ese tiempo, pero la tendencia que mostraba era la de estructurarse con ese carácter, incluso, por esos días hicieron un asalto a un bus intermunicipal, lo desvalijaron y robaron a los pasajeros; Fabio y los otros compañeros aprovechando esta situación le dicen a la gente de las veredas : vea hombre, eso no es correcto, eso no se puede hacer". Ibid. pag 31.
[60] "El caso de Heriberto no se trató en el grupo, nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Lo sabía la dirección : Medina, Fabio, y Manuel, pero no se dio ningún debate interno, siendo una situación grave... La dirección determina que hay que fusilar a Heriberto. No sé que contradicciones habría, pero el grupo queda con la idea de que Heriberto se va a la ciudad a curarse, pero en realidad la comisión que lo debe acompañar le asignan la misión de fusilarlo, y se le fusila sin hacerle juicio ! ... El fusilamineto de Espitia fue un hecho muy grave, e independientemente de que haya o no motivos, la forma, el método, la manera como se produce es completamente lesiva a la formación, a la educación y a los principios políticos de una Organización. Ibid. pag 91.
[61] "Un grupo de cinco guerrilleros, con la orientación de Juan de Dios Aguilera, ha asesinado a José Ayala ... Le preguntamos que cómo habían ocurrido los hechos.. Juan de Dios inmediatamente reunió el personal y les echó un discurso en el que dice que José Ayala es un corrompido, un sinvergüenza, un mujeriego, un irresponsable, un militarista, que es un asesino, bueno !, un poco de cargos". Ibid. pag 94.
[62] "Manuel va generando, a través de su práctica y en la definición de sus decisiones, transformaciones sustanciales de algunas costumbres guerrilleras, por ejemplo, oficialmente estaba prohibido en la Organización los matrimonios dentro de esa concepción de que uno debía ser un asceta para entregarse por entero al servicio de la revolución..". Ibid. pag 120
[63] "Por ahí algún compañero en una ocasión me preguntaba que si era cierto que en la guerrilla había llegado a fusilarse alguien por comerse un pedazo de panela, yo le decía, no exactamente por comerse el pedazo de panela sino por todas las circunstancias que se vivían en ese momento y en el marco de una concepción política específica, que en últimas el comerse el pedazo de panela era el hecho que motivaba unos análisis que hacían a la persona merecedora de la pena de muerte". Ibid. pag 133.
[64] "De ahí en adelante nosotros afianzamos la actividad clandestina, iniciamos un trabajo de relación individual con el campesino, donde era delito que un campesino le dijera a su vecino que él era conocido de la guerrilla.. ". Ibid. pag 89
[65] O por lo menos así lo relata uno de sus dirigentes en forma retrospectiva. "Cuando los movimientos guerrilleros de América Latina, en Venezuela, Guatemala y Argentina, ven en la acción de retener personas un medio de conseguir finanzas para la lucha revolucionaria, entonces el ELN entra en esa dinámica". Ibid. pag 103
[66] Ver Peñate [1998].
[67] En efecto, parecería que el interés del ELN por la política de manejo del petróleo surgió, o por lo menos se fortaleció, a raíz de los impuestos que ya le cobraban a las compañías petroleras. "En la Asamblea se abordó cómo manejar algunos recursos económicos adquiridos por impuestos a las petroleras ... a partir de entonces le damos importancia a levantar propuestas de carácter nacionalista en las que se ubiquen al centro de la discusión los intereses de los colombianos y el concepto de la soberanía. Allí nace nuestra propuesta sobre política petrolera". Medina [1996]. pag 215.
[68] Molano [1997].
[69] Un incidente que tiende a confirmar la visión de unos rebeldes menos paranoicos con los desertores y más tolerantes con las disidencias es el de la aceptación, por parte del ELN, del abandono de la lucha armada por una buena parte (730 de unos 2000) de los miembros que, en el grupo Corriente de Renovación Socialista, se reinsertaron para dedicarse a la actividad política. Ver "De la Guerrilla al Senado", prólogo de Francisco Santos al libro de León Valencia, publicado en las Lecturas Dominicales del Tiempo. Febrero 1 de 1998.
[70] Según el mismo Molano [1997], los guerrilleros estarían en plan de formular un código para la población civil. Teniendo en cuenta los criterios con que ellos juzgan se ha ido constituyendo un derecho consuetudinario muy ligado a la vida campesina. Parece tener gran importancia la figura del conciliador, por lo general escogido entre los viejos campesinos reconocidos por su autoridad moral.
[71] El término narcoguerrilla, acuñado en la primera mitad de los ochentas parece ser algo más que un artificio de la propaganda oficial y tener algo de realidad, y relevancia. Las implicaciones de este fenómeno tendrían que ver con el impuesto que la guerrilla cobra, el "gramaje", con la protección que le ofrece a los cultivos y laboratorios y con el tráfico de armas. La prensa extranjera ofrece como evidencia de esta alianza los numerosos ataques contra las aeronaves encargadas de la erradicación de los cultivos. De acuerdo con Molano [1997] los guerrilleros reconocen que el narcotráfico es un delito pero, dada su generalización, se niegan a ser los policías del sistema. Actualmente parece haber acuerdo en que si bien las guerrillas colombianas no constituyen un "cartel de la droga" propiamente dicho si han tenido y tienen vínculos de distinto tipo con tales actividades. Un corto resumen del estado actual del debate se encuentra en Corral, Hernando "Narcoguerrilla, mito o realidad ?" Lecturas Dominicales, El Tiempo, Febrero 1 de 1998.
[72] Bejarano et. al. [1997] pág 50.
[73] "... hice una retención económica ..logramos recibir por él un rescate de dos millones de pesos, que en ese entonces (1974) era una buena cantidad de dinero, pero que no pudimos utilizarlo porque dos desertores se lo robaron". Medina [1996] pág 130.
[74] Tal sería el caso de Lara Parada, mujeriego empedernido que .. "para tapar sus desviaciones comienza a impulsar a compañeros a que busquen compañeras de otros, esto genera una situación muy difícil al interior del grupo y también con la base campesina" o el del grupo de René, que "cae en unas actitudes muy similares a las del grupo de Ricardo Lara, las mismas cosas, maltrato a los campesinos, acostarse con sus mujeres, es decir prácticas cuatreras que realizan aprovechando la situación de guerrilleros". Ibid. págs 115 y 132.
[75] Los recursos económicos adquiridos por impuestos a las petroleras "si bien nos ayudaban a consolidarnos, era un componente peligroso para la descomposición si no se administraba bien". Ibid. pág 215.
[76] Un caso diciente sobre las variadas posibilidades de manipulación de información, reportado por Gabino, tiene que ver con el secuestro de Jaime Betancur por parte del Grupo "16 de Marzo". "El grupo de compañeros, estaba planteando retener a un dirigente político de reconocimiento nacional al que la población le tuviese credibilidad y afecto, eliminar ese personaje y luego hacer aparecer ese hecho ante el pueblo como una acción realizada por la derecha porque consideraba esa persona peligrosa por sus inclinaciones a favorecer a los sectores más desprotegidos". Medina [1996] pág 149. Es sensata y realista al respecto la reflexión de una guerrillera : "en la guerra la información secreta sirve más para manejar a los amigos que para luchar contra los enemigos, al punto que a la larga todo se confunde. La gana de mandar no es una causa sino un modo". Molano [1996]. pág 178.
[77] Parece haber consenso en la actualidad en que la principal debilidad de la justicia penal colombiana tiene que ver con su baja capacidad para aclarar los delitos e identificar a los infractores. Ver Rubio [1996]. El aumento en la capacidad estatal para recoger evidencia parece haber sido fundamental en el desarrollo de los sistemas penales modernos. Contrariando postulados de Foucault, en el sentido que las exigencias políticas fueron la principal causa de la transformación en los procedimientos penales, algunos historiadores han sugerido recientemente que, por ejemplo, el abandono de la tortura fué más el resultado del desarrollo de los sistemas de investigación criminal -que la volvieron innecesaria- que el temor a los levantamientos, como propone Foucault. Ver Langbein, Torture and the law of Proof, citado por Garland [1990], pág 158.
[78] Sería ingenuo desconocer que en algunas zonas del país la presencia de actores armados ha afectado incluso los mecanismos tradicionales de recolección de información oficial -registros, encuestas, censos-. Lo más preocupante es que la interferencia en los flujos de información es ya corriente aún en asuntos que uno pensaría son ajenos al conflicto. Las firmas encuestadoras con las que he discutido este tema dan por descontadas tres cosas : (1) que en buena parte del territorio nacional hay que pedir permisos "no oficiales" para realizar encuestas y que es necesario tener contactos para obtenerlos; (2) que hay ciertos temas que es mejor no tratar en las encuestas y (3) que en algunas zonas sencillamente no se pueden emprender tales tareas. Un caso diciente de la gran desinformación asociada con la presencia de los actores armados es el de los tres ingenieros agrónomos que realizaban una encuesta para el DANE, fueron "retenidos" por la guerrilla en Julio de 1997 y cuyos restos, al parecer, fueron hallados varios meses después. El caso es diciente por tres razones : la encuesta era para el Sistema de Información del Sector Agropecuario, cuando se hallaron unos restos descompuestos los familiares aún no sabían si correspondían a los ingenieros secuestrados y en un Foro de Derechos Humanos y el lanzamiento del Mandato por la Paz en Montería se criticaba la negligencia y falta de solidaridad del DANE. Ver El Tiempo, Septiembre 24 de 1997, pág 6A.
[79] En este sentido podría tomarse el caso de Omaira Montoya, que se ha presentado como una detención-desaparición ocurrida en 1977, caso que algunas ONG's proyectan llevar a la Corte Internacional de Derechos Humanos como prueba de las desapariciones forzosas cometidas por el Ejército Colombiano. Omaira misteriosamente reaparece en una publicación del ELN en 1989 como parte de la dirigencia del grupo, pero ante la opinión pública sigue desaparecida. La Prensa, Septiembre 4 de 1994, pág 11.
[80] Un comunicado del Estado Mayor de las FARC a los periodistas como respuesta a la difusión de las opiniones del comandante de la FFAA no deja muchas dudas al respecto : "No creemos, ni queremos periodistas que ingenuamente sean apologistas del militarismo, necesariamente debemos advertirles que declaramos objetivos militares a quienes así obren". La Prensa, Abril 4 de 1993. pág 25.
[81] Haciendo referencia a un cuatrero que, en la región de Guayabito a finales de los sesentas, abandona la zona cuando llegan las FARC, Gabino afirma que "la guerrilla, donde llegaba, limpiaba la zona de delincuentes y creaba, de alguna medida, una atmósfera de seguridad". Medina [1996] pág 102.
[82] Al respecto es interesante el relato de Gabino sobre la toma de Simacota en el 65. "A la cárcel fue un comando con la intención de liberar a los presos; esa era otra tarea. Tal vez desentonaba un poquito con el carácter de ese pueblo, pero la idea era hacer justicia. Los compañeros van y los presos no quieren salir. De todas maneras los soltaron al otro día porque no había guardianes, ni armas, ni nada." Ibid. pág 54.
[83] Tal como ocurre en las historias relatadas por seis guerrilleros amnistiados del EPL que operaban en Dabeiba, lugar en dónde aparecen miembros de las FARC que hacen de jueces como una extraña mezcla de dictador, consultorio jurídico y doctora corazón. "Los domingos se ven las oficinas que denominan Casa del Pueblo llenas de campesinos citados verbalmente o por boletas para dirimir pleitos entre vecinos o entre marido y mujer. Los servicios son pagos. Muchos de los pobladores se preguntan por qué las autoridades permiten esto.. Nos acordamos de un parcelero en la vereda Cadillal del municipio de Uramita, que en 1989 tenía un problema de linderos con su vecino... Oímos cuando le decían que cuanto iba a dar para arreglar el problema. Y el que más dio, ganó y al otro lo pelaron porque no quiso dar más plata ni salirse de la finca.. En noviembre de año pasado se presentó allí (en San José de Urama) otro caso que chocó mucho a la gente pero nadie pudo decir nada por la ley del silencio : el asesinato de una señora porque era muy chismosa". La Prensa, Mayo 26 de 1992, pág 8.
[84] Una recopilación de las "coincidencias" que se han observado en el país entre las acciones de los grupos de narcotraficantes y las modificaciones al régimen penal en la última década se encuentra en Saiz [1997].
[85] Al respecto pueden citarse, a título de ejemplo, dos casos. Primero, el secuestro de una Comisión de la Procuraduría por el frente 44 de las FARC en el Guaviare en Julio de 1997 cuando, paradójicamente, investigaban la masacre de Mapiripán, cometida por los grupos paramilitares. Ver El Tiempo, Agosto 2 de 1997. El segundo sería el asesinato, reconocido por el ELN, en Noviembre de 1993, del senador Darío Londoño Cardona, ponente del proyecto de Ley de Orden Público y la carta conocida por el diario el Espectador en la que se declaraba como objetivo militar al Congreso por su apoyo a la tramitación de proyectos relacionados con dicha Ley.
[86] Ver por ejemplo el relato de Peñate [1998] sobre las amenazas de las FARC a los funcionarios del INCORA en la región del Sarare para favorecer ciertas veredas, sobre el manejo de la clientela electoral de colonos, por parte del mismo grupo, y el posterior enfrentamiento con el frente Domingo Laín del ELN aliado con los caciques locales no aliados a las FARC.
[87] Ver al respecto las referencias de Peñate [1998] a sus trabajos anteriores y Bejarano et.al [1997] pág 50. Ver también, para corroborar estas imaginativas actuaciones rebelde-empresariales, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía a tres funcionarios de la empresa Tecnicontrol que, al parecer, negociaban con el ELN los atentados al oleoducto para sacar provecho de los contratos de reparación. Ver "Atentados por contrato al oleoducto ?" El Tiempo, Noviembre 26 de 1997.
[88] Probablemente el caso más extremo de arbitrariedad y de comportamiento criminal de un rebelde fué el de las matanzas de Tacueyó en dónde cerca de un centenar de guerrilleros fueron abatidos por su jefe, Delgado, que "en una época fué el consentido de Jacobo. Le gustaba la plata y con ella lo compraron : le gustaba el poder y con él lo conquistaron. Tan pronto vio la papaya de tomarse el mando lo hizo. Plata y poder. Vendió a todos sus amigos y traicionó al resto. Se envició a la sangre, que es la medio hermana del dinero y del poder, y cuando vio que no le resultaban sus planes se enloqueció. Comenzó a matar a sus enemigos y luego el círculo se le amplió hasta que abarcó a sus amigos, uno por uno. Pero tanto muerto coge fuerza y para vencerla se necesitan más muertos y más muertos. Así hasta que acabó con medio movimiento". Molano [1996] pág 188.
[89] Adquiere así plena vigencia, en términos de este nuevo poder, lo que Orozco [1992] denomina el correlato necesario entre criminalidad y criminalización, que convierte "la relación entre el hombre de bien y el hombre desviado, en un verdadero juego de espejos". Orozco [1992], pág 45. Hay un relato interesante de un consejo que guerra que se le siguió a una guerrillera y al jefe de su grupo que trató de violarla y recibió un disparo de ella al defenderse. "Lo que no podían aceptar, con o sin intención, era que yo o cualquiera de las mujeres tratara de volver a repetirlo y a generalizarse. "Si a cada vez que alguien se lo pide a una compañera ella saca el fierro, las cosas se ponen delicadas en una guerrilla"". Molano [1996] pág 148.
[90] Buena parte de los puntos tratados en esta sección se encuentran expuestos en forma más detallada en Rubio [1997] y Rubio[1997a].
[91] Ver un esfuerzo preliminar en estas líneas, realizado con los datos de la Encuesta de Hogares del 95, en Santís (1998).
[92] Ver más adelante los resultados obtenidos con la información judicial por municipios.
[93] En particular, la información policial sobre delincuencia parece haberse contaminado por uno de los grandes vicios del sistema judicial colombiano : el desinterés por los incidentes sin sindicado conocido. Esta sería una de las posibles explicaciones para la incompatibilidad que se observa entre las cifras sobre denuncias de la Policía Nacional y lo reportado por los hogares en las encuestas de 1985, 1991 y 1995. El descenso en la criminalidad que muestran las primeras es no sólo inconsistente con la tendencia creciente que reflejan las segundas sino que, además, está sospechosamente correlacionado con la evolución de los aprehendidos que lleva la misma Policía. Ver un desarrollo de este argumento en Rubio [1998].
[94] La proporción de homicidios que se llevan a juicio, que en los sesentas alcanzó a superar el 35% es en la actualidad inferior al 6%. Mientras que en 1975 por cada cien homicidios el sistema penal capturaba más de 60 sindicados, para 1994 ese porcentaje se había reducido al 20%. Las condenas por homicidio, que en los sesentas alcanzaban el 11% de los homicidios cometidos no pasan del 4% en la actualidad. Rubio [1996]
[95] Ibid.
[96] Aún para un asunto tan grave como el homicidio más de la mitad de los hogares víctimas manifiestan no haber hecho nada y únicamente el 38% reporta haber puesto la respectiva denuncia . Rubio [1996a)
[97] Para hacer estas estimaciones se utilizaron modelos logit. Ver los detalles de la estimación en Rubio [1997].
[98] Sin hacer un "control de calidad" de las cifras judiciales, se podría inferir de los datos que la llegada de la guerrilla, o de los grupos paramilitares, a un municipio no tiene mayor efecto sobre la criminalidad. Si se excluyen de la muestra los municipios en dónde se presenta el sub-registro de homicidios, cambia esta percepción : la llegada de los grupos armados afecta positivamente la criminalidad que se denuncia. Ver Rubio [1997] La combinación de los efectos que se acaban de describir hace que, por ejemplo, en el municipio típico colombiano la presencia de algún agente armado reduzca entre un 15% y un 25% el número de denuncias puestas ante la justicia. Los detalles de las estimaciones encuentran en Rubio "La violencia en Colombia, dimensionamiento y políticas de control". Informe final de investigación presentado al BID y aún no publicado.
[99] Para tener una idea de la magnitud de este impacto baste con señalar que la presencia de dos agentes armados en un municipio colombiano tiene sobre las prioridades de investigación de la justicia un efecto similar al que tendría el paso de una sociedad pacífica a una situación de guerra civil. Ibid.
[100] Las respuestas de los hogares acerca de los factores que se cree afectan la delincuencia en sus regiones tiende a dar apoyo a la idea que los agentes armados contribuyen a la inseguridad. Testimonios disponibles en el país permiten sin embargo sospechar que en algunas localidades los grupos armados entran a poner orden, reduciendo las tasas delictivas .
[101] Ver por ejemplo Gambetta [1993].
[102] "La delincuencia común no suele tener el tipo de armas y vestimentas que utiliza el grupo (guerrillero).. ni siquiera su apariencia personal ... su piel (la del guerrillero) es la de una persona que ha estado expuesta por largo tiempo a la intemperie". Testimonio de un habitante de la Calera en Vásquez [1997]. pág 12.
[103] "Porque la delinciuencia común saquea y destruye" pero los muchachos, como los llaman en la región, "no se comportan así". Ibid. pág 12.
[104] "La única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación, y por eso han errado los que creyeron que lo era la intención del que los comete. Esta depende de la impresión actual de los objetos y de la interior disposición de la mente, que varían en todos los hombres y en cada uno de ellos con la velocísima sucesión de las ideas, de las pasiones y de las circunstancias. Sería, pues, necesario formar, no solo un códice particular para cada ciudadano, sino una nueva ley para cada delito". Beccaria [1994], pág 36.
[105] ver al respecto Vanberg (1994)
[106] Tan crítica que son comunes los testimonios sobre los "ritos de iniciación".
[107] No sobra recordar aquí que un microempresario del delito común, un pequeño ladrón de lápidas, Pablo Escobar, terminó afectando en forma significativa la Constitución y el régimen penal colombianos. En buen romance, eso es un actor político.
[108] En la terminología de North [1990] las instituciones se asimilan a las reglas del juego y las organizaciones a los jugadores. Uno de los planteamientos básicos de North es el de la endogeneidad de las instituciones : en un proceso evolutivo, las organizaciones más exitosas bajo ciertas reglas del juego las amoldan a sus intereses, para ser así cada vez más poderosas.
[109] Para las reflexiones de los economistas sobre estos temas ver, por ejemplo, los trabajos de Ronald Coase, o de Oliver Williamson.
[110] Es necesario reconocer que los modelos disponibles sobre los determinantes del comportamiento de los agentes son más adecuados, y han recibido un mayor respaldo empírico, que los que se tienen sobre los principales. Para estos últimos se dispone de alguna teoría cuando ellos mismos son, a su vez, agentes de instancias superiores o participan en un juego, económico o político, muy competido. El conocimiento -y la capacidad de predicción- que, por ejemplo, la teoría económica tiene sobre la conducta de los empleados asalariados es mayor que aquel sobre la conducta de los empresarios, que a su vez parece ser inversamente proporcional al tamaño y al poder de mercado de sus empresas. Con relación a las burocracias estatales dos cosas parecen claras. La primera es que el modelo de comportamiento de los actores individuales es más precario que en la esfera privada. Es claro que para el grueso de los funcionarios públicos, aún en sociedades corruptas, los incentivos económicos particulares constituyen tan sólo una parte de los determinantes de sus conductas. No existen, por ejemplo, modelos razonables de comportamiento de los jueces, o los policías, o los militares. El segundo aspecto es que, de nuevo, la conducta de los funcionarios subalternos es más explicable y predecible que la de sus superiores y que, entre estos últimos, la capacidad de comprender o anticipar sus acciones es inversamente proporcional a su poder dentro del aparato estatal.
[111] Ver por ejemplo las declaraciones de Carlos Castaño sobre las escalas salariales en los grupos paramilitares en El Tiempo, Septiembre 28 de 1997.
[112] En el fondo, la llamada teoría económica del crimen, no es más que la extensión de los modelos de decisión ocupacional de la economía laboral aplicados a situaciones en dónde no todas las variables son monetizables. Ver al respecto los trabajos de Gary Becker, o de Isaac Ehrlich.
[113] En los orígenes de las FARC "Marulanda fue muy claro desde un principio en advertir que nadie podía retirar ni una pistola ni un fusil ni una carabina una vez que la pusiera a disposición del movimiento. Tampoco aceptaba que las armas ganadas en combate fueran de quien les echaba mano ... Es más : las armas tampoco eran del jefe de los alzados, porque así como había sido elegido podía ser destituído cuando la tropa quisiera; la garantía era, de lógica, que las armas fueran de todos". Molano [1996] pág 66.
[114] El relato de Correa [1997] hace mucho énfasis en este punto.
[115] En el testimonio de Gabino, en Medina [1996], son recurrentes las alusiones a la posición privilegiada que dentro del grupo siempre tuvieron los intelectuales, los "ciudadanos", frente a los campesinos. También es claro que los Vásquez Castaño, hermanos del líder, entraron a la guerrilla con posiciones de liderazgo.
[116] En Peñate [1998] se señala la influencia que tuvieron sobre la estructura interna, y la definición de la estrategia, del ELN tanto los antiguos miembros de Fecode que se vincularon en 1975 -grupo de presión- como el acierto económico del frente Domingo Lain al "ordeñar" al sector petrolero -golpe de suerte-.
[117] Ver en particular North [1990].
[118] El mejor ejemplo en este sentido sería el de rebeldes que, como Galán del ELN, parecen seguir despachando sus asuntos normales desde la cárcel, con protección oficial, con gran despliegue de medios y con contacto permanente con la clase dirigente.
[119] En el área del suministro de bienes y servicios esta redefinición ha llevado a la privatización de actividades que hasta hace poco tiempo se consideraban de resorte exclusivo del Estado. En la actualidad, es un hecho que empresarios privados toman ciertas decisiones que es difícil no considerar como cuestiones públicas. Por otro lado, la generalización del fenómeno de la corrupción de los funcionarios del Estado ha puesto en evidencia la realidad de unos actores que, apartándose de los objetivos explícitos y manifiestos de las organizaciones a las que pertenecen, actúan desde el sector público como dice la teoría económica que actúa cualquier empresario privado : buscando el lucro personal.
[120] Block [1994]
[121] Ver Daniel Pécault. "Present, pasé et futur de la violence". Mimeo, 1996. Citado por Bejarano et.al. [1997] pág. 44.
[122] Un gran paso en esa dirección se daría, simplemente, si se aplicaran criterios uniformes de rigurosidad, y escepticismo, a todos los actores del conflicto. De la misma manera que, en los últimos años, se ha avanzado en el reconocimiento de que en los organismos de seguridad del Estado hay serias inconsistencias entre las conductas de algunos individuos y los objetivos explícitos de las organizaciones a las que pertenecen, parece inapropiado no aceptar un escenario similar para las organizaciones que actúan al margen de la ley.
[123] Traducción no literal de un pasaje de Putnam, Robert. Making democracy work. Civic traditions in Modern Italy. Princeton : Princeton University Press, 1993.
[124] Las recomendaciones que se presentan están basadas en la conferencia de Paul Wilkinson en el seminario sobre "Violencia, secuestro y terrorismo" organizado en la Universidad de los Andes en Marzo de 1997.
[125] Retomando ideas de Norbert Elias que al ser expuestas hace cuatro décadas parecían un despropósito, pues iban en contravía de las teorías sociológicas predominantes, que hacían énfasis en el incremento de la violencia como resultado de la modernización y de la represión estatal que la acompañaba. Ver Johnson y Monkkonnen [1996].
[126] Cita de Elias en Johnson y Monkkonen [1996].